¿Ni el derecho a la basura?

"La Ley 1259 de 2008, conocida como Ley de comparendo ambiental, beneficia a grandes empresas en el tratamiento de las basuras, en detrimento de los recicladores ‘de a pie’ que vienen desarrollando esta actividad desde hace años. Entre estas empresas se encuentra la de Tomás Uribe Moreno, hijo del presidente de la República. Tomás es representante legal de la empresa Ecoeficiencia de la cual es igualmente socio su hermano Jerónimo. Los basuriegos lo llaman ‘el reciclador mayor’ y lo acusan de dejar a miles de familias sin sustento, al monopolizar el manejo de residuos sólidos en Colombia".


Al igual que la pobre viejecita quien no tenía nada que comer, dos pobres muchachos -hijos del presidente de la República- decidieron acudir a grandes empresas para que les regalaran o les vendieran la basura. “¿Y quién va a negarles basura a los hijos de un presidente?”, se pregunta José Velásquez, de la Asociación de recicladores Arambiental, una de las tres organizaciones a cargo del parque piloto de reciclaje del Distrito Capital. Según Velásquez “a ellos inclusive les mandan los residuos a sus bodegas, en cambio a nosotros nos tocaba recoger los materiales reciclables y hasta barrer. Hoy en día no nos venden nada, todo se lo entregan a ellos”.

La basura no era de nadie antes de diciembre pasado, o mejor, era de todos. Ahora le pertenece al Estado. Con la nueva Ley de comparendo ambiental, abrir las bolsas para extraer material recuperable en la calle es penalizado, así como transportar dicho material en vehículos no aptos -entiéndase zorras, carros de balineras u otro medio artesanal de transporte. Según escribió el columnista Daniel Samper Ospina, “… no es la primera vez que a través de una ley tratan de empobrecer aún más a los pobres y convertirlos en criminales. Hace no mucho, Gloria Stella Ramírez, congresista del MIRA, trató de sacar una para castigar a los vendedores y limosneros de los semáforos; ahora el representante Juan Carlos Valencia se inventó esta, la 1259, en la sospechosa fecha del 19 de diciembre, con todo el beneplácito del presidente Uribe, que no la objetó… ninguno como este gobierno ha combatido a la guerrilla, pero tampoco ninguno ha estimulado tanto las condiciones de desigualdad social para que exista…”.

Regalo de navidad

“La Ley 1259 fue el regalo de navidad del señor presidente a los recicladores, en diciembre de 2008. Ya las personas no van a poder trabajar en la calle, con sus carretas, con sus zorrillos y con sus carritos”, explica José Velásquez, quien lleva 45 años recuperando lo recuperable, entre las más de 6.000 toneladas que los bogotanos arrojan a la basura cada día.

“La reglamentación tal y como lo prevé la ley deja sin trabajo a la totalidad de recicladores del país, no estamos hablando sólo de Bogotá”, explica Nohra Padilla, directora ejecutiva de la Asociación de Recicladores de Bogotá, ARB, y presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores. Es por esto que la ARB interpuso una acción de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 1259 que son los que van directamente a afectar el trabajo de los recicladores. “Nuestra idea es que se tiene que reglamentar la ley, pero sin afectar el trabajo de las más de 50 mil familias que viven del reciclaje en Colombia”.

En el Concejo de Bogotá salieron ya tres textos de acuerdo de concejales, reglamentando el comparendo ambiental, en la ciudad. “Ese acuerdo lo que hace es decir que en Bogotá también es penalizable la actividad de los recicladores, porque traen de la ley nacional las actividades que dan origen al comparendo ambiental. Ese proyecto de acuerdo ya pasó el primer debate. El trabajo que estamos haciendo con la Asociación de Recicladores de Bogotá es hablar con todos los concejales, para que el proyecto de acuerdo se devuelva a comisión y se eliminen los artículos lesivos para la actividad del reciclaje. Tenemos como base un proyecto de acuerdo en Cali, en donde se respetó la actividad de los recicladores. En el mes de mayo se citará el segundo debate de ese proyecto de acuerdo”, según Raquel Velasco, asesora del concejal del PDA Carlos Vicente de Roux.

Nohra Padilla complementa, “le entregamos a cada uno de los 45 concejales una copia de la demanda, explicándoles en una carta las afectaciones sociales, ambientales y económicas que tendría la aplicación de la ley tal y como quedó establecida. Todos los concejales del PDA y algunos de Cambio Radical, del Partido Liberal y del Partido de la U nos han apoyado”.

Una acción de tutela interpuesta por la Asociación de Recicladores de Bogotá fue un antecedente importante para la causa de los recicladores. “En 2003 la Corte Constitucional obligó al Distrito a “establecer acciones afirmativas a favor de los recicladores en las licitaciones y contrataciones del Servicio Público de Aseo”. Se dispuso entonces que el Distrito Capital, a través de la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos -o quien haga sus veces-, no podía dejar por fuera de los procesos de aseo a los recicladores”, explica Nohra Padilla. Aunque la aplicación de dicha tutela ha sido de difícil cumplimiento, ya que los recicladores no están en condiciones económicas de competir en igualad de condiciones con las grandes empresas en las licitaciones, el Distrito incluyó a recicladores en el primer parque piloto de reciclaje de Bogotá, ubicado en el barrio la Alquería. Éste genera empleo a 38 operarios y a ocho personas más en la parte administrativa. Pero en Bogotá hay más de 12 mil recicladores y muchos de ellos trabajan por su cuenta en las calles. Son ellos los principales afectados si se reglamenta la nueva ley sin modificaciones.

Un capricho y un gran negocio

“Los hijos del presidente están dedicados a una parte muy importante de manejo de residuos; esta legislación los favorece, pero no son los únicos favorecidos. Detrás de esa ley están las empresas de servicios públicos y las grandes empresas recolectoras de residuos. Detrás de la ley están las siete grandes empresas de servicio de aseo que monopolizan este millonario mercado en el país”, asegura Padilla.

El problema de esas empresas de aseo, asegura un experto consultado por POLO, es que son muy poderosas y financian campañas políticas. En Bogotá han sido las mismas empresas las que desde la administración de Mockus vienen quedándose, cada siete años, con la licitación. Para otros analistas, no es casual, sin embargo, que una vez más sean los hijos del Primer Mandatario quienes se vean favorecidos por la legislación y las decisiones que adopta el actual gobierno. Entre los recicladores existe un gran malestar por leyes que en lugar de ayudar al 10 por ciento de la población más pobre, a la cual hacen parte los recicladores, los perjudica. Marysol Espinosa, de la ARB, manifiesta: “no es justo que los recicladores tengan que pagar por un capricho de los hijos del presidente. Ellos ya tienen plata y son gente pudiente, entonces es más que todo un capricho que está dejando a los recicladores en la calle, sin nada. Tanta lucha, tanto esfuerzo que hemos hecho para conseguir fuentes, para que ellos vengan y nos quiten todo. “Con esa ley quedarán más de ochocientos mil recicladores en la calle, que pueden volverse indigentes o rateros, ya que día por día los hermanos Uribe están monopolizando la industria de los residuos”, agrega.

Yo no puedo hacer nada, mi señora

Mary Luz se quedó esperando. Esperó en vano la respuesta a una carta que le escribió al presidente de la República. En ella le decía: “usted creerá que somos unos ignorantes que no entendemos nada de lo que está pasando, pero le pedimos que nos dé una oportunidad, que nos tenga más en cuenta para que de una u otra manera podamos tener una vida digna”. Y añade que actualmente hay mucha gente aguantando hambre, porque ya no se encuentra el reciclaje igual. “A nosotros nos tocó vivir un proceso de sacar a los recicladores de las calles y venir a trabajar al parque del Distrito. Pero la gente que no se ha organizado está aguantando hambre. Nosotros podemos mostrar que somos mejores recicladores que los hijos del presidente, o que cualquier otra entidad”.

Para esta madre cabeza de familia, “los señores Uribe nos han venido excluyendo de esta actividad. Somos familias enteras que de una u otra manera estamos siendo desplazadas del reciclaje, cuando vieron que esto era lucrativo. En el caso de mi familia, muchas empresas nos generaban sustento. Lógicamente nada nos era donado, todo era vendido. Pero nos fueron quitando esas entidades, nuestras fuentes, y nos fueron dejando sin la oportunidad de trabajar”. Mary Luz recuerda que los gerentes de las empresas le dijeron “no tenemos nada en su contra. Usted nos ha venido prestando su servicio muy bien, pero el hijo del presidente nos trae una carta donde nos dice que le generemos esa fuente, que es para entregárselas a entidades sin ánimo de lucro”. Y agrega: “un día yo me acerqué a Tomás Uribe. Él tenía la planta de reciclaje en la localidad de Kennedy y siempre estaba muy custodiado por ser el hijo del presidente, pues temen que después de haber dejado a tanta gente con hambre, algo le suceda. Me acerqué a él con el certificado de la Cámara de Comercio en la mano que mostraba que nosotros éramos una entidad sin ánimo de lucro, que generaba empleo a 27 madres cabeza de familia y le pregunté, ¿dígame qué voy a hacer con ellas ahora que no tenemos empleo? Su respuesta fue esta: “mi señora, yo no puedo hacer nada, yo estoy en medio de un sándwich”.

Una vida reciclando

El reciclaje es un trabajo que se comparte en familia y que se transmite de generación en generación. Para Mary Luz, “el reciclaje era una oportunidad de vida diferente. En la calle podíamos trabajar sin horario, no teníamos patrones, reciclábamos una o dos horas y llevábamos lo que nos servía para nuestras casas. Anteriormente el reciclaje no era tan competido como lo es hoy. En mi época reciclé en costales. Mi abuela, mi mamá y mis hermanos menores organizaban el material. Yo empecé a reciclar a la edad de ocho años. Mis hijos también trabajan en el reciclaje. Con lo producido pude darles la primaria y el bachillerato. Pero cada día es más difícil”.

Con el parque la Alquería, afirma el presidente de Arambiental, “queremos demostrar que sabemos manejar el reciclaje. Aparte de eso ayudamos a industrializar al país. De las 6.000 toneladas diarias de residuos que produce Bogotá, nosotros aprovechamos 400, eso es lo que recogemos los recicladores. Si esas 400 toneladas de material recuperado las tuvieran que importar, tendrían un costo alto para la industria. También ayudamos a manejar el medio ambiente y le damos más vida al botadero Doña Juana, al disminuir el volumen de residuos que le llegan. Hay materiales que duran para destruirse hasta 300 años, en cambio nosotros volvemos y los trabajamos, hasta que se va desperdigando la materia prima”. Y concluye, diciendo: “queremos mostrar que este es un trabajo, una empresa, que no es como nos miran a nosotros por la calle, por encima del hombro. Queremos que nuestro trabajo sea reconocido como el de cualquier profesional, como un médico, un abogado, un conductor, un ingeniero, un constructor. Que la actividad del reciclaje sea reconocida como un trabajo digno”.


Por: Paola Vernot - POLO