jueves, 26 de febrero de 2009

¿Quién dijo que en Medellín no hay objetores?

Por: RJ
“Los maestros deberán enseñar a los niños a leer, a escribir
Los principios de aritmética y los dogmas de la religión y la moral cristiana.
Los instruirán en los derechos y deberes del hombre en la sociedad
Y les enseñaran el ejercicio militar todos los días de fiesta y los jueves en la tarde.
Con este mismo objeto los niños tendrán fusiles de palo y se les arreglara por compañías
Nombrándose por el maestro, los sargentos y cabos.
El maestro será el comandante”
F.P. Santander – 1820.


Posturas y las luchas por el status politico de la Objeción de Conciencia

Nuevamente los jóvenes de Medellín, se manifiestan en contra de la prestación del servicio militar y exigen se les reconozca el derecho a objetar en conciencia, en este año son varios nuevos jóvenes, lo que quieren vincularse al numeroso grupo de los jóvenes objetores a la guerra y a las fuerzas militares.

El primero de ellos es Carlos Andrés, joven común y corriente, y que al respecto nos cuenta “No quiero prestar el servicio militar porque considero que esta prestación a la patria atenta contra mis derechos humanos, de religión y de libertad de expresión; por que no estoy de acuerdo con la violencia, el reclutamiento de jóvenes y me parece que esto es ilegitimo”.

En medio de la conversaciñon la madre de Carlos, Gloria Elena, pregunta ¿Por qué los ricos no son obligados a prestar el servicio militar y los pobres si?, y al mismo tiempo se contesta “...es que los ricos con la plata pueden comprar todo, mientras los pobres, ni los derechos ni la ley nos sirve”; !claro¡, y es que doña Gloria sabe desde su experiencia, lo que las estadísticas dicen, a saber, que la gran mayoría de militares y jóvenes reclutados son de estratos bajos, es decir; mientras los ricos promueven la guerra, los pobres la hacen, para que en ultimas, los ricos se lucren y los pobres pongan los muertos.

Continua Carlos Andrés diciendo, “...en el ejercito se cometen actos de violencia y obligan a los jóvenes a mentir sobre las personas, acusando a los jóvenes de ser guerrilleros y matándolos sin que sea cierto, eso es lo que llaman falsos positivos”; finalmente Carlos escribe su declaración de objetor, y a sus 17 años inicia su lucha por que se le reconozca su derecho a objetar al servicio militar.

El segundo joven es Daniel López, del Municipio de Marinilla; a este joven el ejercito lo obligo a presentarse el 8 de diciembre del 2008 en el Atanasio Girardot, el estadio de Medellín, que de los espectáculos deportivos, abre sus puertas también para la propaganda guerrerista del ejercito; del Estadio le dijeron que debía trasladarse a la plaza de toros, que también cambia de vez en cuando, la tortura a los toros por la tortura a los jóvenes; dado que este joven tiene una Rinitis crónica, lo registraron como no apto, sin embargo, al finalizar la jornada le quitaron la cedula y la dijeron que se presentara en las próximas jornadas de reclutamiento porque de todas maneras se lo iban a llevar; Daniel, no quiere prestar el servicio militar, primero por su salud y segundo por razones de conciencia. Sin embargo, el ejercito no le quiere reconocer ninguna de las dos condiciones y quiere a como de lugar que preste el servicio militar; en este momento, no se ha vuelto a presentar y no tiene identificación por que se la retuvo el ejército.

Marlon David, es un joven de la ciudad de Medellín, que no quiere prestar el servicio militar, por ello se ha declarado como objetor, no se ha presentado y espera el día en que el ejercito decida no vulnerarle sus derechos y reconocerle su estatus de objetor, en su declaración menciona, que “he decidido declararme objetor, porque tengo una mentalidad anarquista, por lo tanto odio las fuerzas armadas porque utilizan mucha fuerza de autoridad y no me gusta su forma de proceder con las personas: golpes, patadas, como si no fuéramos iguales.

...También tengo alguien por quien ver, y, como depende de mi económicamente no debo irme. Pero la principal razón es que han utilizado la fuerza conmigo, y que mi familia tampoco quiere que me valla a prestar el servicio”.

Edgard Andrés del Barrio Castilla, se declara objetor por las siguientes razones, “Estoy en contra de las fuerzas militares y armamentistas sea del grupo que sea. Estoy en contra de que no respeten las diferentes formas de pensar. Estoy en contra de que el servicio militar sea obligatorio, sin respetar la voluntad de los demás. Estoy en contra de la guerra, desplazamientos y violación de derechos humanos. No estoy dispuesto a aportar a una guerra que beneficia a unos pocos, donde los pobres son lo que sufren las consecuencias.
Porque quiero demasiado a mi familia como para dejarlos. Para irme a defender los intereses burgueses”.

Cristian David, viene de Yarumal, en este Municipio presenció las arbitrariedades de la fuerza publica en cuestión de reclutamiento, en varias ocasiones jóvenes estudiantes universitarios fueron reclutados; Cristian es un joven que además de no querer prestar el servicio militar, es universitario, pero las fuerzas militares no le han resuelto su situación; en casos como estos el interrogante sigue siendo el mismo ¿Por qué las fuerzas militares vulneran el debido procedimiento para el reclutamiento?, ¿Por qué el estado colombiano no reconoce la objeción de conciencia?.

Daniel, es un líder juvenil de la comuna 6 de Medellín, a sus 18 de edad, todavía no puede creer como el ejercito lo obliga a hacer, lo que se ha negado a hacer en su barrio, ha participar de los ejércitos; espera todavía que se le reconozca su derecho.

Ha corrido solo un mes y medio de este año, y cada vez son más los jóvenes que se vinculan a este reclamo al Estado colombiano que implementa un discurso de paz pero gasta sus recursos en la guerra y obliga a los jóvenes a meterse en ella.

Pero estos no son los casos mas particulares, durante este año, hemos acompañado otros jóvenes que se encuentran en situaciones verdaderamente complejas, dificiles, incluso en situacion de aislamiento, lo que hace pensar que esta guerra se sustenta, a consta del dolor y el sacrificio de la población juvenil masculina; Gabriel Jaime, fue un objetor que el ejercito se negó a sacar de las filas y lo obligo a prestar el servicio militar en la zona de Puerto Berrio; luego de esta lamentable experiencia menciona, “pues que mas situación que haber estado reprimido prestando servicio o regalando mi valioso tiempo a un sistema militar de corrupción que solo busca el bienestar de quien lo dirige y defender sus propios bienes”.

Finalmente mencionaremos el caso de Cristian Henao, joven declarado objetor de conciencia, ya estando dentro de las filas, se encuentra reclutado en el Batallón Pedro Justo Berrio, en el Municipio de Bello; el comandante del batallón aunque no lo desacuerteló se comprometió a mantenerlo en actividades administrativas y no cargar fusil; sin embargo, se le entrego un fusil y se le obliga a las prácticas militares de rigor.

¿Quién dijo que en Medellín no hay objetores?, a esta fecha, el Estado colombiano no reconoce la condición de objetores, la personería de Medellín y la defensoría de Medellín dicen que no tienen casos de objetores, pues bien, con este articulo queremos dar cuenta que en Medellín si hay objetores, si hay jóvenes que se niegan a los ejércitos, a la guerra, a la cultura militarista; cada vez somos mas los jóvenes que nos sumamos a la resistencia, al antimilitarismo, al sueño de una sociedad sin ejércitos.

El epígrafe con el que comienza este texto, es una directriz de Santander escrito en el año de 1820, sin embargo, esto no dista de lo que pretende aún la clase política de este país, seguir educando en la guerra, disciplinar para la guerra, controlar e ideologizar en una cultura militar; pero no, los jóvenes no queremos, y por ello, continuamos apostándole a alternativas.

No importa que Colombia no reconozca la condición de objetor, los jóvenes continuamos construyendolo, desobedeciendo no solo a los jueves de doctrina militar como lo pidió Santander, sino a todos los días, a todos los espacios y a todas las vivencias.

http://www.redjuvenil.org/

Actualidad Griega



Ocupación del restaurante en la "Universidad de Creta"

No queremos un trozo de pan
Queremos la panaderia entera

En un sistema social donde todo es comercio y nuestras necesidades, hasta las más vitales, se convierten en dinero, la alimentación es un terreno más de especulación. Las universidades por desgracia no son ninguna expcepción, donde empresarios se hacen ricos aprovechando las necesidades de miles de estudiantes. Ofreciendo una comida de mala calidad, muchas veces precalentada e.t.c, estas empresas no se diferencian en ningún aspecto de otros restaurantes de comida rapida del estilo McDonald.

En estos mismos restaurantes trabaja gente bajo condiciones muy duras y exhaustas, pecarios, con contratos temporales y con el fantasma del paro siempre encima de sus cabezas.

Hoy hemos ocupado el restaurante de la Universida de Creta, para repartir comida gratuita a todes les estudiantes. Nuestro acto es una propuesta activa, contra la estructura de este sistema, proponiendo en el lugar del individualismo e ignorancia, la accion colectiva y la solidaridad.

Durante la rebelión de Diciembre, más de 250 personas han sido arrestadas. Quien mueva su cabeza como si no hubiera pasado nada es cómplice.

La ocupación la realizó la "Asamblea de Insurrectos de Iráklio"

Ataque fascista en Atenas

Anoche, sobre las 22,00, mientras estaba en pleno proceso una charla del grupo "Objetores de Conciencia" en el "Local de Inmigrantes" (barrio de Eksárjia), un desconocido tiró una granada hacia el local. Por suerte, la ventana de cristal doble, impidió que la granada traspasara la ventana, algo que provocaría la muerte a muchas personas ya que en aquellos momentos dentro del local había unas 40 personas.

En el "Local de Inmigrantes", tienen su lugar varios colectivos y organizaciones de la izquierda, grupos feministas, grupos homosexuales y varias asociacones de inmigrantes.

Hoy sobre las 18,00 se realizó manifetsación solidaria y contra los ataques paramilitaristas. Más de 1.000 personas participaron en a manifestación que salió de la misma plaza de Eksárjia y se dirigió hacia el parlamento, en la plaza de Síntagma.

En el edificio del Consejo de Territorio Nacional, un grupo de encapuchados entró en el patio destrozando los coches que estaban aparcados. En la calle Zoodóju Pigís, se rompieron coches de lujo, mientas otro grupo atacó en la sede del diario burgues "El Diaro". Los antidisturbios contestaron con gases lacrimogenos mientras los disturbios se continuaron hacia el barrio de Eksárjia con barricadas y contenedores quemados.


http://grecia-libertaria.blogspot.com/

El Gobierno utiliza la Ley Antiterrorista de Pinochet contra el pueblo mapuche


"Llegaron aquí apuntándonos con la metralleta. Lo encontraron en el pasillo, lo tomaron del pelo, lo botaron al suelo, lo golpearon" relató a IPS Ida Huenulef sobre la detención de su hijo Miguel, el primer mapuche que el gobierno chileno de Michelle Bachelet busca condenar apelando a la ley antiterrorista.
Según los testimonios de la familia, la noche del 11 de febrero, sin previa identificación ni orden de allanamiento, la policía uniformada de Carabineros y fuerzas especiales ingresaron a su vivienda en la comuna de Lo Prado, en el sector oeste de Santiago.

Miguel Tapia Huenulef, de 45 años, fue detenido en presencia de toda su familia, que también sufrió la violencia del operativo.

"Voy a buscar a mi guagüita (hijita) y la apuntaron con la metralleta y cuando ella tomó a su guagüita, viene otro carabinero y la apunta en su cabecita a la guagüita", dijo Ida Huenulef describiendo el momento en que un uniformado encañonó a su nieta de sólo 20 días de nacida.

La policía buscaba a Miguel Tapia Huenulef por su supuesta vinculación en un atentado incendiario cometido en enero en la propiedad rural de San Leandro, más de 600 kilómetros al sur de Santiago, que es parte del territorio reivindicado por el pueblo indígena mapuche, y por su presunta responsabilidad en un ataque al edificio de la Defensoría Penal Pública en diciembre de 2008.

Según la policía, en el domicilio se encontraron armas, como una subametralladora nueve milímetros con dos cargadores, y elementos para la fabricación de explosivos, además de plantas de marihuana.

La familia Tapia Huenulef y organizaciones mapuches sostienen que se trata de una persecución y un montaje para incriminarlo sólo por ser indígena.

"No, nada, ninguna cosa. Ellos dicen que mis hijos tenían armamento de guerra, dígame usted, a quién se le pude ocurrir viviendo con su familia, habiendo niños en la casa, van a tener armamento en su casa", enfatizó la madre del detenido, agregando que los policías no encontraron nada en su habitación, "…porque salieron, los carabineros salieron y no encontraron nada. Y después yo vi pasar a personas con bolsos".

El portavoz de la organización Meli Wixán Mapu (Los Cuatro Puntos de la Tierra), Enrique Antileo, también dijo a IPS que el allanamiento es una muestra de la política represiva de las autoridades.

"Hay un montaje, implantación de armas, y damos toda la fe, apoyamos a la familia en todo momento. Esto es la continuidad de una política represiva al movimiento social mapuche", señaló Antileo.

LEY ANTITERRORISTA

El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, declaró a la prensa que en este caso se configuraban los antecedentes de una organización terrorista, "…por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la ley antiterrorista".

Una semana después, la familia Tapia Huenulef todavía no había visto a Miguel, incomunicado y trasladado a la Región de la Araucanía, casi 700 kilómetros al sur de Santiago, según les informaron las autoridades. Tampoco sabían que las afirmaciones del ministro del Interior se habían concretado en una acusación formal.

La Subsecretaría del Interior y el gobierno regional de la Araucanía confirmaron a IPS que fue presentada ante la justicia una querella criminal por la ley antiterrorista, firmada por el subsecretario Patricio Rosende. Pero se negaron a dar declaraciones.

Ésta es la primera vez que el gobierno de la socialista Michelle Bachelet utiliza contra un mapuche esta norma, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La ley, decretada por el régimen militar para perseguir opositores políticos, otorga mayores atribuciones a las policías y a la justicia.

"En campaña electoral (Bachelet) prometió que no se iba a aplicar la ley antiterrorista en causas en que estuvieran involucrados miembros del pueblo mapuche", recordó Rodolfo Valdivia, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.

No se configura una acción de terrorismo en la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones, dijo Valdivia a IPS. "No hay en los hechos una organización que tenga por finalidad generar cierta sensación de temor en la población, no hay una organización que vaya a llevar a cabo esos delitos, que señala la ley como delitos terroristas", aseveró.

"Para nosotros no es extraño que el gobierno de Bachelet..., en complicidad con los grupos económicos, aplique leyes arbitrarias para contener la movilización social mapuche", señaló Antileo.

La ley antiterrorista es una de las herencias dictatoriales más cuestionadas por organizaciones indígenas y de derechos humanos.

En los últimos años, el Estado chileno ha recibido varias recomendaciones para revisar su legislación y las políticas con que enfrenta las demandas del pueblo mapuche, de entidades como Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Indígenas y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, entre otros.

PERSECUCIÓN

"Hay una tendencia a la criminalización de la protesta mapuche en general. El pueblo mapuche, cuando protesta, históricamente ha sido callado de las maneras más violentas posibles", dijo Valdivia.

El gobierno niega que exista persecución ni presos políticos mapuches, como denuncian las organizaciones indígenas. Los observadores de derechos humanos creen lo contrario.

"Desde la perspectiva de derechos humanos, claro que sí. Por la forma de pensar, por querer la autonomía, que se reconozca la autonomía del pueblo mapuche", explicó Valdivia.

Los activistas reconocen y valoran las acciones de Bachelet para delinear una política hacia el reconocimiento constitucional de la multiculturalidad y numerosas iniciativas en materia de educación y salud de los pueblos originarios.

Pero la respuesta a las demandas históricas de esta etnia (mapuche significa "gente de la tierra", en la lengua mapuzungun) como la recuperación de tierras, todavía es muy tímida. El reclamo de autonomía --reconocimiento no sólo como una expresión cultural dentro del país, sino como nación mapuche con derechos políticos y territoriales-- es ignorado o llevado como conflicto a un plano judicial.

Según la organización Meli Wixán Mapu, más de 40 indígenas están en prisión condenados o procesados por causas relacionadas a sus reivindicaciones. Alrededor de 500 personas de este pueblo habrían sido procesadas desde el retorno a la democracia en 1990. Para ellos son presos políticos.

"No son delincuentes, no son asaltantes, ni violadores, ni nada por el estilo, sino que lo único que han hecho es realizar acciones dentro del marco de movilizaciones de nuestro pueblo para reivindicar sus derechos", dijo Antileo.
En opinión de Valdivia, la reciente absolución otorgada por la justicia al lonko (autoridad tradicional) Avelino Meñaco, de la comunidad Pascual Koña, da luces sobre la validez de los cuestionamientos a la aplicación de figuras penales contra las protestas.

Luego de ocho meses en la cárcel, Meñaco fue absuelto de los cargos de atentado incendiario a una cabaña, gracias a la defensa del reconocido jurista y ex juez Juan Guzmán, recordado por haber sido el primero que procesó a Pinochet.

"Eso viene a confirmar que existe cierta persecución, por intentar tener condenas contra personas mapuches, como lonkos y dirigentes. Pero en el momento del debate netamente jurídico penal, se acredita que no existen antecedentes para condenarlos y han sido declarados inocentes en varias causas", argumentó Valdivia.

Según la Encuesta de Caracterización Económica, 1.060.786 personas, 6,6 por ciento de los habitantes de Chile, se identificaban en 2006 como indígenas. El 19 por ciento de ellas son pobres o indigentes. Los mapuches representan 87 por ciento de la población aborigen de este país sudamericano.

Pamela Sepúlveda
IPS

Campaña contra el Banco Interamericano de Desarrollo

Cincuenta años financiando la desigualdad ¡Basta ya!

Los cincuenta años del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ponen en evidencia el fracaso de la institución en cumplir con sus objetivos, y sus consecuencias para los pueblos y el medio ambiente de la región. La Quincuagésima Asamblea Anual de Gobernadores del BID -a realizarse en la ciudad de Medellín, Colombia, del 27 al 31 de marzo de 2009- es ocasión de celebración para el Banco, y de honda preocupación y rechazo para un conjunto de movimientos populares y organizaciones sociales en toda la región que harán frente a dicha asamblea en una serie de eventos alternos.

Declaración de campaña

A finales de la década de 1950, los gobiernos de América Latina y el Caribe se aprestaban a iniciar un ciclo de reformas que le permitieran a la región avanzar por el camino del desarrollo. Dentro de las instituciones que se crearon para encargarse de tal cometido, se destacó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fundado en 1959 mediante un convenio entre los países interamericanos. El Convenio Constitutivo (CC) del BID entró en vigencia el 30 de diciembre de 1959. El primer artículo de dicho documento señala el objeto de la institución: “Contribuir a acelerar el proceso de desarrollo económico y social, individual y colectivo, de los países miembros regionales en vías de desarrollo”.

Luego de una trayectoria de 50 años, buena parte de las políticas sociales y económicas promovidas y apalancadas con préstamos y condicionalidades del BID han mostrado su fracaso para lograr una América Latina “equitativa y desarrollada”. Los índices de pobreza y desigualdad son alarmantes. Según las últimas estimaciones disponibles para los países de América Latina, en el año 2007 un 34,1% de la población de la región se encontraba en situación de pobreza. Por su parte, la extrema pobreza o indigencia abarcaba a un 12,6% de la población. De manera que el total de personas sobreviviendo en situación de pobreza alcanzaba los 184 millones de personas, de las cuales 68 millones eran indigentes1. Además, y por si fuera poco, la desigualdad en América Latina presenta también índices muy preocupantes, siendo los niveles más altos de desigualdad en la distribución del ingreso del mundo. El ingreso per cápita del 10% más rico supera, en muchos países, en cerca de 20 veces el del 40% más pobre2.

Adicionalmente, vemos un creciente deterioro ambiental, en gran medida como consecuencia del modelo de desarrollo que el BID ha impulsado, basado en la extracción de recursos no renovables de forma intensiva y contaminante, que atenta contra los derechos de las poblaciones donde se desarrollan estas actividades. Se promociona también un modelo agrícola que favorece los monocultivos, la concentración de tierras, la pérdida de los suelos, el acaparamiento del agua y la desaparición de las economías campesinas. Estos y otros proyectos están en mayor medida orientados hacia la exportación y muchos de ellos apoyados por créditos del BID, haciendo de esta institución financiera responsable de una gigantesca deuda social y ecológica con los pueblos de América Latina y el Caribe, entre las que se encuentra la deuda por el cambio climático.

Por otro lado, el proceso de integración regional que el BID también reconoce como uno de sus objetivos, sigue en marcha de manera desigual. La integración que los pueblos de América Latina y el Caribe queremos no es la promovida desde instituciones multilaterales como el BID, ni tampoco desde la mayor parte de los gobiernos nacionales. Siempre apoyándose en iniciativas de integración de infraestructura como la IIRSA, que ahondarán los impactos socio-ambientales de los pueblos en donde se planifica su desarrollo, se privilegia una modalidad de integración en la que se favorece la apertura al capital financiero e industrial estadounidense, europeo y japonés, así como el fortalecimiento de los enclaves de la región, por encima de una integración social, económica, financiera y comercial emanada de los derechos, las necesidades y de la diversidad cultural de Latinoamérica y el Caribe, encaminada a fortalecer a los pueblos y los países que la impulsan.

Los procesos de endeudamiento con el BID se han multiplicado a partir de los intereses de los prestadores y en algunos casos, se ha favorecido por situaciones de déficit fiscal crónico. Lo anterior fue especialmente evidente a mediados de la década de 1990. Con la Octava Reposición de Recursos, el BID diseñó una estrategia de préstamos con un promedio anual de US$7.000 millones, haciendo énfasis en proyectos que contribuyeran a temas relacionados con las transformaciones tecnológicas y productivas, la llamada modernización del Estado y el fortalecimiento del sector privado. Su objetivo no era exactamente el de reducir las inequidades de la región, sino el de avanzar decididamente en el proceso de privatización de derechos humanos y sociales básicos, como la educación, la salud, el agua, así como favorecer la expansión de intereses privados en la extracción y expoliación de la riqueza de la región.

No podemos desconocer la complicidad del BID, así como de las otras Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), en la financiación de las dictaduras militares que asolaron nuestra región en las décadas de 1970 y 1980. Ni tampoco el rol que ha cumplido con relación al desarrollo de la corrupción, ya casi endémica en algunos países, y la apropiación de parte de muchos funcionarios, políticos y militares de los créditos otorgados a los gobiernos.

La urgencia de la lucha contra la impunidad con la cual actúa el Banco en nuestros países, frente a las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes económicos y ambientales, es una conclusión necesaria de cualquier balance de estos primeros 50 años. Es por eso que buena parte de los proyectos impulsados por el BID han sido ampliamente cuestionados por sus consecuencias sociales, políticas, económicas y ambientales para los pueblos de América latina y el Caribe, y las deudas resultantes rechazadas por ilegítimas. Dichos cuestionamientos se refieren al modelo de desarrollo al que responden, al debilitamiento de la estructura social y ambiental, a los deficientes procesos de evaluación integral de los costos y beneficios de los proyectos en los que participa, a las ambiguas salvaguardas sociales y ambientales, a la deficiente supervisión y fiscalización de las distintas etapas de los proyectos, a la limitada transparencia en la provisión de información y acceso a la participación, entre otros.

El 50 aniversario del BID es una ocasión inmejorable para ampliar y profundizar las iniciativas que desde hace mucho tiempo se impulsan en la región frente a las consecuencias de su gestión y del impacto económico, social y ambiental de sus proyectos. La campaña que hemos iniciado tiene por objeto evidenciar el fracaso del BID durante sus 50 años de existencia al financiar un modelo de desarrollo que amplía las desigualdades, destruye la naturaleza, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.


Sobre todo en la actual coyuntura, marcada por la crisis global económica, alimentaria, energética y climática, en gran medida reflejo de las políticas impulsadas por el BID y demás instituciones financieras multilaterales, es urgente evitar una nueva etapa de endeudamiento ilegítimo en nuestra región. No queremos ni necesitamos en la región un banco que financie la desigualdad, el cambio climático, las políticas represivas y la integración subordinada a un modelo hegemónico de desarrollo que, hoy más que nunca, muestra al mundo su fracaso.

Por este motivo, y con el objetivo de continuar avanzando en el fortalecimiento y la articulación de acciones de resistencia y construcción de alternativas, hemos organizado un encuentro popular de 3 días, paralelo a la Asamblea Anual de Gobernadores 2009 para sumarnos y dar seguimiento a las múltiples maneras en que se ha expresado el rechazo a las políticas del BID, a lo largo de sus 50 años.

El trabajo examinará tres ejes temáticos:

La crisis financiera. Para la banca multilateral, la actual crisis financiera constituye una oportunidad para aumentar la deuda con nuestros países. Un análisis detallado nos permitirá realizar un balance sobre los procesos de liberalización económica, integración comercial y privatización; sobre la ilegitimidad de las deudas reclamadas por el BID;

Los retos de la sustentabilidad. A pesar de las salvaguardias ambientales adoptadas para su ciclo de proyectos, el BID todavía no incluye la utilización de herramientas de planificación y de ordenamiento territorial, previas a las decisiones sobre los grandes proyectos de infraestructura; la falta de un Plan Maestro que enmarque las acciones tomadas para enfrentar las consecuencias del cambio climático y el reconocimiento de la deuda ecológica;

Los derechos humanos, particularmente los derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales. Debatiremos sobre la poca efectividad de los mecanismos de participación para la sociedad civil; sobre los efectos de la flexibilización laboral y la generación de empleo informal; el no acatamiento al derecho de los pueblos indígenas a solicitar la consulta previa que incluya el derecho a veto sobre los proyectos; sobre el alto costo y mala calidad de los servicios públicos que han sido privatizados, lo cual ha generado movimientos de usuarios (“desconectados”) por no poder pagarlos; sobre la falta de inclusión de temas de género; sobre la atención a la población migrante, no sólo medida por la cantidad de las remesa que llegan y que se deben canalizar, entre otros.

Activistas, intelectuales, artistas y funcionarios de gobiernos afines harán parte de esta gran manifestación que pretende contribuir a la articulación de una plataforma social frente al BID e incidir de forma directa en las actuaciones de la institución, cuestionando los 50 años de financiación de la desigualdad económica, el deterioro ambiental y social que se evidencian en:


Un modelo de desarrollo enfocado en la extracción, expropiación y exportación de productos primarios y en la liberalización salvaje que aumentó la desigualdad, la injusticia en término de derechos humanos y una mayor inequidad entre la región y el resto del mundo;

La desigualdad de poder entre grupos empresariales transnacionales y las poblaciones afectadas y la imposición de los planes las políticas y los proyectos promovidos y financiados por el BID;

La desigualdad y no satisfacción a los derechos económicos, sociales y culturales esenciales para la población latinoamericana, incluyendo el agua;

La exclusión en la toma de decisiones, perpetuando la desigualdad entre clases, géneros, etnias y razas;

La ausencia de un plan maestro para enfrentar las causas del cambio climático y otros daños ambientales y sociales.

El fracaso de las políticas y proyectos de reforma agraria para cambiar el esquema de expropiación, desplazamiento, concentración de la tierra;

Sus discursos populistas (Verbi gratia: “oportunidades para la mayoría”), que no han tenido efecto alguno en la exclusión persistente y discriminación de importantes poblaciones, incluyendo las mujeres, los pueblos indígenas y afro descendientes, entre otras;

La existencia de 20 millones de latinoamericanos que ya no viven en sus lugares de origen, pues han sido desplazados, expulsados, teniendo que buscar seguridad ciudadana y bienestar en otras tierras, muchos viviendo como refugiados o en condiciones de mayor pobreza e inseguridad;

La violación permanente y sistemática de los Derechos Humanos.

Los hechos son contundentes. No es posible afirmar que los objetivos fundacionales del BID se hayan cumplido. Resulta indispensable repensar el desarrollo que queremos como pueblos y países de América Latina y el Caribe, que garantice un medio ambiente sano y el buen vivir de los pueblos en la región. Esperamos contar con su apoyo para alcanzar éste propósito políticamente ineludible.

Notas:

1 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panorama social de América Latina, CEPAL-Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2008, p. 5.

2 Ídem.

Para mayor información, contáctenos en: http://www.frenteBID2009.org

E-mail: info@frenteBID2009.org

Organizaciones participantes:

Bank Information Center - BIC (Estados Unidos);

Bloque Popular y Coordinadora de Resistencia Popular (Honduras):

Campaña colombiana En deuda con los derechos (Colombia);

Censat Agua Viva. Amigos de la tierra internacional (Colombia);

Centro de Derechos Humanos y Ambiente - CEDHA (Argentina);

Centro Latinoamericano de Ecología Social - CLAES (Uruguay);

Colectivo Litigio e Investigación en Derechos Humanos - LIDH (Ecuador):

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador - CONAIE (Ecuador);

Consorcio por la Semana de Acción Global: REPEM, Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, Viva la Ciudadanía - (Colombia);

Corporación de Gestión y Derecho Ambiental - ECOLEX (Ecuador);

Diálogo 2000 (Argentina)

Frente Social y Popular de Paraguay

Fundación Esperanza (Ecuador);

Fundación Pachamama (Ecuador);

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos - INREDH (Ecuador);

Grupo FARO (Ecuador);

Grupo Semillas (Colombia);

Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos - ILSA (Colombia);

Instituto Popular de Capacitación - IPC (Colombia);

Instituto del Tercer Mundo - ITeM (Uruguay);

Jubileo Sur/Américas

Jubileo Sur/México

M´Biguá. Ciudadanía y Justicia Ambiental (Argentina);

National Alliance Latin American Caribbean Communities - NALACC (Estados Unidos);

Plateforme haïtienne de Plaidoyer pour un Développement Alternatif - PAPDA (Haití);

Productividad, Biósfera y Medio Ambiente - PROBIOMA (Bolivia);

Red de Educación Popular entre Mujeres - REPEM (Latinoamérica y Caribe);

Rede Brasil sobre Instituciones Financieras Multilaterales;

Rede Jubileo Sur Brasil;

Red Jubileo Perú;

Seminario permanente por la educación a lo largo de toda la vida (Colombia);

Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (Ecuador);

Sobrevivencia, Amigos de la Tierra (Paraguay);

Unión Nacional de Empleados Bancarios - UNEB (Colombia).