Comunidad de Paz de San José de Apartadó - Peticion a Presidente Uribe sobre archivos DAS

El Artículo 15 de la Constitución Nacional establece que:

“Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.



Bogotá, junio 16 de 2009


Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ

Presidente de la República

Casa de Nariño

Ciudad



De toda consideración.

Por medio del presente escrito, acogiéndome al Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y en los artículos 5 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, e invocando el Artículo 15 de la Constitución Nacional, le ruego suministrarme las informaciones que a continuación le solicito, de acuerdo con los fundamentos y hechos que motivan dicha solicitud y que paso a exponerle:

Según se me ha dado a conocer, la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ordenó al Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía realizar inspecciones en diversas dependencias del Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, órgano dependiente de su Despacho, donde al parecer se realizan interceptaciones ilegales y otras actividades de inteligencia que vulneran completamente el ordenamiento constitucional y legal del país. De acuerdo a las primeras pesquisas realizadas por el CTI y a su Informe rendido el 3 de abril de 2009 bajo el Radicado 11 001 60 00686 2009 00002, fueron halladas 104 carpetas AZ de documentos que revelan actuaciones irregulares de dicho organismo, hallándose en la carpeta AZ 33-2004, folio 157, órdenes de recopilación de información de numerosos aspectos de la vida privada de 10 miembros de la COMUNIDAD DE PAZ DE SAN JOSÉ DE APARTADÓ, muchos de los cuales han cumplido funciones en su Consejo Interno, y sobre los cuales el 12 de agosto de 2005 se ordenó recopilar exhaustiva información personal en la Registraduría, Cámara de Comercio, Instituto Agustín Codazzi, órganos de inteligencia, CIFIN, DATACREDITO, Catastro, telefónicas etc. También en la carpeta AZ 1.9. 2004, folios 135 a 146, se menciona el correo electrónico y teléfonos celulares de dicha Comunidad de Paz, lo cual se repite en la carpeta AZ 1.9.2 2005, folios 69 a 77.

Por otra parte, en los folios 218 a 220 de la carpeta AZ 33-2004, se reseña una reunión llevada a cabo el 25 de julio de 2005, con presencia del Señor Carlos Alberto Arzayuz, Subdirector de Operaciones del DAS, y del Señor Jaime Fernando Ovalle, Coordinador del Grupo Especial de Inteligencia 3 [ó G-3] y los integrantes de este último, reunión en la cual se ordena ubicar al suscrito, intervenir todas mis comunicaciones privadas y realizar sobre mi persona “actividades de inteligencia ofensiva”, para lo cual designan a los detectives Deicy Carolina Cancino y Carlos Alberto Herrera.

Lo anterior me preocupa aún más cuando en otros apartados de la información recopilada por el CTI y sometida a su evaluación y análisis, queda muy claro que el mencionado Grupo G-3 “no fue creado legalmente y por ende no tiene respaldo de acto administrativo alguno, pero su existencia era de conocimiento del Director General del DAS, los asesores de Dirección, Directores Generales de Inteligencia y Operativa, Sub Directores de Operaciones y Contra Inteligencia, tal como se evidencia en el acta de reunión No. 001 del 8 de marzo de 2005, obrante al folio 211 del AZ 33-2004”, concluyendo también los analistas del CTI que: “es evidente que el Grupo Especial de Inteligencia G3 nació con unos propósitos específicos, como fue la de realizar labores de inteligencia para lo que ellos llamaron OPOSITORES DEL GOBIERNO NACIONAL, lo cual es notorio si vemos que en los años de su existencia (conocidos en esta investigación 2004 y 2005), todos sus blancos fueron organizaciones no gubernamentales, periodistas, sacerdotes y, entre otros, políticos de los cuales públicamente se conoce que efectivamente han sido adversarios de las políticas del Gobierno Nacional”.

Aún más preocupante es la reseña de la reunión del G-3 del 19 de septiembre de 2005, en la cual se trazan directrices para la información que se debe recopilar sobre quienes estábamos seleccionados como sus “blancos”, información exhaustiva que abarca todos los ámbitos de nuestra vida privada y pública, y sobre el control de todas nuestra actividades, incluyendo nuestros “pronunciamientos relevantes o tendencia ideológica”. Allí mismo se traza el objetivo de toda esta inteligencia, el cual se define por su meta: “conllevar a la judicialización o la realización de operaciones de inteligencia a cubierta (diversas fases de la guerra sicológica, de estratagema política, etc.)”.

Todo esto, Señor Presidente, esclarece muchos antecedentes que he puesto en su conocimiento en otros numerosos derechos de petición radicados en su Despacho y relativos a lo vivido por la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Se esclarece particularmente el afán de judicializar a todos sus miembros y especialmente a los miembros de su Consejo Interno, sus líderes y acompañantes, lo cual ha quedado evidente en los procesos cuyo análisis puse a consideración de todas las Altas Cortes del Estado el pasado 19 de enero de 2009, cuya copia también le remití a su Despacho, donde se demuestra que hay una verdadera usurpación del poder judicial por el poder ejecutivo en Urabá, pues es la Brigada XVII del Ejército, la cual también depende de su Despacho como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas (Constitución Nacional, Art. 189,3), la que dirige y controla el ejercicio de la “justicia” en Urabá, con criterios de persecución política contra quienes piensan distinto. Se esclarecen también, de manera muy evidente, los últimos episodios de ataque a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en su patrimonio ético y político, mediante la manipulación del ex comandante de la Compañía Otoniel Álvarez del Frente 5 de las FARC, quien se entregó al Ejército en noviembre de 2008, ha permanecido ilegalmente en la Brigada XVII y ha sido utilizado para difundir las más infames calumnias contra la Comunidad de Paz por los medios masivos de de información, con la colaboración de su ex Ministro del Interior y de Justicia Fernando Londoño Hoyos.

El Artículo 15 de la Constitución Nacional establece que: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.
En virtud, pues, de este artículo 15, del artículo 23 que consagra el Derecho de Petición, y teniendo en cuenta que el Departamento Administrativo de Seguridad es un órgano adscrito a la Presidencia de la República, le solicito, Señor Presidente, suministrarme toda la información que se encuentra en el DAS sobre mi persona y sobre la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, explicando el motivo de tal persecución, e incluyendo la información que fue sustraída de las oficinas de dicho organismo entre el 19 y el 21 de enero de 2009, según testimonio de un detective del DAS revelado a periodistas. Además la información que existe en los otros órganos de inteligencia, tanto de la Policía como del Ejército, que han seguido las directrices de su Despacho para investigar y controlar a quienes tenemos imperativos éticos que nos distancian de muchas de sus políticas.



Le agradezco de antemano su amable respuesta, dentro de los términos legales.

Atentamente

Javier Giraldo M. S. J.



Por: Javier Giraldo - Comunidad de Paz de San José de Apartadó
Tomadod De: cdpsanjose.org

Earthlings

Earthlings es un documental que trata acerca de la absoluta dependencia de los humanos para con los animales no humanos usados como mascotas, comida, vestimenta, entretenimiento e investigación científica, así como acerca de nuestra total falta de respeto a estos nuestros “proveedores”. La película en su versión original está narrada por el actor nominado al Oscar Joaquin Phoenix (Gladiador) y la banda sonora es del aclamado músico Moby.

Tomado de: www.earthlings.com - Video-Google

Absurdo país de despropósitos

El rey midas colombiano, uno de los doscientos hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, el mismo que pidió a su “súbdito” la declaratoria de una conmoción interior, ahora solicita que el impuesto de guerra también lo paguen los pobres. A los multimillonarios banqueros, para los cuales se gobierna en este paisito, que obtuvieron astronómicas ganancias (ninguna calculadora de tendero las puede sumar), ahora habrá que subsidiarles su seguridad.

No basta –parece- poner a los pobres de carne de cañón, situarlos como víctimas de falsos positivos, como receptores de todas las desventuras, sino que, para acabarlos de escurrir, tendrán, según la solicitud del banquero Sarmiento Angulo, que voltear sus magros bolsillos para financiar la guerra. El mismo hombre de oro dijo alguna vez que Colombia es un país de injusticia, y que por ella, existía la guerrilla.

Entonces sus palabras sonaban como las de señoras de té canasta. Mucho antes, en 2004, el mismo personaje, sí, el mismo que después se opuso al paro de trabajadores judiciales y pidió declararlo ilegal, decía que había que acabar con el régimen pensional de “prima media” y promovía el marchitamiento del ISS, con el fin de favorecer a los fondos privados, incluidos, obvio, los de su propiedad.

Estas son algunas de las tantas situaciones absurdas que vemos a diario en un país que desde hace rato está desinstitucionalizado, y que los hechos parecen indicar se dirige hacia una dictadura. No sé si sea absurdo que en un país rico (aunque los banqueros son más ricos que el país), sólo el 0,3 por ciento de la población sea dueño de más de la mitad de las tierras agrícolas y que tenga uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina.

Tampoco sé si sea parte del absurdo que haya más de 18 millones de pobres, seis millones de indigentes y unos cuatro millones de desplazados, y que sea el país más peligrosos del mundo para el ejercicio del sindicalismo. Según la Confederación Sindical Internacional, en 2008 fueron asesinados 49 sindicalistas en Colombia. Nada raro es que algún funcionario salga a decir que se autoinmolan para desprestigiar al gobierno nacional.

Este es un país tan absurdo, que el delito de cohecho solo contempla una parte, tal como se desprende de las condenas relacionadas con la yidispolítica, esa situación perversa que volvió añicos a la Constitución, reformó un “articulito” de la misma, aprobó la reelección, con repartijas de notarías, compra de conciencias y otros regalitos. Absurdo que el Procurador absuelva a altos funcionarios comprometidos en el delito de cohecho y, de pronto, para desviar la atención, abra procesos de farcpolítica contra algunos de los principales denunciadores de las tropelías oficiales, como el senador Jorge Robledo.

El absurdo radica también en situaciones como las acaecidas hace poco más de una semana, cuando desde la Casa de Nariño se promulgó un comunicado en el cual se señalaba de actividades ilícitas a “algunos magistrados”. Quizá más que un absurdo, se trate de una especie de conspiración, la cual se puede leer como una turbia vendetta del Ejecutivo contra las Cortes.

Porque desde hace tiempos, se presenta un choque de poderes en el país, que lo conduce al desmoronamiento de sus instituciones. Precisamente, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación preliminar contra 86 representantes de la Cámara que votaron favorablemente la aprobación del referendo reeleccionista, en una jornada que tenía más de emboscada que de acto democrático, sucedida el pasado 17 de diciembre. La actitud de la Corte les “aguó la fiesta” a los reeleccionistas. Incluso, para “salvar” la segunda reelección, los uribistas ya andan locos promoviendo una Constituyente.

Mientras tanto, qué pasa, por ejemplo, con las “chuzadas” del DAS, un hecho de suma gravedad, que el Presidente simplemente califica como “cositas malas” realizadas por unos funcionarios. El absurdo (o el montaje que desde las altas esferas se hace para que todo tenga la apariencia de absurdo) parece llevar a las actividades ilícitas del DAS hacia la impunidad.

Convengamos en que vivimos en un país de absurdos, de injusticias, inequidades y despropósitos. Uno de ellos, lleva al banquero más rico de Colombia a pedir que sean los pobres los que financien la guerra. Nada raro sería que se incrementen los asaltos bancarios, porque, como decía algún filósofo de calle, es mejor robar un banco que fundarlo.

Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: www.elespectador.com

Miguel Ángel González Huepa, líder campesino de la ACVC en libertad

Primera Parte


Segunda Parte


Miguel Ángel González Huepa, líder de la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra, quedó en libertad después de 17 meses de su detención. La ACVC, el campesinado del Magdalena Medio y las organizaciones sociales defensoras de derechos humanos celebran este hecho, como parte de la lucha del campesinado de esta región por sus derechos y en la defensa del territorio.

La ACVC ha sido víctima de la persecución política por parte del estado colombiano, como estrategia para acabar con las organizaciones sociales que ponen freno al proyecto neoliberal y de exterminio a las comunidades marginadas de nuestro país.

¡Libertad a los presos políticos, libertad para Andŕes Gil!


Por: ACVC
Tomado de: www.prensarural.org

(VIDEO) Perú: IWGIA presenta su video “Los sucesos de Bagua”

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) estuvo en el escenario de los hechos durante los luctuosos acontecimientos de Bagua y nos entrega un breve testimonio.

Los Sucesos de Bagua
by CNJ09

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) tuvo el gran acierto de estar en el escenario de los hechos durante los luctuosos acontecimientos de Bagua y nos entrega un breve testimonio de los hechos.

El 9 de abril de 2009 los pueblos indígenas amazónicos reiniciaron una jornada de lucha por la derogatoria de decretos legislativos que consideran lesivos a sus intereses colectivos.
La provincia amazónica de Bagua, en el norte del Perú, fue uno de los lugares principales de la protesta.

El desalojo fue iniciado violentamente por las fuerzas policiales y derivó en un enfrentamiento con 34 muertos, 24 policías y 10 civiles muertos, y cerca de doscientos heridos, muchos de ellos de bala.

Por: www.servindi.org
Tomado de: www.kaosenlared.net

Cambalache La Historia Patria: Un Baño De Sangre

Cuando el jefe del M-19 Carlos Pizarro desertó de las Farc y se largó por la selva una madrugada de 1973, dejó un papelito que decía: “Ya vuelvo”. Nunca volvió. Después de combatir en ciudades y montes durante 19 años, se desmovilizó con su gente en enero de 1990. Un sicario lo asesinó tres meses después.

Igual suerte corrieron unos 80 militantes del antiguo M-19, entre ellos 40 de los 52 dirigentes que el movimiento tuvo. Sumados a los que perecieron con las armas en la mano, los pocos jefes sobrevivientes calculan hoy que murieron cerca de 400 miembros durante los 17 años de vida de este grupo que nació como una “guerrilla chévere” y terminó provocando una de las peores tragedias de la historia nacional: el asalto al Palacio de Justicia.

Pizarro, el M-19 y la violencia política en Colombia fueron tema de una semana de reflexiones en la Casa América-Cataluña de Barcelona. Allí quedó en evidencia que el país ha sacrificado a millones de compatriotas en un baño de sangre que, en el mejor de los casos, lleva 61 años (desde el 9 de abril de 1948) y, en términos más realistas, no ha parado desde hace dos siglos. A los que tomaron las armas hay que sumar sus víctimas directas. Y a ellas, otras víctimas: las viudas, los huérfanos, los desplazados, los perseguidos injustamente, los que acabaron sumidos en la miseria… La violencia solo nos ha dejado dolor y más violencia, hasta bordear el exterminio. Fueron exterminados los gaitanistas, los antiguos guerrilleros liberales, los 3.000 militantes de la UP y buena parte de los que lucharon con ellos o contra ellos. Un instituto calcula que el 14 por ciento de los desmovilizados de los años 90 –más de 700– terminaron abaleados en una esquina o en la puerta de su casa. Otros políticos cayeron en una tarima, como Luis Carlos Galán; un aeropuerto, como Bernardo Jaramillo; un andén, como Álvaro Gómez Hurtado; una calle, como Fernando Landazábal, o un semáforo, como Manuel Cepeda Vargas.

El narcotráfico exacerbó la violencia al dotar de armas más mortíferas a guerrilla y autodefensas. También el Gobierno mata mejor ahora. Una de las peores consecuencias de la estrategia guerrillera de combinar todas las formas de lucha –las legales y las ilegales– es que el Establecimiento aprendió rápido y ahora combate con la Constitución en una mano y, en la otra, las ejecuciones extrajudiciales y las masacres paramilitares.

El lento y doloroso repaso del fracaso de las armas en nuestra historia, tal como se hizo en Barcelona esta semana, conduce a una conclusión: el remedio no es más de lo mismo, sino un esfuerzo de todos los sectores, con la indispensable ayuda de organismos internacionales, por crear un país más justo y pacífico.

No podemos seguir sacrificando colombianos valiosos que, equivocados o no, buscan una patria mejor en esta larga guerra.

ESQUIRLAS. 1) Busque y vea en YouTube el reciente debate del senador Gustavo Petro sobre el tenebroso DAS de este Gobierno. Escalofría. 2) Además de absolver a los amigos de Uribe, el Procurador ahora persigue a sus contradictores. Acusar a un viejo líder del Moir como Jorge Enrique Robledo de cooperar con las Farc es como decir que la ‘Chiva’ Cortés espía para Millonarios. 3) Que se preparen para las retaliaciones quienes, como él, denunciaron los negocios de Tom y Jerry y el TLC. 4) Es gigantesca ironía que entre los absueltos por el Procurador figuren los altos funcionarios que, según la Corte, incurrieron en cohecho para reelegir a Uribe; y entre los investigados, gente que arriesga su vida por la paz. 5) ¿Qué opinan ahora los del Polo que votaron por este Procurador? 6) ¿Hasta cuándo seguirá produciendo el computador de ‘Raúl Reyes’ información oportuna para los afanes del Gobierno? 7) Recomiendo ver, sin prejuicios, los documentales de Hollman Morris sobre recuperación de rehenes.

Por: Daniel Samper Pizano
Tomado de: eltiempo.com

El neoliberalismo, raíz común de las crisis actuales: Chomsky

- Insta a desmantelar el edificio de ilusiones que se vende como democracia de libre mercado

- Deplora que casi todos se refieran a los problemas financieros y pocos a la hambruna mundial

- ¿Por qué no ocupar una planta para producir transporte masivo?, cuestiona en referencia a GM

Desde el púlpito de la iglesia Riverside de Nueva York, Noam Chomsky dijo el fin de semana que ante las crisis existentes el sistema neoliberal protege a las minorías opulentas en detrimento de las mayorías >Foto Elizabeth Coll

Nueva York, 14 de junio. Cuando se habla de “la crisis”, casi todos se refieren a la financiera, ya que afecta directamente a los ricos, pero la crisis de los mil millones de seres humanos que enfrentan hambruna –entre ellos unos 40 millones en Estados Unidos– no es la de mayor prioridad, porque todos los aquejados son pobres, afirmó Noam Chomsky.

Con voz tranquila, Chomsky cuidadosamente devastó los mitos del llamado libre mercado, y documentó de manera sintética las múltiples crisis –la financiera y económica, la del militarismo, la del medio ambiente y la alimentaria, entre otras– y sus hilos en común, construyendo una radiografía de un sistema que se enmascara como “democracia”, pero que al fin tiene el objetivo de socializar costos y privatizar ganancias y defender el privilegio de la cada vez más reducida minoría rica, con consecuencias cada vez más siniestras para las mayorías y el propio planeta.

Es necesario “desmantelar el edificio de ilusiones” que se vende como democracia de libre mercado para que el ser humano sobreviva, y para hacerlo se requiere un enfrentamiento con el modelo que busca proteger los intereses de “la minoría de la opulencia contra las mayorías”, aseveró.

“El pueblo paga los costos”

Chomsky habló el pasado viernes, ante unas mil 500 personas, desde el podio famoso de la iglesia Riverside –el mismo en que Martin Luther King Jr ofreció su histórico discurso de 1967 contra la guerra de Vietnam y el sistema imperial estadunidense, donde también se ha escuchado a Nelson Mandela, y más recientemente a Arundhati Roy–, en un acto organizado por el Brecht Forum, centro independiente de estudios de izquierda.

“Las crisis de hoy están entretejidas de varias maneras”, dijo, y algunas son de mayor prioridad que otras, por la simple razón expresada por Adam Smith de que “los principales arquitectos de las políticas aseguran que sus propios intereses son los que imperan, sin importar los costos”.

Y Chomsky, como siempre, ofreció ejemplo tras ejemplo, documentando la historia. Habló de la historia de Haití, desde los franceses y la invasión estadunidense de Woodrow Wilson, hasta el manejo que hizo Washimgton del desafío de Jean Bertrand Aristide, tanto por el republicano George Bush (padre) como por el demócrata Bill Clinton, imponiendo el modelo neoliberal, con el resultado inevitable de “destruir la soberanía económica” de ese país, el cual ahora está en las primeras filas de la crisis alimentaria.

“Esa historia es muy parecida por todo el mundo”, agregó, señalando a Bangladesh y decenas de ejemplos más.

“La raíz común de las crisis de hoy en el Sur y el Norte es el giro hacia el neoliberalismo que se da en los años setenta”, declaró. Eso marcó el fin del crecimiento sostenido de la era de posguerra, conocido como la “edad de oro del capitalismo”, con su estado de bienestar y sus incrementos en niveles de ingreso y derechos, lo que fue un “capitalismo de Estado”.

Hoy día, “el libre flujo del capital crea un Senado virtual que realiza un referendo instantáneo que vota en contra de intentos de beneficiar a las mayorías a costa de sus intereses”.

Ahora, con la crisis actual que afecta a los ricos, se adopta la misma estrategia de siempre: “la población paga los costos y asume el riesgo, mientras las ganancias son privatizadas”.

También se enfocó en el plano de la política exterior, indicando que Washington no desea abandonar tan rápidamente su presencia en Irak, y advirtió que el nuevo enfoque sobre Pakistán y Afganistán es un juego muy peligroso, ya que amenaza la paz mundial y la supervivencia humana, por las armas nucleares que están ahí.

Añadió que es alarmante que un “asesino miembro de las fuerzas especiales de ojos enloquecidos”, el general Stanley McChrystal, haya sido nombrado comandante de las fuerzas estadunidenses en Afganistán.

Por otro lado, señaló que ahora es momento clave para definir la sobrevivencia humana ante la crisis climática.

“Tenemos que enfrentar tal vez lo más importante: cómo revertir el modelo corporativo-estatal establecido durante la posguerra”, promovido por las empresas automotrices, petroleras y llanteras, entre otras, que ha llevado a esta crisis ambiental y otras.

En su repaso de las crisis del mundo, expresó que para imponer políticas que no reflejan el interés de las mayorías en Estados Unidos y en otros países, se recurrió menos a la fuerza que “al control de la opinión pública a través de la industria de relaciones públicas, con el fin de crear la manufactura del consenso”.

Pero siempre impera, desde los inicios de esta república, la noción de proteger los “intereses de la minoría opulenta” contra todos los demás, con conceptos de que “una minoría inteligente tiene que gobernar a una mayoría ignorante y metiche”. Ahora eso es manejado por una “elite tecnocrática”, pero con la misma doctrina.

Resaltó la resistencia popular para enfrentar el proyecto de la elite, y subrayó que las rebeliones de los años sesenta “tuvieron un efecto civilizador”. Agregó que siempre se han lanzado “ataques de la elite contra la democracia” y que el modelo de libre mercado corporativo permanece como el “obstáculo a la eficiencia y la toma racional de decisiones”.

“No hay razón para permanecer pasivos”, comentó a su público de izquierda. “¿Por qué no ocupar una planta (en referencia a los recortes de General Motors) para convertirla en centro de producción de transporte masivo? No es un planteamiento exótico. Que los trabajadores controlen sus plantas es tan típicamente estadunidense como la tarta de manzana.”

De hecho, abundó, parte del objetivo de los administradores del sistema actual es “borrar toda memoria de las luchas” sociales, pero advirtió que sospecha que estas tendencias “siguen latentes” en los de abajo y “pueden ser despertadas. Éste es un momento propicio para hacerlo”.

La tarea, añadió, es superar “el déficit democrático” y “promover una sociedad democrática que funcione en realidad”. Entre las claves para lograrlo identificó la renovación de los sindicatos, la lucha educativa y cultural y lo necesario para “desmantelar el edificio de ilusiones” por la minoría que gobierna en las llamadas democracias formales.

La crisis fundamental hoy día, resumió, es tal vez la del “déficit democrático”, esa brecha que existe entre los intereses de las grandes mayorías y las políticas de los gobernantes.



Por: David Brooks (Corresponsal)
Tomado de: www.jornada.unam.mx

Traxmision en directo desde barrancabermeja. En libertad Miguel Angel y a la espera de Andres!‏

La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra es una de las organizaciones campesinas que viene sufriendo una serie de persecuciones por parte del gobierno colombiano, debido a su histórica resistencia en la defensa de su territorio. Una de las estrategias que viene implementando este gobierno contra esta organización, ha sido la incriminación de sus lideres con supuestos nexos con las FARC, estrategia que además se ha implementado con otros sectores del pueblo colombiano.

Miguel Angel González Huepa es uno de los lideres de la junta directiva de la ACVC, que fue puesto en libertad luego de 17 meses de estar preso por supuestos nexos con este grupo guerrillero, cuando en realidad sólo es un campesino que viene liderando procesos sociales de importancia en su zona, procesos que al parecer afectan el interés de multinacionales, grandes sectores económicos colombianos y las políticas gubernamentales.

En este sentido, son varios los sectores sociales que vienen siendo victimas de este tipo de incriminaciones, como por ejemplo el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, proceso que agrupa organizaciones campesinas, afrodesendientes, indígenas y urbanas entre otros, y el cual en los últimos meses viene sufriendo la detención de sus principales líderes por supuestos nexos con las FARC.

Políticos opositores al gobierno, el sector estudiantil y profesoral de las universidades públicas colombianas, los periodistas independientes, son algunos de los sectores estigmatizados por el gobierno, como una forma de acallar las voces de protestas e insatisfacción ante la actual crisis que vive el país.

Celebramos la liberación de Miguel Ángel González y exigimos la liberación de Andrés Gil, otro directivo de la ACVC que se encuentra injustamente detenido, y hacemos un llamado a las organizaciones sociales y defensoras de Derechos humanos, a que nos solidaricemos con los más de 3000 presos políticos que se encuentran en las cárceles de Colombia.

Los invitamos a la rueda de prensa donde estaremos con Miguel Angel y con los miembros de la ACVC.

traxmision a las 4:00PM hora colombiana.

www.antenamutante.net

puedes encontrarnos en las salas de chat.

skype: antenamutante
msn: antenamutante@hotmail.com
IRC: Freenode / Channel: #traxmision

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Chiquita Brands reveló los nombres de sus ejecutivos comprometidos con pagos a 'paras' en Colombia

La empresa bananera opera en el Urabá antioqueño. Durante dos años, los nombres de los directivos de la multinacional que autorizaron y ejecutaron pagos a los grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia habían permanecido en total anonimato.

Eso hasta este mes cuando la propia empresa entregó a una Corte en Florida una especie de 'auditoría interna' en la que documenta al milímetro las dos décadas de pagos a estos grupos y todo el proceso de arreglo al que finalmente llegó con la justicia de E.U.

Como se recuerda, en marzo del 2007 Chiquita sorprendió al mundo cuando admitió pagos a las Farc y a las AUC por casi 2 millones de dólares y fue sentenciada a una multa de US $ 25 millones, tras llegar a un acuerdo con los fiscales.

El documento en cuestión, de 269 páginas, reposa en los archivos de la Corte Sur de Florida, donde la compañía enfrenta 9 demandas civiles, que surgieron posteriormente, ante el juez Distrital Kenneth Marra.

Antes que motivos altruistas, las revelaciones de Chiquita son parte de una estrategia jurídica que busca la anulación de la mayoría de los cargos en su contra.

Realizado por un 'Special Litigation Committe' -o SLC por su sigla en inglés- el reporte fue escrito por directivos de la empresa y abogados que buscan frenar las demandas de accionistas que acusan a la compañía de hacerles perder plata por involucrarse con terroristas y anular las acciones civiles interpuesta por familiares de víctimas de 'paras' en el Urabá antioqueño.

En el informe la empresa insiste que los pagos fueron producto de la extorsión y que solo se enteró de que las AUC habían sido catalogadas como un grupo terrorista por E.U. en el 2003, dos años después de su designación. Pero lo interesante del reporte está en los nombres de los directivos y los roles que jugaron cada uno de ellos.

La Fiscalía colombiana, que viene investigando si hay mérito para pedirlos en extradición, había expresado en el pasado su frustración por la negativa a acceder a esa lista.

En el reporte, por ejemplo, se dice que por lo menos una decena de directivos y empleados de Chiquita estaba al tanto de los pagos que se hicieron a las AUC entre 1995 y el 2003, cuando se "percatan" de que las AUC es un grupo terrorista y acuden al Departamento de Justicia para buscar asesoría. Entre ellos están los ex directores Keith Lindner, Steven Warshaw y Cyrus Freidheim, y los abogados de la empresa Charles Morgan, Robert Olson y Gregory Thomas.

Igualmente, Roderick Hills, director desde el 2004 y quien inició los acercamientos con el Departamento de Justicia. "Es muy interesante. No estoy al tanto de un caso en el que una compañía estadounidense haya entregado con tal grado de detalle este tipo de cosas. Es increíble la cantidad de cosas que hicieron sin que nadie se diera cuenta ", dijo Steven Steingard, abogado de la firma Kohn Swift y Graf , que representa a las viudas de cinco misioneros de E.U. que secuestrados y asesinados por las Farc en 1993 y 1994.

Steingard dio las declaraciones al Cincinnati Bussinees Courrier, primer diario que reportó sobre el documento.

El SLC trae otros detalles relevantes. Por ejemplo, que a las Farc les pagaron entre 100 y 200 mil dólares anuales por espacio de un lustro y que el primer pago fue por 10.000 dólares. Y presenta otro nudo por desatar. Según el reporte, de 1998 al 2001 Chiquita le reportó tanto al Departamento de Justicia como a la SEC (Securities and Exchange Commission) los pagos a la guerrilla.

"Pese a ello nadie del Gobierno sugirió que esos pagos violaban alguna ley de E.U." , dice el documento, aunque las Farc ya eran consideradas desde mucho antes como un grupo terrorista.

El reporte agrega que dentro de este proceso Chiquita fue sancionada en el 2001 a pagar 100.00 dólares, por reconocer un soborno de 30.000 dólares a un funcionario portuario en Urabá.

El documento también revela que la sanción original para Chiquita era de 79 millones de dólares, pero que está terminó reducida a 25 durante la negociación. La empresa fue representada por Eric Holder, actual Fiscal General de E.U. y por ese entonces abogado particular. El reporte del SLC tardó 9 meses en ser elaborado y se basó en 750.000 documentos y 50 entrevistas con testigos e involucrados.


SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington.

Por: EL TIEMPO
Tomado de: www.sinaltrainal.org

La fundación Sumapaz denuncia la injusta detención de Winston Gallego‏

DENUCIA PÚBLICA


El Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad – CODEHSEL – y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Capítulo Antioquia y la Fundación Sumapaz denuncian ante la opinión pública nacional e internacional la injusta detención del defensor de derechos humanos WINSTON GALLEGO PAMPLONA, integrante de la organización Fundación Sumapaz ocurrida el día de ayer, 10 de junio de 2009.


Antecedentes:

1. Desde el mes de abril del presente año, se conoció la existencia de una investigación adelantada por la Fiscalía 74 Delegada ante la Cuarta Brigada de Medellín, en la cual se investiga a diferentes organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y de derechos humanos de hacer parte del organigrama del Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC). Dicha investigación se fundamente en informes de inteligencia elaborados conjuntamente por el Rime y el CTI que parten de considerar criminales las acciones legales y legitimas desarrolladas por dichas organizaciones.

2. Los señalamientos también se fundamentan en los testimonios de dos testigos que aparecen como desmovilizados, que a la vez son estudiantes de la Universidad de Antioquia y que apoyan la labor de inteligencia que realiza la cuarta Brigada en el campus universitario; estos dos informantes han sido denunciados por actos de amenazas, intimidación y agresión física contra miembros de la comunidad universitaria. El testimonio de estos “desmovilizados” ya ha sido desvirtuado en procesos anteriores donde también se investigó a personas que nuevamente aparecen vinculadas en el actual proceso.

3. El día 7 de Mayo de 2008 WINSTON GALLEGO PAMPLONA y JORGE MENESES, ambos miembros de la Fundación Sumapaz, fueron abordados a la salida de la Universidad de Antioquia por dos hombres de civil que portaban armas de fuego que detuvieron al taxista y posteriormente obligaron a los dos jóvenes a entregar sus pertenencias y sus documentos de identidad, las cuales nunca fueron devueltas a sus dueños. Ante la presencia de la policía en el lugar de los hechos se vieron obligados a identificarse como integrantes del Ejército Nacional. Por los hechos se inició una investigación disciplinaria ante la Procuraduría para investigar la conducta de los miembros de inteligencia militar implicados. Sin embargo a la fecha no se conoce el resultado de la misma, pero en cambio todos los datos de Winston y Jorge aparecen reportados en los informes de inteligencia señalados.


Hechos:

1. Desde el momento mismo del conocimiento de dicha investigación, las organizaciones y personas comprometidas decidieron comparecer libre y voluntariamente ante el despacho de la fiscal para aclarar su situación jurídica, pese a que dicha funcionaria desconoció el derecho de defensa y el debido proceso al no informarles de la existencia del proceso en su contra.

2. A través de su abogado WINSTON GALLEGO PAMPLONA informó por escrito a la fiscal que estaba dispuesto a comparecer al despacho en el momento que lo requiriera para ser escuchado en versión libre y demostrar su inocencia en los hechos así como desvirtuar las falsas acusaciones que pesan en su contra. En razón de la manifestación voluntaria de comparecer al proceso la fiscal tomó la decisión de citarlo para ser escuchado en indagatoria el día 10 de junio de 2009.

3. En la fecha programada WINSTON GALLEGO acudió voluntariamente a la diligencia de indagatoria, donde aportó elementos probatorios para desvirtuar las acusaciones en su contra y establecer la legalidad de sus actividades como defensor de derechos humanos. Sin embargo, una vez terminada dicha diligencia la fiscal determinó ordenar su captura inmediata. Esta decisión desconoce la presentación voluntaria de WINSTON GALLEGO en el proceso y su expresa decisión de colaborar con la investigación, violándose derechos fundamentales como la libertad individual, que sólo puede ser limitada en casos excepcionales, y la presunción de inocencia.

4. Esta situación genera una gran preocupación para las demás personas y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos que están siendo investigadas, puesto que evidencia una vez más la persecución y estigmatización a la legítima labor de defensa de los derechos humanos y la oposición política en el país, poniendo en riesgo la vida y libertad de las otras personas que también han decidido presentarse voluntariamente a indagatoria.


Por todo lo anterior solicitamos:

· A la Fiscal 74 delegada ante la Cuarta Brigada que respete y garantice los derechos fundamentales de las personas que están siendo investigadas, tales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad.

· A la fiscalía General de la Nación que proceda a reasignar el proceso a una fiscalía que garantice su independencia estando por fuera de las guarniciones militares que son las que en forma arbitraria realizan labores de inteligencia a las organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos.

· A la Procuraduría General de la Nación que avance en la investigación por los ilegales informes de inteligencia realizados por el Rime y el ejército, así como por la utilización arbitraria de personas que aparecen como desmovilizados de grupos ilegales y que son el fundamento de la apertura de procesos penales contra defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, estudiantiles y sindicales.

· A Naciones Unidas, especialmente a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para que realice un seguimiento a la situación de defensores de derechos humanos que están siendo investigados en razón de su legítima actividad y en el marco legal establecido en la legislación nacional e internacional. Dada la gravedad de la situación, convocamos, para que tome cartas en el asunto y lidere el acompañamiento a las organizaciones en riesgo, y así mismo facilite los acercamientos entre éstas y las entidades del Estado colombiano que sean pertinentes.

Medellín, 11 de junio de 2009



Por: Fundación sumapaz