jueves, 12 de marzo de 2009

Carta de Objetores por Conciencia en Caqueta


Señor
OSCAR PRIETO
Defensor del pueblo
San Vicente Del Caguán

Cordial saludo

“Objetamos participar de las guerras y a reproducir las prácticas de una sociedad militarista”


De la manera más atenta y esperanzadora ponemos en su conocimiento los siguientes hechos y consideraciones.

Los jóvenes Caqueteños venimos afrontando una difícil situación de vulneración de nuestros derechos, postulados de objeción por conciencia, de no violencia y antimilitarismo lo cual queremos poner en su conocimiento.

El reclutamiento es regulado en Colombia en la ley 48 de 1993. Mientras que esta ley requiere “clarificar la situación militar de uno cuando cumple los 18 años de edad” (Art 14), la falta de no poder hacerlo solo puede ser sancionada con una multa (Art 41 y 42). La ley no especifica en estos casos el procedimiento normal de reclutamiento, descrito en el Artículo 14 - 21 de la ley.

En adición a esto, el reclutamiento forzado es una violación al "derecho a la libertad personal (artículo 7), la protección de la dignidad humana (artículo 11) y el derecho de circulación (artículo 22), garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Consideramos igualmente que esta práctica vulnera el derecho a la libertad (Art 13) Libertad de conciencia (Art 18), Libertad de opinión (Art 20) La libertad individual (Art. 28) consagrados en la constitución política de Colombia.

En contraste a lo expresado en la norma, se hace evidente que el ejército no la respeta, pues de uso cotidiano comete actos prohibidos por la ley tales como batidas o detenciones arbitrarias en las calles y lugares públicos contra los jóvenes que no pueden acreditar su situación militar. En estas acciones somos tratados como delincuentes y vulnerados nuestros derechos.

Un hecho reciente que muestra lo denunciado se presentó el sábado 7 de marzo, en un reten militar del puente Guayas donde un grupo de jóvenes fueron detenidos para exigirles cédula y libreta militar. La segunda no la teníamos y la primera la retuvieron porque, según ellos, definieron el reclutamiento.

Ante este hecho argumentamos nuestra objeción por conciencia a pertenecer a un ejército, que no queríamos empuñar un fusil y mucho menos tener que asesinar a otro en cumplimiento con la obligación de ser “Héroes de la Patria”. De manera reiterada replicamos nuestras exenciones de ley para no prestar el servicio militar, razones que no fueron escuchadas por el sargento Viceprimero encargado del reten y en medio de insultos nos forzaron a subir al camión, configurándose, de este modo, una privación de la libertad y una detención arbitraria. Resulta muy diciente el caso del joven Jimi Laverde a quien detuvieron el sábado 7 de marzo y aún no le han regresado su documento de identidad.

Las fuerzas militares premeditadamente confunden fuerza con autoridad y rompen el marco jurídico que rige su comportamiento, convirtiéndose de facto en un actor armado ilegal como cualquiera de los que dice combatir, pero nunca reconocerán su proceder ilegal pues su prepotencia las lleva a concluir que son las hacedoras y modificadoras, a su antojo, de las leyes.

No obstante, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias de naciones unidas; en su opinión No.8/2008 (Colombia) le dice al gobierno colombiano: “La detención contra quienes se han declarado expresamente objetores de conciencia no tiene sustento jurídico ni base legal y su incorporación al ejército contra su voluntad es en clara violencia a sus postulados de conciencia, lo que puede vulnerar el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. No proveer espacio para el derecho a la objeción de conciencia puede ser una violación de dicho artículo. Tampoco tienen base legal ni sustento jurídico las prácticas de batidas, redadas o levas, con el objeto de detener en las calles y lugares públicos a los jóvenes que no pueden acreditar su situación militar”.

Colombia es firmante del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos. El derecho a la objeción de conciencia es reconocido por el Comité de Derecho Humanos de las Naciones Unidas, como un legítimo ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.

Otra situación sobre la que llamamos la atención es el hecho de que los jóvenes que son reclutados arbitrariamente y retenidos por horas en las bases militares, aun después de probar que están exceptuados por la ley, son llevados a las afueras del pueblo y en oportunidades son trasladados a guarniciones militares de otros municipios, pero al momento de ponerlos en libertad sólo los sacan de las instalaciones sin regresarlos a su lugar de origen, poniendo con ello en grave riesgo la vida de los recién liberados.

Estas son solo algunas de las irregularidades que se han presentado en la jornada de reclutamiento.

Como jóvenes reconocemos las condiciones de conflicto interno que sufre Colombia y en especial el departamento, no creemos en el uso de la fuerza y las armas para justificar el orden o la resolución de los conflictos; por esta razón objetamos a participar de cualquier ejército, en su lugar nos acompaña el afán por construir alternativas ante la situación del conflicto armado interno que vive el país, por lo tanto, trabajamos a diario desde nuestros lenguajes alternativos, es decir, con la alegría de la tambora y la danza que la secunda; con la sabiduría del teatro y la creatividad que lo enaltece; con la belleza de la poesía y los sentimientos que recrea, entre otros, para proporcionar un acompañamiento al servicio de la paz y la vida, por eso, los uniformes, las armas, la violencia, son elementos disonantes dentro de nuestro trabajo con las comunidades, así mismo, constituyen un irrespeto al esfuerzo por construir desde los jóvenes una cultura de no violencia.

En esa lógica perversa y miope de la paz del fusil nos encasillan “si no está conmigo es mi enemigo” y por eso, frente a la objeción, frente a la reivindicación de la libertad de pensamiento y de conciencia nos responden con el moquete tajante de subversivo o guerrillero.

Los ejércitos dicen hacer la guerra para alcanzar la paz, ese slogan no es con nosotros porque los jóvenes objetores por conciencia tenemos claro que la paz que sigue a las guerras es la paz de los sepulcros, del odio, del resentimiento, de la venganza, es la paz del orden construido sobre elementos coercitivos y por tanto, efímero. Esa paz no la queremos los jóvenes, la paz por la que trabajamos es la que surge de los hombres y mujeres felices, sin hambre, con empleo, con salud, con educación, con capacidad para resolver los conflictos desde la negociación y no desde la eliminación; la paz que queremos es la paz de los vivos, no la “paz de los muertos”. Por eso los jóvenes objetamos la guerra, por eso los jóvenes, hombre y mujer objetamos engendrar hijos para la guerra, nuestros hijos serán semilla de vida, no abono de cementerio.

Por lo tanto Proponemos:

- Que se desarrollen foros sobre los límites de la fuerza pública, en el uso de la fuerza y que se reconozca que solo la policía es competente para privar de la libertad.

- Que en reemplazo del servicio militar obligatorio se ofrezca la posibilidad de un servicio social alternativo.

- Que exista un efectivo control sobre las acciones del ejército.

- Que se constituyan y respeten los grupos de jóvenes que promueven la defensa y exigibilidad de los derechos.

Agradeciendo su acostumbrada colaboración y garantía del establecimiento de prontos correctivos.

En ratificación de lo manifestado firmamos de conformidad.

Jóvenes Caqueteños

Red Juvenil

Mal llamadas “bandas emergentes”

EN DÍAS PASADOS EL PRESIDENTE Uribe lanzó una ofensiva contra las “bandas emergentes”, como ahora llaman a los grupos paramilitares de siempre.

Es un nuevo término del diccionario que vienen editando los ilusionistas del Palacio de Nari: en Colombia no hay conflicto armado sino “guera contra el terrorismo”; los desplazados son “migrantes”; la seguridad nacional es hoy “seguridad democrática”; el modelo neoliberal se llama “confianza inversionista”; toda persona que piensa diferente a ellos somos integrantes del “bloque intelectual” del terrorismo.
Esta mala manía de no llamar las cosas por su nombre busca no sólo distorsionar la realidad para hacerla caber en estrechos esquemas mentales, sino sobre todo crea nuevas “realidades” virtuales basadas en la mentira. En este caso, la falacia es el supuesto “fin del paramilitarismo”. Según la fábula, gracias al “proceso de paz”, se desmovilizaron 32 mil hombres, todos vimos las fotos y, abracadabra, el paramilitarismo ya no existe. El héroe de la historia es el saliente “Alto Comisionado para la Paz”, hoy en tránsito a utilizar su barita mágica para unir al uribismo.

Por eso, era clave un nuevo nombre para el extinto paramilitarismo. “Bacrim” (bandas criminales) es el que aparece en los afiches de recompensa. A otro genio se le ocurrió “organizaciones de nueva generación” (ONG), como para estigmatizar aún más a las verdaderas ONG.

Los gobiernos siempre han tenido mucha dificultad en llamar a los paramilitares por su nombre. Entre 1965 y 1989, existieron legalmente como “autodefensas”. El gobierno de Barco, que los declaró ilegales, se refería a grupos “sicariales” y de “justicia privada”. En el de Samper, Fernando Botero les puso el alias más bonito, “Convivir”. Al inicio, Uribe siempre decía los “mal llamados paramilitares”.

La verdad es que la desmovilización masiva no significó el desmonte del paramilitarismo, sino que fue parte de su consolidación. Tantos hombres armados ya no se necesitaban más. Ya habían asesinado a los líderes políticos y sociales que había que eliminar y descuartizado o desplazado a todos los campesinos que tenían tierra para arrebatarles. Misión cumplida. Además, mantener un ejército de mercenarios, a $500 mil mensuales por 32 mil cabezas, es una nómina respetable. Por tanto, el negocio fue redondo, los hoy reinsertados pasan a estar a cargo del erario público y los jefes paramilitares se quedan con toda la riqueza que acumularon como fruto del terror, manteniendo sólo los hombres armados estrictamente necesarios.

Luego de años de cómplice silencio, el informe final de la misión de la OEA advierte que 7 mil de los 32 mil ex ‘paras’ están desconectados del Programa de Reinserción y que unos “continúan delinquiendo mientras siguen en el Programa”. A propósito, ¿qué pasó con Vicente Castaño y por qué no aparece en las recompensas?

Mientras existan los mismos paramilitares de siempre, más los rearmados y recién reclutados, llámenlos como los llamen, continuarán matando. Y las víctimas seguirán inhibidas para denunciar los delitos y exigir sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

danielgarciapena@hotmail.com - Daniel García-Peña

El espectador

Alias 'HH' arremete contra Cháux Mosquera

Antes de ser extraditado a Estados Unidos, el ex cabecilla de las autodefensas, Hebert Veloza García, alias "HH", hizo graves señalamientos contra el ex gobernador del Cauca y ex embajador de Colombia en República Dominicana, Juan José Cháux Mosquera.

En ese testimonio, rendido en el marco de la ley de Justicia y Paz, Hebert Veloza aseguró que Cháux Mosquera era uno de los políticos más cercanos a las autodefensas.

Textualmente, "HH" dijo que en el año 2001, "Cháux y Manuel Mosquera eran los más cercanos en ese momento a las autodefensas y Cháux tenía injerencia en el Valle del Cauca".

Veloza García dijo que aproximadamente desde los años 97 y 98, iniciaron los acercamientos entre Juan José Cháux y las autodefensas, y manifestó que el ex gobernador del Cauca se reunió en varias oportunidades con los paramilitares.

Hebert Veloza dijo que "los políticos que ahora están siendo procesados por la parapolítica también deben estar obligados a reparar a las víctimas, pues con su sangre se beneficiaron para obtener su puesto en el Congreso".

Alias "HH" aseguró ante la Fiscalía que muchos helicópteros, que no se sabía si eran privados o del Estado, llegaban de manera permanente a la finca La 21, que era prácticamente la oficina de Carlos Castaño, donde se realizaron muchas reuniones.

El extraditado jefe paramilitar dijo que "La 21 es una finca reconocida en todo el sector y si desde el 97 a 2004 hubieran querido capturar a Carlos Castaño lo hubieran hecho".

Agregó que Vicente Castaño vivía en la finca "La 15" en donde "había tropas del Batallón Vélez, Fiscalía, Policía y autoridades".

Ricardo Ospina


CARACOL S.A.