Denuncian la relación del nuevo comandante del ejército con graves violaciones de los derechos humanosAgencia IPC
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en Antioquia poseen numerosos registros de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre diciembre de 2003 y octubre de 2006, periodo en el cual el general Oscar Peña González, nuevo comandante del Ejército Nacional, estuvo como comandante de la IV Brigada y de la Séptima División, ambas guarniciones militares con sede en Medellín.
Peña González comandó la IV Brigada entre el 15 diciembre de 2003 y julio 16 de 2005, posteriormente pasó a dirigir la Séptima División, donde estuvo entre el 16 agosto de 2005 y el 17 octubre de 2006, siendo su primer comandante. En ambos periodos se han denunciado y documentado decenas de ejecuciones extrajudiciales y su gravedad ha sido de tal magnitud en esta guarnición militar que fuentes militares citadas en informes no gubernamentales sobre este atroz delito han relatado que “resultan verosímiles las afirmaciones de que no todas las bajas de la IV Brigada han sido hombres con fusil”.
La situación llegó a tal complejidad que en su informe del 2004, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el incremento de las ejecuciones extrajudiciales y se refirió a la IV Brigada del Ejército, en esa época comandada por Peña González, como la guarnición militar donde se habían incrementado las denuncias en contra de algunos de sus miembros, al parecer responsables de esas muertes de civiles.
Según los informes no gubernamentales, la mayor ocurrencia de estos hechos se ha denunciado en el Oriente antioqueño, donde hacen presencia tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 4 Juan del Corral; del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez; del Batallón de Contraguerrilla N.° 4 Granaderos; y del Batallón de Plan Especial Energético y Vial N.° 4 BG. Jaime Polaina Puyo, todos ellos adscritos a la IV Brigada del Ejército Nacional.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, que analizó la ocurrencia de las ejecuciones extrajudiciales entre los meses de agosto de 2002 y julio de 2006 en todo el país, advierte que Antioquia es, con 183 víctimas, es uno de los departamentos más afectados por las ejecuciones extrajudiciales con responsabilidad de la Fuerza Pública.
Este Observatorio, compuesto por cerca de 199 organizaciones no gubernamentales, recepcionó denuncias de 74 casos y 110 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño cometidas entre agosto de 2002 y junio de 2006 por miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional, en desarrollo de las operaciones Marcial Norte, ejecutada en el año 2003; Espartaco, en el año 2004; Ejemplar, realizada en el 2005; y Falange I, que fue llevada a cabo durante el año 2006. Tales denuncias cobijan la mayor parte de los municipios del oriente antioqueño, aunque se presentan con mayor frecuencia en los municipios de Cocorná, Granada y San Luis. Un informe local sobre derechos humanos reseñó que durante la operación Espartaco, ejecutada por el Batallón de Artillería N. 4, dejó por lo menos 22 personas ejecutadas extrajudicialmente.
De acuerdo con el perfil de las 110 víctimas reportadas por el Observatorio, 98 de ellas son hombres y 12 mujeres, una de ellas en estado de embarazo; 12 de las víctimas son niñas y niños entre los 15 y 17 años; 3 personas tenían alguna discapacidad física o mental; y la mayoría de las víctimas se dedicaban a labores agrícolas en sus fincas o en parcelas vecinas.
Por su parte, la Corporación Jurídica Libertad le viene haciendo seguimiento judicial a 38 casos de ejecuciones extrajudiciales en el Oriente antioqueño entre los años 2002 y 2006 que afectaron a civiles presentados en los reportes militares como guerrilleros dados de baja en combate. Además, tiene en sus registros 195 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos entre los años 2004 y 2005, de ellos 98 se denunciaron en el Oriente antioqueño y 46 más en el Valle de Aburrá.
Según un informe sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el Oriente antioqueño sobre hechos ocurridos en el año 2005, que cita sendos datos de las personerías municipales y de organizaciones no gubernamentales que operan en esta subregión del departamento, durante ese año se registraron por lo menos 25 casos de quejas documentadas sobre ejecuciones extrajudiciales y acciones de “limpieza social”, atribuidas a la acción u omisión de miembros de la Fuerza Pública, denunciándose en varias de ellas la manipulación de la escena del crimen para simular combates.
Todo ha sido desmentido
No obstante las evidencias que se han presentado de manera reiterada sobre las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Oriente antioqueño, el Gobierno nacional ha desestimado una y otra vez su veracidad.
En uno de los municipios más afectados por este delito, Cocorná, el presidente Álvaro Uribe Vélez dijo allí el 24 de octubre de 2007 que “Como andan de civil y en grupitos pequeños, en cada ocasión que se le ha dado de baja alguno, salen a acusar a la Fuerza Pública, a decir que es una Fuerza Pública asesina, que en lugar de darles de baja los asesinaron fuera de combate”.
En esa ocasión el mandatario nacional advirtió sobre la necesidad de ilustrar de manera rigurosa todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, “para mostrar ante los fiscales, ante la justicia nacional, ante los críticos internacionales, cómo estos bandidos ahora andan de civil en una ‘operación pistola’, y cuando se les da de baja, sus compinches alegan que fueron dados de baja por fuera de combate. Vamos a ilustrar bien el caso, vamos a formar bien el caso, con todas las evidencias, para avanzar en la defensa de nuestros soldados y policías”.
Esa apreciación presidencial estuvo precedida por declaraciones del saliente comandante del Ejército, el hoy ex general Mario Montoya Uribe, quien en declaraciones al periódico El Tiempo, publicadas en la edición del 11 de julio de 2006, aclaró que este conjunto de irregulares en los resultados operacionales no tenían nada que ver con la presión sobre sus subalternos.
“Si eso fuese una situación generalizada podríamos pensar que el hecho de pedir resultados nos llevara a eso. Pero, la ONU y otras organizaciones dicen que son 24 casos de este año y los del año pasado suman 40 personas presentadas irregularmente como muertas en combate. No conozco el número de personas. Hay 29 investigaciones y de esas, 5 están en la justicia ordinaria y 24 en la justicia penal militar. El comandante de la VII División (general Peña González) señala que son montajes de la guerrilla con ayuda de algunas ONG”, aseguró en esa ocasión Montoya Uribe.
Uno de los contrastes entre la abundante documentación de ejecuciones extrajudiciales acopiada por organizaciones no gubernamentales para la época en que el general Oscar Peña González se desempeñó como comandante de la IV Brigada y sus logros operacionales es que fue destacada en el año 2006 como la unidad militar más efectiva y con los mejores resultados en los últimos cinco años; además, es una de las guarniciones que apalanca a quien ambicione llegar a la comandancia del Ejército o de las Fuerzas Armadas, pues por ella han pasado los generales Mario Montoya y, claro está, el general Oscar Peña González.
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