""Se han multiplicado los anuncios de exterminio de la Comunidad por parte de militares y paramilitares. La Brigada extorsiona a miembros de la Comunidad, amenazándolos con judicializarlos si no colaboran en dicho exterminio y ofreciéndoles grandes sumas de dinero si colaboran. La alianza entre Ejército, Policía y Paramilitares sigue tan fuerte y atrevida como siempre. En el caserío de Nuevo Antioquia sigue existiendo una gran base paramilitar, desde donde se desplazan sus tropas por las veredas aledañas sembrando muerte, destrucción y terror; allí mismo se coordinó, entre la Brigada XVII y las estructuras de alias Don Berna, la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005. El Ministerio de Defensa sigue denominando “muertes en combate” numerosos casos de “falsos positivos” que han ocurrido allí, y no hay sanción alguna para los oficiales que los han perpetrado. El poder judicial en la zona sigue hipotecado a la Brigada XVII. Se violan todos los principios constitucionales y legales de un debido proceso. Ya ni siquiera se responde a los requerimientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido necesario pedirle a todas las Altas Cortes del Estado que declaren un “estado de cosas inconstitucional”. Las sentencias de la Corte Constitucional han sido burladas mediante respuestas que sólo contienen formalismos ajenos a la realidad real. Los avances en la investigación de la masacre de 2005, fuera de ser un caso excepcional que se debe a presiones de senadores de Estados Unidos, ponen al desnudo, no solamente la barbarie del crimen y la unidad de acción entre Ejército y paramilitares, sino los mecanismos que usa el Gobierno para engañar al mundo, entrenando falsos testigos; cuidando que las órdenes escritas se ajusten a la ley mientras se dan directrices orales y secretas para perpetrar los crímenes y se acomodan todos los informes escritos para esconderlos y negarlos.""
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