"Llegaron aquí apuntándonos con la metralleta. Lo encontraron en el pasillo, lo tomaron del pelo, lo botaron al suelo, lo golpearon" relató a IPS Ida Huenulef sobre la detención de su hijo Miguel, el primer mapuche que el gobierno chileno de Michelle Bachelet busca condenar apelando a la ley antiterrorista.
Según los testimonios de la familia, la noche del 11 de febrero, sin previa identificación ni orden de allanamiento, la policía uniformada de Carabineros y fuerzas especiales ingresaron a su vivienda en la comuna de Lo Prado, en el sector oeste de Santiago.
Miguel Tapia Huenulef, de 45 años, fue detenido en presencia de toda su familia, que también sufrió la violencia del operativo.
"Voy a buscar a mi guagüita (hijita) y la apuntaron con la metralleta y cuando ella tomó a su guagüita, viene otro carabinero y la apunta en su cabecita a la guagüita", dijo Ida Huenulef describiendo el momento en que un uniformado encañonó a su nieta de sólo 20 días de nacida.
La policía buscaba a Miguel Tapia Huenulef por su supuesta vinculación en un atentado incendiario cometido en enero en la propiedad rural de San Leandro, más de 600 kilómetros al sur de Santiago, que es parte del territorio reivindicado por el pueblo indígena mapuche, y por su presunta responsabilidad en un ataque al edificio de la Defensoría Penal Pública en diciembre de 2008.
Según la policía, en el domicilio se encontraron armas, como una subametralladora nueve milímetros con dos cargadores, y elementos para la fabricación de explosivos, además de plantas de marihuana.
La familia Tapia Huenulef y organizaciones mapuches sostienen que se trata de una persecución y un montaje para incriminarlo sólo por ser indígena.
"No, nada, ninguna cosa. Ellos dicen que mis hijos tenían armamento de guerra, dígame usted, a quién se le pude ocurrir viviendo con su familia, habiendo niños en la casa, van a tener armamento en su casa", enfatizó la madre del detenido, agregando que los policías no encontraron nada en su habitación, "…porque salieron, los carabineros salieron y no encontraron nada. Y después yo vi pasar a personas con bolsos".
El portavoz de la organización Meli Wixán Mapu (Los Cuatro Puntos de la Tierra), Enrique Antileo, también dijo a IPS que el allanamiento es una muestra de la política represiva de las autoridades.
"Hay un montaje, implantación de armas, y damos toda la fe, apoyamos a la familia en todo momento. Esto es la continuidad de una política represiva al movimiento social mapuche", señaló Antileo.
LEY ANTITERRORISTA
El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, declaró a la prensa que en este caso se configuraban los antecedentes de una organización terrorista, "…por consiguiente vamos a aplicar todas las medidas correspondientes, inclusive, vamos a invocar la aplicación de la ley antiterrorista".
Una semana después, la familia Tapia Huenulef todavía no había visto a Miguel, incomunicado y trasladado a la Región de la Araucanía, casi 700 kilómetros al sur de Santiago, según les informaron las autoridades. Tampoco sabían que las afirmaciones del ministro del Interior se habían concretado en una acusación formal.
La Subsecretaría del Interior y el gobierno regional de la Araucanía confirmaron a IPS que fue presentada ante la justicia una querella criminal por la ley antiterrorista, firmada por el subsecretario Patricio Rosende. Pero se negaron a dar declaraciones.
Ésta es la primera vez que el gobierno de la socialista Michelle Bachelet utiliza contra un mapuche esta norma, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La ley, decretada por el régimen militar para perseguir opositores políticos, otorga mayores atribuciones a las policías y a la justicia.
"En campaña electoral (Bachelet) prometió que no se iba a aplicar la ley antiterrorista en causas en que estuvieran involucrados miembros del pueblo mapuche", recordó Rodolfo Valdivia, codirector del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas.
No se configura una acción de terrorismo en la lucha del pueblo mapuche por sus reivindicaciones, dijo Valdivia a IPS. "No hay en los hechos una organización que tenga por finalidad generar cierta sensación de temor en la población, no hay una organización que vaya a llevar a cabo esos delitos, que señala la ley como delitos terroristas", aseveró.
"Para nosotros no es extraño que el gobierno de Bachelet..., en complicidad con los grupos económicos, aplique leyes arbitrarias para contener la movilización social mapuche", señaló Antileo.
La ley antiterrorista es una de las herencias dictatoriales más cuestionadas por organizaciones indígenas y de derechos humanos.
En los últimos años, el Estado chileno ha recibido varias recomendaciones para revisar su legislación y las políticas con que enfrenta las demandas del pueblo mapuche, de entidades como Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Indígenas y el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, entre otros.
PERSECUCIÓN
"Hay una tendencia a la criminalización de la protesta mapuche en general. El pueblo mapuche, cuando protesta, históricamente ha sido callado de las maneras más violentas posibles", dijo Valdivia.
El gobierno niega que exista persecución ni presos políticos mapuches, como denuncian las organizaciones indígenas. Los observadores de derechos humanos creen lo contrario.
"Desde la perspectiva de derechos humanos, claro que sí. Por la forma de pensar, por querer la autonomía, que se reconozca la autonomía del pueblo mapuche", explicó Valdivia.
Los activistas reconocen y valoran las acciones de Bachelet para delinear una política hacia el reconocimiento constitucional de la multiculturalidad y numerosas iniciativas en materia de educación y salud de los pueblos originarios.
Pero la respuesta a las demandas históricas de esta etnia (mapuche significa "gente de la tierra", en la lengua mapuzungun) como la recuperación de tierras, todavía es muy tímida. El reclamo de autonomía --reconocimiento no sólo como una expresión cultural dentro del país, sino como nación mapuche con derechos políticos y territoriales-- es ignorado o llevado como conflicto a un plano judicial.
Según la organización Meli Wixán Mapu, más de 40 indígenas están en prisión condenados o procesados por causas relacionadas a sus reivindicaciones. Alrededor de 500 personas de este pueblo habrían sido procesadas desde el retorno a la democracia en 1990. Para ellos son presos políticos.
"No son delincuentes, no son asaltantes, ni violadores, ni nada por el estilo, sino que lo único que han hecho es realizar acciones dentro del marco de movilizaciones de nuestro pueblo para reivindicar sus derechos", dijo Antileo.
En opinión de Valdivia, la reciente absolución otorgada por la justicia al lonko (autoridad tradicional) Avelino Meñaco, de la comunidad Pascual Koña, da luces sobre la validez de los cuestionamientos a la aplicación de figuras penales contra las protestas.
Luego de ocho meses en la cárcel, Meñaco fue absuelto de los cargos de atentado incendiario a una cabaña, gracias a la defensa del reconocido jurista y ex juez Juan Guzmán, recordado por haber sido el primero que procesó a Pinochet.
"Eso viene a confirmar que existe cierta persecución, por intentar tener condenas contra personas mapuches, como lonkos y dirigentes. Pero en el momento del debate netamente jurídico penal, se acredita que no existen antecedentes para condenarlos y han sido declarados inocentes en varias causas", argumentó Valdivia.
Según la Encuesta de Caracterización Económica, 1.060.786 personas, 6,6 por ciento de los habitantes de Chile, se identificaban en 2006 como indígenas. El 19 por ciento de ellas son pobres o indigentes. Los mapuches representan 87 por ciento de la población aborigen de este país sudamericano.
Pamela Sepúlveda
IPS
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