domingo, 16 de mayo de 2010

Primero de mayo en Bogotá con MOVICE - Entrevista Yuri Neira Salamanca


Las celebraciones de este 1 de mayo en Bogota se han saldado con casi 3oo detenidos y 16 heridos graves. Mas de 12.000 policías realizando cargas, utilizando tanquetas, mangueras, gases lacrimógenos y bolillos contra los manifestantes e infiltrándose en la marcha para realizar actos de provocación, fueron los encargados de prestar seguridad al evento. En Colombia no solo no se han alcanzado las demandas que el movimiento obrero ha venido acumulando desde hace años, sino que exigirlas sigue siendo un peligro para quien se atreve a reclamar sus derechos, como lo demuestra este mero reporte o las elevadas cifras de sindicalistas asesinados en el país. Por eso el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado se sumó a la marcha del primero de mayo, y a ellos y a las demás organizaciones sociales y obreras que participaron en el evento les dedicamos este video. También muy especialmente a Nicolás, asesinado hace 5 años de forma brutal por el ESMAD en esta misma marcha y se ha convertido en un símbolo de la resistencia para el pueblo, y a Yuri Neira, incansable luchador por los derechos.


Entrevista Yuri Neira Salamanca





Por: International Peace Observatory- IPO - peaceobservatory.org - peaceobservatory.org

Colombia 2010

Colombia 2010 from Nacho Salgado on Vimeo.




Desde hace 45 años Colombia está inmersa en un grave conflicto político, social y armado.
Esta crisis se expresa con una de las más altas tasas de desplazamiento interno del mundo, con ejecuciones extrajudiciales, ataques indiscriminados detenciones masivas, hostigamiento, amenazas y múltiples transgresiones al derecho internacional humanitario.

Entre el 29 de enero y el 12 de febrero de 2010 una delegacion asturiana visitó diferentes departamentos del país con el objeto de verificar, por sexto año, la situación de los derechos humanos en Colombia.
En este documental quedan recogidas gran parte de sus conclusiones… (Ángela López)


DOCUMENTO VI INFORME(castellano)


DOCUMENTO VI INFORME (asturianu)


Tomado de: vimeo.com

Un año de atropellos e injusticia, pero de mucha dignidad - Por Miguel Ángel Beltrán


"La resistencia es un deber, no una obligación.
Mantener la dignidad es un imperativo absoluto eso es:
la dignidad es lo que me queda, lo que nos queda"

Tajar Ben Jelloun


Hoy 13 de mayo de 2010 a punto de cumplir un año de estar privado arbitrariamente de mi libertad. Un año en el que se me han violado mis derechos fundamentales; un año en el que los medios oficiales de comunicación me han tratado como un peligroso terrorista; un año en el que he sido víctima de presiones físicas y psicológicas, incluyendo amenazas contra mi familia; un año en el que se me ha condenado a vivir la mayor parte del tiempo en una celda de tres por cuatro metros, con tres y hasta cuatro internos más en condiciones de hacinamiento, un año en que he padecido los maltratos de una guardia que reacciona violentamente cuando hago valer mis derechos. En una palabra, un año de inenarrables sufrimientos físicos y morales.

Pero más allá de estas difíciles circunstancias, quisiera decirles que como sociólogo, como colombiano, como ser humano, estos doce mese de prisión han sido un gran aprendizaje para mi, una “oportunidad” para ampliar mi horizonte de conocimientos y observar de cerca una realidad que los medios de comunicación y los poderes establecidos pretenden ocultar afanosamente.

Para empezar he apreciado el auténtico rostro autoritario de regímenes que como México y Colombia exaltan en sus constituciones y en sus discursos oficiales la primacía de los valores democráticos, pero que no vacilan en recurrir a mecanismos tan repudiables como el secuestro, la desaparición forzada, la tortura y la violación de los derechos humanos de sus ciudadanos con el pretexto de combatir una supuesta “amenaza terrorista”. Y es que debo decirles –porque los medios de comunicación al servicio del stablishment lo han ocultado- que no fui capturado sino secuestrado y torturado por las autoridades mexicanas –en una operación coordinada con la DIJIN colombiana- cuando creyendo en las instituciones democráticas de estos países, me presenté voluntariamente a las oficinas del Instituto Nacional de Migración a solicitar una prórroga de mi estancia legal, con el fin de concluirá mi investigación posdoctoral que adelantaba por una invitación del Centro de estudios Latinoamericanos (CELA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ese 22 de mayo de 2009 el presidente Felipe Calderón, contrariando la voluntad del pueblo mexicano, cortó de tajo una larga tradición democrática que en décadas anteriores hizo de este país un lugar de refugio para numerosos intelectuales, políticos y líderes populares perseguidos por los regímenes autoritarios del continente y del mundo entero. Con esta infame acción, el gobierno del mandatario mexicano reafirma su pretensión de aplicar para México los lineamientos de la mal llamada “seguridad democrática”, que en Colombia ha arrojado como resultado el crecimiento del número de desplazados, la legalización de las organizaciones paramilitares, el incremento de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, sin contar con el profundo desangre presupuestal que lejos de resolver el problema de la violencia no hace más que agudizarlo.

Este doloroso capítulo de mi vida me ha permitido conocer los engranajes de una justicia viciada en la que primero se juzga y luego se investiga, una justicia que se sustenta en procedimientos encaminados a obtener un fallo condenatorio; un sistema penal acusatorio donde lo verdaderamente importante para el estado es que el sindicado esté dispuesto a reconocer su delito; un ente fiscal que se apoya en metodologías probatorias que no satisfacen las exigencias mínimas del proceso legal, un sistema procesal que no garantiza los principios del Estado real de derecho. Todo lo cual quedó claro en la audiencia de legalización de mi captura, donde un juez de garantías legitimó una captura ilegal, ignorando deliberadamente mi delicado estado de salud; una imputación donde no se aclaran los supuestos hechos delictivos (el cómo, cuándo y dónde ocurrieron); una inculpación donde se afirma que crear grupos de investigación científica es “concierto para delinquir” y que hablar de en espacios académicos del conflicto social y armado configura un delito de “rebelión”. Un juicio que se sustenta en una prueba ilícita e ilegal como el supuesto computador de “Raúl Reyes”.

Mientras efectivos del ejército acusados de ser autores materiales de “falsos positivos” (léase asesinatos a sangre fría) eran dejados en libertad por “vencimiento de términos” a mí se me convocaba a juicio oral para el 30 de diciembre de 2009, advirtiendo falazmente que mi defensa estaba recurriendo a maniobras dilatorias con el fin de obtener mi libertad amparado en esta misma figura jurídica. Cinco meses después de instalado el juicio oral no se ha dado inicio al mismo y a la espera de que esto suceda ya he cumplido un año de condena en este pabellón de máxima seguridad.

Para quienes no han tenido el infortunio de estar aquí –y espero que jamás lo tengan- el Pabellón de alta Seguridad de “La Cárcel la Picota” alberga internos considerados de un alto perfil delincuencial, por eso estamos sometidos a un régimen penitenciario especial –copiado del modelo norteamericano- que propicia la violación de nuestros derechos fundamentales, la restricción de visitas, la prohibición de usar espacios físicos recreativos y de trabajo (vb.gr. talleres); y el permanente monitoreo de cámaras de video, entre muchas otras medidas represivas que parten de negar nuestra condición humana porque se nos ha clasificado como peligroso para la sociedad. Contrasta esta situación con el tratamiento que reciben los jefes paramilitares, narcotraficantes y parapolíticos incriminados en masacres y delitos de lesa humanidad, quienes habitan en cómodos pabellones, con toda clase de lujos y prebendas por parte de las Directivas del INPEC (Instituto Nacional Penitenciario de Colombia), cuando no gozan del beneficio de la detención domiciliaria, derecho que me fue negado pese a ser un servidor público y carecer de antecedentes penales.

Estos doce meses de presidio político no han podido, sin embargo, doblegar mi voluntad de lucha, porque para un espíritu libre no pueden haber barreras que impidan su acción. He impartido cursos de sociología, historia de América Latina, gramática y ortografía, hemos impulsado jornadas deportivo-culturales; he escrito y llevado a escena una obra de teatro (“El señor presidente apesta”); hemos fundado la Biblioteca “Jairo Antonio Sánchez”, primero en la cárcel Modelo y ahora en la Picota; y el pasado primero de mayo, día internacional de la clase obrera, lanzamos a la luz pública el primer número de boletín de presos políticos “la Fuga a viva voz” que pretende ser una valiente fuga de denuncias para re-encontrarnos con ese mundo externo que no nos es ajeno y que por el contrario es aliento para nuestra lucha.

Sin la fuerza solidaria que ustedes me han comunicado, todo esto hubiese sido imposible. Desde el momento mismo de mi detención la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia (ASOPRUDEA), junto con mi familia, amigos, amigas, estudiantes y colegas de Colombia y el mundo entero, han asumido de manera activa el liderazgo de una campaña por la defensa del pensamiento crítico. A ellos, a las organizaciones y grupos de trabajo estudiantil, a los medios alternativos de comunicación, a las ONG’s defensoras de derechos humanos, a los intelectuales y académicos críticos, quisiera agradecer su decidida solidaridad, que en este momento constituye el mejor aliciente para seguir adelante y un escudo invencible para hacer frente a esta injusta situación.

Lamento sí que las altas directivas de la universidad, y particularmente su máxima cabeza visible, el Dr. Moisés Wasserman, tan enfático a la hora de condenar legitimas expresiones de protesta de los estudiantes, calle frente a los atropellos de un gobierno ilegitimo que recurre a la violencia física y simbólica para silenciar a la comunidad universitaria: ¿Qué podemos pensar de un rector que se apresura a calificar de “secuestradores” a estudiantes que no le permiten salir de su carro mientras calla frente al secuestro de un docente de su planta profesoral que adelanta estudios postdoctorales en un país vecino y, de un momento a otro es presentado ante la opinión pública nacional e internacional como uno peligroso terrorista sin el más mínimo respeto a su presunción de inocencia? ¿Será posible que esta delicada situación no suscite entre los directivos de nuestra magna casa de estudios la más elemental reflexión sobre el papel crítico de la academia en una sociedad atravesada por un agudo conflicto social y armado? ¿O es que la relevancia social de la universidad solo puede medirse a través de indicadores cuantitativos de productividad?

Tal parece que en la universidad pública bien abriéndose paso una tecnocracia académica con vocación burocrática que ve en el Alma Mater una fuente de legitimización de su poder, que privilegia la eficiencia, edificando sobre ella un sistema único de valores y concepciones acerca de las formas de gestión universitaria; una burocracia que resulta incapaz de adelantar reformas académicas con pertinencia social, porque se halla a espaldas de la comunidad universitaria; un gobierno universitario más comprometido con la reproducción de los grupos dominantes de poder que con un gobierno verdaderamente académico. Esto explica su negativa a asumir y debatir, de cara al país, los problemas nacionales.

Decía alguna vez el escritor español Miguel de Unamuno que: “hay momentos en que callar es mentir” y este silencio institucional de la Universidad es otra manera de conceder la razón a los tiranos. Y es que en ocasiones el miedo nos hace crear fantasmas y peor aún, creer en ellos.

Mi hoja de vida ha sido transparente, está a la vista de todos y todas ustedes. Son más de dos décadas de labor docente e investigación en que he enseñado a mis estudiantes no a disparar armas sino ideas; a indagar, explorar y comprender los fenómenos sociales que supone considerar todos los puntos de vista y explicaciones, así como descubrir hechos incómodos que más temprano que tarde chocarán con los saberes y poderes establecidos.

Por esos los convoco a que venzan sus temores, se despojen de su mordaza y hagan presencia masiva en el juicio oral que se iniciará el próximo lunes 24 de mayo de 2010, porque allí no se Juzgara al profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, allí se enjuiciará el pensamiento crítico, la libertad de cátedra, el trabajo académico comprometido.

En una palabra la esencia misma de la universidad pública, violentada por aquellos que pretenden coartar las ideas y convertir el Alma mater en un espacio para el pensamiento único y hegemónico.

quiero que comprendan que el haber optado por esta opción de vida, hoy me mantiene tras estas rejas y ad portas de un juicio oral que podría concluir en una condena de hasta 30 años, puedo decirles que no me arrepentiré de mis convicciones porque creo en el hombre y creer en el hombre significa creer en su libertad de pensamiento, de palabra, de crítica, de oposición, todo lo que este Estado persigue y criminaliza para garantizar los intereses de una minoría, por eso concluyo con el escritor marroquí Tajar Ben Jelloun que: “Nunca condenaré a los que no soportan a los que les hacen sufrir ya acaban sucumbiendo a la tortura y se dejan morir. He aprendido a no juzgar a los hombres. Solo soy un hombre semejante a todos los demás, con la voluntad de no ceder”.

Un abrazo fraterno
Miguel Ángel Beltrán Villegas,
Preso político, Pabellón “Alta Seguridad” (2Piso), Cárcel La Picota


Tomado de: todossomosmiguelangelbeltranvillegas.blogspot.com

Carta al Ministerio del Interior y de Justicia por Javier Giraldo Moreno

Carta al Ministerio del Interior y de Justicia


"Considero que aquellas personas por quienes trabajo, vulneradas en sus derechos humanos más elementales, corren muchísimos más riesgos que yo, y por ello no me sentiría tranquilo si se me protege a mí y no a ellos que son el motivo real de mis riesgos".




Bogotá, mayo 12 de 2010



Dr. FABIO VALENCIA COSSIO
Ministro del Interior y de Justicia
Ciudad



De toda consideración.

Le agradezco mucho su carta del pasado 4 de mayo en la que se refiere a las amenazas contra mi vida que han aparecido escritas en muros de la ciudad y propone activar en mi favor los mecanismos previstos en el Programa de Protección de Derechos Humanos que lidera su despacho.

A la vez que le agradezco su oferta, la rechazo respetuosamente, por las mismas razones que lo hice en 1996, en 1998 y en 2006, tal como se lo expresé por escrito a los diversos organismos de seguridad del Estado que me insistieron en aceptar dichos esquemas, razones que le vuelvo a transcribir en gracia de la transparencia:

1. La única razón por la cual mi vida o seguridad pueden estar en riesgo, es la de denunciar violaciones graves de los derechos humanos fundamentales por parte de agentes directos o indirectos del Estado contra personas y comunidades en desprotección, dado que mi trabajo ha estado centrado en este tipo de acompañamiento desde hace varias décadas. No tendría lógica ser protegido por aquellas mismas instituciones que han perpetrado esas violaciones.

2. Considero que aquellas personas por quienes trabajo, vulneradas en sus derechos humanos más elementales, corren muchísimos más riesgos que yo, y por ello no me sentiría tranquilo si se me protege a mí y no a ellos que son el motivo real de mis riesgos.

3. No puedo, en conciencia, permitir o tolerar que se compre, se utilice o se justifique el uso de algún arma por mi causa, ni mucho menos que se arme a un ser humano por lo mismo. Estoy convencido de que la dinámica que lleva a armar a unos para defender a otros conduce a una espiral de violencia cada vez mayor, haciendo progresivamente más difícil soluciones civilizadas.

4. Personalmente no puedo soportar que alguien, por defenderme, hiera o mate a otro ser humano. Si existe un riesgo de muerte, la muerte que me parecería más perturbadora para mi conciencia sería la del que sea eliminado por alguien que busque defenderme, así sea un agresor.

5. He experimentado en otras personas que han aceptado esquemas de protección de órganos del Estado, que el uso de dichos esquemas aleja progresivamente a quienes más nos necesitan, que son las víctimas, en su mayoría traumatizados por el uso de armas contra ellos mismos o contra sus seres queridos.

Estas razones reposan textualmente desde hace 14 años en los archivos de los diversos organismos de seguridad del Estado y las vuelvo a refrendar ahora.

La coyuntura actual ha puesto en conocimiento de la opinión pública niveles profundos de corrupción y perversidad del organismo de seguridad más importante adscrito a la Presidencia de la República. Si bien todos mis esfuerzos por que se respete el artículo 15 de la Constitución, que da derecho a conocer los informes que sobre uno se guardan en bases de datos oficiales, han sido bloqueados incluso por magistrados de altos tribunales, algunos periodistas me han enviado paquetes de información que demuestran un seguimiento de 20 años a mi persona y actividades por parte del DAS y un plan elaborado de “inteligencia ofensiva” que al parecer tenía como objetivo bloquear todas mis actividades, desprestigiarlas ante la sociedad y construir piezas artificiales que facilitaran montajes judiciales. Usted comprenderá, Señor Ministro, que mal podría yo acogerme a la protección del Estado luego de descubrir estas realidades, aunque no existieran las razones de mayor peso ético antes expuestas.

Permita, pues, Señor Ministro, que al agradecerle su oferta y sus buenas intenciones, le manifieste al mismo tiempo con sinceridad mi rechazo. Ya he firmado los documentos pertinentes de renuncia a la protección estatal ante los oficiales de la Policía Nacional que me han visitado, asumiendo toda la responsabilidad que me corresponda por dicha renuncia.

Respetuosamente,





Javier Giraldo Moreno, S. J.


Tomdo de: cdpsanjose.org