por Aurelio Suárez Montoya Sunday, Nov.
09, 2008 at 9:36 PM
asuarez_montoya@hotmail.com
Con los equívocos nombres de “falsos positivos” o de “ejecuciones extrajudiciales” se ha nominado la muerte de civiles por parte de la fuerza pública colombiana. Esos homicidios, que así deben llamarse, tienen el agravante de estar estimulados por los incentivos económicos brindados a informantes en el marco de la política de Seguridad Democrática, y por una gama de prebendas en la carrera de los militares que den resultados positivos en la “política contra el terrorismo” del gobierno de Uribe.Un informe al respecto del periódico The New York Times del 29 de octubre, “Colombia Lists Civilian Killings in Guerrilla Toll”, (“Colombia contabiliza muertes de civiles en el ‘peaje’ de la guerrilla”), aporta algunos elementos que no han contado con difusión general y que dan una visión más completa de este asunto delictivo. El informe parte de que el Presidente ha reconocido “crímenes que en algunas regiones tenían como fin la muerte de inocentes, queriéndolos hacer parecer como si los criminales hubiesen sido enfrentados” y, añade el periódico, que “un estudio de las muertes a civiles realizado por Amnistía Internacional encontró que el 47% de los casos reportados en el 2007 se relacionaban con entidades colombianas que recibían ayuda por parte del gobierno de los Estados Unidos”. Son hechos que suceden desde 2002, desde cuando las “ayudas norteamericanas” llegaron a 500 millones de dólares.
Esas revelaciones van acompañadas de un incremento sustantivo de estos funestos hechos que el CINEP, también citado por The New York Times, presenta en un documento reciente. Entre julio de 2006 y junio de 2008 (es decir, sin los casos de Soacha y demás simultáneos del segundo semestre que suman más de 100 reclamos), contabiliza 264 homicidios y 86 casos más entre torturas, desapariciones y delitos contra la población civil. A modo de conclusión, el periódico neoyorquino insiste en que “estando bajo la constante presión de registrar muertes en combate con el fin de ganar recompensas y tiempo libre, los reportes de muertes a civiles se han ido incrementando en los últimos años de manera incontrolable”.
La Procuraduría investiga “930 hechos en donde se involucran más de 2.300 servidores públicos, por presuntas ejecuciones extrajudiciales en todo el país” y la Fiscalía anunció que “las investigaciones por homicidios, cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública, se han incrementado en más del 50 por ciento desde el año 2006…que se adelantan 558 casos, de los cuales 383 comenzaron en los últimos tres años”, vinculando “a 685 miembros del Ejército, 36 policías y 4 integrantes del DAS…y que en el total de los procesos figuran 1.015 víctimas”. La destitución por orden del alto gobierno de 27 miembros del Ejército, entre ellos tres generales, ratifica que hay una tendencia con cobertura nacional. Así mismo, la revista Semana atribuye a estos crímenes el descuadre de las cuentas entre el total de guerrilleros sacados del conflicto, por bajas, desmovilizados, y presos, e indaga por el aumento de las bajas pese a tanto “éxito” obtenido en la lucha anti-guerrillera.
Ante tal estado de cosas surgen preguntas que van al corazón mismo de la política de Seguridad Democrática.
¿No se basó precisamente en el involucramiento de civiles en la guerra como informantes? ¿No fue ése el primer acto de gobierno en 2002 en Valledupar? ¿Cuántos de estos crímenes han servido para fomentar la Confianza- Inversionista en los foros internacionales de negocios? ¿Trascenderá a la opinión norteamericana el destino ilegítimo tomado por los dineros de los contribuyentes? ¿No vienen adquiriendo estos crímenes la categoría de “lesa humanidad” que exige acciones judiciales eficaces, cero impunidad, y que no se remedian con la instalación de oficinas de “servicio al cliente” en los batallones?
La gravedad de los hechos ha impelido a distintos actores a salir a “salvarse el pellejo”. Uribe, con la destitución de los altos oficiales, aparece tomando una “decisión valerosa y ejemplarizante”; la Administración Bush, a su vez, ha declarado inelegibles para recibir recursos a tres batallones antes del debate que le espera al Plan Colombia en el Comité de Apropiaciones del Senado gringo; y a la opinión se le imbuye el manido argumento de “unos cuantos casos” entre miles. Lo sucedido es hijo legítimo de la Seguridad Democrática y ratifica por qué esa desviación amañada del concepto de seguridad ciudadana no podría volverse política de Estado; la prueba es esta “Operación Mate” un problema que supera el cuento de las “pocas manzanas podridas”.
La Tarde
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