El vienes 16 de enero de 2009, el DAS allanó el Salmón Cultural y el sábado dos sicarios intentaron asesinar a Yury Neira. En vez de recibir justicia por el asesinato de su hijo Nicolás a manos de agentes de la policía, la fuerza pública no hace más instigarlo y amenazarlo y quienes debieran investigar y sancionar a los infractores en un caso que lleva más de tres años de impunidad, se niegan a administrar justicia.
La complicidad del Estado criminal es evidente
El viernes 16 de enero en horas de la tarde una delegación del DAS fuertemente armada y acompañada de agentes del CTI y de carros antiexplosivos, llevaron a cabo un ilegal allanamiento a la sede de Piso Dos o el Salmón Cultural, sitio ampliamente conocido porque funciona como espacio de encuentro para jóvenes alternativos y donde se desarrollan varias actividades culturales como muestras de cine, talleres de danza, pintura, conciertos privados, actividades académicas y reuniones de análisis y estudio político.
Yury Neira, quien coordina las actividades de el Salmón Cultural, desde hace tres años y medio, se ha convertido en objetivo de la fuerza pública. En la marcha del 1 de mayo de 2005, su pequeño hijo Nicolás Neira, de tan sólo 15 años de edad fue asesinado a punta de golpes por miembros del Escuadrón Móviles Antidisturbios (ESMAD) que salió para reprimir la habitual manifestación de los trabajadores. Nicolás falleció descerebrado dos días después en un hospital. El parte médico indica que su cráneo sufrió varias fracturas, una de ellas tenía 26 centímetros de largo, lo cual revela un salvajismo injustificado y más cuando se trataba de un menor desarmado y cuya asma le impidió correr y salvarse de la brutal arremetida oficial.
Desde ese día, su padre emprendió una valiente batalla para lograr justicia en el nombre de su hijo y para que los asesinos fueran sancionados ejemplarmente. Los costos de su audaz decisión han sido sumamente elevados. No sólo perdió el trabajo, sino que encima las persecuciones han sido desde ese entonces una constante en la vida de Yury Neira. Han intentado asesinarlo en dos oportunidades, ha sido objeto de cuatro arrestos arbitrarios, de continuos seguimientos, amenazas, señalamientos, acoso policial y de constantes incursiones o intentos de incursión a su sede por parte de agentes de la fuerza pública. Incluso en cartas de amenaza enviadas por el grupo paramilitar de las Águilas Negras”, se ha sentenciado a Yury a muerte junto a otros defensores de derechos humanos. Lo han robado, hasta elementos que pertenecían a su hijo como una bicicleta le fue hurtada por la policía y luego pinchada. Aunque la cicla fue hallada en un CAI e identificada, luego desapareció misteriosamente y nadie ha respondido por este hecho. Hombres armados también hicieron presencia en casa de su madre un par de meses atrás preguntando por el paradero de Yury.
Por exigir justicia Yury tiene que vivir una verdadera pesadilla en la que se ha visto obligado a cambiar constantemente de sitio de descanso y de celular, ya no puede frecuentar amigos, debe moverse con sigilo y extremada prudencia en la ciudad, sospechar de quien camina a su lado, vigilar día y noche su negocio, y a veces debe hasta desaparecerse por breves lapsus de tiempo como si él fuera un criminal.
Hasta la fecha y pese a que la Procuraduría General de la Nación reconoció que Nicolás fue asesinado por agentes del Estado y no muerto a causa de pisadas de los marchantes cómo declaró la policía en un comienzo, no se han producido avances en materia de investigación y aún no se ha identificado a los responsables. Un reportero extranjero que cubría la marcha de ese primero de mayo captó el momento preciso cuando el joven era asesinado y ese material probatorio aunque ayudó a definir la responsabilidad del crimen, sólo sirvio para que el periodista fuera amenazado y tuviera que salir del país.
La justicia no ha querido aclarar el asesinato de Nicolás y contrario a eso ha permitido que las autoridades se ensañen con el padre de la víctima ocasionándole no sólo serios inconvenientes para el libre desarrollo de sus actividades, sino que además lo mantienen en estado de alarma y estrés sicológico permanente.
El allanamiento que se produjo cuando “casualmente” Yury se encontraba tramitando su pasado judicial antes el DAS, se desarrolló en medio de una enorme cantidad de irregularidades. La forma en la que los uniformados ingresaron al sitio rompiendo chapas y ocasionando destrozos a la sede, cerrando el paso incluso a los propietarios, impidiendo el paso de abogados, las amenazas proferidas y sus actitudes intimidantes fotografiando civiles hacen parte de un prontuario que ya ha sido puesto en conocimiento de las autoridades civiles. Por fortuna una abogada del CCAJAR logró hacerse a una cámara de video y grabar buena parte del proceso de allanamiento. La diligencia se mantuvo por más de seis horas y cuando ya había culminado, los oficiales quisieron ingresar de nuevo al inmueble pero por fortuna la presencia de abogados, representantes de varias organizaciones sociales, lideres sociales y políticos que se habían concentrado frente a al embajada de Israel para expresar su repudio por la agresión contra el pueblo Palestino y levantar sus banderas de solidaridad con las víctimas de este genocidio, al ser alertados sobre lo que ocurría, se acercaron al sitio para rodear a Yury y lograron frenar ese nuevo intento de incursión.
Los agentes del Estado, realizaron este operativo de allanamiento afirmando que en esa casa funcionaba una célula de la guerrilla y que sus propietarios eran sospechosos de terrorismo. La entrada de perros torturados en adiestramientos antidrogas y explosivos se emplearon porque supuestamente en el interior de la casa se podrían encontrar armas, drogas y explosivos, pero como era de suponerse y como de seguro algunos de los mismos agentes sabían, no había nada y tampoco alcanzaron a meter elementos que justificaran su brutal acción, como suelen hacer desde hace décadas sin que jamás hallan sido sancionados por estas prácticas que violan elementales derechos humanos, civiles y constitucionales. La inmediata reacción de los amigos y ONGs impidió que así sucediera.
Sin embargo, la persecución no se detuvo allí. Al día siguiente, dos hombres armados intentaron ingresar al Salmón Cultural preguntando por Yury. Al advertir que entre ellos había confusión sobre el género de la persona que sin duda planeaban asesinar, Yury les respondió que ella no estaba. Uno de los hombres en tono autoritario le dijo al otro “Yury es él, hágale, hágale, es él”, pero el hombre trastabillo, los jóvenes que acompañaban a Yury de inmediato empezaron a pedir ayuda por teléfono y a gritar y antes de que las autoridades se hicieran presentes, los hombres ya se habían dado a la fuga.
La dura batalla de Yury se ha constituido en un valioso ejemplo para los defensores de derechos humanos y organizaciones sociales; no sólo ha logrado encausar el dolor que aún lo atormenta para desarrollar un hermoso y creativo trabajo con jóvenes de las más variadas tendencias, sino que además se ha convertido en puente de unión entre diversos sectores de la sociedad capitalina.
Es necesario que el caso sea llevado ante la justicia internacional y que fuerzas de seguridad confiables le brinden toda la seguridad necesaria. Si bien una denuncia cobre el asesinato de Nicolás fue presentada informalmente ante el Fiscal de la CPI, y en consecuencia éste alto organismo conoce el caso, es urgente que la denuncia se tramite de forma oficial y que ante la inoperancia de la justicia colombiana y su evidente falta de voluntad para conducir el caso y aplicar sanciones, sean los altos organismos internacionales lo que entren a actuar antes de que sea demasiado tarde.
El Estado colombiano es responsable de la vida de Yury Neira y de todo lo que sus persecuciones e infames señalamientos puedan acarrearle.
Exigimos protección para Yury Neira
Exigimos justicia para Nicolás y reparación integral para su familia!
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