Mal llamadas “bandas emergentes”

EN DÍAS PASADOS EL PRESIDENTE Uribe lanzó una ofensiva contra las “bandas emergentes”, como ahora llaman a los grupos paramilitares de siempre.

Es un nuevo término del diccionario que vienen editando los ilusionistas del Palacio de Nari: en Colombia no hay conflicto armado sino “guera contra el terrorismo”; los desplazados son “migrantes”; la seguridad nacional es hoy “seguridad democrática”; el modelo neoliberal se llama “confianza inversionista”; toda persona que piensa diferente a ellos somos integrantes del “bloque intelectual” del terrorismo.
Esta mala manía de no llamar las cosas por su nombre busca no sólo distorsionar la realidad para hacerla caber en estrechos esquemas mentales, sino sobre todo crea nuevas “realidades” virtuales basadas en la mentira. En este caso, la falacia es el supuesto “fin del paramilitarismo”. Según la fábula, gracias al “proceso de paz”, se desmovilizaron 32 mil hombres, todos vimos las fotos y, abracadabra, el paramilitarismo ya no existe. El héroe de la historia es el saliente “Alto Comisionado para la Paz”, hoy en tránsito a utilizar su barita mágica para unir al uribismo.

Por eso, era clave un nuevo nombre para el extinto paramilitarismo. “Bacrim” (bandas criminales) es el que aparece en los afiches de recompensa. A otro genio se le ocurrió “organizaciones de nueva generación” (ONG), como para estigmatizar aún más a las verdaderas ONG.

Los gobiernos siempre han tenido mucha dificultad en llamar a los paramilitares por su nombre. Entre 1965 y 1989, existieron legalmente como “autodefensas”. El gobierno de Barco, que los declaró ilegales, se refería a grupos “sicariales” y de “justicia privada”. En el de Samper, Fernando Botero les puso el alias más bonito, “Convivir”. Al inicio, Uribe siempre decía los “mal llamados paramilitares”.

La verdad es que la desmovilización masiva no significó el desmonte del paramilitarismo, sino que fue parte de su consolidación. Tantos hombres armados ya no se necesitaban más. Ya habían asesinado a los líderes políticos y sociales que había que eliminar y descuartizado o desplazado a todos los campesinos que tenían tierra para arrebatarles. Misión cumplida. Además, mantener un ejército de mercenarios, a $500 mil mensuales por 32 mil cabezas, es una nómina respetable. Por tanto, el negocio fue redondo, los hoy reinsertados pasan a estar a cargo del erario público y los jefes paramilitares se quedan con toda la riqueza que acumularon como fruto del terror, manteniendo sólo los hombres armados estrictamente necesarios.

Luego de años de cómplice silencio, el informe final de la misión de la OEA advierte que 7 mil de los 32 mil ex ‘paras’ están desconectados del Programa de Reinserción y que unos “continúan delinquiendo mientras siguen en el Programa”. A propósito, ¿qué pasó con Vicente Castaño y por qué no aparece en las recompensas?

Mientras existan los mismos paramilitares de siempre, más los rearmados y recién reclutados, llámenlos como los llamen, continuarán matando. Y las víctimas seguirán inhibidas para denunciar los delitos y exigir sus derechos a la verdad, justicia y reparación.

danielgarciapena@hotmail.com - Daniel García-Peña

El espectador