LAS GANANCIAS DEL SECTOR FINANciero reportaron $3,1 billones entre enero y abril de 2009. Un billón más que en el mismo período del año 2008.
En contraste, el desempleo llegó a 12,1% en abril de 2009, esto es, dos millones y medio de personas, en contraste con el 11,1% del mismo mes el año pasado. El 60% de la población económicamente activa pertenece al sector informal, lo que conlleva su precario cubrimiento en salud y pensiones. La iniquidad no termina ahí. Los beneficios y ventajas otorgados por el Gobierno a los ricos y el deterioro de la situación laboral de los pobres contrastan con la favorabilidad del presidente Uribe: 82% en los estratos 1 y 2. ¿Cómo explicar el fenómeno?
Las exorbitantes ganancias de los bancos y algunos empresarios, la desmejora salarial de los trabajadores y el aumento del respaldo electoral se logran gracias a una eficaz estrategia gubernamental. La política económica del Gobierno se la juega por el abaratamiento de los costos del capital y por el incentivo de las exportaciones mediante exenciones tributarias y el desmonte de las garantías laborales. La ley laboral que amplió la jornada laboral y disminuyó el pago de horas extras y dominicales con el pretexto de crear más puestos de trabajo, empeoró la situación para los asalariados de más bajos ingresos y no generó más empleo. El otro cuerno de la estrategia, la política de asistencialismo popular, canaliza dineros públicos con destino a dos millones de familias en acción para aceitar la campaña presidencial del espíritu en la encrucijada o de su sucesor encarnado en el ex ministro de Agricultura o en el de Defensa. Mientras tanto la coalición de Gobierno tramita una ley que otorga beneficios a personas mayores que no alcancen a cotizar el tiempo mínimo legal para gozar de una pensión. El clientelismo institucionalizado al servicio de la reelección pese al contexto de creciente iniquidad económica y social. El cambio de tercio se cierra con la retórica propuesta oficial de establecer un subsidio de desempleo, pagable exclusivamente por los trabajadores. El menosprecio hacia el trabajador como fuente de la riqueza se ve reflejado en la pretendida superación del Estado Social de Derecho que el Presidente proclama mediante la estrambótica nueva forma de Estado: ¡el Estado de opinión!
La ausencia de políticas públicas generadoras de empleo y favorables a los usuarios del sistema financiero contrasta con la baja de las tasas de interés por parte de la Junta del Banco de la República para los préstamos a los bancos. La reducción del costo del dinero para los financistas no se ve reflejada en una baja apreciable de los intereses a los usuarios. El alto endeudamiento de los hogares colombianos en la crisis reporta enormes ganancias para los dueños del capital. El aumento de las ganancias del sector es ciertamente comprensible. En contraprestación sus dueños apoyan irrestrictamente al Gobierno. Contrasta la omisión gubernamental con la iniciativa del gobierno Obama para proteger al usuario del sistema financiero de los abusos y cobros excesivos de la banca. La política económica y de empleo adelantada en el último lustro deja al país mal situado en una perspectiva de largo plazo. El trabajo formal y autónomo, dignamente remunerado y con seguridad social, ha sido reemplazado por dádivas y beneficios. Culturalmente el retroceso es perceptible. La ética del empleo digno y con remuneración equitativa es sustituida por el asistencialismo de caudas sumisas políticamente y dependientes electoralmente.
Por: Rodolfo Arango
Tomado de: El Espectador