MIENTRAS LA OPINIÓN PÚBLICA SE embelesa con la reelección, lloran las madres de Soacha. En tiempos de hegemonía personalista, crujen las instituciones.
El Procurador amasa su concepto con lecturas parciales de fallos de la Corte Constitucional. Simultáneamente otros seis militares —van veinticuatro y vienen muchos más— quedan en libertad por vencimiento de términos en los casos de asesinatos de jóvenes inocentes a manos de la Fuerza Pública para hacerlos pasar por guerrilleros. La constante histórica de dar prioridad a la picaresca política sobre la justicia permite comprender la debilidad de un Estado de derecho para cuya posible existencia es medular una justicia pronta e imparcial. Algunas afirmaciones del más alto Magistrado de la Patria sirven para entender la mascarada en que vivimos.
Hace cuatro meses el Presidente de la República exhortaba a su recién posesionado ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján —ahijado político del semicandidato Juan Manuel Santos— a implementar mecanismos encaminados a la defensa jurídica de los militares acusados de participar en los “falsos positivos”. Lo hacía ante lo que llamó las “falsas denuncias de homicidios cometidos por integrantes de las Fuerzas Militares”. Advertía en esa oportunidad el presidente Uribe que acusar a la Fuerza Pública y enseguida no probar los hechos era una “falsa acusación” que buscaba hacer daño a la Fuerza Pública, finalmente la responsable de la política de seguridad democrática.
La defensa de los acusados hizo eficazmente su trabajo. Los acusados recobraron su libertad provisional al no probarse en el término de ley su responsabilidad penal ante los jueces. La reacción internacional no se hizo esperar. Se prendieron las alarmas por la posible impunidad de graves crímenes, sistemáticos y continuados, cometidos por agentes del Estado. La espada de Damocles de la Corte Penal Internacional volvió a blandir sobre las cabezas de los responsables. Rápidamente, en su primera declaración sobre el tema, el presidente Uribe expresó su inconformismo por las decisiones judiciales. En comunicado a la opinión pública formuló la doctrina que los jueces deberían seguir en estos casos: “Dar libertad por vencimiento de términos en casos de crímenes graves afecta tanto a la democracia, como dar libertad en delitos de lesa humanidad con base en la figura de la prescripción. Hoy las democracias niegan la prescripción frente a delitos atroces. En la misma forma se debe negar el vencimiento de términos”. Además de la intromisión en asuntos de competencia de la rama judicial, de la errónea analogía penal (que iguala la excepción a la prescripción con la excepción a la libertad provisional) y del desconocimiento de las garantías legales para los militares, el presidente Uribe sale en defensa del “honor” de los liberados que, a su juicio, vale más que su libertad.
El debate sobre el referendo en época electoral sirve para ocultar el costo de la seguridad democrática: la política de tierra arrasada apoyada en el paramilitarismo, con su estela de cuatro millones de desplazados forzados y de miles de asesinados de jóvenes inocentes. Es hora de quitarse la máscara y aceptar que para el Presidente y el ex ministro Santos el desplazamiento forzado y los falsos positivos son la cuota de sangre, sudor y lágrimas exigible a los colombianos para “pacificar” al país. Y mientras muchos se divierten con los juegos jurídico-político-electorales, los menos pero cada vez más seguiremos esperando que la justicia internacional rescate un mínimo de humanidad en un país de asesinos e indolentes.n/a
Por: Rodolfo Arango
Tomado de: El Espectador
El Procurador amasa su concepto con lecturas parciales de fallos de la Corte Constitucional. Simultáneamente otros seis militares —van veinticuatro y vienen muchos más— quedan en libertad por vencimiento de términos en los casos de asesinatos de jóvenes inocentes a manos de la Fuerza Pública para hacerlos pasar por guerrilleros. La constante histórica de dar prioridad a la picaresca política sobre la justicia permite comprender la debilidad de un Estado de derecho para cuya posible existencia es medular una justicia pronta e imparcial. Algunas afirmaciones del más alto Magistrado de la Patria sirven para entender la mascarada en que vivimos.Hace cuatro meses el Presidente de la República exhortaba a su recién posesionado ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján —ahijado político del semicandidato Juan Manuel Santos— a implementar mecanismos encaminados a la defensa jurídica de los militares acusados de participar en los “falsos positivos”. Lo hacía ante lo que llamó las “falsas denuncias de homicidios cometidos por integrantes de las Fuerzas Militares”. Advertía en esa oportunidad el presidente Uribe que acusar a la Fuerza Pública y enseguida no probar los hechos era una “falsa acusación” que buscaba hacer daño a la Fuerza Pública, finalmente la responsable de la política de seguridad democrática.
La defensa de los acusados hizo eficazmente su trabajo. Los acusados recobraron su libertad provisional al no probarse en el término de ley su responsabilidad penal ante los jueces. La reacción internacional no se hizo esperar. Se prendieron las alarmas por la posible impunidad de graves crímenes, sistemáticos y continuados, cometidos por agentes del Estado. La espada de Damocles de la Corte Penal Internacional volvió a blandir sobre las cabezas de los responsables. Rápidamente, en su primera declaración sobre el tema, el presidente Uribe expresó su inconformismo por las decisiones judiciales. En comunicado a la opinión pública formuló la doctrina que los jueces deberían seguir en estos casos: “Dar libertad por vencimiento de términos en casos de crímenes graves afecta tanto a la democracia, como dar libertad en delitos de lesa humanidad con base en la figura de la prescripción. Hoy las democracias niegan la prescripción frente a delitos atroces. En la misma forma se debe negar el vencimiento de términos”. Además de la intromisión en asuntos de competencia de la rama judicial, de la errónea analogía penal (que iguala la excepción a la prescripción con la excepción a la libertad provisional) y del desconocimiento de las garantías legales para los militares, el presidente Uribe sale en defensa del “honor” de los liberados que, a su juicio, vale más que su libertad.
El debate sobre el referendo en época electoral sirve para ocultar el costo de la seguridad democrática: la política de tierra arrasada apoyada en el paramilitarismo, con su estela de cuatro millones de desplazados forzados y de miles de asesinados de jóvenes inocentes. Es hora de quitarse la máscara y aceptar que para el Presidente y el ex ministro Santos el desplazamiento forzado y los falsos positivos son la cuota de sangre, sudor y lágrimas exigible a los colombianos para “pacificar” al país. Y mientras muchos se divierten con los juegos jurídico-político-electorales, los menos pero cada vez más seguiremos esperando que la justicia internacional rescate un mínimo de humanidad en un país de asesinos e indolentes.n/a
Por: Rodolfo Arango
Tomado de: El Espectador
Caricatura: Bacteria
No hay comentarios:
Publicar un comentario