Pandemias y negocios

El negocio del virus está disparado, se afirma en un artículo publicado en el diario El Espectador del día 2 de mayo de 2009. Al parecer, la multinacional Roche, la segunda empresa más grande dentro de las farmacéuticas y fabricante del medicamento Tamiflu, en acuerdo con la OMS (Organización Mundial de la Salud) dirigen la estrategia para contener la pandemia de la gripe porcina.

Entre el lunes 27 y el miércoles 29 de abril el nivel de alerta por la expansión de la pandemia pasó de 4 a 5 (frente a un nivel máximo de 6). Según la definición de la OMS estamos frente a una pandemia inminente y por ello se plantea que “el cambio en el nivel coloca a los gobiernos en alerta sobre la necesidad de generar reservas de medicamentos antivirales, como Tamiflu de Roche Holding AG y Relenza de GlaxoSmithKline, y acelerar los esfuerzos de los laboratorios por crear una vacuna para combatir la cepa de la gripe porcina”[1].

Estas alertas se constituyen en compras efectivas. La farmacéutica Roche afirma que hasta el momento ha suministrado 220 millones de pedidos de Tamiflu a los gobiernos a nivel global y que cuenta con reservas de 5 millones y para ello permanece en permanente contacto con La OMS[2]. El gobierno colombiano, por su parte, aumenta sus reservas en la medida en que aumenta el nivel de alerta: “El lunes, el Ministerio de Protección Social ordenó 200 mil dosis. El miércoles, ya eran 400 mil los tratamientos reservados. El jueves hizo una nueva orden de 300 mil. Los pedidos llegarán desde Suiza, en un tiempo que Urán no puede calcular”[3]. El lunes 27 la declaratoria de desastre nacional por el virus le permitió al Ministro de Protección Social disponer de 6,5 millones de dólares “para fortalecer la vigilancia sanitaria y médica a la población del país”.

Paradójicamente, los 41 niños que mueren diario de hambre en Colombia según la UNICEF, 15.000 al año[4], no han provocado tal despliegue publicitario ni del Ministerio de Protección, ni de los medios de comunicación, pues esto no requiere la compra de Tamiflu a la multinacional Roche y a multimillonarios como Donald Rumsfeld, ex secretario de defensa de Estados Unidos y accionista de la empresa Gilead Sciences Inc., la misma que patentó el Tamiflu y todavía recibe ganancias por sus ventas[5], sino una radical distribución de la riqueza en manos de muy pocos, entre ellos el multimillonario que se enriquece con ventas a futuro de los medicamentos que produce como monopolio global y que permite que con la declaración de la pandemia de la gripe, la cotización de las acciones de la multinacional farmacéutica Roche suban 3,5% en la bolsa de Zurich[6] durante la semana en la que se han desplegado una campaña mediática para la Roche y su producto farmacéutico, el Tamiflu.

Ello explica que la multinacional este tan tranquila frente a la actual crisis mundial y considera que ésta no la afectara, como informó en entrevista a la Revista Dinero su gerente en Colombia Rolf E. Hoenger, pues para ellos la salud representa el tercer consumo más importante después de la alimentación y la educación[7].

Pero esta alianza Roche-OMS- para atender pandemias de gripe no es nueva. En el año 2005, ante los riesgos para la salud publica mundial por la llamada en ese entonces gripe aviar y como parte de su "Plan de Preparación para la Pandemia" la OMS recomendó que los países cuenten con reservas de medicamentos antivíricos como Tamiflu, eficaces contra cualquier cepa del virus de la gripe[8].

(*)María Soledad Betancur Betancur
Investigadora IPC

Las ideas aquí expresadas no comprometen la opinión del Instituto Popular de Capacitación (IPC), que las difunde en cumplimiento de sus políticas de pluralismo y libertad de expresión.

[1] http://co.news.yahoo.com/s/reuters/090429/internacional/internacional_influenza_oms_alerta

[2] http://www.cnnexpansion.com/actualidad/2009/04/29/roche-esta-lista-para-enfrentar-epidemiahttpeinflusscnnexpansioncomagregarnoticiaphp.

[3] http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo138971-multinacional-de-los-antivirales|

[4] http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=46033

[5] http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo138971-multinacional-de-los-antivirales|

[6] http://www.elespectador.com/noticias/salud/articulo138971-multinacional-de-los-antivirales|

[7] http://www.dinero.com/noticias-caratula/productos-roche-sa/54996.aspx

[8] En el 2005 afirmaba la multinacional farmacéutica "El mundo nunca antes ha estado mejor preparado para afrontar un brote pandémico de gripe. Y es que Roche colabora de forma muy estrecha con gobiernos, autoridades sanitarias y corporaciones para estar preparados frente a una eventual pandemia", destacó.

http://www.roche.es/portal/eipf/Spain/spain_portal/roche_es/2005?paf_gear_id=17400002&paf_dm=full&doc_id=re7300002/re76100002/re77200005/re752003/article/Article_eWep_03244.headline&paf_pageId=re7188183&tostart=1


Por: IPC

Fiscalía pretende judicializar al movimiento social de Medellín

Si un Juez de Control de Garantías considera que la investigación penal que viene adelantando la Fiscalía 74 Seccional desde diciembre 29 de 2006 es ajustado a la Ley, un número importante de organizaciones defensoras de derechos humanos de Medellín podría enfrentarse a un complejo proceso judicial por el delito de rebelión.

La decisión del Juez, que será tomada en una audiencia prelimar en fecha aún por definir, ha generado gran expectativa entre activistas y defensores de derechos humanos de la ciudad, quienes sienten que esta acción constituye una estrategia de criminalizar a través del movimiento social, el ejercicio de garantías constitucionales como las libertades de expresión, opinión y participación.

La discusión planteada por los activistas va mucho más allá. A juicio de varios de ellos, consultados por la Agencia de Prensa IPC, el desarrollo de esta investigación ha tenido varios elementos que a la luz del derecho evidencian irregularidades que son atentatorias de las garantías al debido proceso.

Sustentada en informes de inteligencia de las Fuerzas Militares, la Fiscalía 74 Seccional Delegada ante la IV Brigada del Ejército ordenó el 29 de diciembre de 2006 la apertura de investigación previa con el propósito de constatar la comisión del delito de rebelión y la posible responsabilidad de varios ciudadanos en esta conducta.

Para tal fin, el ente acusador recabó en varios testimonios de desmovilizados de grupos guerrilleros, principalmente de las Farc, ordenó interceptar líneas telefónicas, correos electrónicos y hacer seguimientos a reconocidos líderes del movimiento estudiantil de la Universidad de Antioquia. Meses después, esas medidas fueron extendidas contra varios miembros de organizaciones sindicales y defensoras de derechos humanos de Medellín.

Según sostienen los apoderados de algunas de las personas vinculadas a este proceso penal, las interceptaciones y los seguimientos se ordenaron aplicando la Ley 600 de 2000 (antiguo Código de Procedimiento Penal), cuando a la fecha de apertura de la investigación previa ya estaba vigente la Ley 906 de 2004, conocido como Sistema Penal Oral Acusatorio y los hechos que se presenten dilucidar tuvieron ocurrencia en la ciudad de Medellín con posterioridad al primero de enero del 2006.

Lo anterior quiere decir que si el fiscal quería ordenar los seguimientos y las investigaciones debía tramitarse ante un Juez de Control de Garantías y no de manera indiscriminada como ocurrió. De acuerdo con las fuentes consultadas, en ningún momento se le había notificado a las organizaciones y personas que se estaba adelantando investigación alguna.

El 16 de diciembre de 2008, esa misma Fiscalía 74 Seccional decretó resolución inhibitoria al no encontrar méritos contra los sindicados. Pero el 26 de febrero de este año, revocó esa decisión y reabrió el proceso, vinculando a un mayor número de personas de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y del movimiento universitario.

La decisión de la Fiscalía se sustentó en declaraciones entregadas al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) por Jonh Fredy y Adrián Muñoz, estudiantes de la Universidad de Antioquia, quienes en múltiples ocasiones y en espacios públicos han manifestado su malestar por las actividades adelantadas por el movimiento estudiantil y por las directivas de este centro de educación superior.

“Ellos mismos me agredieron en 2007 en la Universidad, porque dicen que nosotros (los del movimiento) somos guerrilleros”, sostuvo Víctor Tobón, uno de los líderes estudiantiles vinculado a la investigación penal que adelanta la Fiscalía Seccional con sede en la Cuarta Brigada.

Si bien a juicio de los apoderados están dadas las condiciones para que el Juez de Control de Garantías reconozca que estas diligencias debieron tramitarse bajo los parámetros de la Ley 906 del 2004, se sienta un nuevo precedente sobre el clima de persecución que al parecer cobija a las organizaciones defensoras de derechos humanos en Antioquia y, en general, en todo el país.


Ambiente enrarecido

A lo largo de 2009 se han registrado una serie de acciones que viene perturbando el trabajo de los movimientos sociales en Medellín. El pasado 17 de febrero, la Corporación Convivamos, cuyo trabajo se enfoca al fortalecimiento del tejido social de los barrios de la zona nororiental de la ciudad, fue objeto de un robo de equipos que contenían información valiosa para la institución.

Asalto que se repitió el día 17 de marzo. “Es muy sospechoso que sólo se hayan robado una CPU en la que teníamos una base de datos de líderes que se han pronunciado en contra de la ola de violencia que se ha incrementado en los últimos meses en la zona”, dijo un funcionario de Convivamos que pidió la reserva del nombre.

Días después, la obra social de las Hermanas de la Madre Laura, ubicada en el barrio Villa Laura, fue objeto de un intento de robo en sus instalaciones. La congregación religiosa es reconocida a nivel regional por la labor de denuncia de reclutamiento forzado de menores de edad que persiste en la comuna 13 de Medellín. Si bien el hecho no pasó a mayores, generó temor entre la comunidad.

El hecho más reciente se presentó el pasado 3 de mayo, cuando desconocidos atacaron con arma blanca a Yenifer Cárdenas Rueda, cuando se dirigía a su casa en el barrio El Salado, también en la comuna 13. La joven se destaca en el sector por su trabajo de prevención del reclutamiento forzado de menores de edad por parte de grupo armados ilegales, fenómeno que viene golpeando fuertemente a la población infantil y juvenil de este sector occidental de la ciudad.

A esto se suma la presión que viene ejerciendo la Administración del Municipio de Itagüí, sur del Valle de Aburrá, sobre la Corporación Nueva Gente, que ha liderado, en los últimos meses, varias movilizaciones rechazando las medidas adoptadas por el Alcalde Municipal contra motociclistas y venteros ambulantes.

Si el Juez decide continuar con el proceso contra las organizaciones sociales, se agregaría un nuevo elemento a la persecución de sus representantes, el judicial, que, a decir de los defensores de derechos humanos, “se ha vuelto más efectivo políticamente que las amenazas y los mismos asesinatos, pues con esto se deslegitima y criminaliza toda una labor social”, tal como lo anotó Alejandro Sierra, miembro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), capítulo Antioquia.

Al respecto, Juan David Casas, director de la Red Juvenil, organización que promueve la Noviolencia y la Objeción por conciencia al militarismo, conceptuó que lo que viene ocurriendo es una estrategia de contención: “Y siento que es más riesgoso y genera más temor cuando es una política de Estado la que te está persiguiendo”.

Tanto Sierra como Casas coincidieron en afirmar que actualmente, las organizaciones que se declaran opositoras a las políticas del actual Gobierno o que vienen adelantando labores de denuncias contra el Estado y en particular, las Fuerzas Militares, son consideradas como sospechosas y frente a ellas se activan mecanismos de seguimiento, interceptación y en el caso de Sierra, vinculación a procesos judiciales.

“En los últimos meses me he percatado de seguimientos a mi familia”, indicó Sierra, mientras que el director de la Red Juvenil sostuvo que desde finales del año anterior, efectivos de la Policía Nacional realizan seguimientos continuos a miembros de esta organización que realizan trabajo comunitario en la comuna 13.

“En los últimos tres años hemos incrementado las denuncias sobre reclutamientos forzados por parte de grupos armados ilegales, pero también de reclutamientos ilegales que realiza el Ejército a los jóvenes de la comuna 13. Cuando decimos eso, a nadie le gusta, principalmente al Gobierno”, manifestó Casas.

“En mi caso particular, fui vinculado en una investigación que inició en 2006, precluyó en 2008 y se reabrió en 2009. Yo le he dicho a la justicia: ‘aquí estoy a su disposición’ y sin embargo sigue la presión. Puede que este nuevo proceso se caiga otra vez, pero ¿y a futuro qué?”, sentenció Sierra.

Lo que preocupa a ambos activistas es que estas acciones tienden a convertirse en sistemáticas y reiterativas, lo que al largo plazo, desgastaría y limitaría las intervenciones del movimiento de derechos humanos en las diversas comunas de Medellín.


Por: IPC

Inminente huelga de los trabajadores de Nestlé en Colombia

La actitud burlesca, despótica y negligente de la multinacional Nestlé de Colombia S.A., demostrada por sus agentes en Colombia Ana María Sánchez y Eduardo Recio sus fichas estratégicas en la mesa de negociación del justo pliego de peticiones que presentara la organización sindical SINALTRAINAL, sus denegaciones evidenciadas frente a las pretensiones del grueso de los trabajadores en términos de empleo decente y vida digna para ellos y sus familias han sido la constante de este proceso de negociación.

Las actuales condiciones a las que nos ha llevado la empresa, nos convoca a toda la masa trabajadora de ésta multinacional líder de alimentos en Colombia a plantear la declaratoria de Huelga, pues ante la injusticia de la patronal en temas fundamentales y vitales como la salvaguarda del derecho a la igualdad y el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, ésta persiste en continuar fomentando la desigualdad, discriminando a los trabajadores en dos regímenes salariales y convencionales que impuso en el 2004, bajo las mismas falsas justificaciones de crisis y supuestas necesidades de implementación de este modelo para la sostenibilidad del negocio, además utilizando artimañas que igual hoy implementa como la participación de actores ilegales “Paramilitares” que emiten señalamientos que atentan contra la vida de los directivos del sindicato en el ánimo de menguar su acción de lucha reivindicativa por la vía del chantaje, el terror psicológico, la desolación y la implementación de la fuerza irracional por encima del acuerdo de voluntades plasmado en la convención colectiva de trabajo.

En temas como la preservación de los derechos en casos de sustitución patronal, finalidad de la C.C.T y la aplicación de la favorabilidad de la norma, las garantías para el ejercicio de la actividad sindical, la contratación de personal natural de Bugalagrande, la asistencia en proyectos sociales del sindicato orientados para favorecer a la comunidad menos favorecida y marginada – proyecto comedor comunitario, polideportivo; la tenue política de la empresa en seguridad industrial y su inequidad en la conformación de Copasos son algunos de los aspectos denunciados y sustentados con cifras, datos demográficos, normas legales y presentaciones acordes con la realidad empresarial, que la patronal DESCONOCE continua y reiteradamente con un “NO ROTUNDO” a cada una de las anteriores exigencias.

La patronal manifiesta que los trabajadores y el sindicato tienen que entender, facilitar, cooperar y trabajar de la mano con la empresa en sus proyecciones de sostenibilidad del negocio, que la comisión de la patronal coincide en un todo con lo expuesto por la comisión del sindicato y adecuará los procesos necesarios para que no se presenten casos de violación de la C.C.T. pero no se elevará al acuerdo convencional, se firmarán un acta de acuerdo que no obliga a las partes en su cumplimiento ante la institucionalidad burguesa.

De manera extraña observamos como el panfleto de las “Águilas Negras” sale justamente al medio día del jueves 30 de Abril, cuando coincide simultáneamente con la terminación de un ciclo de negociación en la ciudad de Guadalajara de Buga y en donde el sindicato durante y dentro de los términos legales – negociación directa y prorroga - había hecho unas sustentaciones coherentes con la realidad comercial, económica y financiera de la patronal, así como de las condiciones socio económicas y culturales de la población Bugalagrandeña, en los grupos o paquetes propuestos por Sinaltrainal como son: Igualdad, Normativo, Derechos Humanos, Proyectos sociales.

A lo anterior se le debe adicionar un conjunto de acciones perversas y represivas por parte de la Nestlé de Colombia S.A., cuando procede a instalar cámaras de seguridad en las inmediaciones de la factoría una de ellas justo al frente de la carpa de solidaridad – casa de huéspedes en donde enfoca al compañero DIEGO RODRIGUEZ quien junto con otros directivos y activistas sindicales, animaba constantemente la misma, luego se inician las persecuciones y hostigamientos por parte de la fuerza pública, la prohibición del ingreso a laborar del compañero Diógenes Escobar portando una camiseta alusiva al conflicto laboral.

La pregunta que surge inmediatamente es cómo se hizo para ingresar al interior de la fábrica una gran cantidad de panfletos amenazantes, si los procedimientos de ingreso y vigilancia de la multinacional son tan exigentes y rigurosos, si los trabajadores afiliados y directivos sindicales así como sus pertenencias son objeto de requisas estrictas por parte de la empresa de vigilancia “Seguridad Andina” y ninguna de la cámaras internas se percató de quienes fueron los que entregaron a los trabajadores estos pasquines que lo único que pretenden es enlodar la negociación, implementar una nueva ola de terror en la población e incrementar el derramamiento de más sangre inocente ante la justicia social que Sinaltrainal y todos sus afiliados reclaman.

Coincidencial y extrañamente en la conmemoración del 1º de Mayo como “Día Internacional del Trabajador” simultáneamente en dos ciudades del Valle del Cauca geográficamente distantes se implementan operativos de inteligencia y represión policial en contra de la organización sindical, a saber:

En Bugalagrande se detectan miembros infiltrados de la SIJIN, que de manera abierta y descarada filmaron a los directivos sindicales en la marcha por las vías de la población, los cuales fueron denunciados ante la autoridad competente.

En Santiago de Cali el compañero DIEGO RODRIGUEZ es víctima junto con sus dos hijos menores de edad, de una acción cruel, demencial y abiertamente violatoria de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y acuerdos, convenciones y tratados internacionales sobre la materia de los cuales Colombia es miembro parte.

Lo anecdótico es que el compañero RODRIGUEZ es directivo nacional de Sinaltrainal y fue objeto en escasos tres días de acciones de seguimiento, filmación, persecución y agresión por parte de la policía nacional, denotando la intencionalidad de la fuerza pública de salvaguardar la integridad económica y ética de la multinacional Nestlé, por encima de su función constitucional y social que versa: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades.”. (Art. 2 C.N.)

Los cambios en el mundo del trabajo por parte de los empresarios y el mundo globalizado, no puede ser objeto de desconocimiento de los derechos laborales tanto individuales como colectivos de los trabajadores, quienes vendemos nuestra mano de obra ya no barata sino tercerizada en la mayoría de los casos, pero seguimos generándoles la plusvalía que les permite acrecentar continuamente su capital.



DIEGO ESCOBAR CUELLAR
Director Dpto. Empresas Transnacionales
Secretario de Solidaridad
CUT – Subdirectiva Valle del Cauca



C.c.: Dr. Diego Palacio Betancourt - Ministro Protección Social
Dr. Marcelo Fox - Representante OIT en Colombia
Dr. Andrés Santamaría – Defensor Regional del Pueblo
Álvaro José Vega – Presidente CUT Valle del Cauca
Wilson Sáenz M. – Dpto. DDHH CUT Valle del Cauca
Javier Correa – Presidente Nacional – Sinaltrainal
Rafael Esquivel – Presidente Bugalagrande – Sinaltrainal.


Por: www.sinaltrainal.org