Con la aseveración de que las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) contribuyeron económica y políticamente en el 2001 a la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, elegido a la postre Presidente del República, el confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, agregó un nuevo elemento a “su verdad” sobre la influencia del paramilitarismo en la vida política nacional.La afirmación fue hecha a través de su abogada defensora, Margaret M. Shalley, durante la audiencia de sentencia condenatoria celebrada este miércoles en la Corte del Distrito Sur de New York, luego de que el juez federal Richard M. Berman le diera la palabra momentos antes de imponer una pena de 31 años de prisión a Murillo Bejarano y el pago de cerca de 4 millones de dólares.
Shalley leyó un extenso documento en el que presentó a Murillo Bejarano como un “patriota, un hombre que ha sido víctima de la violencia en Colombia”, quien había contribuido a la elección de Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la República, aportando grandes cantidades de dinero y el apoyo en el proceso electoral de las Auc, consideradas terroristas por el gobierno de Estados Unidos desde septiembre de 2001.
Con esta declaración, la apoderada del confeso narcotraficante, ex Inspector General de las Auc y máximo líder de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, pretendía que el juez Berman atenuara la pena.
Pero esa injerencia de las Auc en la vida política nacional no ha sido la única verdad que ha narrado Murillo Bejarano desde la Metropolitan Correctional Center de New York, donde está recluido desde el 13 de mayo de 2008, cuando fue extraditado por decisión del Gobierno colombiano.
En un escrito enviado al juez Berman el pasado el 8 de abril, alias don Berna habría acordado con la Fiscalía General de la Nación participar con su versión de los hechos en los procesos por parapolítica que involucran a las ex congresistas Nancy Patricia Gutiérrez y Zulema del Carmen Zuleta Corrales. De acuerdo con lo consignado en esa misiva, “las autoridades colombianas han solicitado que el señor Murillo Bejarano dé sus declaraciones lo más pronto posible a fin de facilitar la investigación”.
El testimonio del jefe paramilitar en esos procesos fue acordado el pasado 3 de abril durante la visita que le hiciera el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana. Su participación ahora depende, según lo declarado ante el juez federal, de los acuerdos entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos sobre los procedimientos técnicos para realizar una teleconferencia.
En ese mismo escrito, la Shalley precisó que su apoderado sólo ha aportado el 10% de la información que sabe y estimó que de acuerdo a “la voluminosa cantidad de información que posee”, la participación en el Proceso de Justicia y Paz podría durar dos años, “eso si comparece 2 ó 3 días por mes”.
Varias semanas antes, en otro escrito remitido a la Corte Federal el 25 de febrero, alias don Berna reconoció que la Operación Orión, ejecutada en la comuna 13 de Medellín entre el 16 y el 19 de octubre de 2002 por tropas del Ejército, la Policía, el Departamento de Seguridad (Das) y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para atacar varios focos guerrilleros, se llevó a cabo en alianza con las Auc, y narró que de ello sabían el entonces general del Ejército Mario Montoya Uribe, hoy embajador de Colombia en República Dominicana, y el general de la Policía Nacional Leonardo Gallego, hoy en retiro.
“ Las fuerzas de autodefensa del Bcn (bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía ”, aseveró alias don Berna en su escrito al juez.
Y por último, a través de una carta fechada el 5 de diciembre del año pasado, el jefe paramilitar admitió que había apoyado la campaña del hoy alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, “a través de varios líderes comunitarios de la ciudad, apoyo de carácter económico y en publicidad”. Además, recordó que cuando éste se desempeñaba como Secretario de Gobierno de la ciudad, recibió varias veces su visita en la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí “para tratar asuntos relacionados con la situación social de Medellín”.
Shalley, coordinadora del equipo de abogados que defiende a Murillo Bejarano en ese país, notificó al juez Berman que su cliente iniciará desde Estados Unidos las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz el próximo 19 de mayo y continuará durante los días 20 y 21 siguientes.
Se presume que uno de los primeros temas que aborde sea el de comuna 13, y explique no solo los detalles de su colaboración con oficiales militares y policía durante la Operación Orión, sino la estrategia de guerra que dejó por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad.
Además, se espera que precise los apoyos que recibieron sus bloques, en especial el Cacique Nutibara, que operó en Medellín y el área metropolitana, por parte de empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a por lo menos 13.000 víctimas registradas en las bases de datos estatales y que alegan haber sido afectadas por hombres bajo su mando.
Roxanna Altholtz, directora adjunta de la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California Berkeley, y quien representó durante el proceso a la madre de un joven desaparecido por hombres al mando de alias don Berna en la comuna 13 de Medellín, días después de finalizada la Operación Orión, declaró que los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz deben aprovechar esas primeras versiones para obtener detalles de la colaboración de Murillo con la fuerza pública y obtener información sobre el alcance y los detalles del apoyo que le dio a la campaña de Uribe Vélez en el año 2001.
“Para nuestra cliente, la persona que estamos representando, la prioridad era la verdad. Entonces, vamos a quedar satisfechos una vez que Murillo hable sobre lo que conoce de las matanzas de comuna 13. También vamos a quedar satisfechos si él, de hecho, cumple esa pena de 31 años”, declaró Altholz.
De acuerdo con esta jurista, la pena impuesta a alias don Berna es negociable, siempre y cuando brinde información sobre su participación en el negocio de narcotráfico y el Departamento de Justicia norteamericano lo acepte. “Nuestra tarea será monitorear este proceso de cerca”, dijo la jurista.
Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas del Crímenes de Estado (Movice), destacó desde New York la aseveración hecha por la abogada defensora de Murillo Bejarano sobre los aportes de las Auc a la campaña de Uribe Vélez y aseveró que “es de mucho peso”.
“Es una afirmación muy grave que debe ser verificada por parte de las autoridades judiciales en Colombia”, reiteró Cepeda. “Y se suma a múltiples hechos que se han venido denunciando y que ya han sido judicializados en el país. No hay que olvidar que en Colombia ya hay sentencias condenando a importantes aliados políticos del presidente Uribe”.
Para este defensor de derechos humanos, lo importante es que la verdad comienza a aparecer como resultado del trabajo que han hecho en Estados Unidos las víctimas y sus abogados.
“Lo dijimos desde el momento que fueron extraditados los jefes paramilitares a este país: vamos a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena claridad sobre lo que ha significado la historia de sangre y de muerte de las Auc”, concluyó Cepeda.
IPC
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