domingo, 7 de junio de 2009

Desplaza el ejército a las autoridades civiles en la amazonia peruana

Lima, 6 de junio. El ejército peruano estableció hoy el toque de queda en las provincias amazónicas de Bagua y Utcubamba, luego de los fuertes enfrentamientos que se desataron desde el viernes y que prosiguieron hoy entre fuerzas de la policía e indígenas con un saldo que aumentó a unos 50 muertos, 155 heridos y 150 detenidos entre los manifestantes.

La muerte hoy de nueve uniformados tomados como rehenes por indígenas en una estación petrolera, aumentó a 31 la cifra de fallecidos en 24 horas de violencia en la amazonia peruana, provocada por un operativo para desbloquear una carretera que tomaron los indígenas. Sin embargo, tanto el gobierno como los nativos, y la prensa, manejaban sus propias cifras arrojadas por estos disturbios.

“De los 38 policías tomados como rehenes en la estación petrolera, hoy 22 de ellos han sido recuperados vivos por el ejército, nueve fallecieron a manos de los nativos y hay siete desaparecidos”, dijo el general Miguel Hidalgo, jefe del estado mayor de la Policía Nacional, al anunciar el desenlace de una acción de rescate de los retenidos 12 horas antes.

El general del ejército Raúl Silva, jefe de la sexta brigada de la selva peruana, con sede en Bagua, quien asumió la autoridad civil en la zona en conflicto, indicó que los cuerpos de los policías muertos están siendo recuperados por soldados en el monte. Sin embargo, los militares no precisaron si tras el operativo castrense había indígenas muertos.

Los policías muertos este sábado elevaron a 22 la cantidad de uniformados caídos desde que estalló la violencia el viernes en la mañana, según declaraciones del primer ministro Yehude Simón, quien también señaló la muerte de nueve civiles, y advirtió que podría haber más fallecidos.

“Oficialmente hay nueve nativos muertos, no digo que no puede haber más, pero la fiscalía y los centros de salud nos irán informando”, dijo en rueda de prensa.

Versiones extraoficiales y de prensa estiman en 15 el total de civiles muertos, en todos los hospitales de la zona. Los medios locales hablan hasta de 25 muertos civiles, pero los líderes de las etnias en protesta afirman que son más de 30 los fallecidos y que muchos de ellos permanecen en los cerros porque los militares les han impedido acudir a recogerlos.

El jefe militar instó a la población a la calma y a respetar un toque de queda en las localidades de Bagua, Bagua Grande y Jaén, que rige por tiempo indefinido desde las tres de la tarde de hoy a las seis de la mañana de este domingo.

Bagua, epicentro de las protestas, amaneció este sábado militarizada y bajo tensa calma tras la violencia registrada ayer, cuando la población quemó y asaltó ocho locales públicos.

La violencia también se replicó en las cercanas poblaciones de Bagua Grande y Jaén, objeto de incendios, saqueos y tiroteos durante la tarde del viernes.

La carretera desbloqueada por la policía –en la acción que desencadenó 24 horas de intensa violencia– ya se encuentra con el tránsito vehicular restablecido entre la selva y el norte del país. Esa carretera había sido tomada hace 10 días por unos 2 mil 500 nativos, como parte de una serie de protestas de las 65 etnias amazónicas.

Los indígenas están en pie de lucha desde comienzos de abril en reclamo de que el gobierno derogue decretos que consideran ponen en peligro sus territorios y su supervivencia y buscan la explotación de hidrocarburos en la región sin su consentimiento, en beneficio de las trasnacionales extranjeras y acorde con una política gubernamental de apertura la inversión foránea y un tratado de libre comercio.

“Siguen las protestas hasta que se atiendan las demandas”, afirmó Champion Nonimgo, que dijo hablar en representación de un comando nacional indígena activado desde que su principal líder en esta movilización, Alberto Pizango, pasó a la clandestinidad luego de los primeros choques de la víspera, contra quien la justicia emitió una orden de captura acusado de sedición, conspiración y rebelión.

Nonimgo denunció que son más de 30 los nativos fallecidos y que hay unos 150 de sus compañeros detenidos en una base militar.

Las autoridades peruanas dijeron desconocer el paradero de Pizango, a quien señalan como el principal responsable de los sucesos violentos del viernes en el departamento de Amazonas.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, dijo no tener informes sobre las versiones de prensa de que el líder huyó a Bolivia presumiblemente para pedir asilo.

En tanto, Bolivia dijo no saber nada de un eventual ingreso de Pizango a su territorio. Pero la ministra boliviana de Justicia, Celima Torrico, al condenar la muerte de los indígenas peruanos dijo que “ha ocurrido este hecho sangriento por no atender el pedido de las etnias; siempre ha sucedido esto, no nos olvidemos lo que pasó aquí en Bolivia con los gobiernos de la derecha”.

El presidente peruano, Alan García, quien rindió un homenaje a la veintena de policías que murieron durante los enfrentamientos con indígenas, denunció que fue una “agresión irresponsable, de salvajismo y barbarie”, con “métodos idénticos a los empleados por (la guerrilla de) Sendero Luminoso: se procedió a degollar y herir con lanzas a humildes policías rendidos y sin armas”.

Afirmó que Perú “está sufriendo una agresión subversiva contra la democracia y la Policía Nacional. Frente a ella necesitamos responder con serenidad y con firmeza”. Agregó que los hechos de violencia “son parte de un complot contra la democracia” que podría haber contado con apoyo externo, aunque sin dar detalles.

Pero, aseveró el mandatario, “es una conspiración cuidadosamente preparada contra Perú, una conspiración que ha interrumpido la producción y el transporte de petróleo, el envío de gas hacia las ciudades de la costa y para la cual se habló de insurgencia y levantamiento en las últimas semanas”.

La ministra Cabanillas, por su parte, aseguró que se ha comprobado la existencia de un complot para desestabilizar la democracia peruana, como ocurrió en Ecuador en enero de 2000 con el presidente Jamil Mahuad, y en Bolivia en octubre de 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando en sendas revueltas populares fueron expulsados del poder.

Por: La Jornada
Tomado de: www.desdeabajo.info




+ Información:

- [Perú: Cronología de una matanza anunciada]

- [Perú: “Masacre de indígenas fue un operativo político encubierto”]

Dictan orden de captura contra líderes indígenas colombianos

Aida Quilcue, Feliciano Valencia y Daniel Piñacue.


Un juez colombiano dictó una orden de captura contra Aida Quilcue, Feliciano Valencia, Daniel Piñacué y otros líderes de la Minga indígena, «en un claro caso de persecución política contra el movimiento indígena», según denunció este sábado Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN).

En su página web la ACIN, indica que la orden de captura fue proferida por un juez con funciones de control de garantías, a instancias del Fiscal Delegado de la Fiscalía General de la Nación, ambos de la ciudad de Popayán.

Según informa Asociación indígena, la acción judicial se debe a una denuncia presentada en su contra por el cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparrán Santiago adscrito a la unidad de contraguerrilla Nro 15 Libertadores.

Este militar, que «presenta todos los rasgos propios de la etnia, que aprovechando estas características permitió que fuera utilizado por el Ejército Nacional para infiltrarse dentro de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, dentro del territorio indígena del resguardo de La María Piendamó. Fue utilizado por el ejército para cometer un delito», afirma el texto.



Chaparrán fue capturado por las autoridades indígenas que gobiernan dentro del territorio indígena conocido como resguardo, y de manera pública, ante las autoridades y la comunidad indígena, se exhibió material militar, que portaba dentro del morral que le fue incautado.

«Actuando en derecho y sobre la base de Jurisprudencia Reiterada por la Honorable Corte Constitucional, las autoridades indígenas, en este caso los 60 Gobernadores de resguardos, procedieron a juzgarlo según usos y costumbres en asamblea. Quedó demostrada la flagrancia de su atentado contra la comunidad en territorio indígena. Fue sometido a una ceremonia de correción y entregado luego a Defensoría del Pueblo del Cauca», recuerda el texto divulgado este domingo en la página web de la Asociación.

Según la ACIN, los líderes indígenas a los que se les dictó orden de captura, obedecieron la decisión de los Gobernadores apegados en todo momento a derecho, y agregan que en ningún momento, éstos dictaron o ejecutaron sentencia. Por el contrario, «vigilaron el procedimiento para que respondiera al más estricto debido proceso y para garantizar los derechos del acusado».

De igual manera, la organización indígena deja claro que un Juez de la República no tiene jurisdicción sobre este caso que corresponde, según la Constitución, a las autoridades indígenas en su territorio.

«Las autoridades no cometieron delito alguno. Por lo tanto, acá se pretende condenar a autoridades judiciales indígenas por parte de quienes, desde el Estado, cometieron un delito y fueron descubierto en flagrancia. Es decir que los victimarios ahora vienen a capturar al juez que los descubrió cometiendo un delito» destaca el texto.

De igual manera, los indígenas resaltan la falta de derecho que se vive en Colombia, cuando según afirman, «los hechos demuestran la falta de garantías legales y procesales que existen en este país, de manera que los delincuentes de la fuerza pública, se atreven no solamente a cometer delitos sino que luego, se convierten en acusadores de sus propias víctimas».

«La»justicia«de bolsillo del Gobierno Colombiano sirve una vez más, para vengarse de un pueblo que se levantó pacíficamente en Minga contra el modelo económico de despojo, contra el terror, por el respeto a las obligaciones de Estado y para que los pueblos podamos tejer nuestra propia agenda en libertad. Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá al terror de siempre, se suma la burla a la justicia» afirma el texto.

Asimismo la organización indígena calificó los hechos ocurridos en Perú y en Colombia como un anuncio de «masacres y persecusión, genocida y etnocida, sangrienta».

«Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá al terror de siempre, se suma la burla a la justicia. Es la misma lucha, son los mismos regímenes y solamente la unidad en resistencia hará libres a nuestros pueblos» destaca la ACIN.

En el documento también envían condolencias a los familiares a las comunidades indígenas peruanas, y expresaron una profunda admiración por el valor y la dignidad de sus hermanos andinos.

«No están solas ni solos. Acá luchamos, acá lloramos y seguimos adelante. No será en vano tanto dolor. Seremos libres y el»libre comercio«será condenado un día por lo que es: terror contra los pueblos y contra la vida para alimentar la codicia enferma de unos insaciables» afirman.

Por último realizaron un llamado a la comunidad internacional para que se reconozca la justicia de la lucha indígena y se repudie el etnocidio de Estado.

Por: teleSUR - ACIN / FC
Tomado de: www.dhcolombia.info

La masacre de El Aro, 11 años después. Francisco Villalba, un testigo que sabía demasiado


Aquí estamos
y aquí estaremos siempre:
en el fragor de la lucha
o en la quietud de la muerte.
Jesús María Valle Jaramillo

(1943-1998)

El pasado 23 de abril fue asesinado el ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El Aro, quien aseguró que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo involucrado en la planeación y logística de la masacre en su condición de gobernador de Antioquia, en 1997. Conocido como “Cristian Barreto” en las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), Villalba fue muerto cerca de su casa, en el barrio La Estrella de Medellín, cuando estaba acompañado de esposa y su hija de 4 años, por sicarios que utilizaron armas con silenciadores.

Las extrañas circunstancias de este crimen, teniendo en cuenta que Villalba estaba bajo detención domiciliaria con la teórica protección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como detenido pero también como testigo, se suman a una serie de irregularidades en torno al proceso de esclarecimiento de los responsables directos de la masacre de El Aro. El ex paramilitar fue condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por esta y otras masacres, y, sin embargo, y a pesar de esto, y de la importancia de las declaraciones hechas, no existían mínimas garantías de parte del Estado para el cumplimiento de su pena y la conservación de su vida, luego de sólo 23 días de abandonar la cárcel y ser trasladado a su casa como sitio de reclusión.

La justicia colombiana judicializó por la masacre de El Aro sólo a tres paramilitares: Carlos Castaño, según la Fiscalía asesinado en abril de 2004; Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos por crímenes relacionados con tráfico de drogas; y Villalba. De igual forma, únicamente se condenó a dos militares: al teniente del ejército Everardo Bolaños Galindo y al cabo primero Germán Alzate Cardona, este último prófugo de la justicia. Aunque la Procuraduría abrió investigación contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada del ejército en el momento de la masacre, y contra el teniente coronel Germán Morantes Hernández, comandante en 1997 del Batallón Girardot, con jurisdicción en Ituango, ambos procesos fueron archivados. Ante la evidente impunidad y inoperancia de la justicia nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por omisión y acción de miembros de la fuerza pública de la IV Brigada en la masacre de El Aro, lo conminó a arrestar a los responsables –hoy libres o muertos en el peor de los casos–, y lo obligó a indemnizar a las víctimas.

Mas allá de la escasa justicia aplicada, el asesinato de Villalba revela la eliminación de testigos como sistemática estrategia para ocultar la verdad. En efecto, la constante durante varias décadas en nuestro país ha sido la cascada de asesinatos gracias a los cuales se elimina a los testigos de homicidios, unos que involucran políticos oficiales de diversa categoría, otros a militares, otros a paramilitares.

La denuncia

Los hechos ocurridos en la masacre de El Aro, pequeño poblado de 60 casas ubicado en la zona rural de Ituango, norte de Antioquia, se extendieron durante siete días, a finales de octubre de 1997, en los que las accu torturaron, asesinaron y descuartizaron a 17 personas, quemaron 42 casas, se robaron 1.200 reses y desplazaron a la totalidad de la población, 702 personas1, sin que las autoridades regionales o nacionales hicieran algo para impedir la masacre, a pesar de las reiterados pedidos de auxilio hechos desde la Alcaldía de Ituango a la gobernación de Antioquia. El mandatario seccional de la época era Álvaro Uribe Vélez.

En las declaraciones recogidas por la Fiscalía, Villalba afirmó que días antes de la masacre, esta fue coordinada en una reunión en la que asistieron Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, el propio Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército y de la Policía, y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, este último como jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 Apóstoles”. Luego de la masacre, según Villalba, Álvaro Uribe lo habría felicitado por la exitosa ejecución del plan.
Luego de estás declaraciones, Álvaro Uribe, no ya como Gobernador sino como Presidente, negó cualquier nexo con la masacre y con los paramilitares en mención, aduciendo, entre otras cosas, la tenencia de una carta escrita por Villalba en la que se retractaba de sus declaraciones y le pedía perdón por “mancillar su nombre”. Además de esta carta, Uribe dio a conocer otra, escrita por el paramilitar Libardo Duarte, en la que éste aseguraba que el senador Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Daniel Coronell pagaron 500 millones de pesos a Villalba para que involucrara al Presidente en la masacre. Muy por el contrario, tiempo después Villalba negó haber escrito esa carta, así como su retractación, y reafirmó sus acusaciones contra el Presidente en un noticiero nacional y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes2.

Silencio

Pero pese a la gravedad de sus denuncias, y además a la importancia de su testimonio para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la planeación y ejecución de la masacre de El Aro, ni la Fiscalía ni el Inpec tomaron las medidas necesarias para proteger la vida de Villalba, en evidente peligro por la magnitud de sus declaraciones. De la misma manera, a pesar de que algunas de sus denuncias fueron tomadas en cuenta para sancionar y judicializar a algunos militares, otras han sido simplemente ignoradas y no fueron valoradas con la importancia necesaria para iniciar una investigación más profunda.

Pero éste no ha sido el único testigo asesinado en relación con la masacre de El Aro. El Defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, fue asesinado el 27 de febrero de 1998, luego de haber denunciado la masacre antes de su ejecución. En julio de 1997, había declarado:

“Desde el año pasado le pedí al gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de 150 personas”3.


Después de la masacre, y en su condición de presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Medellín, así como de concejal del municipio de Ituango, declaró en la Fiscalía Regional de Medellín:

“Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo, y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”4.


Resulta entonces no tan coincidencial la muerte de los denunciantes ni los métodos sicariales utilizados, ni las personalidades mismas denunciadas, como tampoco es coincidencial la desidia de los organismos de protección en guardar efectivamente la vida de estos testigos; más en un país donde el asesinato de éstos es pan de cada día.

También es evidente la relación no coincidencial entre las extradiciones de los jefes paramilitares, y las declaraciones de éstos contra los responsables de la creación y financiación de las estructuras paramilitares. En palabras de Freddy Rendón, alias “El Alemán” en las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), “nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”5. Sobre todo, en casos como el de Salvatore Mancuso, quien aseguró en versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz, antes de ser extraditado, que durante la masacre de El Aro sobrevoló un helicóptero de la Gobernación de Antioquia.

1 “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia!”. “Las cicatrices de El Aro”. verdadabierta.com.
2 Comisión Colombiana de Juristas, boletín Nº 34. “Las responsabilidades en la masacre de El Aro: Una verdad por desentrañar”.
3 Agencia de prensa IPC. “Connivencia en Antioquia entre fuerza pública y paramilitares no fue una ficción”.
4 Declaración que rindió el abogado Jesús María Valle Jaramillo en la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998. Agencia de prensa IPC. In memoriam Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998)”.
5 “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia”. “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”. verdadabierta.com.

--------------------------------------------------------------------------------
Recuadro

El asesinato como arma para lograr el silenciamiento de los testigos, y por tanto impunidad, se impuso en Colombia desde hace muchos años, pero en el último período de la historia nacional, con la concreción de la alianza narcotraficantes, políticos de derecha, se hizo norma. La revisión de los hechos permite constatar que entre los testigos ultimados los hay por casos de parapolítica (José Raúl Mira Vélez, 1 octubre 2008), temática en la cual el caso más emblemático son los 12 testigos asesinados que atestiguaron contra el exgobernador de Sucre, Salvador Arana; ‘falsos positivos’ (José Wilson Giraldo Barrera, 10 mayo 2009): desplazamiento forzado (Irma Areiza, 5 marzo 2005); narcotráfico (Carlos Nicolás González –piloto–, 30 mayo 2001); supuestos desmovilizados, activos en las ciudades –caso ‘Memín’ en Medellín (Mauricio Londoño Londoño, Juan David Zapata Mazo, Óscar Rubín Rodríguez Yépez, José de Jesús Mazo Ceballos, 1 octubre 2008 - febrero 2009).


Por: Juan Manuel Peñaranda
Tomado de: www.desdeabajo.info