jueves, 4 de junio de 2009

Desempleo e iniquidad

Foto: Ana Carolina Echeverry

LAS GANANCIAS DEL SECTOR FINANciero reportaron $3,1 billones entre enero y abril de 2009. Un billón más que en el mismo período del año 2008.
En contraste, el desempleo llegó a 12,1% en abril de 2009, esto es, dos millones y medio de personas, en contraste con el 11,1% del mismo mes el año pasado. El 60% de la población económicamente activa pertenece al sector informal, lo que conlleva su precario cubrimiento en salud y pensiones. La iniquidad no termina ahí. Los beneficios y ventajas otorgados por el Gobierno a los ricos y el deterioro de la situación laboral de los pobres contrastan con la favorabilidad del presidente Uribe: 82% en los estratos 1 y 2. ¿Cómo explicar el fenómeno?

Las exorbitantes ganancias de los bancos y algunos empresarios, la desmejora salarial de los trabajadores y el aumento del respaldo electoral se logran gracias a una eficaz estrategia gubernamental. La política económica del Gobierno se la juega por el abaratamiento de los costos del capital y por el incentivo de las exportaciones mediante exenciones tributarias y el desmonte de las garantías laborales. La ley laboral que amplió la jornada laboral y disminuyó el pago de horas extras y dominicales con el pretexto de crear más puestos de trabajo, empeoró la situación para los asalariados de más bajos ingresos y no generó más empleo. El otro cuerno de la estrategia, la política de asistencialismo popular, canaliza dineros públicos con destino a dos millones de familias en acción para aceitar la campaña presidencial del espíritu en la encrucijada o de su sucesor encarnado en el ex ministro de Agricultura o en el de Defensa. Mientras tanto la coalición de Gobierno tramita una ley que otorga beneficios a personas mayores que no alcancen a cotizar el tiempo mínimo legal para gozar de una pensión. El clientelismo institucionalizado al servicio de la reelección pese al contexto de creciente iniquidad económica y social. El cambio de tercio se cierra con la retórica propuesta oficial de establecer un subsidio de desempleo, pagable exclusivamente por los trabajadores. El menosprecio hacia el trabajador como fuente de la riqueza se ve reflejado en la pretendida superación del Estado Social de Derecho que el Presidente proclama mediante la estrambótica nueva forma de Estado: ¡el Estado de opinión!

La ausencia de políticas públicas generadoras de empleo y favorables a los usuarios del sistema financiero contrasta con la baja de las tasas de interés por parte de la Junta del Banco de la República para los préstamos a los bancos. La reducción del costo del dinero para los financistas no se ve reflejada en una baja apreciable de los intereses a los usuarios. El alto endeudamiento de los hogares colombianos en la crisis reporta enormes ganancias para los dueños del capital. El aumento de las ganancias del sector es ciertamente comprensible. En contraprestación sus dueños apoyan irrestrictamente al Gobierno. Contrasta la omisión gubernamental con la iniciativa del gobierno Obama para proteger al usuario del sistema financiero de los abusos y cobros excesivos de la banca. La política económica y de empleo adelantada en el último lustro deja al país mal situado en una perspectiva de largo plazo. El trabajo formal y autónomo, dignamente remunerado y con seguridad social, ha sido reemplazado por dádivas y beneficios. Culturalmente el retroceso es perceptible. La ética del empleo digno y con remuneración equitativa es sustituida por el asistencialismo de caudas sumisas políticamente y dependientes electoralmente.

Por: Rodolfo Arango
Tomado de: El Espectador

Los pueblos Kichwa, Achuar y Shuar se levantan contra petroleras en Ecuador

Pueblos y nacionalidades del Ecuador se declaran en estado de "máxima alerta" ante la posibilidad de que empresas extractivas reinicien su trabajo en los territorios indígenas violando toda la normativa internacional al respecto.
El manifiesto de resistencia, a continuación, íntegro:

El pueblo Kichwa de Sarayaku, la nacionalidad Achuar del Ecuador y la nacionalidad Shuar, ante la decisión de fecha 8 de mayo del 2009 por parte del Ministerio de Minas y Petróleos y Petroecuador (Resolución N° 080-CAD-2009-04-20), en donde dispone "el reinicio de las operaciones determinadas en los contratos de participación para la exploración y explotación de hidrocarburos en los bloques 23 y 24 de la Región Amazónica", manifiestan lo siguiente:

Achuar pescando en el río Pastaza (Ecuador) /Foto: NAE
Recordamos que las empresas CGC y Burlington son empresas que han atentado contra la vida y el territorio de nuestro pueblos, violando los derechos humanos y específicamente los derechos indígenas que están vigentes en los convenios y tratados internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas.

Recordamos además que en 1998 el Tribunal Constitucional reconoció que la empresa Burlington violó los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el Bloque 24 y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado Medidas Provisionales a favor de los pueblos afectados por el Bloque 23.

Estas empresas van sembrando terror, hambre, miseria, y han violentado los derechos humanos, han atentado contra la vida de los pueblos indígenas y han provocado daño ambiental y a la Pacha Mama. Frente a esto manifestamos:

1. Rechazar rotundamente la resolución.

2. Exigir el cumplimiento de las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el Tribunal Constitucional del Ecuador en los casos de los Bloques 23 y 24.

3. Esta disposición demuestra una clara violación a las resoluciones de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también de la Constitución del Ecuador sobre los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas.

4. Esta actitud arbitraria del gobierno es contradictoria con los avances en el diálogo desarrollado con los diferentes Ministerios para el cumplimiento de las medidas provisionales, particularmente el retiro de la pentolita del territorio de Sarayaku, abandonada por la empresa CGC.

5. La actitud del gobierno demuestra la poca transparencia y voluntad política, contradiciendo sus acciones en la defensa a los Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas, creando desconfianza en su discurso.

6. Esta decisión arbitraria e inconsulta afecta a la vida social, sicológica, cultural económica y política de los habitantes de la región amazónica, particularmente del Pueblo Kichwa de Sarayaku, de las nacionalidades Achuar y Shuar.

7. Responsabilizamos al Estado y al Gobierno ecuatoriano por todas las acciones que pueda generar en contra de la vida y seguridad de los miembros del Pueblo de Sarayaku y de las Nacionalidades Achuar y Shuar.

8. No aceptaremos ningún proyecto de muerte en nuestro territorio que pretenda romper la continuidad de vida del presente y futuras generaciones a las cuales hemos protegido y defendido con grandes esfuerzos, sacrificio sobrehumano y con el costo de muchas vidas.

NOS DECLARAMOS EN ESTADO DE MÁXIMA ALERTA EN DEFENSA DE NUESTRA VIDA, EL TERRITORIO Y LA BIODIVERSIDAD

Consejo de Gobierno de Sarayaku
Consejo de Gobierno de la NAE (Nacionalidad Achuar de Ecuador)
Consejo de Gobierno de la FIPSE (Federación Independiente del Pueblo Shuar del Ecuador)
Consejo de Gobierno de la FICSH (Federación Interprovincial de Centro Shuar)



Por: CONAIE
Tomado de: actualidad.hemeracomunicar.org

Dice Salvatore Mancuso “¡Que tiemblen los que nos ayudaron”

Asegura el jefe paramilitar que las “AUC” ayudaron hasta con dinero a la campaña presidencial de Uribe Vélez. VOZ lo había denunciado en 2002. También que los ganaderos, latifundistas, industriales y comerciantes les colaboraron. Faltan muchos por responder en la “parapolítica”, asegura Mancuso

Salvatore Mancuso no se cansa de repetir en la celda de la cárcel Treatment Facility de Washington (Estados Unidos), en donde está encerrado desde cuando fue extraditado a Estados Unidos por decisión del presidente Álvaro Uribe Vélez, el mismo que les tendió la mano para un “proceso de paz”, que abruptamente canceló cuando los jefes paramilitares estaban señalando a sus colaboradores todos muy cercanos a la “Casa de Nari”, que “¡tiemblen los que nos ayudaron!”, porque a pesar de las amenazas contra su familia y la casi ninguna colaboración de la justicia estadounidense, él si está dispuesto a colaborar con “justicia y paz”, pero para señalar con su dedo a muchos que desde las alturas del poder o desde los gremios de la producción los ayudaron a formar el ejército de criminales que se conoció como las “AUC”.

Mancuso dice que con la extradición quisieron silenciarlos, porque no es cierto que hubieran seguido delinquiendo desde la cárcel, como lo reconoció hace pocos días el fiscal Mario Iguarán. “Uribe nos aplicó de esta manera la ley del silencio” le han oído decir personas que han tenido acceso a él.

La semana pasada, en lo más reciente, palabras más, palabras menos, así se lo dijo a la senadora Piedad Córdoba y a representantes de varias ONG de derechos humanos, que lo visitaron en la cárcel. Asumió el compromiso de declarar ante los fiscales de “justicia y paz”, porque “todavía no hemos dicho ni la tercera parte de lo que tenemos que decir”, dijo Mancuso. Uno de los participantes en el encuentro le comentó a este semanario que la reunión fue larga y no estuvo exenta de momentos de dura tensión. Sin embargo, Mancuso reconoció muchas cosas que le dirá a la fiscalía colombiana y espera que la justicia de los Estados Unidos les dé las garantías de participar en las audiencias públicas que serán convocadas al respecto. Allí lo juzgan por narcotráfico y poco interés existe en que colabore con la confesión de los crímenes que cometieron y de quiénes fueron sus colaboradores.

En la revista Cambio de la semana pasada se publica una larga entrevista con Salvatore Mancuso, realizada por el periodista Harold Abueta, con el sugestivo título: “Conmigo extraditaron la verdad”. El jefe paramilitar dice que “el Gobierno se asustó con las actividades de algunos comandantes y porque estábamos reconstruyendo la verdad. Me di a la tarea de decirles a todos los que trabajaron conmigo que contaran la verdad y en un estrado conté algunas de ellas”. Mancuso reafirma en la entrevista que él y Carlos Castaño se reunieron con Juan Manuel Santos (lo cual también dice Carlos Castaño en su libro “Mi confesión”), para promover un golpe de estado contra el entonces presidente Ernesto Samper.

Asimismo, el ex jefe paramilitar ahora extraditado, dice que muchas verdades quedaron sin efecto, entre ellas, “la connivencia de militares activos y en retiro, y de políticos importantes que hoy son candidatos presidenciales, con las autodefensas”.

Faltan muchos congresistas por responder

También le dijo a la revista Cambio, que faltan muchos congresistas por responder en la “parapolítica”. Dice que las confesiones quedaron truncas debido a la extradición. De manera directa acusó al ex gobernador de Santander, Hugo Aguilar, y al ex senador Luis Alberto Gil, al que llamó en la entrevista el “tuerto Gil”, del Partido Convergencia Democrática, uribista y de los más afectados por la “parapolítica”, de haberse reunido con las “AUC” y haber pactado acuerdos políticos con éstas.

Abunda en detalles sobre la colaboración del DAS con los paramilitares desde antes de Jorge Noguera y de manera directa señala que el ex subdirector Miguel Narváez colaboró con las “AUC”. Sobre la ayuda que le dieron a la candidatura de Uribe Vélez dijo: “Pero sí le puedo decir que la gran mayoría de nosotros apoyamos a Uribe porque recibimos instrucciones de los comandantes y así lo hicimos en todos los departamentos con influencia del bloque Norte”.

Más claro no canta un gallo. Los paramilitares ayudaron a Uribe Vélez y ahora él les da la espalda. Mientras aparecían las escandalosas declaraciones de Mancuso, el Presidente se le prendía como una garrapata a los Príncipes de Asturias en Medellín, buscando un efecto mediático que desviara la atención del país. En ello es un experto el señor Uribe Vélez.

Leyenda: Facsímil de VOZ en febrero de 2002 cuando denunció el apoyo paramilitar a la candidatura presidencial de Uribe Vélez la cual tuvo bastante repercusión en el país.

Por: Hernando López VOZ edición 2494
Tomado de: www.pacocol.org