Lunes, 22 de Diciembre de 2008
Soy GUSTAVO ANÍBAL GIRALDO QUINQUIA, identificado con C.C. No. 79.666.725 de Bogotá.
Quiero poner en conocimiento de de la comunidad nacional e internacional mi situación como un extraditable más de los que el Presidente ÁLVARO URIBE VÉLEZ, pretende enviar a los Estados Unidos.
El 07 de Enero de 2008, fui capturado cuando me encontraba en la ciudad de Bogotá, en un operativo donde participaron miembros del Ejército Nacional y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, quienes me llamaban como CARLOS MARÍN GUARÍN, alias “PABLITO”, un supuesto comandante del Ejército de Liberación Nacional – ELN.
Durante 11 meses he permanecido privado de mi libertad, sin que las autoridades judiciales de Colombia hayan podido individualizar a la persona que pretenden juzgar, aún cuando desde el momento mismo de mi detención les aporté todos mis documentos de identificación personal: cédula de ciudadanía, pasado judicial, licencia de conducción, etc, fecha desde la cual se ha insistido sin sustento probatorio alguno, en que CARLOS MARÍN GUARÍN y GUSTAVO ANÍBAL GIRALDO QUINCHÍA, somos la misma persona, aunque nunca antes en el expediente hubiera figurado mi nombre e identificación.
El día 31 de Octubre de 2008, pasadas las 5 de la tarde y estando de paso en la Cárcel la Picota, en Bogotá, me notificaron la orden de captura con fines de extradición contra CARLOS MARÍN GUARÍN o GUSTAVO ANÍBAL GIRALDO QUINCHÍA, Alias “Pablito”, según solicitud elevada mediante Nota Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos.
Las autoridades norteamericanas me acusan por los cargos de “Concierto para cometer el delito de toma de rehenes (secuestro)” y “Toma de rehenes (secuestro) y ayuda y facilitación de dicho delito…”, por supuestos hechos ocurridos en Arauca en el año 2001 o 2003.
Al estudiar la documentación aportada por la Embajada de Estados Unidos y el trámite adelantado por las colombianas, me ha llamado la atención que la Fiscalía General de la Nación, mediante resolución de agosto 6 de 2008 se vio obligada a “abstenerse de decretar la captura con fines de extradición de CARLOS MARÍN GUARÍN” solicitada mediante Nota Verbal No. 2139 de julio
de 2008, por cuanto no se satisfacía el requisito de plena identidad de la persona requerida.
Pero dos meses después, la embajada Norteamericana informa que “una mayor investigación ha revelado que el nombre correcto de este individuo es Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, también conocido como “Carlos Marín Guarín”, también conocido como “Comandante Pablo”, también conocido como “Pablo”. (…) La Embajada tiene entendido que este individuo se encuentra actualmente detenido en Colombia, por cargos colombianos” y con tales “aclaraciones” la Fiscalía ‘General de la Nación, no dudó en decretar mi captura con fines de extradición, la cual ordena ochos días después de recibir el requerimiento. Me sorprendió encontrar que la Fiscalía 251 Destacada ante el Ejército Nacional le entregó a las autoridades norteamericanas, copias de mis documentos de identidad, que solo fueron conocidos por esa Fiscalía que adelanta la investigación en mi contra, luego de mi captura y que hacían parte del expediente en ese entonces reservado solo para los sujetos procesales.
Considero que este nuevo pedido en extradición evidencia una vez más, la falta de autonomía de nuestro Gobierno y nuestros gobernantes frente a los designios y orientaciones provenientes de las potencias mundiales, pero principalmente de los gobernantes norteamericanos, que hacen que principios como el de autodeterminación de los pueblos o la Soberanía Nacional, no sean más que ficciones constitucionales, pues en la práctica quedan en letra muerta.
En Colombia, los gobernantes norteamericanos han creado bases militares, han brindado entrenamiento militar para hacer frente a la guerra contrainsurgente; han asesorado la construcción de cárceles de castigo como en la que hoy estoy recluido; han invertido multimillonarias sumas de dólares para financiar la guerra y pacificar a su estilo nuestro territorio; financiaron y orientaron también la llamada reforma a la justicia y últimamente vienen haciendo uso de la figura de la extradición para usurpar la soberanía judicial que deben ejercer las autoridades colombianas.
En el pabellón 7 del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana seguridad de Cómbita, he podido ver con mayor claridad, que cualquier colombiano, como usted o como yo, puede ser extraditado, sin el menor respeto de sus garantías judiciales. En este tiempo he sido testigo de múltiples injusticias; del desconocimiento de principios universales como el non bis ¡n Ídem en casos de extradición; de las excesivas limitaciones de las autoridades judiciales de nuestro país que conocen de este trámite, pues solo se les permiten analizar aspectos estrictamente formales.
Han sido muy pocos los conceptos emitidos por la Corte Suprema de Justicia negando la extradición, incluso he conocido casos en que se ha concedido contrariando lo preceptuado en el artículo 35 de la Constitución Nacional. Todo esto hace pensar fundadamente que de manera conciente, nuestras autoridades están renunciando a su soberanía judicial, para entregarlas sin oposición alguna a las extranjeras.
Mi caso, es solo un ejemplo más. Aunque el hecho por el cual es requerido en extradición CARLOS MARÍN GUARÍN, se cometieron en territorio colombiano y del mismo tuvieron conocimiento nuestras autoridades judiciales, en once meses que he permanecido detenido y después de casi ocho años de ocurrido, nunca he sido indagado por los mismos, lo que quiere decir que la Fiscalía General de la Nación no inició la investigación penal, pero si violó la reserva sumarial para dar mis datos personales de identificación a la Embajada Norteamericana, a fin de que pudieran cumplir con el requisito formal exigido en la ley procesal penal de nuestro país y ordenar mi captura; aún conociendo que en Colombia no se ha podido concluir que CARLOS MARÍN GUARÍN es GUSTAVO ANÍBAL GIRALDO QUINCHÍA. En otras palabras, quiero decir, que la Fiscalía General de la Nación, lejos de ejercer su potestad investigativa en materia judicial, en este caso, ha brindado colaboración a las autoridades extranjeras para que ellos sean quienes asuman dicho poder.
En fin, son muchos los cuestionamientos que surgen en torno a la aplicación que principalmente en los últimos años se ha venido dando a la figura de la extradición. Como uno de los extraditables que se suman a una larga lista, pretendo plantear en este escrito, que la extradición en nada pareciera corresponder a un mecanismo de cooperación judicial, pues se ha convertido en un instrumento más que justifica la intervención imperialista en Colombia.
Por esto, hago un llamado a todos los ciudadanos colombianos y del mundo entero para que reflexionen y actúen frente a este tipo de procedimientos que en el camino que llevamos seremos cientos y cientos los extraditados al antojo y amaño de los Estados Unidos.
Atentamente,
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