25 años de prisión para el ex dictador Fujimori, ¿Para la historia o para la histeria?

A continuación, un análisis secuencial sobre la reciente condena al ex dictador Alberto Fujimori a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.

En medio del vendaval de opiniones que se están dando sobre este caso, nos interesa detallar el asunto en cuestión, siempre desde una perspectiva socialista libertaria que siente posición.

Para muchos se trata de un hito en la historia del Perú –que sin duda lo es- pero creemos que el tema es más complejo y que podría desencadenar una suerte de martirologio para el hoy condenado Fujimori, pues sus huestes políticas ya amenazan con usar este fallo para presentarse como perseguidos políticos y ganar las elecciones del 2011.

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25 años de prisión para el ex dictador Fujimori
¿Para la historia o para la histeria?

El Perú vive hoy una fuerte conmoción política y social, luego de que este siete de abril, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Lima hallara culpable de los delitos de homicidio calificado-asesinato, lesiones graves y secuestro -cometidos con alevosía, premeditación y ventaja- al ex dictador Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori y lo condenara a 25 años de cárcel.

Sin duda, esto ha significado un hito en la historia de nuestro país, que ha vivido durante largas décadas resignado entre la impunidad y el olvido como marco perfecto para los abusos y los crímenes perpetrados desde las élites de poder.

Diecisiete años después, los salvajes crímenes cometidos en nombre de la “lucha antisubversiva”, cobran justicia y no serán más, tema de especulación política o blanco de acusaciones de supuestos nexos con organizaciones armadas durante la época del conflicto interno. Es decir, el mismo Tribunal que sentenció a Fujimori, ha establecido que las 25 personas asesinadas y los cuatro lesionados en los casos de Barrios Altos y La Cantuta(1) no eran terroristas ni tuvieron vinculaciones de ningún tipo con Sendero Luminoso(2).

Así mismo, queda demostrado de manera contundente e irrefutable –pues se le aplicó la pena máxima contemplada para este caso- que Fujimori dirigió un aparato organizado u organismo de poder que planificó y ejecutó una estrategia político-militar de guerra sucia y clandestina que acumuló 50 asesinatos como mínimo, entre los años 1991 y 1992.

Tensiones políticas durante el juicio

Recordemos que este episodio se inicia el 21 de setiembre del 2007, con la extradición desde Chile al Perú, del entonces prófugo Alberto Fujimori, para ser juzgado por dos casos de violaciones de derechos humanos y otros cinco de corrupción. Luego, de esto, el 10 de diciembre del mismo año, comienza el juicio público por cargos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro.

Durante las 160 audiencias que ha durado este juicio al ex dictador, la agenda nacional se ha visto marcada por diferentes posiciones tanto en el terreno de la política oficial como en el campo popular. Como ya hemos dicho en anteriores comunicados(3), el caso Fujimori es muy complejo visto desde cualquier punto de vista y más aún desde nuestra perspectiva libertaria, que apunta a propuestas-soluciones por fuera de la democracia burguesa como salida revolucionaria a los procesos o conflictos en cada país. Sin embargo no podíamos quedar al margen de este hecho.

Por ello, como Organización, siempre mantuvimos latente la lucha por justicia y reparación para las víctimas de los asesinados, torturados y perseguidos durante la época infame, no solo desde el discurso sino desde las jornadas de lucha en manifestaciones o vigilias convocadas por las agrupaciones de derechos humanos o activistas políticos y hoy vemos como un paso adelante el que se halla dado este desenlace.

En tanto, durante el juicio oral que se le seguía al entonces acusado, desfilaron por la sala de la DIROES (donde se han realizado las audiencias) diferentes personajes citados por la fiscalía, por la parte civil acusadora o por la defensa en manos del abogado César Nakazaky.

Entre los más importantes podemos citar al ex Primer Ministro aprista, Jorge del Castillo, quien fue citado el 18 de enero del año pasado, para testificar contra Fujimori, por haber ordenado su secuestro junto a otros dos miembros de la oposición el año 92, sin embargo la participación de Del Castillo fue mesurada. Luego de esto, es citado el 6 de febrero siguiente, el ex agente del Grupo Colina, Isaac Paquiyauri Huaytalla quien asegura que Fujimori sí sabía del operativo en Barrios Altos.

Tras esto, es citado como testigo el mismo jefe del destacamento Colina, Santiago Martin Rivas, quien ya se encontraba purgando condena. Luego de esta intervención, vendría uno de las primeras argucias usadas por Fujimori para prolongar su juicio y ganar tiempo en la defensa, con una operación a un supuesto cáncer benigno en la boca. Por ello, las audiencias fueron suspendidas hasta el 11 de junio.

Una vez reanudado el juicio, es citado para el 30 del mismo mes, nada menos que el siniestro asesor presidencial, Vladimiro Montesinos Torres, quien declara a favor de Fujimori, limpiándolo de “polvo y paja” en este proceso y mostrando total descaro e ironía –junto a su cómplice Fujimori- frente al juzgado y la prensa que cubría aquel día.

Al iniciarse este año, el fiscal César Peláez ratifica el pedido de 30 años de cárcel como condena contra el ex mandatario, como autor mediato de los crímenes que se le imputaba. Esto desata la polémica entre las bancadas del congreso que veían como exagerado tal pedido, incluso parlamentarios como Lourdes Alcorta de la alianza de ultra-derecha Unidad Nacional, decía que los peruanos “eran ingratos con un hombre que se había esforzado por pacificar al país y enfrentarse al terrorismo”.

Cabe precisar que esa “pacificación” de la que alardean las fuerzas reaccionarias significó la vida de tantos hombres y mujeres humildes e inocentes, como los estudiantes universitarios de la “La Cantuta”, que fueron incinerados y enterrados en fosas comunes. Sobre este caso, fueron hallados culpables el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), General EP(r) Julio Salazar Monroe, condenado a 35 años de prisión y los ex agentes de Colina, José Alarcón, Orlando Vera y Fernando Lecca, condenados a 15 años de cárcel.

Inmediatamente, entre los días 16 y 30 de marzo, el abogado Nakazaky, fundamenta los alegatos de defensa hacia su patrocinado y a su vez la hija del acusado, Keiko Fujimori ya agilizaba su campaña política de cara a las elecciones presidenciales del 2011 donde ponía el nombre de su padre como bandera de lucha e instigaba a sus seguidores a “tomar las calles para defender la vida de Alberto Fujimori”. Es decir, el fujimorato venía preparando –y lo sigue haciendo- la respuesta por las vías legales, políticas y hasta militares(4)

Fujimori y “el pueblo”

Aún es común ver en las calles de Lima y en otras ciudades del interior, pintas enormes con frases como “Fujimori Libertad”, “El Chino es inocente” o “El pueblo espera tu libertad”, dejando el claro mensaje de que el fujimorato cuenta con considerable apoyo en los sectores populares que votaría sin ninguna duda por su hija, la actual congresista Keiko Fujimori y su proyecto político Fuerza 2011 en las siguientes elecciones. Esto es todo un tema que merece atención.

Desde que asumiera el poder en 1990, Alberto Fujimori ostentó una política de corte populista que pretendía maquillar las duras medidas neoliberales que iniciaba su gobierno, ajustando los cuellos de los trabajadores que habían sobrevivido al anterior régimen de hiperinflación de Alan García (1985-1990).

Con el lema “Honradez, tecnología y trabajo” se pretendió llegar a los sectores relegados por el gobierno predecesor, haciendo gala de un prototipo de personaje oriental –con casco de ingeniero laborioso, incluido- que podía sacar al país de la crisis financiera en la que estaba sumido. Así mismo, usó otro tema de vital importancia para aquella época: la lucha contra la subversión, que le valió como caballito de batalla durante todo su mandato.

Desde el Estado, se orquestaba todo un aparato mediático de terror donde se presentaba a la población en constante zozobra por el miedo senderista, que si bien era cierto que el común de la gente, sobre todo del sector rural del país, vivía acosada por las incursiones armadas de la vehemencia de Sendero, esto fue manipulado y exaltado y fue usado como justificación para el terror de estado, que vendría luego. Así las clases populares quedaron entre dos fuegos: el PCP-SL, por un lado y el Estado con sus Fuerzas Armadas (FF.AA) y su policía, por otro.

Entonces, el régimen fujimorista hallaba la excusa perfecta para poner en práctica todo el manual de guerra de baja intensidad aprendida en la escabrosa Escuela de las Américas por el asesor Vladimiro Montesinos y crear al escuadrón de la muerte Colina, que pretendía “combatir” el terror con más terror, según las propias declaraciones de Santiago Martin Rivas(5).

El propio jefe de Colina, cuando fue citado a testificar sobre el caso Fujimori, dijo que “el ex presidente Fujimori aprobó la política de guerra de baja intensidad y que el sabía que el objetivo era la destrucción de las organizaciones terroristas y la eliminación física de sus miembros” y agregó que “¿porque voy a encubrir a un par de delincuentes?”(6), en referencia al entonces procesado y a Montesinos.

De aquí, viene una de las principales premisas que usaba la defensa de Fujimori y él mismo cuando decían que el país le debe la “pacificación” y que fue este ex mandatario, el único que se enfrentó al este grupo armado. Sin duda este mensaje ha calado en los sectores marginales de la urbe limeña que está poblada por gran cantidad de inmigrantes provincianos que escaparon de sus tierras natales huyendo de la violencia desatada.

Son ellos, los que siguen viendo con buenos ojos al condenado Fujimori, pues dicen perdonarle todo –corrupción, asesinatos, etc.- por haber eliminado de raíz a los senderistas. Sin embargo ignoran los pactos y negociados que mantenían las cúpulas de Sendero con el mismo Montesinos(7) para dar “salidas convenientes” a ambos sectores. Es decir, quienes morían en combate, eran los guerrilleros de base y los soldados rasos u oficiales designados a las zonas de combate, hasta por antipatías personales de los altos mandos.

Estos sectores han sido muy bien canalizados por los políticos del proyecto fujimorista que los han usado a su antojo como trampolín en su afán de enquistarse en el parlamento o en algún otro cargo de importancia. Y de hecho lo han logrado, pues actualmente el fujimorismo representa una fuerza importante en el congreso que en alianza clara con la bancada aprista propone y aprueba leyes en beneficio de sus integrantes y de los sectores empresariales a los que representan y claro, en pos de una anulación y encubrimiento mutuo de los delitos de lesa humanidad perpetrados por sus dos jefes, Fujimori y Alan García.

Ahora, en un intento de mostrase como fuerza política con raigambre popular, casi imitando las estructuras de partidos o grupos de izquierda, han creado supuestas bases de apoyo en zonas pobres de la capital, que marchan con banderolas de fraseología populista y militarista. Veamos un poco, a estos bandos naranjas que se reclaman “del pueblo” y que en “nombre del pueblo” luchan por defender la vida y la integridad del “presidente Fujimori”, como aún suelen llamarle.

Podemos sintetizar este asunto, con el último desfile –sí, desfile de corte castrense y no movilización popular- donde se pudo ver a unas 2700 personas que llegaron de todo el país en 69 buses, contratados a cambio de un dinero mínimo que el comandante EP(r) Pedro Rojas Tataje, ex comando Chavín de Huantar(8), quien además formó el 2007, junto a Kenyi Fujimori (hijo menor del hoy sentenciado) una empresa de seguridad privada.

Trajes camuflados, rostros pintados y pasos militares frente a la tribuna (integrada por Keiko, su esposo y los congresistas de la bancada fujimorista) eran el marco de la demostración de fidelidad al caudillo preso. Organizaciones en grupos como “Base Chavín de Huantar, “Los guardianes del Chino”, “Comando Hasta quemar el último cartucho” y el más peligro, denominado “La Célula” comandada por Luis Contreras Jimeno, especialista en incursiones violentas a actos públicos y a locales, como el ataque al acto conmemorativo del Informe de la CVR en agosto del año pasado, con la destrucción del monumento “El ojo que llora”, construido en homenaje a las victimas de la violencia interna.

También, resalta otro grupo de operadores políticos que asaltó el Palacio de Justicia, dirigido por Patricia Vasquéz, donde destruyeron la mesa única de partes de la Corte Suprema que venía juzgando a Fujimori. Este hecho se produjo el mismo día que se aprobó la extradición al Perú.

En resumen, a lo largo de 19 meses, desde setiembre del 2007 a la fecha, estos grupos han realizado unas 30 acciones entre agresiones físicas, hostilización y amenazas contra miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público, abogados de la parte civil, familiares de las víctimas y compañeros que se manifestaban contra Fujimori. Y aunque Vasquéz y Contreras han sido denunciados ante la fiscalía y hasta han sido procesados, siguen actuando con normalidad. Esto demuestra una clara intención de violencia mediante brazos adiestrados que denota el reagrupe de fuerzas paramilitares en el país y la complicidad del gobierno aprista sobre Fujimori y sus seguidores.

Pues bien, es este el “pueblo que apoya al líder”, del que hablan los señores del fujimorismo. Es este “el sector popular que conscientemente entrega su vida por el caudillo” y que votará por la señora Keiko el 2011, para que desde el poder indulte a su padre y su querido Montesinos, como cuando el 95, Fujimori ordenó la aprobación de la ley de amnistía que beneficiaba y dejaba en libertad a los miembros de Colina, que habían sido hallados culpables de asesinatos y secuestro.

Si la hija de Fujimori no gana los comicios, habrá que ver las calles con violencia de color naranja. La guerra ya está avisada.

…Y llegó el día

A las 9.05 de la mañana del martes 7 de abril, se dio inicio a la última audiencia con la introducción del magistrado César San Martin, quien procedió a explicar que la sentencia es el producto del trabajo de más de 20 personas que desde el inicio del proceso se dedicó a analizar, catalogar y evaluar cada documento, testimonio y argumento expuesto durante el juicio.

Señaló que la sentencia final estaba contenida en 711 folios (páginas) de 830 párrafos y 1250 citas a pies de página y que a su vez se dividen en cuatro partes, subdivididos en capítulos, acápites y párrafos enumerados.

Enfatizó en que a parte del promedio mínimo de 50 muertos entre los años 91 y 92, se dieron otros crímenes especialmente en la zona de Ayacucho como parte del “plan anti-subversión” con participación directa del asesor presidencial y de inteligencia, Vladimiro Montesinos y del jefe de las FF.AA, Nicolás Hermoza Ríos.

Tras escuchar el fallo condenatorio, la señora Keiko se dirigió a sus seguidores para instarlos a la violencia con arengas proselitistas y acusaciones airadas contra el Tribunal que acababa su labor. Dijo claramente que desconocerían el fallo y que esto no quedaría allí.

De inmediato la defensa de Fujimori, presentó un pedido de nulidad que será visto en una siguiente instancia, donde esperan un mejor final. Hasta los expertos juristas y magistrados especializados señalan que es casi imposible que Fujimori salga antes de los 19 años de prisión. Aunque en nuestro país, tan conocido por sus “maravillas” legales y su impunidad aún reinante, cualquier cosa puede pasar.

Ahora el ex dictador debe afrontar un nuevo juicio por corrupción, por el caso del pago de 15 millones de dólares a su asesor Montesinos para comprar su silencio(9), respecto al destape de podredumbre que se vivía en el país el 2001, luego de que la prensa difundiera un video –posteriormente conocidos como los “vladivideos”- donde se veía al jefe del SIN entregando un gran monto de dinero al congresista Alberto Kouri.

Tras esto, Fujimori ordenó a los funcionarios del Ministerio de Economía que simularan una partida extraordinaria para el Ministerio de Defensa, supuestamente para fortalecer la frontera con Colombia, pero que en realidad era dinero destinado a Montesinos Torres.

Sin embargo, Montesinos no cumplió con la segunda parte del trato, pues huyó a Panamá y luego regresó amenazando a su ex socio con todas las evidencias en su poder. Allí empezó la desesperada “persecución” mediática, no para capturar a su ex asesor, sino para recuperar las pruebas que lo sindicaban.(10)

La Sala Penal que lo juzgará por este nuevo caso, asegura que también existen indicios factibles para condenarlo.

Condenan a Fujimori. ¿Y ahora qué?

Como señalamos líneas arriba, el proceso que seguimos viviendo en el Perú, es complejo por el desenlace que puede tomar. Es que aún nada está dicho.

Bien vale la pena, reconocer como un logro inmediato -esta sentencia- para las familias que nunca dejaron de luchar por sus familiares, para la memoria de los compañeros que fueron cobardemente asesinados o desaparecidos durante la dictadura, para los que anhelan reavivar la lucha popular desde las calles contra todo intento de autoritarismo y represión.

Ahora nos toca también mantener la mirada fija en el proyecto político que lidera la hija del genocida. Sobre ella, nos asalta una pregunta.

Si desde la década de los 90, Montesinos manejó el SIN y controló las FF.AA, la policía, el Poder Judicial, el parlamento y la prensa nacional todo en beneficio del nuevo régimen que aseguró su dictadura tras el autogolpe de estado del 5 de abril del 92. O sea Fujimori no podía gobernar ni vivir sin Montesinos y su brazo el SIN, desde el cual se organizaban las campañas políticas, las persecuciones a opositores, la fabricación de leyes que luego el congreso sumisamente aprobaba, es decir desde allí se cocinó los años de terror y neoliberalismo a los que nos sumió el Estado.
Es decir, Fujimori al carecer de un partido político o de un equipo sólido, sus ministros y congresistas solo recibían órdenes del siniestro asesor, quien a su vez cumplía dictámenes de Norteamérica. Y eso también está probado.

Por tanto, la pregunta es que si el dictador no podía vivir sin su Montesinos, ¿con quién gobernaría su hija Keiko? ¿Con las cabezas del fujimorato, tan ineptos como cínicos? Se deduce que una posible amnistía a Montesinos es imprescindible.

Ahora bien, creemos que el tema no es solo Fujimori condenado, sino seguir en la brecha por lograr que Alan García pague por sus crímenes durante su primer gobierno (y los que ahora ya ha cobrado). Debemos entender que la llamada “política antisubversiva” del fujimorato respondía a un programa ya desarrollado con anterioridad por los gobiernos de Belaúnde y García, desde el uso de las Fuerzas Armadas hasta las desapariciones y las torturas. Todo esto por mandato expreso de la CIA norteamericana en su afán de controlar todo intento de disidencia en Latinoamérica y mantener gobiernos títeres.

Es tarea de todo el movimiento popular y de las organizaciones políticas revolucionarias que actúan en el, saber canalizar todo lo que hoy se vive, sacar conclusiones y construir respuestas contundentes para impedir que otra dictadura use la maquinaria estatal para aplastar a quienes luchamos por el socialismo y la libertad.

A los libertarios del Perú nos queda seguir forjando la alternativa de clase que demuestre la viabilidad de nuestros postulados, los mismos que mediante la organización y la democracia directa avancen hacia nuestra finalidad emancipadora. Y tener presente que el tema no termina con los fallos que se puedan emitir desde instancias de la misma democracia oficial, sino que empieza un nuevo camino que recorrer y donde nos encontraremos en el fragor de las luchas contra las próximas elecciones y contras las nuevas arremetidas del Estado y el Capital.
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Notas:

(1) Los casos más famosos de crímenes de Estado, durante el gobierno de Alberto Fujimori, son el de Barrios Altos, donde se asesinó a quince personas incluido un niño de ocho años y se dejó con lesiones graves a otras cuatro personas, además de los nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, quienes fueron enterrados en fosas comunes de manera clandestina. Todo esto perpetrado por el Grupo Colina y bajo autorización del mismo Fujimori.
(2) Cuyo nombre formal es Partido Comunista Peruano – Sendero Luminoso o PCP-SL, considerado por el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), como el grupo armado al margen de la ley, que más víctimas cobró.
(3) Ver nuestro boletín Lucha Libertaria Nº 2 y el texto Asesinatos y paramilitarismo, paralelos en Perú y Colombia en www.uslperu.blogspot.com
(4) Basta ver el informe especial del diario La República del lunes 6 de abril, titulado (Fujimoristas) Amenazan con violencia, donde se observa a huestes con el típico uniforme color naranja (usado desde la última campaña electoral del 2006) desfilando con uniformes militares y hasta armamento –agrupados hasta en tres grupos de choque apoyados por Keiko Fujimori- en clara alusión violentista e intimidatoria a pocos días de que se emita el fallo.
(5) Según las declaraciones del propio jefe de Colina, Santiago Martin Rivas, en respuesta a las entrevistas del periodista Umberto Jara, recogidas en el libro Ojo por ojo.
(6) Diario Perú.21 del martes 8 de abril del 2008.
(7) Versión proporcionada, por el mismo Oscar Ramírez Duran (a) “Feliciano”, número dos de Sendero, quien al ser detenido e interrogado por la policía, dijo que existía tal entendimiento y complicidad entre el buró de su partido y el mismo Montesinos.
(8) Miembro del operativo “Chavín de Huantar” que incursionó en la embajada de Japón en Lima, en 1996 para rescatar a los rehenes y asesinar a los 14 miembros del MRTA que se encontraban en su interior.
(9) No solo trataba de silenciar a su cómplice, sino que Fujimori también exigía que se le entregara las evidencias (videos, documentos, etc.) de su largo maridaje o contubernio, que eran guardadas por Montesinos como un seguro ante una eventual traición de su cómplice.
(10) En este contexto se dio el “levantamiento popular” liderado por los hermanos Ollanta y Antauro Humala al sur del país, al mando de ex militares y reservistas, quienes decían “luchar contra la corrupción”, mientras esto pasaba, montesinos huía por el norte. Luego el mismo asesor dijo que tal “levantamiento” estaba muy bien pactado para ser usado como cortina de humo. Todo estaba orquestado por la mafia fuji-montesinista.


Por: Franz García Uceda - Unión Socialista Libertaria (USL)