El falso 80 por ciento

A plata de hoy, según Gallup, sólo el 45,3 por ciento de los colombianos respaldaría en un referendo la reelección de Uribe

Las preferencias políticas de los encuestadores de Gallup parecen estar imponiéndose sobre sus habilidades matemáticas. Aunque parezca increíble en la última encuesta -y justo en la pregunta sobre la intención de voto en el referendo reeleccionista- los porcentajes de las opiniones expresadas suman más del ciento por ciento.

Es decir el resultado superó el tamaño de la muestra. Un error que ningún profesor le admitiría a un estudiante de Estadística 1.

Los lectores que quieran, pueden verlo en Semana.com. La página 131 del recién publicado y ampliamente promocionado Poll 69 de Gallup, registra los resultados de esta pregunta formulada a 1.000 personas, después de una extensa introducción: "¿Cuál sería la posibilidad de que usted votara en ese referendo?".

Según Gallup, las respuestas de los entrevistados arrojaron los siguientes porcentajes:

Definitivamente sí votaría: 58 por ciento

Probablemente sí votaría: 13 por ciento

No sabe si votaría o no: 6 por ciento

Probablemente no votaría: 5 por ciento

Definitivamente no votaría: 19 por ciento

La suma de estos porcentajes da 101 por ciento. Lo cual significa que hay una falsedad en la elaboración o en la presentación de la encuesta, o en ambas.


Estadísticamente no es posible que la suma de los porcentajes de una muestra sea superior al ciento por ciento.

Lo más grave de este error es que uno de esos porcentajes dio origen a otra equivocación, aún más grave, que le ha dado la vuelta al mundo. Para un sinnúmero de medios colombianos, y para agencias de noticias retomadas por periódicos del mundo entero, el 80 por ciento de los colombianos respaldaría en un eventual referendo la reelección del presidente Uribe.


La afirmación, sin ningún fundamento, sale de otra respuesta presentada de manera equívoca en la encuesta de Gallup. En la página 132 del estudio y a la pregunta: "¿Votaría usted a favor o en contra de que el presidente Uribe se pueda presentar como candidato en las elecciones presidenciales del año 2010?". Los encuestados respondieron 80 por ciento a favor y 20 por ciento en contra.

Pocos se percataron de que esa pregunta no se la hicieron al total de los encuestados, sino únicamente a quienes respondieron que definitivamente votarían el referendo. Esto es al 58 por ciento de las 1.000 personas encuestadas, si nos atenemos al resultado anterior.

Y aquí surge otra sorpresa: según Gallup, para llegar a esa respuesta fueron entrevistadas 567 personas, el 56,7 por ciento de 1.000 (en gracia de discusión, se podría aproximar al 57) pero jamás al 58 por ciento. Un regalo de un punto en una encuesta equivale a sumarle de un plumazo 100.000 votos a un candidato en una elección con 10 millones de votantes. (Ver video en Semana.com).

Si se hiciera el ejercicio matemático de calcular cuánto es el 80 por ciento del 56,7 por ciento que votaría el referendo, la respuesta tendría una lectura política bien distinta y desoladora para la causa reeleccionista: A plata de hoy, según Gallup, sólo el 45,3 por ciento de los colombianos respaldaría en un referendo la reelección del Presidente.

Algo va del 45,3 por ciento al 80 por ciento, sin embargo el equívoco hizo carrera. Sólo El Tiempo aclaró el error, al día siguiente.

El habitualmente incisivo editorial de El Nuevo Siglo registró con sorpresa que en la misma encuesta los colombianos expresaran su inconformidad con el desempeño del gobierno en temas tan sensibles como el empleo y la economía, pero que ocho de cada 10 respaldaran la reelección.

El ex ministro Rudolf Homes aseguró: "El 80 por ciento de la intención de voto, debe haber reforzado la decisión de Uribe de hacerse reelegir".

En El Espectador, Mario Fernando Prado -tan recordado por el extraditado 'H.H.'- celebró alborozado el "abrumador apoyo" a la reelección, bajo el título: '¿Será que Invamer Gallup miente?'.

Y la respuesta es sí. Invamer Gallup faltó a la verdad en este estudio. Por lo demás, no es la primera vez que salen a flote los errores de esta encuestadora que tiende a equivocarse a favor del gobierno.

Por Daniel Coronell
SEMANA

[Grecia] Parking cercano al lugar donde murió Alexis Grigoropoulos ocupado

// agência de notícias anarquistas-ana

[Bello ejemplo griego que debería ser seguido. El pueblo con hazadas, picos, picadoras, palas, y muchos sueños, ocupan un aparcamiento, destruyen el asfalto, plantan árboles y transforman el lugar en un parque público.]

Durante todo el día del sábado (el pasado día 7), la Asamblea Popular de Exarchia ocupó un gran aparcamiento próximo a donde murió Alexis Grigoropoulos, para recuperar este espacio “gris y asfaltado” de la ciudad y exigir su transformación en un parque. En la acción, los ocupantes, niños, ancianos, adolescentes, adultos, hombres, mujeres, organizaron en el lugar comidas colectivas, con vino y bailes. También se realizaron talleres y, literalmente, las gentes, con diversos utensilios, rompieron el asfalto del lugar dónde plantaron pinos y olivos.

Durante la noche, un gran cuadro regalo a la insurgencia griega de los Zapatistas de Chiapas colocado en la pared del edificio frente al lugar del asesinato de Alexis, ya tomado por centenares de cartas y una placa de mármol colocada por la familia del joven libertario. El día concluyó con un gran concierto al aire libre.

Ya el día anterior, viernes (día 6), por la noche, a tres meses del asesinato de Alexis Grigoropoulos a manos de agentes de la policía griega armados, manifestantes se reunieron en el lugar de su asesinato para un acto público. El cuartel de las Brigadas Antidistúrbios fue atacado con cóckteles molotov, y, enseguida, se sucedieron fuertes enfrentamientos callejeros entre la policía y manifestantes durante toda la noche y madrugada.

Inspiradoras imágenes de las actividades del sábado, aquí:




http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=1000032

http://athens.indymedia.org/front.php3?lang=el&article_id=994091


Traducción al castellano: O Neto do Caldeireiro (Gz)

Álvaro Uribe: Tapando el sol con las manos.

En el Consejo Comunal número 224, del sábado 14 de febrero, efectuado en Samacá, Boyacá, el presidente, Álvaro Uribe Vélez, afirmó: “Creo que es injusto. Simplemente por odio político, ir a Estados Unidos a desfigurar la verdad (…)

En el Consejo Comunal número 224, del sábado 14 de febrero, efectuado en Samacá, Boyacá, el presidente, Álvaro Uribe Vélez, afirmó: “Creo que es injusto. Simplemente por odio político, ir a Estados Unidos a desfigurar la verdad (…) El gobierno nuestro lo único que pide es que se diga la verdad, imparcialmente. Nosotros no desconocemos lo que hace falta, pero también pedimos que se reconozca lo avanzado (…) Nosotros no necesitamos que Estados Unidos, ni ningún país, nos exijan (sic) proteger a nuestros trabajadores (…) ¿Entonces que van a hacer un daño al TLC? Sí. Seguramente termina nuestro Gobierno y pueden decir: ‘No dejamos que a Uribe le aprobaran el TLC’. Pero ese no es un daño a mí. Es a Colombia. Yo, por lo menos, buscaré hacer todas las gestiones para tener la conciencia tranquila”

El presidente se refería a las persistentes críticas que ha recibido de diferentes sectores, incluidos algunos del Congreso norteamericano, sobre su negligencia para proteger la vida de dirigentes sindicales, la impunidad en innumerables casos de homicidio, la vulneración de otros derechos como la libertad de asociación, y a la incidencia que esto ha tenido en la negativa del Parlamento estadounidense a aprobar el Tratado de Libre Comercio, TLC, suscrito por los dos gobiernos en 2006. Por lo demás —como lo han demostrado las casi dos décadas de aplicación de la apertura en Colombia, durante las cuales han pasado por la Casa Blanca los Bush y los Clinton—, el libre comercio, impulsado a cual más por ambos, se yergue sobre la máxima explotación de la mano de obra.

La declaración presidencial rebosa cinismo, ya que es difícil que alguien iguale el récord de Uribe en el pisoteo de los derechos individuales y colectivos de los asalariados, no en su protección.

Desde el comienzo de su presidencia, estos vienen resintiendo la merma de los ingresos por la disminución de los recargos de las horas extras, la jornada nocturna, los dominicales y festivos, el monto irrisorio de la indemnización por despido; y soportando mayores recortes mensuales, por una parte para cubrir unos servicios de salud cuyo distintivo siniestro es el “paseo de la muerte” y, por otra, para anticipar el pago de una jubilación incierta debido al cúmulo de nuevos requisitos para alcanzarla. Los varios billones de pesos apañados a los proletarios por las reformas laborales y pensionales de 2002 explican en gran medida las abultadas ganancias reportadas en los últimos años por la banca, el gran comercio, las multinacionales con asiento en el país, las empresas privatizadas de servicios públicos y, naturalmente, han llenado de complacencia a la patronal de todos los tamaños.

Pero, Uribe ha pretendido ir aún más lejos. A lo largo de su mandato ha procurado la supresión del salario y la pensión mínimos, objetivos que sólo abandona transitoriamente en las vísperas electorales.

Con la liquidación o reestructuración de entidades públicas suprimió decenas de miles de empleos y conculcó derechos adquiridos por los funcionarios, a la par que montó un andamiaje de nóminas paralelas manejadas como coto de caza por los politicastros de la coalición uribista.

La subcontratación se convirtió en el sistema predilecto de enganche. Entre 2002 y 2008 los trabajadores temporales aumentaron 27%, mientras los permanentes bajaron 15%. Además, el gobierno, que para tratar de suavizar los reclamos internos y externos, expide normas, dizque para controlar los desmanes de las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado, prohíja que en sectores enteros como el de la salud sólo se pueda acceder al empleo a través de esas entidades, y no se inmuta ante la evidencia de que en miles de firmas sea esta la forma exclusiva o principal de contratación.

Esta tala de las prerrogativas obreras efectuada en los seis largos años de gobierno uribista ha pretendido presentarse como la fórmula, por fin hallada, para reducir el desempleo, que azota a millones de colombianos; pero ya nadie discute que la desocupación ha crecido de manera alarmante, hasta la pasmosa cifra de 14% revelada en los últimos días. En realidad, la reducción de la paga contenía en germen la disminución de los puestos de trabajo dada su directa incidencia en la reducción masiva de la demanda de bienes y servicios por parte de los asalariados.

Infortunadamente, antes del necesario llamado a luchar, las cúpulas obreras optaron por el cabildeo para colgarle un articulito sibilino a las reformas de 2002, en el que constara que si los anunciados objetivos de generación de puestos de trabajo como consecuencia de ese despojo no se alcanzaban, el mismo Congreso restablecería la situación anterior. Vana ilusión, por decir lo menos.

Aunque no se han generalizado los enfrentamientos de las masas contra el régimen de la Seguridad Democrática, en parte por el amedrantamiento al que han sido sometidas, diversos sectores han librado vigorosas y ejemplares batallas. En estos casos ha salido a relucir otra de las facetas del uribismo: la más brutal represión, como debieron sufrirla los corteros de caña del Valle del Cauca, que fueron acosados y golpeados sistemáticamente por los escuadrones del Esmad, por osar exigirle a la oligarquía azucarera que los contratara directamente; o los indígenas que a lo largo de su Minga sufrieron el más aleve acoso militar, que en ocasiones llegó a tomar a los marchantes como objetivo de francotiradores; o el trato marcial dado a los empleados de la judicatura, mediante la declaratoria de la Conmoción Interior, por demandar el cumplimiento de las normas salariales y de ascenso expedidas por el propio gobierno.

Para no extenderse en hasta donde se han vulnerado los derechos colectivos, baste decir que nunca antes se habían ilegalizado tantos sindicatos, negado tanto registros sindicales, ni había sido tan parcial la parcialidad inveterada del Ministerio del ramo. Con razón a esta dependencia ha terminado por conocérsele como el Ministerio de la Protección Patronal.

Sobra decir, entonces, que está plenamente justificada la denuncia del oprobioso régimen en todos los escenarios posibles y necesarios, ante todo y principalmente ante los proletarios de las demás naciones del Norte y del Sur. Naturalmente que los asalariados únicamente deben cifrar sus anhelos de reivindicación en el despertar de su conciencia y en el fortalecimiento de sus organizaciones y su lucha, y no remplazar tan indispensables armas por los trapicheos parlamentarios o los litigios abogadiles, y mucho menos confiar la suerte de sus aspiraciones a las veleidades de cualquiera de las facciones en que se dividen las castas dominantes imperialistas, cuya diferencia de fondo estriba en cuál de ellas, en cada nueva jornada comicial, se convierte en la mayoría de la minoría dominante, para asumir la conducción de la formidable máquina estatal, mientras reduce a las otras a los “peladeros de la oposición”.
Pero faltaba más que quien, como Uribe, ha utilizado un afectado arrobamiento patrio para, entre otras maniobras, esconder su docilidad ante la Potencia del Norte, de la cual ha dado suficientes muestras, empezando por su vergonzoso apoyo a la invasión de Irak, hasta sus peregrinaciones mensuales a la Casa Blanca y el Capitolio, en pro de la aprobación del TLC, pasando por sus dadivosidades para ganarse la “confianza inversionista”, ahora quiera posar de desvelado paladín del obrerismo y de díscolo ante los Estados Unidos, debido a que el cúmulo de denuncias en su contra cada vez tiene más resonancia en las metrópolis, en donde ya se le ve como un típico sátrapa latinoamericano, uniformado de civil, de esos que, aunque útiles, se tornan incómodos a tal punto que se vuelve atractivo removerlos, para que todo siga igual.

Alejandro Torres.

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© Se permite la reproducción de este escrito sin fines de lucro y divulgando el nombre del autor y la fuente: notasobreras.net

Amenazas en la UdeA

El 6 de marzo varios estudiantes recibieron amenzas de dasaparicion y asesinato por parte de AUC del bloque Antioqueño.

En pleno gobierno de seguridad democratica.

El día viernes 6 de marzo en horas de la tarde, varios activistas políticos y lideres estudiantiles de la U de A, recibieron un correo electrónico; en el cual explícitamente se les dice que son declarados objetivo militar, y que tienen el plazo de una semana para desaparecerse o si no serán desaparecidos o asesinados.

Además el panfleto lanza acusaciones y estigmatizaciones en contra de las oficinas de asuntos estudiantiles, muy de la mano de las acusaciones que han lanzado varias directivas e incluso profesores que se suman a la ola terrorista, en contra de compañeros y compañeras, sin ninguna sustentación jurídica.

Es preocupante la situación puesto que la historia a demostrado que detrás del discurso de “limpieza social” se esconde el asesinato selectivo de activistas políticos, es por eso que a estas amenazas, se le suman las amenazas en todos los barrios de nuestras comunas, de los famosos panfletos que las autoridades han llamado “bromas”, los cuales milagrosamente han aparecido en casi todos los barrios de Medellín y que ahora han aparecido en varios municipios de Antioquia. No son gratis los crecientes robos a las ONG’s criticas al gobierno, robos muy particulares, en los que los delincuentes se han llevado solo la información.

Es por eso que hacemos la denuncia internacional de que los Delincuentes al servicio del estado, han anunciado su reactivación; teniendo presente que todos los que vivimos en los barrios sabemos que la “Desmovilización” fue un teatro y la guerra nunca ha cesado.

La crisis al interior del gobierno, los escándalos de corrupción e infiltración de las AUC en las altas esferas de la política, el creciente desempleo y descontento social por la miserable situación de nuestro pueblo, coinciden con la reactivación de estos grupos del terror; que masacran la vida, la cultura y la libertad.

Las organizaciones sociales y poblaciones, quedan invitados a que no permitan que el miedo los calle y que la autocensura no nos impida decir la verdad.



Panfletos difundidos en los barrios de Medellín.





La lista continua en el pais más democratico de latinoamerica.

Indymedia Colombia

“Los falsos positivos son crímenes de Estado”

Nosotros familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, provenientes de las diferentes regiones del país reunidos en la ciudad de Bogotá durante los días y 5 y 6 de marzo del 2009

DECLARACION ENCUENTRO FAMILIARES DE VICTIMAS DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES EN COLOMBIA

“Los falsos positivos son crímenes de Estado”

Nosotros familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, provenientes de las diferentes regiones del país reunidos en la ciudad de Bogotá durante los días y 5 y 6 de marzo del 2009

DECLARAMOS

1. Que hemos compartido durante el encuentro las angustias y dolores que nos embargan como familiares de quienes han sido privados de la vida por la acción criminal de la Fuerza Pública y especialmente el Ejercito Nacional. Encontramos que a lo largo y ancho del país se han cometido cientos de crímenes contra hombres en su mayoría menores de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y mas excluidos, lo que nos indica que se trata de una práctica sistemática y generalizada, que se constituye en crímenes de lesa humanidad, cuya responsabilidad recae en el Estado colombiano.

2. Que estos crímenes han afectado la integridad de nuestras familias y comunidades, generando graves impactos y daños sicosociales, producido el desvertebramiento de muchos grupos familiares y deteriorado nuestra situación socio-económica. Pese a ello, este encuentro nos llama a organizarnos y exigir en una sola voz el respeto y garantía de nuestros derechos a la verdad, la justicia y reparación integral y a construir caminos de esperanza y unidad para que estos crímenes nunca jamás se vuelvan a repetir.

3. Que durante los dos mandatos presidenciales de Alvaro Uribe Vélez y en aplicación de la política de “seguridad democrática” han venido aumentado los registros de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza pública, según informes de las Plaformas de derechos humanos y paz, por los menos 1.
122 personas han sido asesinadas en total estado de indefensión, las cuales son presentadas como “bajas dadas en combate”

4.Que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su último informe señalo su preocupación por “la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército”, igualmente que “algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en lamayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos”.

5. Que desde hace varios años se viene denunciando esta práctica, sin embargo no se han tomado medidas efectivas para poner fin a la misma, ni para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos crímenes. Los perpetradores gozan de total impunidad debido a la falta de voluntad política de los entes responsables de adelantar investigaciones serias y eficaces.

6. Que las autoridades colombianas en lugar de cumplir con su mandato constitucional de proteger los derechos de las víctimas y sus familiares, han estimulado los mecanismos de impunidad, y han promovido una política de persecución, revictimización y afectación de su buen nombre y su dignidad humana.

7. Que hacemos recaer la máxima responsabilidad por la masiva practica de ejecuciones extrajudiciales en el Presidente Alvaro Uribe Vélez, en su condición de comandante General de las Fuerzas Militares, el Ministro de Defensa Juan Manuel Santos, y en los altos mandos militares entre quienes se cuentan el Ex General Mario Montoya y General Fredy Padilla de León.


EXIGIMOS

1. Que cesen de forma inmediata las ejecuciones extrajudiciales y se tomen medidas preventivas y eficaces para que tales hechos no se vuelvan a repetir.

2. Que se eliminen todas las prebendas y ofrecimientos de beneficios y prerrogativas, así como las políticas que estimulan la práctica de las ejecuciones extrajudiciales, bajo el ropaje de la “seguridad democrática”.

3. Que se nombre una comisión especial tanto en la Fiscalía General de la Nación, como en la Procuraduría General, para que bajo los parámetros que caracterizan la comisión de crímenes de lesa humanidad, se investiguen, juzguen y sancionen, con penas proporcionales a la gravedad de los mismos, a todos los responsables de la practica masiva y generalizada de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados “falsos positivos”, así como los crímenes de desaparición forzada, tortura y otros que rodean estos asesinatos.

4. Al presidente Alvaro Uribe Vélez que en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, separe del cargo al Ministro de defensa Juan Manuel Santos, a los altos mandos militares tanto a nivel nacional, como los que tienen mando en los lugares donde se han presentado estos crímenes y que los entes competentes inicien las investigaciones efectivas que redunden en sanciones ejemplarizantes en su condición de mando que ostentaban al momento de la ejecución de estos crímenes.

5. Que el Estado Colombiano adopte en concertación con los familiares y víctimas medidas de protección y garantías. Responsabilizamos al Estado de cualquier atentado o amenaza que pueda presentarse contra los familiares y testigos de ejecuciones extrajudiciales.

6. Que el Presidente de República Alvaro Uribe Vélez, haga un reconocimiento público de responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública, pida perdón a las víctimas, familiares y al pueblo colombiano y reivindique el buen nombre de las víctimas y su condición de civiles.

7. Que el Estado Colombiano respete y garantice los derechos de las victimas a conocer la verdad de lo ocurrido, que se haga justicia contra todos los responsables, beneficiarios y encubridores de estos crímenes, se repare de manera integral todos los daños individuales y colectivos, y se reconozca que en Colombia se cometen crímenes de estado. En este sentido exigimos al Congreso de la República que se abstenga de aprobar leyes que desconocen los derechos que tienen las víctimas de crímenes de estado, tal y como pretende hacerse con el proyecto de ley de víctimas que se debate en el Congreso.

8. Invitamos a la sociedad en general a que se solidarice con las víctimas, acompañe a las víctimas en la exigibilidad y justiciabilidad de sus derechos y condene públicamente estos crímenes.


A la comunidad internacional solicitamos:

1. Su solidaridad total, acompañamiento efectivo y vigilancia permanente para que estos crímenes no queden en la impunidad y se garanticen los derechos de las víctimas y familiares a la verdad, la justicia y reparación integral. Que se exija al Estado Colombiano la promoción de políticas eficaces que pongan fin a esta práctica, y se asegure la sanción de los máximos responsables.

2. La condena abierta contra las políticas que promueven esta práctica criminal y se condicione cualquier ayuda y cooperación internacional al respeto de los derechos humanos.

3. Que se acompañe, apoye política y financieramente los procesos organizativos de las víctimas y se exija al Estado colombiano que brinde las garantías para que las víctimas y familiares puedan ejercer y hacer exigibles sus derechos.

Bogotá 6 de marzo de 2009.


Los falsos positivos son crímenes de Estado

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