Aida Quilcue, Feliciano Valencia y Daniel Piñacue.Un juez colombiano dictó una orden de captura contra Aida Quilcue, Feliciano Valencia, Daniel Piñacué y otros líderes de la Minga indígena, «en un claro caso de persecución política contra el movimiento indígena», según denunció este sábado Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN).
En su página web la ACIN, indica que la orden de captura fue proferida por un juez con funciones de control de garantías, a instancias del Fiscal Delegado de la Fiscalía General de la Nación, ambos de la ciudad de Popayán.
Según informa Asociación indígena, la acción judicial se debe a una denuncia presentada en su contra por el cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparrán Santiago adscrito a la unidad de contraguerrilla Nro 15 Libertadores.
Este militar, que «presenta todos los rasgos propios de la etnia, que aprovechando estas características permitió que fuera utilizado por el Ejército Nacional para infiltrarse dentro de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, dentro del territorio indígena del resguardo de La María Piendamó. Fue utilizado por el ejército para cometer un delito», afirma el texto.
Chaparrán fue capturado por las autoridades indígenas que gobiernan dentro del territorio indígena conocido como resguardo, y de manera pública, ante las autoridades y la comunidad indígena, se exhibió material militar, que portaba dentro del morral que le fue incautado.
«Actuando en derecho y sobre la base de Jurisprudencia Reiterada por la Honorable Corte Constitucional, las autoridades indígenas, en este caso los 60 Gobernadores de resguardos, procedieron a juzgarlo según usos y costumbres en asamblea. Quedó demostrada la flagrancia de su atentado contra la comunidad en territorio indígena. Fue sometido a una ceremonia de correción y entregado luego a Defensoría del Pueblo del Cauca», recuerda el texto divulgado este domingo en la página web de la Asociación.
Según la ACIN, los líderes indígenas a los que se les dictó orden de captura, obedecieron la decisión de los Gobernadores apegados en todo momento a derecho, y agregan que en ningún momento, éstos dictaron o ejecutaron sentencia. Por el contrario, «vigilaron el procedimiento para que respondiera al más estricto debido proceso y para garantizar los derechos del acusado».
De igual manera, la organización indígena deja claro que un Juez de la República no tiene jurisdicción sobre este caso que corresponde, según la Constitución, a las autoridades indígenas en su territorio.
«Las autoridades no cometieron delito alguno. Por lo tanto, acá se pretende condenar a autoridades judiciales indígenas por parte de quienes, desde el Estado, cometieron un delito y fueron descubierto en flagrancia. Es decir que los victimarios ahora vienen a capturar al juez que los descubrió cometiendo un delito» destaca el texto.
De igual manera, los indígenas resaltan la falta de derecho que se vive en Colombia, cuando según afirman, «los hechos demuestran la falta de garantías legales y procesales que existen en este país, de manera que los delincuentes de la fuerza pública, se atreven no solamente a cometer delitos sino que luego, se convierten en acusadores de sus propias víctimas».
«La»justicia«de bolsillo del Gobierno Colombiano sirve una vez más, para vengarse de un pueblo que se levantó pacíficamente en Minga contra el modelo económico de despojo, contra el terror, por el respeto a las obligaciones de Estado y para que los pueblos podamos tejer nuestra propia agenda en libertad. Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá al terror de siempre, se suma la burla a la justicia» afirma el texto.
Asimismo la organización indígena calificó los hechos ocurridos en Perú y en Colombia como un anuncio de «masacres y persecusión, genocida y etnocida, sangrienta».
«Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá al terror de siempre, se suma la burla a la justicia. Es la misma lucha, son los mismos regímenes y solamente la unidad en resistencia hará libres a nuestros pueblos» destaca la ACIN.
En el documento también envían condolencias a los familiares a las comunidades indígenas peruanas, y expresaron una profunda admiración por el valor y la dignidad de sus hermanos andinos.
«No están solas ni solos. Acá luchamos, acá lloramos y seguimos adelante. No será en vano tanto dolor. Seremos libres y el»libre comercio«será condenado un día por lo que es: terror contra los pueblos y contra la vida para alimentar la codicia enferma de unos insaciables» afirman.
Por último realizaron un llamado a la comunidad internacional para que se reconozca la justicia de la lucha indígena y se repudie el etnocidio de Estado.
Por: teleSUR - ACIN / FC
Tomado de: www.dhcolombia.info
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