La OEA y la ONU pidieron de manera conjunta al gobierno garantías para el periodista Hollman Morris, mientras que el presidente pidió que se revisen las medidas cautelares que lo protegen.Este miércoles la Presidencia refutó a los relatores para la libertad de prensa de la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, quienes a través de un comunicado les pidieron a los funcionarios del gobierno que se abstuvieran de emitir declaraciones públicas que estigmaticen a los periodistas críticos. El comunicado conjunto de los relatores fue emitido el 9 de febrero.
La importancia del comunicado no es un asunto menor, pues esta es la primera vez que dos relatores para la libertad de expresión, de organismos multilaterales, se unen para dirigirse al gobierno colombiano. Eventualmente los relatores de estos organismos se unen dos veces al año para emitir un pronunciamiento sobre un problema en general.
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Este es el último episodio en el caso del periodista colombiano, Hollman Morris, quien el pasado primero de febrero se encontraba con las Farc, en el sur del país, en el lugar donde fueron liberados tres policías y un soldado. Su presencia en el campamento de las Farc, significó la respuesta airada del Ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, quien lo calificó de “afín a las Farc”. El Presidente Uribe fue más allá y dijo que Morris se escudaba “en su condición de periodista para ser permisivo y cómplice del terrorismo”.
El periodista, posteriormente explicó que estaba haciendo un documental que sería emitido por el canal History Channel. Sin embargo fue retenido y cuestionado por miembros del Ejército, y según ha denunciado, desde que se generó la polémica, ha sido víctima de más de 40 amenazas.
En respuesta a los señalamientos que los funcionarios del gobierno hicieron a Morris, el Relator de ONU para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, y la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Catalina Botero, expresaron su preocupación por las declaraciones y señalameintos de las autoridades y el alto gobierno contra el periodista.
En diciembre de 2008, los relatores defensores de la libertad de expresión la OEA, de la Unión Europea, de la ONU y de la Unión Africana, suscribieron su último pronunciamiento, en el que advierten del riesgo de que en nombre de la lucha contra el terrorismo, los gobiernos criminalicen a los disidentes.
En el texto de La Rue y Botero, reiteran lo que otros relatores por separado, ya le han pedido al gobierno: que adopte “medidas concretas para evitar la estigmatización, especialmente por parte de sus altos funcionarios y la polarización de opiniones, dos elementos que envician el debate político y menoscaban el ejercicio del pluralismo”.
En entrevista con Semana.com, Botero dijo que “la función de la relatoría es poner de presente de manera ágil, las obligaciones de un Estado”.
El comunicado no cayó bien en la Casa de Nariño y por esta razón el gobierno emitió una nueva comunicación para controvertir las declaraciones de los relatores. En éste, la Presidencia indica que los relatores La Rue y Botero en ningún lugar de su comunicación “hacen referencia a las condiciones de sometimiento e indefensión en las que se encontraban los secuestrados mientras se realizaba el reportaje”.
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El Presidente también anuncia que le pedirá a la “Comisión Interamericana de Derechos Humanos la regulación de las medidas cautelares del periodista Hollman Morris, para ajustarlas al deber de protección consagrado por la Corte Constitucional. El señor Morris, a pesar de alegar riesgo extraordinario para su vida, se sometió a riesgo extremo, sin informar al Estado, del cual demanda protección”.
Sin embargo, para los defensores de la libertad de expresión la declaración del gobierno es desafortunada. “No entendemos porque el gobierno insiste en decir que Morris se salió de su protección, cuando la Corte Constitucional ya definió que si el periodista en ciertas circunstancias no quiere estar con su esquema de seguridad puede apartarse de él”, dijo a Semana.com Carlos Cortes, presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa.
El caso de Morris recuerda el de la periodista Claudia Julieta Duque, quien tenía protección del gobierno, pero a la vez sus protectores le hacían inteligencia y por eso tuvo que exiliarse. La Corte Constitucional sentó un precedente cuando le ordenó al DAS y a la Policía Nacional que le entregara la información en la que ella aparecía investigada. Además el fallo del Alto Tribunal amparó el derecho que tienen los periodistas a ejercer su profesión y a apartarse de su esquema de seguridad cuando lo requieran.
Esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) de Nueva York y la Fundación para la Libertad de Prensa entre otros organismos, protestaron enérgicamente por las acusaciones contra el reportero.
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