En el Consejo Comunal número 224, del sábado 14 de febrero, efectuado en Samacá, Boyacá, el presidente, Álvaro Uribe Vélez, afirmó: “Creo que es injusto. Simplemente por odio político, ir a Estados Unidos a desfigurar la verdad (…)
En el Consejo Comunal número 224, del sábado 14 de febrero, efectuado en Samacá, Boyacá, el presidente, Álvaro Uribe Vélez, afirmó: “Creo que es injusto. Simplemente por odio político, ir a Estados Unidos a desfigurar la verdad (…) El gobierno nuestro lo único que pide es que se diga la verdad, imparcialmente. Nosotros no desconocemos lo que hace falta, pero también pedimos que se reconozca lo avanzado (…) Nosotros no necesitamos que Estados Unidos, ni ningún país, nos exijan (sic) proteger a nuestros trabajadores (…) ¿Entonces que van a hacer un daño al TLC? Sí. Seguramente termina nuestro Gobierno y pueden decir: ‘No dejamos que a Uribe le aprobaran el TLC’. Pero ese no es un daño a mí. Es a Colombia. Yo, por lo menos, buscaré hacer todas las gestiones para tener la conciencia tranquila”
El presidente se refería a las persistentes críticas que ha recibido de diferentes sectores, incluidos algunos del Congreso norteamericano, sobre su negligencia para proteger la vida de dirigentes sindicales, la impunidad en innumerables casos de homicidio, la vulneración de otros derechos como la libertad de asociación, y a la incidencia que esto ha tenido en la negativa del Parlamento estadounidense a aprobar el Tratado de Libre Comercio, TLC, suscrito por los dos gobiernos en 2006. Por lo demás —como lo han demostrado las casi dos décadas de aplicación de la apertura en Colombia, durante las cuales han pasado por la Casa Blanca los Bush y los Clinton—, el libre comercio, impulsado a cual más por ambos, se yergue sobre la máxima explotación de la mano de obra.
La declaración presidencial rebosa cinismo, ya que es difícil que alguien iguale el récord de Uribe en el pisoteo de los derechos individuales y colectivos de los asalariados, no en su protección.
Desde el comienzo de su presidencia, estos vienen resintiendo la merma de los ingresos por la disminución de los recargos de las horas extras, la jornada nocturna, los dominicales y festivos, el monto irrisorio de la indemnización por despido; y soportando mayores recortes mensuales, por una parte para cubrir unos servicios de salud cuyo distintivo siniestro es el “paseo de la muerte” y, por otra, para anticipar el pago de una jubilación incierta debido al cúmulo de nuevos requisitos para alcanzarla. Los varios billones de pesos apañados a los proletarios por las reformas laborales y pensionales de 2002 explican en gran medida las abultadas ganancias reportadas en los últimos años por la banca, el gran comercio, las multinacionales con asiento en el país, las empresas privatizadas de servicios públicos y, naturalmente, han llenado de complacencia a la patronal de todos los tamaños.
Pero, Uribe ha pretendido ir aún más lejos. A lo largo de su mandato ha procurado la supresión del salario y la pensión mínimos, objetivos que sólo abandona transitoriamente en las vísperas electorales.
Con la liquidación o reestructuración de entidades públicas suprimió decenas de miles de empleos y conculcó derechos adquiridos por los funcionarios, a la par que montó un andamiaje de nóminas paralelas manejadas como coto de caza por los politicastros de la coalición uribista.
La subcontratación se convirtió en el sistema predilecto de enganche. Entre 2002 y 2008 los trabajadores temporales aumentaron 27%, mientras los permanentes bajaron 15%. Además, el gobierno, que para tratar de suavizar los reclamos internos y externos, expide normas, dizque para controlar los desmanes de las llamadas Cooperativas de Trabajo Asociado, prohíja que en sectores enteros como el de la salud sólo se pueda acceder al empleo a través de esas entidades, y no se inmuta ante la evidencia de que en miles de firmas sea esta la forma exclusiva o principal de contratación.
Esta tala de las prerrogativas obreras efectuada en los seis largos años de gobierno uribista ha pretendido presentarse como la fórmula, por fin hallada, para reducir el desempleo, que azota a millones de colombianos; pero ya nadie discute que la desocupación ha crecido de manera alarmante, hasta la pasmosa cifra de 14% revelada en los últimos días. En realidad, la reducción de la paga contenía en germen la disminución de los puestos de trabajo dada su directa incidencia en la reducción masiva de la demanda de bienes y servicios por parte de los asalariados.
Infortunadamente, antes del necesario llamado a luchar, las cúpulas obreras optaron por el cabildeo para colgarle un articulito sibilino a las reformas de 2002, en el que constara que si los anunciados objetivos de generación de puestos de trabajo como consecuencia de ese despojo no se alcanzaban, el mismo Congreso restablecería la situación anterior. Vana ilusión, por decir lo menos.
Aunque no se han generalizado los enfrentamientos de las masas contra el régimen de la Seguridad Democrática, en parte por el amedrantamiento al que han sido sometidas, diversos sectores han librado vigorosas y ejemplares batallas. En estos casos ha salido a relucir otra de las facetas del uribismo: la más brutal represión, como debieron sufrirla los corteros de caña del Valle del Cauca, que fueron acosados y golpeados sistemáticamente por los escuadrones del Esmad, por osar exigirle a la oligarquía azucarera que los contratara directamente; o los indígenas que a lo largo de su Minga sufrieron el más aleve acoso militar, que en ocasiones llegó a tomar a los marchantes como objetivo de francotiradores; o el trato marcial dado a los empleados de la judicatura, mediante la declaratoria de la Conmoción Interior, por demandar el cumplimiento de las normas salariales y de ascenso expedidas por el propio gobierno.
Para no extenderse en hasta donde se han vulnerado los derechos colectivos, baste decir que nunca antes se habían ilegalizado tantos sindicatos, negado tanto registros sindicales, ni había sido tan parcial la parcialidad inveterada del Ministerio del ramo. Con razón a esta dependencia ha terminado por conocérsele como el Ministerio de la Protección Patronal.
Sobra decir, entonces, que está plenamente justificada la denuncia del oprobioso régimen en todos los escenarios posibles y necesarios, ante todo y principalmente ante los proletarios de las demás naciones del Norte y del Sur. Naturalmente que los asalariados únicamente deben cifrar sus anhelos de reivindicación en el despertar de su conciencia y en el fortalecimiento de sus organizaciones y su lucha, y no remplazar tan indispensables armas por los trapicheos parlamentarios o los litigios abogadiles, y mucho menos confiar la suerte de sus aspiraciones a las veleidades de cualquiera de las facciones en que se dividen las castas dominantes imperialistas, cuya diferencia de fondo estriba en cuál de ellas, en cada nueva jornada comicial, se convierte en la mayoría de la minoría dominante, para asumir la conducción de la formidable máquina estatal, mientras reduce a las otras a los “peladeros de la oposición”.
Pero faltaba más que quien, como Uribe, ha utilizado un afectado arrobamiento patrio para, entre otras maniobras, esconder su docilidad ante la Potencia del Norte, de la cual ha dado suficientes muestras, empezando por su vergonzoso apoyo a la invasión de Irak, hasta sus peregrinaciones mensuales a la Casa Blanca y el Capitolio, en pro de la aprobación del TLC, pasando por sus dadivosidades para ganarse la “confianza inversionista”, ahora quiera posar de desvelado paladín del obrerismo y de díscolo ante los Estados Unidos, debido a que el cúmulo de denuncias en su contra cada vez tiene más resonancia en las metrópolis, en donde ya se le ve como un típico sátrapa latinoamericano, uniformado de civil, de esos que, aunque útiles, se tornan incómodos a tal punto que se vuelve atractivo removerlos, para que todo siga igual.
Alejandro Torres.
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