Corporación democracia, brazo político de la Oficina de Envigado

La Corporación Democracia, que en Medellín agrupa a poco más de 4.000 reinsertados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), sería el brazo político de la banda criminal conocida como Los Paisas, el componente rural de la llamada Oficina de Envigado.

Así lo dijo este jueves Berta Cecilia Díaz Neira, fiscal 14 especializada de Bogotá, durante la legalización de la captura e imputación de cargos ante un juez de garantías de José Leonardo Muñoz Martínez, conocido con el alias de Douglas, quien lideraba la organización ilegal, y tres de sus lugartenientes.

Durante la exposición de motivos, la fiscal especializada señaló directamente a Yovanni Marín y a Fabio Acevedo, como los representes de la Corporación Democracia que representaban los intereses de la banda Los Paisas en la capital antioqueña, aunque no precisó si había órdenes de captura vigentes en su contra.

La Corporación Democracia fue constituida en diciembre de 2003, semanas después de la desmovilización del bloque Cacique Nutibara de las Auc, liderada por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna.

El propósito de esta institución fue convertirse en el interlocutor entre los jóvenes reinsertados y la Alcaldía de Medellín, así como con diversas instancias estatales regionales y nacionales. Inicialmente, como Vicepresidente fue nombrado Carlos Mario Aguilar Echeverri, conocido con el alias de Rogelio, quien se encuentra desde hace varios meses en Estados Unidos esperando condena por tráfico de narcóticos.

Desde agosto del 2005, la Corporación Democracia recibió a los 2.100 desmovilizados del bloque Héroes de Granada, estructura de las Auc que también lideró alias don Berna y que recibió en sus filas a gran parte de los hombres que anteriormente estaban ligados a diversas bandas armadas ilegales de varios municipios del Valle de Aburrá y del Oriente cercano ligados a la llamada Oficina de Envigado.

El trabajo de la Corporación Democracia se articuló al Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín y de manera conjunta trabajaron en diversos aspectos de la reinserción de los jóvenes que provenían de las estructuras de las Auc. Incluso recibieron varios millones de pesos a través de la contratación de diversas actividades tanto culturales como deportivas durante las administraciones de los alcaldes Sergio Fajardo y Alonso Salazar.

Pero a la par de ese trabajo, las comunidades comenzaron a denunciar la injerencia en sus actividades cotidianas, entre ellas prácticas de control social y de regulación que afectaban los derechos de las personas. Incluso, se llegó a escuchar que habían instaurado una especie de servicio social obligatorio que impusieron en algunos barrios para atraer jóvenes hacia sus intereses particulares.

Además, líderes comunitarios manifestaron en diversas ocasiones sus preocupaciones por la fuerte injerencia que tenían los líderes de la Corporación Democracia en algunas instancias de la Alcaldía de Medellín. Los temores fueron incluidos en el informe anual correspondiente al año 2005 sobre la situación de derechos humanos que produjo la Personería de Medellín.

“Preocupa la práctica de la Secretaría de Gobierno, denunciada por líderes sociales, de tramitar las denuncias sobre irregularidades del accionar de los desmovilizados con los directivos de la Corporación Democracia y en especial, la práctica de careos entre los denunciantes y los desmovilizados”, consignó el informe. Para esa época, el Secretario de Gobierno era el actual alcalde de la ciudad, Alonso Salazar Jaramillo.

Además, la Personería de Medellín llamó la atención de la Policía Nacional, a la que le solicitó “abstenerse de permitir la participación de los grupos de desmovilizados en las actuaciones oficiales de vigilancia y seguridad, y romper cualquier vínculo con estos grupos, pues se han recibido denuncias sobre la actuación compartida entre la fuerza pública y los grupos de desmovilizados en labores de seguridad”.

Denuncias conocidas por la Agencia de Prensa IPC dieron cuenta de un conjunto de transacciones que se resolvían en la propia sede la Corporación, como la entrega de propiedades tomadas por los paramilitares en los barrios, proceso por el cual cobraban el 40% del valor del inmueble como condición para entregarlo.

La credibilidad de la Corporación Democracia no sólo comenzó a socavarse con las denuncias de las comunidades de diversas comunas de Medellín, sino con varios hechos que afectaron a varios de sus principales voceros.

El primer hecho significativo surgió a finales del año 2007, cuando el general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional, aseveró en Medellín que alias Rogelio había asumido el control de la estructura criminal de la llamada Oficina de Envigado luego del traslado a la cárcel de Combita, en Boyacá, de alias don Berna. En esa ocasión, la Corporación Democracia expresó su malestar y a través de su vocero Yovanni Marín dijeron que las autoridades están siendo asaltadas en su buena fe con informaciones malintencionadas.

Un segundo hecho está relacionado con la captura de John William López Echavarría, un líder de la comuna 8 de la ciudad, quien representaba la imagen del reinsertado que trabajaba por su comunidad, hasta tal punto que en las elecciones a junta administradora local salió elegido. Pero esa puerta giratoria entre ilegalidad y legalidad que al parecer ha caracterizado a esta organización propició su captura en mayo del 2008, por los delitos de concierto para delinquir, desplazamiento forzado y constreñimiento. Hoy purga una condena de 22 años de cárcel.

Y el tercer caso lo representa el asesinato de Severo Antonio López, conocido con el alias de Job, ocurrido el 28 de julio de 2008, en un restaurante de la ciudad. Tras su muerte, comenzaron a revelarse detalles de sus actividades, entre ellas que “continuaba siendo un pacifista de día y un “patrón” que ordena muertes y movimiento de armas y droga en las noches en los vehículos asignados para su movilización”.

Así habían quedado consignadas en un informe enviado desde Medellín al entonces vicefiscal general de la Nación, Jorge Armando Otálora Gómez, el 8 de febrero de 2006, por investigadores que le hacían seguimientos al hombre de confianza de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias don Berna, y vocero de la Corporación Democracia.

En el documento, se advirtió que alias Job había acumulado un gran poder delincuencial, y se había convertido en “un verdadero obstáculo para la resocialización de los jóvenes en las comunas ya que mientras estudian y son atendidos durante el día para un cambio de vida para ellos y sus familias, en las noches vuelven a ser bandidos y sicarios”.

Se espera que con esta nueva sindicación, los voceros de la Corporación Democracia le salgan al paso y ofrezcan la información necesaria para desvirtuar lo dicho por la fiscal 14 especializada de Bogotá y desvirtúen sus relaciones con la banda de Los Paisas.


Por: www.ipc.org.co