SI LA “SEGURIDAD DEMOCRÁTICA” es que la gente pueda viajar por las carreteras principales de Colombia, sin que haya retenes de la guerrilla, y en cambio, un despliegue inmenso de Fuerza Pública, si eso es, millones de colombianos nos hemos beneficiado.
Y más los terratenientes que volvieron a sus fincas y los industriales para transportar sus productos. Pero si la “seguridad democrática” es para que la población rural de Colombia viva en sus parcelas sin que haya violencia y muertes, propiciadas por la guerrilla, los ‘paracos’ y el mismo Ejército, pues lamentablemente es un soberano fracaso.
Colombia es el segundo país del mundo, después de Sudán, con el mayor número de desplazados: más de 4 millones. Con la “seguridad democrática” se llega a la triste conclusión de que en vez de avanzar hacia una sociedad más justa socialmente, cada día se abre más la brecha entre la gente que “tiene” y la que ni siquiera se puede quedar en su terruño y debe salir corriendo a buscar vida, donde no se la dan. No más aquí en Bogotá, en el Parque Tercer Milenio, tenemos miles de ellos y cada día que pasa llegan más.
Propuso Luis Carlos Sarmiento Angulo (uno de los 200 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes) que el impuesto al patrimonio, para la “seguridad democrática”, se extienda a todos los colombianos. Yo propongo que lo sigan pagando él y los otros empresarios, los del sector financiero, que tuvieron ganancias en los cuatro primeros meses del año de $3,14 billones, que además son consentidos del Gobierno y reciben prebendas y descuentos tributarios, y que paguen también los terratenientes, que ni siquiera tributan. Ellos son los que realmente se han beneficiado de la “seguridad democrática”, entonces que paguen.
El día que haya una solución de fondo para el gran problema del desplazamiento forzado (no del estilo que da, por ejemplo, Familias en Acción, un programa populista del Gobierno, que está a la caza de votos), estoy segura de que el resto de los colombianos estarían dispuestos a contribuir con ese impuesto.
El rubro del gasto militar para la “seguridad democrática” no debe ser solamente para comprar armas sofisticadas o para ampliar el pie de fuerza, o para combatir a la guerrilla, porque parece que no les interesa mucho combatir a los ‘paracos’ con sus cómplices en el Congreso. El dinero que entra por el impuesto al patrimonio debe usarse también, pero sin engaños, para restituir las tierras a los millones de desplazados que deja la guerra, que es donde está el problema de raíz.
Cuando nos llegue el momento de votar en las próximas elecciones presidenciales, escojamos a un candidato que tenga una visión equilibrada, de negociación y conciliación, y no sólo de guerra. El desplazamiento de campesinos por causa de la guerra no es un seriado de televisión. Es un problema real, grave y desestabilizador. A ver quién se le va a medir a solucionar este problema de una vez por todas y de paso eliminar el cliché de la “seguridad democrática”.
Por: Marcela Lleras
Tomado de: El Espectador
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