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miércoles, 10 de febrero de 2010

Dos desmovilizados de Corporación Democracia aceptaron pertenecer a nuevas bandas en Medellín

Dos desmovilizados que hacían parte de la Corporación Democracia, una ong que formaron ex combatientes de las Auc, aceptaron ser miembros de nuevas bandas paramilitares que delinquen en la comuna 8.


El Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó el 25 de noviembre de 2003, en la ciudad de Medellín, con 868 miembros y entregó 497 armas.


Por el IPC especial para VerdadAbierta.com

En audiencia celebrada el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, los desmovilizados y a su vez ex integrantes de la Corporación Democracia, Edwin Tapias y Julio Perdomo, aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías, los cargos que le imputa la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intra-urbano y homicidio, constreñimiento y extorsión.

Los dos ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero junto a otras 18 personas en operativo realizado en el barrio Caicedo, comuna 8 de la ciudad, por miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. De acuerdo con las versiones oficiales, la acción de la Fuerza Pública permitió desarticular una banda al servicio de Eric Vargas, alias 'Sebastián'.

Lo curioso es que los relatos del Ente Acusador y la aceptación de cargos por parte de los imputados terminan por darle la razón a las denuncias de habitantes de los barrios Villa Turbay, Villa Liliam, Enciso, Caicedo, La Sierra, entre otros, que en su momento fueron desestimadas por entidades del orden municipal.

Desde 2005, organismos de control y organizaciones no gubernamentales han denunciado cómo Tapias y Perdomo, valiéndose de su condición de reinsertados, se apropiaron de dineros públicos a través del programa de Presupuesto Participativo y, por esa vía, amenazaron y desplazaron a varios líderes comunitarios y continuaron liderando poderosas estructuras criminales mientras fungían como gestores de paz.

Gracias a esta condición, Edwin Tapias y Julio Perdomo atendieron visitas de delegaciones nacionales e internacionales interesadas en conocer el trabajo de resocialización y de apoyo a la comunidad que adelantaban los desmovilizados bajo el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín.

De hecho, el pasado 24 de octubre de 2009, Tapias fue mediador en representación de la banda delincuencial de La Sierra, y suscribió un pacto de no agresión con Yeisón Velázquez, alias 'El Rolo', para detener una disputa que sostenían las dos bandas. El acto contó con la presencia del entonces secretario de Gobierno de Medellín, Juan Diego Vélez; y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Luis Eduardo Martínez.

Líderes acorralados
A finales de 2005, Héctor* tuvo que abandonar su barrio luego de recibir sendas amenazas por parte de un grupo de desmovilizados que controlaban la comuna 8. Esto ocurrió luego del asesinato de su amigo y compañero Augusto Henao, ocurrido en agosto del mismo año, y quien era el presidente de la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas.

Sobre esta desaparición existe una denuncia en Fiscalía en la que se sindica a Tapias como responsable. En ella se advierte que semanas antes de su asesinato, Henao sostuvo una acalorada discusión con Tapias, en aquel entonces líder comunal del barrio La Sierra. El cruce de palabras tuvo lugar un sábado de junio en uno de los consejos consultivos del programa Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.

Ese día, y en presencia del entonces secretario de Gobierno Municipal, Alonso Salazar Jaramillo, Tapias se opuso a la entrega de 108 millones a la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas, los cuales iban a ser invertidos en mejoras de infraestructura vial y programas para la comunidad, según consta en el expediente de la investigación que adelanta la Fiscalía en Medellín.

“Edwin, que se encontraba en esa reunión, se opuso rotundamente a eso y decía que la plata la necesitaba para un centro de computadores en el barrio. La Alcaldía decidió dividir ese recurso a la mitad para los dos barrios. La reunión se acabó y cuando íbamos a coger la buseta Edwin dijo que ese 'hijueputa' no se iban a salir con la suya, que eso no se quedaba así”, relató Héctor a las autoridades, quien aún no puede retornar a su barrio.

“Intenté volver en el 2008, pero todo estaba igual. Tapias seguía con el mismo poder, rodeado de los asesinos que siempre lo cuidan y cobrándole la vacuna a las tiendas”, contó el líder.

Pero esta no fue la única denuncia contra los desmovilizados. En octubre de 2006, varios habitantes de la comuna 8 denunciaron ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín cómo los desmovilizados, en cabeza otra vez de Edwin Tapias, Julio Perdomo y John William López, extorsionaban a los locales comerciales, imponían controles sociales y presionaban a los líderes tradicionales.

Gustavo Villegas, para la fecha secretario de Gobierno de la ciudad, desestimó en su momento las denuncias pues señaló que no había denuncia concreta contra ninguno de los integrantes del proceso de reinserción, según reposa en un informe de la Personería de Medellín del 2006.

Hoy día, los tres ex combatientes se encuentras detenidos y, como en el caso de López, ya pesa una condena ratificada en segunda instancia de 23 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento y desplazamiento forzado intraurbano.

Jugando a la legalidad
Una de las situaciones más complejas que debieron enfrentar las autoridades municipales durante todo el proceso de reinserción de los ex combatientes de las Auc fueron las trampas que, desde la legalidad, le hicieron a la ciudad.

Gracias a la conformación de pequeñas corporaciones sin ánimo de grupo, los desmovilizados se apropiaron de recursos públicos mediante la modalidad de contratación, que luego fueron desviados para fortalecer actividades ilegales.

Ejemplo de ello fue la ampliación del Colegio Villa Turbay, ubicado en el barrio del mismo nombre, en la comuna 8 de la ciudad. Las obras fueron entregadas oficialmente en septiembre de 2009, cuando debieron culminarse en diciembre de 2008.

Las demoras obedecieron a que la firma bogotana Telval S.A, a quien la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín le adjudicó el contrato para la ampliación del colegio el 22 de enero de 2008, y algunas fuentes de la empresa que pidieron el anonimato confirmaron que fueron obligados a contratar personal no calificado y el servicio de vigilancia de la obra con la Corporación La Sierra Con Futuro, creada por Edwin Tapias.

La demora hubiera pasado desapercibida de no ser por las denuncias de intimidaciones a la empresa constructora para que sólo escogiera al personal que le señalara Edwin Tapias.

Según la empresa, el personal que contrataron con la Ong de los desmovilizados permitió robos por 50 millones de pesos durante el proceso de construcción. El caso adquirió mayor complejidad debido a las amenazas de muerte contra el interventor de la obra cuando intentó parar la situación.

En este caso, los correctivos de la Administración Municipal se limitaron a suspender los contratos con La Sierra con Futuro y a emitir unas directrices sobre los procesos de contratación de mano de obra no calificada, según aseguraron fuentes de Telval.

Otro caso parecido ocurrió con la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega, que agrupaba desmovilizados del bloque Héroes de Granada y cuyo representante legal era Julio Perdomo, el otro desmovilizado capturado y que aceptó los cargos de la Fiscalía. La Cooperativa contrataba legalmente servicios de vigilancia y aseo de algunas colegios oficiales de la comuna 8.

En el 2008 varias instituciones donde Omega prestaba sus servicios registraron robos y además según algunos profesores en algunos colegios se encontraron caletas para armas y, en otras, los maestros aseguran que fueron presionados por los desmovilizados a imponer su propio código de conducta. Ante estas denuncias la Secretaría de Educación solo modificó los términos de contratación para este tipo de servicios.

Acción tardía
Algunos habitantes de la comuna 8 se preguntan ahora sí con las capturas realizadas en la madrugada del viernes 5 de febrero regresará la calma a este sector de la ciudad, escenario de una confrontación entre bandas de delincuencia organizada integradas en su mayoría por desmovilizados de las Auc.

También hay expectativas entre defensores de derechos humanos sobre lo que puedan revelar ambos desmovilizados sobre el asesinato de Alexander Pulgarín, ocurrido el 21 de diciembre de 2009. Pulgarín, conocido entre sus amigos como Pipa, era integrante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y sobre el pesaban amenazas de muerte proferidas por miembros del proceso de reinserción, entre ellos John William López y Edwin Tapias.

Mientras se despejan estas dudas, lo que queda claro es que el modelo de reinserción implementado por la Alcaldía de Medellín no logró contener a tiempo la intrincada red que se fue tejiendo entre legalidad e ilegalidad y que permitió que personas como Tapias y Perdomo posaran de hombres de paz en el día y señores de la guerra en las noches.

Algunos integrantes de estas ongs que conformaron desmovilizados y que se establecieron en la comuna 8 siguieron delinquiendo como fueron los casos de Antonio López, alias Job y John Jairo Hidalgo, ambos asesinados en el 2008, y a John William López, condenado a 23 años de prisión.

De otro lado, la preocupación ahora es por la suerte de las familias que fueron desplazadas por estos desmovilizados, muchas de las cuales aún no pueden retornar a sus barrios pues advierten que la situación no muestra mejoría. Incluso, activistas como Fernando Quijano, director de Corpades, advierten que en la comuna 8 la criminalidad pareciera que tuviera un dicho: “a rey muerto, rey puesto”.

“Hay personajes con mucho poder en ese sector sobre los que las autoridades tienen poca información. Tampoco creo que se haya debilitado la estructura de Sebastián”, conceptuó.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente

El Instituto Popular de Capacitación es una ong que hace monitoreo sobre la situación de Violencia y Derechos Humanos en Medellín y Antioquia


Por: IPC
Tomado de: www.verdadabierta.com

lunes, 7 de septiembre de 2009

jueves, 13 de agosto de 2009

Las llamadas “CONVIVIR” parecen convertirse en la mano negra de la institucionalidad de Medellín

Reproducimos Comunicado Público de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social CORPADES, sobre las CONVIVIR en la ciudad de Medellín.


COMUNICADO PÚBLICO



“Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga”.

Denis Diderot (1713-1784) Escritor francés.






“LAS LLAMADAS “CONVIVIR” PARECEN CONVERTIRSE EN LA MANO NEGRA DE LA INSTITUCIONALIDAD EN MEDELLÍN”


Denunciamos, ante la opinión pública nacional e internacional, que en la ciudad de Medellín se sigue consolidando la “pactación” entre la legalidad representada en la institucionalidad y la ilegalidad representada en las llamadas “Convivir”. Estas agrupaciones de “vigilancia y seguridad” no son más que otro instrumento de control ciudadano y territorial que se viene fortaleciendo en la llamada ciudad solidaria: dichas organizaciones en la mayoría de los casos dependen de las estructuras para-mafiosas, como es el caso de la llamada oficina de Envigado.

Según investigaciones recientes, realizadas por el Centro de Investigaciones Urbanas (CIU) de CORPADES, a la fecha este fenómeno de seguridad ilegal alcanza un número bastante significativo, nuestra institución ha logrado detectar alrededor de 19 agrupaciones las cuales están compuestas por desmovilizados ex -paras, ex –milicianos, ex -policías y miembros activos del paramilitarismo y la mafia.

Las actividades que realizan las “Convivir” van desde el cobro de las “vacunas”, las extorsiones, vigilancia las 24 horas del día, la protección y manejo de las plazas del tráfico interno de drogas, el asesinato y la realización de “positivos” para encubrir su actuar criminal; además de ejercer como oficinas de cobro y sicariato.

Se arropan en el Programa que impulsa la Administración Municipal llamado “REDES DE APOYO CIUDADANO”, del cual reciben no solamente radios de comunicación entregados por la Empresa Metropolitana para la Seguridad “METROSEGURIDAD”, sino que además se carnetizan y se les dota de armas amparadas por la Cuarta Brigada, lo que les permite jugar entre lo legal y lo ilegal.

Su radio de acción se ubica ya no sólo en el centro de la ciudad y su área circundante, sino que hoy llega a sitios como los alrededores del sector del Estadio, lugar en el que está acantonada la sede de la IV Brigada del Ejército. Los sitios de la ciudad en los que se ha identificado la presencia de las “Convivir” son los siguientes:

Barbacoas y Parque Bolívar, San Antonio, “El hueco”, Alhambra, Veracruz, Raudal y Rojas Pinilla, Sector carrera 52 con calles 49 y 50, Sector Carabobo entre Ayacucho y Colombia (Esquina Drogas la Rebaja), Sector entre calles 46 y 49 (Maturín hasta Junín), y desde la carrera 53 hasta la carrera 54 (Cundinamarca hasta Cúcuta), Sector Pasaje la Bastilla y alrededores entre la calle 52 Ayacucho hasta la Avenida de la Playa y desde la carrera 47 hasta la carrera 49, desde Sucre hasta Junín, Calle 45 entre carreras 54 y 55, Calle 65 con carrera 54, Avenida Oriental con la Playa, Sector Carabobo con Juanambú, Rojas Pinilla llegando al Raudal, Sector Parque del Periodista (este grupo tiene incidencia directa en dicho parque y sus alrededores), desde la avenida Oriental hasta la carrera 42 y desde la calle 52 hasta la calle 59, Sector Juanambú hasta la Paz y desde Bolívar hasta Carabobo, Sector del viaducto, incidencia directa desde la Paz hasta Juanambú, Sector Padilla con Tenerife, Avenida Oriental con Sucre, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo de antemano que una nueva cortina de humo se tenderá sobre esta grave situación, y como ya es costumbre, asistiremos al espectáculo de ver presurosa a la Institucionalidad saliendo al paso a negar esta realidad, hemos tomado la decisión de presentar los siguientes seriales y marcas de algunos radios de comunicación, de armas de fuego con salvoconducto y números de carné, de las cuales existe el grave indicio que presuntamente pertenecen a los miembros de las “Convivir”, con esto buscamos que se abra el debate público sobre la construcción de la Seguridad y la Convivencia en una ciudad que por años ha utilizado a la ilegalidad como la mano negra, que hace el trabajo sucio que ella no puede realizar:

Armas amparadas por la Cuarta Brigada:


- Revólver, calibre 38 largo, marca Llama Martial, Nº Interno 19028, Nº Externo IM6418X, permiso para porte Nº P1029070 hasta el 061007.


- Revólver calibre 38 largo, marca Llama Scorpio, número interno 260218, número externo IM6303Y, con permiso para porte número 1202677.


- Revólver calibre 38 largo, marca Llama Scorpio, número externo IM-7748V, número Interno 03829, permiso para porte Nº P1278489.


- Revólver calibre 38 largo, marca Llama Casiddy, número externo M-8182P, número Interno 025, permiso para porte Nº P1065344.


- Revólver marca Llama Casiddy, calibre 38 largo con permiso para porte Nº P1212511.


- Revólver calibre 38 largo, marca Llama Cassidy, número interno 14667, número externo IM43165, permiso para porte Nº P1212511.



Radios de comunicación y carnés entregados por METROSEGURIDAD:



- Carné Nro.1894 y radio de comunicaciones marca Motorola EPP450, serie Nº 442TGTK029.


- Radio de comunicación marca Kenwood, modelo TK2202, serie 80105213 y carné 2622 de la Empresa Metropolitana Para La Seguridad, Red De Apoyo Ciudadano.


- Radio de comunicación marca Kenwood modelo TK2202 serie 61004270 y carné 1890 de la Empresa Metropolitana Para La Seguridad, Red De Apoyo Ciudadano.


Frente a la gravedad de esta aberrante situación que pone en tela de juicio la institucionalidad de papel, que con su actuación menoscaba aún más nuestra precaria democracia y ante esta nueva evidencia que de ser cierta, podría demostrar que los pactos entre el poder formal, el poder real legal y el poder ilegal existen y que el Cogobierno del proyecto para-mafioso no es una sensación o mito urbano.



Solicitamos públicamente:


- A la Fiscalía General de la Nación que inicie una exhaustiva investigación sobre la forma como vienen gestándose y desarrollando los planes de Seguridad y Convivencia en Medellín; además que se investiguen las actuaciones de funcionarios, servidores públicos de todo orden y comerciantes que están comprometidos en esta actividad criminal.


- A la Personería Municipal que investigue las actuaciones de los miembros de Espacio Público, Metro Seguridad y Secretaría de Gobierno que han patrocinado estas actuaciones criminales.



Pero además exigimos que:


- Se desmantele el Programa denominado “Red de Apoyo Ciudadano”.


- Se persigan, se judicialicen y se erradiquen los miembros de las llamadas “Convivir”.


- Se destituya a los funcionarios públicos que han permitido semejante contubernio entre paramilitares, mafiosos e institucionalidad.


- Se conozca de manera pública cuantas personas hacen parte de la Red de Apoyo Ciudadano, con qué logística se le ha dotado y en que sitios de la ciudad operan.


- Que se investigue a los comerciantes de la ciudad que no sólo han apoyado este tipo de seguridad ilegal, sino que además se les exija que entreguen los datos contables sobre los recursos que han entregado a estos grupos ilegales.



Por: Corporación para la Paz y el Desarrollo Social CORPADES
Tomado de: corpadesong@gmail.com

lunes, 11 de mayo de 2009

Libertades Ciudadanas?

COMITÉ MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS
PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO
SE MANTIENEN GRAVES LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LAS LIBERTADES CIUDADANAS EN MEDELLÍN


Cincuenta personas, representantes de organizaciones sociales, populares y no gubernamentales de la ciudad, reunidas el pasado 29 de abril en la Universidad de San Buenaventura, en Asamblea del Comité Municipal de Derechos Humanos, presentaron un conjunto de hechos que evidencian la grave situación que en materia de ejercicio de las libertades ciudadanas se presenta en la ciudad.

Hechos como la permanencia de controles ilegales de todo tipo en diversos sectores de Medellín, realizados por múltiples grupos armados ilegales, así como restricciones a la libre movilización de los ciudadanos y ciudadanas, junto con la proliferación de amenazas colectivas y generalizadas mediante panfletos e intimidaciones, al igual que desplazamientos forzados intraurbanos, dinámicas de reclutamiento forzado, trata de personas, acciones de violencia sexual, amenazas a la libertad sindical e intentos de construir procesos judiciales infundados y detenciones arbitrarias, son algunas de las prácticas más denunciadas durante esta Asamblea Ciudadana.

Como responsables de estas violaciones de derechos humanos, aparecen un amplio y difuso conjunto de grupos armados ilegales, grupos de paramilitares y desmovilizados que mantienen acciones criminales, grupos de vigilancia ilegal ¨Convivir¨, así como integrantes de la fuerza pública y entidades estatales que sea por acción o por omisión, son responsables de acciones de restricción a las libertades ciudadanas.

Si bien es cierto muchas de estas acciones criminales se producen en el espacio público, se denuncian acciones prácticamente en todas las comunas y corregimientos de la ciudad, afectando de manera generalizada a vastos sectores ciudadanos. Se destacan las acciones reiteradas y sistemáticas contra poblaciones tradicionalmente vulneradas y estigmatizadas como son los y las jóvenes, en especial estudiantes, niños, y niñas, mujeres, sindicalistas, defensores y defensoras de derechos humanos e integrantes del sector de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas (LGBT).

Culmina la sesión llamando la atención sobre tres asuntos:


* La urgente y necesaria labor de depuración de la fuerza pública, pues son reiteradas las denuncias sobre prácticas de connivencia en diversos lugares de la ciudad entre integrantes de las distintas instituciones que conforman la fuerza pública con integrantes de grupos armados ilegales;



* Rechazar por ser una medida innecesaria y equivocada, la oferta del Municipio de Medellín de asumir presupuestalmente el incremento del pie de fuerza, dado que el mejoramiento de la convivencia y la garantía de los derechos humanos para todos los habitantes de la ciudad, requiere una intervención integral y que se salga de los enfoques represivos y militaristas que predominan en los actuales momentos;



* Paradójicamente, preocupa la indiferencia y resistencia de las autoridades del Municipio de Medellín a reconocer la gravedad de las situaciones expuestas, así como para asistir a espacios de deliberación pública y debate en los cuales se critican argumentada y razonablemente los problemas de libertades en la ciudad. En cambio, pareciera predominar la decisión de sólo asistir allí donde se aplaude y avala todo lo que desde la Administración se hace. Una construcción democrática de la ciudad también entraña el reconocimiento de las diferencias y la interlocución con las organizaciones que plantean críticas documentadas y responsables.

Medellín vive un momento complejo en materia de libertades, y necesita una acción clara y decidida de sus autoridades para cortar las actividades ilegales de grupos armados, a lo cual se suman otras realizadas por parte de representantes de instituciones estatales que inciden en la restricción de derechos humanos fundamentales. Las organizaciones abajo firmantes, integrantes de este Comité Municipal de Derechos Humanos nos declaramos en alerta y estaremos atentas a la evolución de la situación y a la respuesta de las autoridades.


Asociación de Institutores de Antioquia ADIDA
Asociación Campesina de Antioquia ACA
Asociación de mujeres que aman mujeres - Medellín
Central Unitaria de Trabajadores C.U.T
CEMCABA La Moña
Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL
Corporación Educativa Combos
Corporación Jurídica Libertad
Corporación Nuevo Arco Iris
Corpades
Corporación para la Vida Mujeres que Crean
Corporación Vamos Mujer
Corporación Penca de Sábila
Corporación El Solar
Corporación Convivamos
Escuela Nacional Sindical
Fundación Sumapaz
Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos
Grupo Contracorriente
Habeas Corpus
Instituto Popular de Capacitación
Red Juvenil
Ruta Pacífica de las Mujeres
Universidad San Buenaventura
Unidad Permanente de Derechos Humanos-Personería de Medellín

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Grupo interunivestitario estudiantil KAVILANDO

sábado, 25 de abril de 2009

Un líder paramilitar reconoce que financió la campaña electoral de Uribe

Con la aseveración de que las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) contribuyeron económica y políticamente en el 2001 a la campaña del entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, elegido a la postre Presidente del República, el confeso narcotraficante y jefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, agregó un nuevo elemento a “su verdad” sobre la influencia del paramilitarismo en la vida política nacional.

La afirmación fue hecha a través de su abogada defensora, Margaret M. Shalley, durante la audiencia de sentencia condenatoria celebrada este miércoles en la Corte del Distrito Sur de New York, luego de que el juez federal Richard M. Berman le diera la palabra momentos antes de imponer una pena de 31 años de prisión a Murillo Bejarano y el pago de cerca de 4 millones de dólares.

Shalley leyó un extenso documento en el que presentó a Murillo Bejarano como un “patriota, un hombre que ha sido víctima de la violencia en Colombia”, quien había contribuido a la elección de Álvaro Uribe Vélez como Presidente de la República, aportando grandes cantidades de dinero y el apoyo en el proceso electoral de las Auc, consideradas terroristas por el gobierno de Estados Unidos desde septiembre de 2001.

Con esta declaración, la apoderada del confeso narcotraficante, ex Inspector General de las Auc y máximo líder de los bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová, pretendía que el juez Berman atenuara la pena.

Pero esa injerencia de las Auc en la vida política nacional no ha sido la única verdad que ha narrado Murillo Bejarano desde la Metropolitan Correctional Center de New York, donde está recluido desde el 13 de mayo de 2008, cuando fue extraditado por decisión del Gobierno colombiano.

En un escrito enviado al juez Berman el pasado el 8 de abril, alias don Berna habría acordado con la Fiscalía General de la Nación participar con su versión de los hechos en los procesos por parapolítica que involucran a las ex congresistas Nancy Patricia Gutiérrez y Zulema del Carmen Zuleta Corrales. De acuerdo con lo consignado en esa misiva, “las autoridades colombianas han solicitado que el señor Murillo Bejarano dé sus declaraciones lo más pronto posible a fin de facilitar la investigación”.

El testimonio del jefe paramilitar en esos procesos fue acordado el pasado 3 de abril durante la visita que le hiciera el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana. Su participación ahora depende, según lo declarado ante el juez federal, de los acuerdos entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos sobre los procedimientos técnicos para realizar una teleconferencia.

En ese mismo escrito, la Shalley precisó que su apoderado sólo ha aportado el 10% de la información que sabe y estimó que de acuerdo a “la voluminosa cantidad de información que posee”, la participación en el Proceso de Justicia y Paz podría durar dos años, “eso si comparece 2 ó 3 días por mes”.

Varias semanas antes, en otro escrito remitido a la Corte Federal el 25 de febrero, alias don Berna reconoció que la Operación Orión, ejecutada en la comuna 13 de Medellín entre el 16 y el 19 de octubre de 2002 por tropas del Ejército, la Policía, el Departamento de Seguridad (Das) y el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía para atacar varios focos guerrilleros, se llevó a cabo en alianza con las Auc, y narró que de ello sabían el entonces general del Ejército Mario Montoya Uribe, hoy embajador de Colombia en República Dominicana, y el general de la Policía Nacional Leonardo Gallego, hoy en retiro.

“ Las fuerzas de autodefensa del Bcn (bloque Cacique Nutibara) llegaron a la Comuna 13 como parte de la alianza con la Cuarta Brigada del Ejército, incluyendo a los generales Mario Montoya, del Ejército, y Leonardo Gallego, de la Policía ”, aseveró alias don Berna en su escrito al juez.

Y por último, a través de una carta fechada el 5 de diciembre del año pasado, el jefe paramilitar admitió que había apoyado la campaña del hoy alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, “a través de varios líderes comunitarios de la ciudad, apoyo de carácter económico y en publicidad”. Además, recordó que cuando éste se desempeñaba como Secretario de Gobierno de la ciudad, recibió varias veces su visita en la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí “para tratar asuntos relacionados con la situación social de Medellín”.

Shalley, coordinadora del equipo de abogados que defiende a Murillo Bejarano en ese país, notificó al juez Berman que su cliente iniciará desde Estados Unidos las versiones libres en el proceso de Justicia y Paz el próximo 19 de mayo y continuará durante los días 20 y 21 siguientes.

Se presume que uno de los primeros temas que aborde sea el de comuna 13, y explique no solo los detalles de su colaboración con oficiales militares y policía durante la Operación Orión, sino la estrategia de guerra que dejó por lo menos 72 desaparecidos entre octubre de 2002 y diciembre de 2003 en ese sector de la ciudad.

Además, se espera que precise los apoyos que recibieron sus bloques, en especial el Cacique Nutibara, que operó en Medellín y el área metropolitana, por parte de empresarios, comerciantes y políticos, y le responda a por lo menos 13.000 víctimas registradas en las bases de datos estatales y que alegan haber sido afectadas por hombres bajo su mando.

Roxanna Altholtz, directora adjunta de la Clínica Legal de Derechos Humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad California Berkeley, y quien representó durante el proceso a la madre de un joven desaparecido por hombres al mando de alias don Berna en la comuna 13 de Medellín, días después de finalizada la Operación Orión, declaró que los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz deben aprovechar esas primeras versiones para obtener detalles de la colaboración de Murillo con la fuerza pública y obtener información sobre el alcance y los detalles del apoyo que le dio a la campaña de Uribe Vélez en el año 2001.

“Para nuestra cliente, la persona que estamos representando, la prioridad era la verdad. Entonces, vamos a quedar satisfechos una vez que Murillo hable sobre lo que conoce de las matanzas de comuna 13. También vamos a quedar satisfechos si él, de hecho, cumple esa pena de 31 años”, declaró Altholz.

De acuerdo con esta jurista, la pena impuesta a alias don Berna es negociable, siempre y cuando brinde información sobre su participación en el negocio de narcotráfico y el Departamento de Justicia norteamericano lo acepte. “Nuestra tarea será monitorear este proceso de cerca”, dijo la jurista.

Iván Cepeda, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas del Crímenes de Estado (Movice), destacó desde New York la aseveración hecha por la abogada defensora de Murillo Bejarano sobre los aportes de las Auc a la campaña de Uribe Vélez y aseveró que “es de mucho peso”.

“Es una afirmación muy grave que debe ser verificada por parte de las autoridades judiciales en Colombia”, reiteró Cepeda. “Y se suma a múltiples hechos que se han venido denunciando y que ya han sido judicializados en el país. No hay que olvidar que en Colombia ya hay sentencias condenando a importantes aliados políticos del presidente Uribe”.

Para este defensor de derechos humanos, lo importante es que la verdad comienza a aparecer como resultado del trabajo que han hecho en Estados Unidos las víctimas y sus abogados.

“Lo dijimos desde el momento que fueron extraditados los jefes paramilitares a este país: vamos a seguir buscando la verdad, la justicia y la reparación en todos los escenarios posibles hasta que en Colombia pueda hacerse plena claridad sobre lo que ha significado la historia de sangre y de muerte de las Auc”, concluyó Cepeda.


IPC
www.ipc.org.co

martes, 10 de febrero de 2009

CON AYUDA ECONÓMICA DE LA ALCALDIA, REINSERTADOS COMPRAN ARMAS

Por: IPC

Medellín, feb 02 (IPC) Algunas bandas delincuenciales de Medellín habrían encontrado el medio más expedito para financiar la compra de armas y fortalecer su actividad criminal: recurrir a las ayudas económicas que entrega la Alcaldía de Medellín a través del Programa Paz y Reconciliación.

Así lo revelan informes de Policía Judicial y testimonios recogidos por la Agencia de Prensa IPC que advierten cómo en algunas comunas de Medellín los reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) vinculados al proceso de Reintegración Social y Económica y muchachos beneficiarios del programa Jóvenes en Alto Riesgo, ambos coordinados por el programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía, estarían destinando un porcentaje de sus auxilios económicos a un “fondo común” con el fin de utilizarlo en la compra de armas ilegales.

Según informes de cuerpos de inteligencia, a través de esta vía se vienen fortaleciendo bandas y combos de las comunas 3, 4, 8 y 13, coincidencialmente cuatro de las seis zonas donde se presentaron más muertes violentas el año anterior y donde los censos indican mayor concentración de desmovilizados de las Auc en Medellín.

La Fiscalía ha recepcionado en los últimos meses denuncias de pobladores de la comuna 13 que indican la recurrente adquisición de armas por parte de los jóvenes que integran los combos que actualmente operan en la zona, algunos de ellos integrados por desmovilizados de las Auc.

El testimonio de Carlos*, ex miembro del bloque Héroes de Granada y residente en uno de los populosos barrios de esta comuna, confirmó la existencia de esta práctica: “Los pelados que están en Jóvenes en Alto Riesgo, sobre todo los del 20 (de Julio), creo que también los del (Independencias) 2 y los del (Independencias) 3, todo ese combo, el día que les pagaban entre ellos mismos se ponían una cuota. Yo no sé cuánto les están pagando a ellos, creo que 350 mil pesos, tampoco sé cuánto pone cada uno, pero dependiendo de lo que les pagaban, aportaban”.

De acuerdo con el desmovilizado, las bandas de este sector del occidente de Medellín sostienen desde el año pasado una férrea disputa por el control de los barrios y de las actividades ilícitas; situación que ha incrementado la necesidad de armamento y de recursos para adquirirlo.

Dichos enfrentamientos desataron una ola de violencia que, el año anterior, dejó un saldo de más de 68 personas muertas, lo que representó un incremento del 23% con respecto al número de muertes violentas registradas en la comuna 13 en 2007.

Los niveles de confrontación han llegado a tal punto que ya entre los jóvenes de la comuna 13 se habla con insistencia de alianzas entre combos y de éstos con organizaciones criminales de “mayor poderío”, como la Oficina de Envigado o la gente de alias don Mario, a fin de obtener mayores ingresos y más armamento para fortalecer su dominio territorial.

“Cada combo busca el patrocinio como puede”, sostuvo Carlos, quien agregó que “esos pelados de (el programa) Alto Riesgo siempre son bastanticos, deben recoger buena plática”.

“No hay ninguna prueba”
Además de constituir una amenaza contra el monopolio de las armas que debe residir en las fuerzas del Estado, un arma representa, según los investigadores judiciales, múltiples formas de ingresos ilegales.
“Un revolver o una pistola es como una especie de ‘capital semilla’. Se puede alquilar, puedo participar de una actividad ilegal, me vuelvo importante”, explicó un investigador judicial consultado por la Agencia de Prensa IPC.

Si bien fuentes de la Policía Judicial indicaron que el tema fue puesto en conocimiento de las autoridades municipales, Jorge Gaviria, director del programa de Paz y Reconciliación, aseveró “no tener ninguna denuncia al respecto”.

“Desde que se creó este Programa han surgido comentarios de ese tipo: que los desmovilizados utilizan las ayudas económicas para comprar armas, nos dicen que eso está pasando pero, cuando salimos a comprobar en el terreno, nunca comprobamos nada”, agregó Gaviria.

Actualmente Paz y Reconciliación atiende a unos 4.295 desmovilizados de la Auc y unos 1.056 jóvenes entre los 18 y 26 años, en su totalidad habitantes de las zonas nororiental, noroccidental, centro oriental y occidente de Medellín, figuran como beneficiarios del programa Jóvenes en Alto Riesgo.

En este último caso, se trata de un trabajo de prevención dirigido a la población juvenil en riesgo de pertenecer a grupos armados ilegales, que nació en el 2006 y que utiliza el mismo modelo de intervención que se emplea con los desmovilizados.

Es decir, que una población cercana a los 5.500 jóvenes vienen participando en actividades educativas, talleres psicosociales grupales y acompañamiento individual y programas para generación de ingresos. Por la participación en un mínimo del 75% del total de actividades, cada beneficiario recibe unos 400 mil pesos.

Los balances de Paz y Reconciliación también indican que desde 2004, año en que se creó este programa, han sido expulsados un total de 86 beneficiarios, o bien desmovilizados que incurrieron en actividades delictivas o bien jóvenes que no cumplieron los compromisos pactados.

Sin embargo, lo que esperan los investigadores judiciales es una mayor vigilancia a quienes están recibiendo las ayudas económicas municipales y sanciones más drásticas para aquellos que están desviando dichos fondos para la compra de armamento.

*Nombre cambiado a petición de la fuente

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