La creciente militarización de la ciudad

EL COMITÉ MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE MEDELLÍN RECHAZA, POR VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS, LA DECLARATORIA DE TOQUE DE QUEDA Y LA CRECIENTE MILITARIZACIÓN DE LA CIUDAD

Las organizaciones abajo firmantes, integrantes del Comité Municipal de Derechos Humanos de Medellín, manifestamos a la opinión pública lo siguiente:


1. Desde hace varios meses, organizaciones sociales y de derechos humanos hemos advertido sobre la presencia masiva en Medellín de grupos armados que ejercen prácticas de control territorial y poblacional de carácter paramilitar sometiendo a los habitantes a diversas expresiones de violencia, sin una reacción adecuada de las autoridades. Ante estas denuncias, la Administración Municipal ha mostrado una actitud de desprecio, indiferencia y estigmatización, señalando en no pocas ocasiones la presunta intención de estas denuncias de hacerle daño a la imagen de la ciudad. Ahora, al fin reconocen que la situación es muy grave, pero toman las medidas equivocadas.

2. Rechazamos las medidas militaristas, restrictivas de libertades ciudadanas, como el centro de la acción contra la delincuencia y el paramilitarismo que actúan en Medellín, no sólo porque han demostrado en ocasiones anteriores ser inútiles, sino porque hacen parte de un enfoque que presume que la forma cómo se resuelven los problemas de violencia es con más violencia. Ya la ciudad conoce el ¨milagro de paz urbano¨ que representó la Operación Orión realizada en octubre del 2002, lo que significó centenares de personas asesinadas, desaparecidas forzadamente, desplazadas de sus viviendas, torturadas, y el posicionamiento hegemónico de los paramilitares como fuerza de control en la comuna 13 con el apoyo de los organismos del Estado.

3. La reducción por parte de la Administración Municipal del inventario de acciones contra la violencia, expresada en la demanda incesante de aumento de pie de fuerza en la ciudad, ejemplifica su debilidad para pensar en una concepción de seguridad integral que vaya más allá de la militarización creciente de la vida cotidiana, además que implica una onerosa inversión en recursos que en lugar de estar dedicados a la guerra, debieran invertirse en los miles de pobladores de esta ciudad que viven en condiciones denigrantes.

4. Medidas como el toque de queda para los menores de edad, representan una visión estigmatizante sobre la población de estos sectores, en especial de la niñez y la juventud, que justifica las agresiones legales e ilegales que se producen todos los días en la ciudad y en específico, alteran el desarrollo de la vida cotidiana de la población juvenil y de los establecimientos educativos. Exigimos el respeto pleno a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, pues también son sujetos de derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución Política y en Instrumentos Internacionales de derechos humanos.

El Comité Municipal de Derechos Humanos exige el cese inmediato de estas medidas, y anuncia su determinación de desarrollar acciones de acompañamiento a la población de los sectores objeto de militarización creciente.　

Medellìn, agosto 21 de 2009
Firman:

Asociacion Campesina de Antioquia
Asonal Judicial Antioquia
Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Institutores de Antioquia
Asociación de Mujeres que Aman Mujeres
Asociación Cristiana de Jóvenes ACJ
Cemcaba La Moña
Central Unitaria de Trabajadores Antioquia
Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad
Comité de Derechos Humanos Gustavo Marulanda
Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES
Corporación Para la Vida Mujeres que Crean
Corporación para el Desarrollo Comunitario y la Integración Social CEDECIS
Corporación Vamos Mujer
Corporación Convivamos
Corporación Educativa Combos
Corporación El Solar
Corporación Jurídica Libertad
Corporación Nuevo Arco Iris
Corporación Penca de Sábila
Corporación Nueva Gente
Fundación Sumapaz
Grupo Estudiantil Kavilando
Grupo de Investigaciòn para el el Desarrollo, la paz y la Democracia, GIDPAD de Formación Humana y Bioética de la Universidad San Buenaventura
Grupo de Trabajo Estudiantil Contracorriente
Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos
Habeas Corpus
Instituto Popular de Capacitación IPC
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Antioquia
Redepaz Antioquia
Ruta Pacífica de las Mujeres
Red Juvenil de Medellín



Por: Comité Municipal de Derechos Humanos
Tomado de: www.redjuvenil.org

[Comunidad de Paz de San José de Apartadó] Militares perdieron primer asalto en juicio por masacre

LA DEFENSA DE los uniformados señalados de participar en el asesinato de ocho habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó pedían nulidad del proceso por falta de garantías procesales, pero la juez la negó.

Treinta y siete meses después de abierta la investigación por la masacre de San José de Apartadó en 2005, ayer por primera vez 10 militares comparecieron ante un juez especializado de Antioquia como supuestos responsables del asesinato de 0cho personas.

El primer episodio del juicio tuvo lugar en la tarde de ayer en el Palacio de Justicia de Medellín, con la audiencia preparatoria, que resultó un alegato jurídico entre la Fiscalía, el abogado de la parte civil (víctimas) y la defensa de los uniformados sobre el debido proceso de éstos y cuáles pruebas serían admitidas en el proceso judicial.

Luego de escuchar los argumentos de las partes, la juez segunda especializada de Antioquia determinó que "no hubo vulneración del debido proceso ni de garantías procesales", tal como lo señalaron los abogados de los militares (un coronel, un mayor, dos tenientes y seis suboficiales) para solicitar la nulidad del proceso judicial.

Los abogados de los militares argumentaron "que no habían tenido pleno acceso a los expedientes" que contenían las pruebas técnicas y testimoniales, que "no las conocieron a tiempo" ni tuvieron "la oportunidad de controvertirlas".

La nulidad solicitada significaba un duro revés para la Fiscalía y la parte civil en su objetivo de demostrar la responsabilidad de los 10 uniformados, adscritos al Batallón Vélez de la Brigada XVII del Ejército.

"El proceso judicial hubiera tenido que devolverse a su etapa inicial de investigación y casi arrancar de nuevo. Ahora podemos proseguir con las pruebas recaudadas que demuestran que fue un crimen de lesa humanidad perpetrado por militares en complicidad con paramilitares", indicó Jorge Molano, abogado de las víctimas.

Las pruebas
Con esta decisión, en el juicio serán tenidas en cuenta pruebas aportadas por la Fiscalía, como testimonios de peritos forenses, entre ellos un topógrafo del CTI que estudio la escena del crimen, de varios testigos, así como dictámenes y otras pruebas documentales no reveladas ayer.

La juez negó la petición del defensor de las víctimas para incluir el testimonio de un miembro de una Ong extranjera que exponía una supuesta persecución de la Brigada XVII contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y patrullajes conjuntos entre las tropas del Ejército y paramilitares.

Por solicitud de los abogados de los 10 militares investigados, serán llamados a declarar el capitán Guillermo Armando Gordillo y los paramilitares del bloque Héroes de Granada José Vargas, Adriano José Cano, Jorge Luis Salgado y Uber Darío Yáñez, quienes el año pasado se sometieron a sentencia anticipada y aceptaron su participación en la masacre.

Según los abogados de los militares, sus testimonios pueden demostrar que los uniformados enjuiciados no participaron del múltiple crimen.

Gloria Cuartas, ex alcaldesa de Apartadó y representante de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, se mostró esperanzada en que se haga justicia. "La comunidad ha sido víctima de una persecución sistemática de la Brigada XVII, confiamos que a pesar de todas las dificultades este crimen no quede impune".

El juicio continuará los días 14, 15 y 16 de diciembre próximo.

Antecedentes


La masacre conmocionó por la crueldad

Según la Fiscalía, la masacre ocurrió el 21 de febrero de 2005, cuando miembros del Bloque Héroes de Tolová de las Auc y un grupo de militares adscritos a la Brigada XVII incursionaron en la vereda Mulatos Alto, corregimiento de San José de Apartadó, donde fueron asesinados el líder comunitario Luis Eduardo Guerra Guerra, su compañera Beyanira Areiza y su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años.

Luego, en la vereda La Resbalosa, de Tierralta (Córdoba), fueron masacrados Alfonso Bolívar Tuberquia, su compañera, Sandra Milena Muñoz, y sus hijos Natalia y Santiago, de 5 y 2 años, quienes fueron degollados. También murió Alejandro Pérez Castaño.



Por: Juan Carlos Monroy Giraldo
Tomado de: www.elcolombiano.com