viernes, 19 de febrero de 2010

Emergencia mortal


Hace unos ocho años, llevé a un hombre agonizante a un hospital. Se armó una suerte de zambra verbal, porque exigieron un depósito de un millón de pesos. “De lo contrario, no lo podemos atender”. El paciente (¿el cliente?) seguía ahí, tirado, sin darse cuenta de lo que sucedía. Eran gajes de la Ley 100, que, entre muchos despropósitos, convirtió a la medicina en un negocio desalmado.

Hubo que salir con el moribundo hacia otros centros de atención, en los cuales, en esencia, dijeron lo mismo. Tal vez con una diferencia: el depósito era mayor. La “muerte por la Ley 100”, como comenzó a denominarse, se extendió como una peste. El esperpento, que privatizó la salud y convirtió en archimillonarias a muchas instituciones del ramo, volvió protagonista del “acto médico” no al paciente, sino a la factura y las chequeras.

Desde hace tiempos los atentados oficiales contra la salud en Colombia, no sólo han originado muertos y desatenciones, sino dejado por fuera del sistema a más de doce millones de personas. Ahora, con la Emergencia Social, que más que una tragedia es toda una farsa del gobierno, el recorte de derechos es brutal. Y criminal. Los decretos, calificados de chambones, mal redactados, que el Presidente dice que no leyó antes de firmar (¿quién se lo cree?), trascienden el asunto gramatical y muestran el interés gubernamental en hacer crecer las arcas de los traficantes de la salud en el país y condenan a muerte a infinidad de personas que carecen de recursos para atender sus enfermedades.

Digamos que esta situación siniestra y antidemocrática no es extraña en un gobierno que ha estado en contra de los desamparados. Sus propósitos, en el campo mencionado, es que los intermediarios de la salud ganen más y gasten menos. Nada raro, como advirtió alguien, que esas mismas empresas de salud o mercaderes de la muerte ahora tengan también servicios funerarios. Negocio redondo. Claro que a la postre también dirán que no le enterramos al muertito si no pagan con creces el funeral.

La cruel farsa uribista aumenta cuando el Presidente, haciéndose el que nada sabía, casi como si los decretos de Emergencia Social hubieran sido hechos a sus espaldas, sale a hacerse entrevistar en medios de comunicación a cacarear que lo escrito en aquéllos puede eliminarse en la reglamentación de los mismos sin modificarlos. Y en este punto es cuando hay que hacer como el famoso actor: reír llorando.

La táctica (vieja y gastada) es tirarle la pelota al ministro de Protección (?) Social, que si tuviera dignidad ya debiera haber renunciado, para que con su actitud de “yo no fui”, salga a desbarrar y tratar de confundir a los cándidos. Como ya se sabe, en la confección de los malhadados decretos participaron representantes de los intermediarios de salud, los más interesados en seguir obteniendo exorbitantes ganancias, como las logran, por ejemplo, los banqueros, a favor de los cuales se legisla en este país de desgracias sin cuento.

Los atentados contra la salud, en efecto, vienen desde hace rato, pero ahora se han perfeccionado. Por encima de la salud de los colombianos, está la salud financiera de las empresas intermediarias. En 2002 se expidió un decreto que prohibió a la industria farmacéutica colombiana la producción de nuevos medicamentos genéricos, más baratos que los de “marca”. Y todo con el fin de concederles más privilegios a los monopolios transnacionales.

Es probable que la Emergencia Social esté destinada a acabar con tanto pobre (más de 20 millones), así como lo están el desempleo (uno de los más altos de América Latina), las continuas alzas de la gasolina y de la canasta familiar. Y es que hasta razón tendrán los negociantes de la salud, que tienen en el gobierno a su máximo promotor: la abundancia de pobres no resulta rentable para ellos. Y por eso, los cuestionados decretos pueden ser otro modo de la eutanasia masiva. ¡Ah!, se me olvidaba decir que el moribundo del principio no sobrevivió: lo mató la Ley 100.


Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: Elespectador.com
Caricatura: leosatira.blogspot.com

Informe de la misión de verificación del bombardeo del ejército colombiano sobre indígenas


Publicamos el informe de la misión humanitaria de verificación del bombardeo militar sobre la comunidad indígena embera de Alto Guayabal.

El bombardeo fue realizado por parte de la XVII Brigada del ejército colombiano con la colaboración de la Fuerza Aérea colombiana contra la Comunidad Indígena Embera de Alto Guayabal en el Resguardo de Urada Jiguamiandó, del Municipio de Carmen del Darién, en limites de los departamentos de Antioquia y Choco- Colombia.

Como resultado de esta atroz acción contra la población civil resultaron gravemente heridos el indígena José Nerito Rubiano y su esposa Marta Ligia Majoré, tambien resultarón afectados tres menores de edad de 16, 8 años y un bebe de tan solo 20 días de nacido, que dormian en un tambo blanco del ataque.

El ejército colombiano ametralló a la comunidad indígena con ráfagas de M-60 y descargó en su territorio 14 bombas.


Por: Prensa Rural
Tomado de: OIA

jueves, 18 de febrero de 2010

Doble cara del cristianismo en América Latina. Vigencia del pensamiento de Camilo Torres


LA HABANA.- "Tenemos una institucionalizacion del cristianismo, especialmente del catolicismo, ahora, en América Latina como en el resto del mundo, que es una restauración de la Iglesia con poder, con prestigio, y un combate contra las fuerzas progresistas dentro de la Iglesia", afirmó el sacerdote y teologo belga François Houtart, durante la conferencia que ofreciera sobre el sacerdote-guerrillero colombiano Camilo Torrres, al conmemorarse el 44 aniversario de su caida en combate.

El sacerdote François Houtart habló, este lunes 15 de febrero, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana ---donde reposan los restos del patriota cubano y sacerdote católico Felix Varela, uno de los primeros cubanos que abogó por la independencia de Cuba de la metropoli española---, durante un acto organizado por el Grupo de Reflexión y Diálogo "Oscar Arnulfo Romero", con el que se dio inicio a una nueva "Jornada "Camilo Torres" en Cuba.

Entre los presentes estuvieron estudiantes colombianos becados en la Isla, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, así como profesores y estudiantes de la Universidad de La Habana, varios pastores evangelicos ---entre ellos el pastor bautista Raul Suarez, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba y fundador del Centro Memorial "Martin Luther King Jr."---, la antigua obispa coadjutora de la Iglesia Episcopal de Cuba, Nerva Cot, y el sacerdote catolico espanol Isidro Hoyos.

El Coordinador del Grupo de Reflexion y Solidaridad "Oscar Arnulfo Romero", Gabriel Coderch, manifesto que esa agrupación quiso "conmemorar y celebrar la vida de Camilo Torres, quien escandalizara a muchos hombres y mujeres de su tiempo, pero que tambien fuera un reto de fe y de esperanza para muchos cristianos y cristianas en el continente".

Destacó que fueron las Jornadas Camilo Torres que celebradas en Cuba las que nos irían "mostrando la radicalidad del Evangelio y la opción camilista, y la necesidad de las transformaciones sociales más radicales, y nuestro sentido de estar al lado de la Revolución Cubana", "va a ser desde nuestro compromiso un quehacer teológico cubano y una contribución a la teología latinoamericana desde nuestra realidad y desde nuestra experiencia".

"En el marco del 25 aniversario del Grupo de Reflexión 'Oscar Arnulfo Romero' ---dijo--- es que hemos invitado a esta Aula Magna de la Universidad de la Habana al sacerdote belga François Houtart, que es una de las figuras cimeras de lo más avanzado del pensamiento cristiano y socialista de la segunda mitad del siglo XX y los comienzos del siglo XXI, ademas una persona que conocio a Camilo Torres".

Houtart destaco que junto a la iglesia institucional "tenemos tambien nuevos movimientos religiosos que responden al espiritu de las necesidades sociales y psicologicas de la gente, pero que estan vinculados con una perspectiva de salvacion puramente individual, de despolitizacion. Ese es el tipo de institucionalizacion principal que conocemos en el cristianismo actual en el continente latinoamericano".

"Pero, al mismo tiempo ---senalo---, frente a este tipo de institucionalizacion hay los valores del Mensaje de Cristo, que es un Mensaje de Liberacion, de liberacion personal y de liberacion colectiva, y este Mensaje vive todavia en muchos cristianos del continente".

"Por eso ---argumento---, podemos pensar en las palabras de la Misa Campesina de Nicaragua, donde hablan de un Dios que esta en la calle, de un Dios que se identifica no con la clase opresora, sino con los pobres que luchan. Esta perspectiva de un compromiso de cristianos en las orientaciones revolucionarias de America Latina existe, y ese ---recalco--- fue el aporte de Camilo".

Houtart inicio su conferencia destacando que "este mismo dia del quince de febrero, hace 44 anos, cayo Camilo Torres en las montanas de Colombia. Hablar de Camilo a este auditorio es un privilegio particular y realmente lo hago con mucho gusto y emocion ---expreso--- porque he tenido el privilegio de ser amigo suyo durante casi doce anos".

Describio primero a grandes razgos lo que fue la vida de este sacerdote catolico colombiano; conto varios aspectos de relaciones personales que tuvo con el, y ofrecio algunas caracteristicas de su pensamiento y accion, concluyendo con una reflexion sobre lo que Camilo puede significar "para nosotros en el continente latinoamericano".

Subrayo que la conviccion politica de Camilo fue avalada por una adhesion al cristianismo, pero no del cristianismo como una pura herencia sociologica, sino como proyecto de una eleccion muy consciente. Apunto que Camilo Torres "no era cristiano de nacimiento, (sino que el) lo eligio".

Concluyo su conferencia insistiendo en que en este tiempo de transformaciones, necesitamos "principios y eticas, y eso es un aporte de Camilo". Anadiendo: "Porque realmente ha desarrollado eso: principios y etica, especialmente hoy, que no podemos solamente en el mundo entero pensar a regular situaciones, sino que estamos pensando en terminos de nuevos paradigmas en la organizacion de la sociedad, para salvar el planeta y salvar a la humanidad".

Insistio en que "la realidad social es dialectiva y no lineal. El pensamiento lineal es siempre un pensamiento conservador ---asevero---, aunque sea de derecha o de izquierda. Es un pensamiento dogmatico". Pero, "Camilo, como sociologo, se dio siempre cuenta de que la situacion no es lineal, que los cambios no son lineales. Que la sociedad significa actores, interaccion, es decir una dialectiva, que nunca se realiza (como) una cosa definitiva. Que la revolucion es una marcha, es un proceso".

Refiriendose a Colombia el sacerdote belga sostuvo que hoy se esta ante "una sociedad muy bloqueada y con muchos actores", que "debemos eventualmente analizar en su realidad y entrar en un proceso dialectivo de transformacion, lo que vale para todos los paises de America Latina. Este pesamiento dialectico me parece fundamental", recalco.

Segun Houtart esta situacion "plantea un problema delicado: el problema de la lucha armada. La lucha armada ---afirmo---no puede ser tampoco una cuestion de dogma, no es la via necesaria para transformar las sociedades. La lucha armada depende de las circunstancias. Hay evidentemente situaciones donde esta muy claro que la lucha armada es la via necesaria, tal vez no la queremos, pero es necesaria", y recordo que el, personalmente, participo en la lucha armada contra el nazismo en Europa.

"Podemos preguntarnos hoy en Colombia si es la lucha armada la manera de transformar la sociedad", expreso y anadio: "Estamos en un contexto nuevo, no es el contexto de la vida de Camilo. Un contexto interno y externo diferente. Por eso hay interrogantes reales"

"La historia de Colombia es una historia de violencia terrible. Cada vez que la izquierda acepto un cese al fuego con la derecha, fue aniquilada, fue suprimida fisicamente, lo sabemos. Pero evidentemente estamos en una situacion de violencia que debe terminar un dia", dijo.

Puntualizo: "Hay un cansancio de la poblacion frente a la violencia, que se traduce tambien por un cierto nivel de despolitizacion. Hay tambien la necesidad para la lucha armada de recurrir a metodos que podemos llamar contradictorios, como secuestros, como narcotrafico, etc."

Y sobre todo, afirmo: "Hay situaciones nuevas que piden una reflexion. No condeno a la guerrilla, donde hay gente de un valor extraordinario, pero si pienso que se debe reflexionar la manera de transformar la sociedad colombiana a largo plazo. Debemos reconocer a la guerrilla como un actor politico y debemos luchar para eso, porque es la unica manera de transformar una lucha armada, que no parece tener los resultados esperados, en una lucha politica". Y agrego: "pero estoy muy consciente de la dificultad de este proceso".

La conferencia culmino intercambiando con varios asistentes que interrogaron al sacerdote Houtart sobre aspectos por el abordados, entre estos, el valor del simbolo, valor que el sacerdote considera ha olvidado el pensamiento moderno, y que debe redescubrirse como una segunda lectura de la realidad. Sobre la compleja situacion actual de Colombia, Houtart opino que el pais tiene una situacion geopolitica privilegiada "por el imperialismo", lo que motiva las nuevas bases militares. Finalmente, insistio en la necesidad de cambiar los paradigmas: modificar la relacion con la naturaleza, situar el valor de uso sobre el valor del cambio, democratizar todas las relaciones sociales, y permitir a todas las culturas contribuir al desarrollo social. Insistio asimismo en la necesidad de ayudar a los Movimientos Sociales a construir una nueva teoria para los cambios.

Por: Prof. Enrique Lopez Oliva
Corresponsal en La Habana de Monitor (Mexico)
Secretario en Cuba de la Comision para el Estudio de la Historia de la Iglesia en Latinomerica (CEHILA-Cuba)
Tomado de: www.desdeabajo.info

COLOMBIA - CANADA - los coros en contra de COCA-COLA y sus acciones en Colombia



Aqui en McMaster hemos ganado el segundo referendum contra Coca Cola, asi que no va a haber una renovacion del contrato exclusivo de esa compania. Nuestro grupo “Campus Choice” (comite contra Coca Cola) trabajo duro para lograrlo, ya que miembros del gobierno estudiantil de McMaster querian que Coca Cola vuelva como antes.


SIGAMOS EL BOICOT DE TODOS LOS PRODUCTOS DE COCA COLA!!!
LET US CONTINUE WITH THE BOICOTT OF COCA COLA PRODUCTS!!!


WATCH ATHE VIDEO BELOW!!

CB Louis Riel/Hands Off Venezuela

Tomado de: www.sinaltrainal.org

Madres de Soacha tras la rejas de la impunidad


Madres de Soacha se niegan a ser utilizadas por el Presidente Uribe para las campañas de reelección. Desde hace dos años pidieron ser escuchadas, pero sólo hasta ahora el presidente las recibe, ahora en plenas elecciones y ad portas del pronunciamiento de la corte sobre la reelección. Las madres esperan respuestas y el país espera que cese la impunidad.



Por: Colectivo de abogados José Alvear Restrepo
Tomado de: www.dhcolombia.info

domingo, 14 de febrero de 2010

NUEVAS AMENAZAS CONTRA LA CORPORACION JURIDICA LIBERTAD


La sistemática persecución de la cual ha sido objeto la Corporación Jurídica Libertad por su trabajo en la defensa y promoción de los Derechos Humanos y de representación de víctimas de crímenes de Estado se ha incrementado en los últimos días.

Las acciones judiciales emprendidas por la Corporación Jurídica Libertad para buscar el esclarecimiento y determinar la responsabilidad penal por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Ejercito Nacional, generaron en su momento airadas declaraciones del presidente de la república, quien pretendió banalizar esta práctica criminal y descalificar a las organizaciones no gubernamentales que han documentado cerca de 836 muertes ocasionadas bajo esta modalidad de terror estatal en los últimos siete años en el Departamento de Antioquia.

A través de informes de inteligencia elaborados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Regional de Inteligencia Militar del Ejército (RIME), se ha pretendido tendenciosamente asimilar la actividad que desarrolla la Corporación Jurídica Libertad y otras organizaciones sociales a labores propias de grupos alzados en armas contra el Estado.

En el propósito de criminalizar el ejercicio del derecho de defender los derechos humanos de la población, organismos de inteligencia del Estado se han valido de informantes, que a cambio de dadivas económicas y jurídicas han vertido testimonios incriminatorios en contra de abogados integrantes de la Corporación Jurídica Libertad, los mismos que han servido de fundamento para iniciar actuaciones penales en su contra, investigaciones que han sido clausuradas con resoluciones de preclusión, toda vez que con amplio acervo probatorio se han logrado desvirtuar los montajes estructurados por la fuerza pública.

Igualmente como expresión de la “inteligencia ofensiva” desplegada en contra de la Corporación Jurídica Libertad, el año pasado circuló en internet un documento apócrifo, supuestamente suscrito por abogados de la Corporación, en el cual se señalaba a varios integrantes de organizaciones sociales y populares como integrantes de facciones insurgentes, pretendiéndose con este falso pronunciamiento respaldar los temerarios informes de inteligencia de la RIME y generar confusión en las distintas expresiones defensoras de derechos humanos.

En los últimos días se ha tenido información del pago de dinero a un grupo armado ilegal, asentado en el Barrio Campo Valdés de la ciudad de Medellín para que atente contra la vida e integridad física del abogado Bayron Ricardo Góngora Arango, integrante de la Corporación Jurídica Libertad. De acuerdo con los estudios sobre bandas criminales en la ciudad de Medellín, efectivamente, en este sector existen varias de esas agrupaciones con alta capacidad de operatividad, medios y personal para perpetrar el hecho para el cual fueron “contratados”.
Es de resaltar que el Abogado Góngora Arango, ha asumido la representación de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación investigar la conducta delictual en la que pudieron haber incurrido los Generales Mario Montoya, del Ejército y Leonardo Gallego, de la Policía, referenciados por confesos paramilitares como los responsables de la coordinación de la fuerza pública y los paramilitares en el desarrollo de la Operación Orión, con la cual se inauguró la implementación de la política de la seguridad democrática en el país, confirmándose de esta manera lo denunciado de tiempo atrás por los habitantes de la Comuna Trece y organismos de derechos humanos.

Los señalamientos proferidos en contra de las organizaciones sociales, populares y defensoras de derechos humanos desde el alto gobierno y los organismos de inteligencia del Estado han incrementado la situación de riesgo de quienes cotidianamente en medio del conflicto social y armado que se vive en el país, nos proponemos el ejercicio legitimo de garantías fundamentales como la libertad de opinión, expresión y participación política.



Medellín, doce de febrero de 2010.


CORPORACIÓN JURÍDICA LIBERTAD


Igual que al conjunto del movimiento social, nos ha correspondido afrontar el estigma y la persecución por oponernos a muchas políticas oficiales y por estar incondicionalmente con las víctimas del terrorismo estatal en la lucha contra la impunidad y en la exigencia de verdad, justicia y reparación integral.



Tomado de: www.cjlibertad.org

miércoles, 10 de febrero de 2010

Dos desmovilizados de Corporación Democracia aceptaron pertenecer a nuevas bandas en Medellín

Dos desmovilizados que hacían parte de la Corporación Democracia, una ong que formaron ex combatientes de las Auc, aceptaron ser miembros de nuevas bandas paramilitares que delinquen en la comuna 8.


El Bloque Cacique Nutibara se desmovilizó el 25 de noviembre de 2003, en la ciudad de Medellín, con 868 miembros y entregó 497 armas.


Por el IPC especial para VerdadAbierta.com

En audiencia celebrada el pasado 8 de febrero en el Palacio de Justicia de Medellín, los desmovilizados y a su vez ex integrantes de la Corporación Democracia, Edwin Tapias y Julio Perdomo, aceptaron ante el Juez 16 Penal del Circuito con funciones de Garantías, los cargos que le imputa la Fiscalía por concierto para delinquir, desplazamiento forzado intra-urbano y homicidio, constreñimiento y extorsión.

Los dos ex combatientes del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) fueron capturados el pasado viernes 5 de febrero junto a otras 18 personas en operativo realizado en el barrio Caicedo, comuna 8 de la ciudad, por miembros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. De acuerdo con las versiones oficiales, la acción de la Fuerza Pública permitió desarticular una banda al servicio de Eric Vargas, alias 'Sebastián'.

Lo curioso es que los relatos del Ente Acusador y la aceptación de cargos por parte de los imputados terminan por darle la razón a las denuncias de habitantes de los barrios Villa Turbay, Villa Liliam, Enciso, Caicedo, La Sierra, entre otros, que en su momento fueron desestimadas por entidades del orden municipal.

Desde 2005, organismos de control y organizaciones no gubernamentales han denunciado cómo Tapias y Perdomo, valiéndose de su condición de reinsertados, se apropiaron de dineros públicos a través del programa de Presupuesto Participativo y, por esa vía, amenazaron y desplazaron a varios líderes comunitarios y continuaron liderando poderosas estructuras criminales mientras fungían como gestores de paz.

Gracias a esta condición, Edwin Tapias y Julio Perdomo atendieron visitas de delegaciones nacionales e internacionales interesadas en conocer el trabajo de resocialización y de apoyo a la comunidad que adelantaban los desmovilizados bajo el acompañamiento de la Alcaldía de Medellín.

De hecho, el pasado 24 de octubre de 2009, Tapias fue mediador en representación de la banda delincuencial de La Sierra, y suscribió un pacto de no agresión con Yeisón Velázquez, alias 'El Rolo', para detener una disputa que sostenían las dos bandas. El acto contó con la presencia del entonces secretario de Gobierno de Medellín, Juan Diego Vélez; y el comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Luis Eduardo Martínez.

Líderes acorralados
A finales de 2005, Héctor* tuvo que abandonar su barrio luego de recibir sendas amenazas por parte de un grupo de desmovilizados que controlaban la comuna 8. Esto ocurrió luego del asesinato de su amigo y compañero Augusto Henao, ocurrido en agosto del mismo año, y quien era el presidente de la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas.

Sobre esta desaparición existe una denuncia en Fiscalía en la que se sindica a Tapias como responsable. En ella se advierte que semanas antes de su asesinato, Henao sostuvo una acalorada discusión con Tapias, en aquel entonces líder comunal del barrio La Sierra. El cruce de palabras tuvo lugar un sábado de junio en uno de los consejos consultivos del programa Presupuesto Participativo de la Alcaldía de Medellín.

Ese día, y en presencia del entonces secretario de Gobierno Municipal, Alonso Salazar Jaramillo, Tapias se opuso a la entrega de 108 millones a la junta de acción comunal del barrio Las Mirlas, los cuales iban a ser invertidos en mejoras de infraestructura vial y programas para la comunidad, según consta en el expediente de la investigación que adelanta la Fiscalía en Medellín.

“Edwin, que se encontraba en esa reunión, se opuso rotundamente a eso y decía que la plata la necesitaba para un centro de computadores en el barrio. La Alcaldía decidió dividir ese recurso a la mitad para los dos barrios. La reunión se acabó y cuando íbamos a coger la buseta Edwin dijo que ese 'hijueputa' no se iban a salir con la suya, que eso no se quedaba así”, relató Héctor a las autoridades, quien aún no puede retornar a su barrio.

“Intenté volver en el 2008, pero todo estaba igual. Tapias seguía con el mismo poder, rodeado de los asesinos que siempre lo cuidan y cobrándole la vacuna a las tiendas”, contó el líder.

Pero esta no fue la única denuncia contra los desmovilizados. En octubre de 2006, varios habitantes de la comuna 8 denunciaron ante la Unidad Permanente para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín cómo los desmovilizados, en cabeza otra vez de Edwin Tapias, Julio Perdomo y John William López, extorsionaban a los locales comerciales, imponían controles sociales y presionaban a los líderes tradicionales.

Gustavo Villegas, para la fecha secretario de Gobierno de la ciudad, desestimó en su momento las denuncias pues señaló que no había denuncia concreta contra ninguno de los integrantes del proceso de reinserción, según reposa en un informe de la Personería de Medellín del 2006.

Hoy día, los tres ex combatientes se encuentras detenidos y, como en el caso de López, ya pesa una condena ratificada en segunda instancia de 23 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir, constreñimiento y desplazamiento forzado intraurbano.

Jugando a la legalidad
Una de las situaciones más complejas que debieron enfrentar las autoridades municipales durante todo el proceso de reinserción de los ex combatientes de las Auc fueron las trampas que, desde la legalidad, le hicieron a la ciudad.

Gracias a la conformación de pequeñas corporaciones sin ánimo de grupo, los desmovilizados se apropiaron de recursos públicos mediante la modalidad de contratación, que luego fueron desviados para fortalecer actividades ilegales.

Ejemplo de ello fue la ampliación del Colegio Villa Turbay, ubicado en el barrio del mismo nombre, en la comuna 8 de la ciudad. Las obras fueron entregadas oficialmente en septiembre de 2009, cuando debieron culminarse en diciembre de 2008.

Las demoras obedecieron a que la firma bogotana Telval S.A, a quien la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín le adjudicó el contrato para la ampliación del colegio el 22 de enero de 2008, y algunas fuentes de la empresa que pidieron el anonimato confirmaron que fueron obligados a contratar personal no calificado y el servicio de vigilancia de la obra con la Corporación La Sierra Con Futuro, creada por Edwin Tapias.

La demora hubiera pasado desapercibida de no ser por las denuncias de intimidaciones a la empresa constructora para que sólo escogiera al personal que le señalara Edwin Tapias.

Según la empresa, el personal que contrataron con la Ong de los desmovilizados permitió robos por 50 millones de pesos durante el proceso de construcción. El caso adquirió mayor complejidad debido a las amenazas de muerte contra el interventor de la obra cuando intentó parar la situación.

En este caso, los correctivos de la Administración Municipal se limitaron a suspender los contratos con La Sierra con Futuro y a emitir unas directrices sobre los procesos de contratación de mano de obra no calificada, según aseguraron fuentes de Telval.

Otro caso parecido ocurrió con la Cooperativa de Trabajo Asociado Omega, que agrupaba desmovilizados del bloque Héroes de Granada y cuyo representante legal era Julio Perdomo, el otro desmovilizado capturado y que aceptó los cargos de la Fiscalía. La Cooperativa contrataba legalmente servicios de vigilancia y aseo de algunas colegios oficiales de la comuna 8.

En el 2008 varias instituciones donde Omega prestaba sus servicios registraron robos y además según algunos profesores en algunos colegios se encontraron caletas para armas y, en otras, los maestros aseguran que fueron presionados por los desmovilizados a imponer su propio código de conducta. Ante estas denuncias la Secretaría de Educación solo modificó los términos de contratación para este tipo de servicios.

Acción tardía
Algunos habitantes de la comuna 8 se preguntan ahora sí con las capturas realizadas en la madrugada del viernes 5 de febrero regresará la calma a este sector de la ciudad, escenario de una confrontación entre bandas de delincuencia organizada integradas en su mayoría por desmovilizados de las Auc.

También hay expectativas entre defensores de derechos humanos sobre lo que puedan revelar ambos desmovilizados sobre el asesinato de Alexander Pulgarín, ocurrido el 21 de diciembre de 2009. Pulgarín, conocido entre sus amigos como Pipa, era integrante de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) y sobre el pesaban amenazas de muerte proferidas por miembros del proceso de reinserción, entre ellos John William López y Edwin Tapias.

Mientras se despejan estas dudas, lo que queda claro es que el modelo de reinserción implementado por la Alcaldía de Medellín no logró contener a tiempo la intrincada red que se fue tejiendo entre legalidad e ilegalidad y que permitió que personas como Tapias y Perdomo posaran de hombres de paz en el día y señores de la guerra en las noches.

Algunos integrantes de estas ongs que conformaron desmovilizados y que se establecieron en la comuna 8 siguieron delinquiendo como fueron los casos de Antonio López, alias Job y John Jairo Hidalgo, ambos asesinados en el 2008, y a John William López, condenado a 23 años de prisión.

De otro lado, la preocupación ahora es por la suerte de las familias que fueron desplazadas por estos desmovilizados, muchas de las cuales aún no pueden retornar a sus barrios pues advierten que la situación no muestra mejoría. Incluso, activistas como Fernando Quijano, director de Corpades, advierten que en la comuna 8 la criminalidad pareciera que tuviera un dicho: “a rey muerto, rey puesto”.

“Hay personajes con mucho poder en ese sector sobre los que las autoridades tienen poca información. Tampoco creo que se haya debilitado la estructura de Sebastián”, conceptuó.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la fuente

El Instituto Popular de Capacitación es una ong que hace monitoreo sobre la situación de Violencia y Derechos Humanos en Medellín y Antioquia


Por: IPC
Tomado de: www.verdadabierta.com

lunes, 8 de febrero de 2010

Masacre de indígenas awá, un año de impunidad y duelo

Tras un año de la masacre, los cuerpos de ocho aborígenes que fueron asesinados con cuchillos y machetes por las Farc, no han sido enterrados.

Las Farc se llevaron a 11 indígenas awá hacia la quebrada El Hojal, en el resguardo Tortugaña-Telembí, en Nariño. Tras acusarlos de ser colaboradores del ejército, desaparecieron a tres y mataron al resto con machetes y cuchillos. En realidad, la cantidad de víctimas eran 13, porque entre los cadáveres había dos mujeres embarazadas que ya casi iban a dar a luz.

Medicina Legal de Cali logró identificar cuatro cadáveres, aún faltan otros tres. El resto están desaparecidos y se presume que fueron arrojados al río El Bravo.

La brutal masacre ocurrió el 4 de febrero de 2009, en una tupida y pantanosa selva nariñense donde llueve a diario pero hace calor todo el día y sólo hace frío al amanecer. El terreno además está lleno campos minados. Al poco tiempo, la columna Mariscal Sucre, de las Farc, reconoció su autoría del hecho mediante un comunicado y se justificó diciendo que las víctimas eran informantes de la fuerza pública.

A pesar de que se tuvieron noticias de la masacre a los pocos días, el número de víctimas y la forma como murieron sólo se pudo aclarar dos meses después. Por las dificultades del terreno y lo inseguro que es para cualquier persona, ninguna autoridad pudo llegar al sitio de la matanza.

Ante la necesidad de saber en realidad qué pasó, unos 700 indígenas de Cauca, Nariño, Huila, Valle, Putumayo, Quindío y Córdoba se fueron monte adentro. Encontraron tres cadáveres en el resguardo Tortugaña-Telembí. Para su sorpresa no eran víctimas de la masacre de febrero sino de otra ocurrida en septiembre de 2008. Luego encontraron otros cuatro en una fosa, y otro más enterrado cerca.

Pese a la odisea, ninguno de los cadáveres ha tenido sepultura. Según cuentan los indígenas, los cuerpos están todavía en Medicina Legal en Tumaco y no han sido devueltos a sus familiares. Todavía falta identificar plenamente algunos cuerpos. Ha sido una tarea difícil, pues no se sabe dónde están algunos parientes y las muestras de su sangre son fundamentales para establecer los parentescos.

Después de la matanza, se desplazaron más o menos 400 personas. De ellas, la mitad no soportó las condiciones en que tenían que vivir en el sitio donde estaban alojados y se fueron para las casas de familiares y amigos. El dato que se tiene es que todavía ninguno ha regresado a sus casas.

Si las víctimas no han sido enterradas, quiere decir que tampoco tendrán el ritual que, por tradición, se les hace a los awá un año después de muertos. Este pueblo indígena acostumbra que, durante los primeros 12 meses después de la muerte de alguno de sus miembros, la familia guarde un luto que implica no bailar y no tomar licor a lo largo este tiempo.

Gabriel Bisbicús, líder de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), explica que el día del primer aniversario, los familiares y amigos visitan la tumba y llevan un tambor. Hacen como una especie de evento social alrededor y, después, golpean el instrumento cuatro veces, como para despertar al muerto.

Uno de los asistentes lleva una estructura de madera en su espalda, algo así como una silleta. Se supone que en ella se sienta el espíritu. Caminando, van a la casa del muerto, donde previamente la familia ha preparado su llegada.

Para ese momento, han puesto la cama idéntica a como solía usarla el pariente y, sobre ella, una muda de ropa, como si la persona estuviera acostada allí. Quien lleva el espíritu en su espalda, lo ubica delicadamente encima, como si estuviera acostando a una persona dormida sin querer despertarla.

En otro sitio, han puesto una mesa con la comida favorita de quien murió hace un año y en otro lugar, sacan todas sus pertenencias, como ropa, zapatos, machete, en fin. Con la casa así organizada, se inicia una fiesta. Los asistentes toman trago, comen, bailan. También pueden hacerlo los familiares del muerto, porque ya con este rito se acaba el luto.

Al amanecer, quienes no son parientes toman las pertenencias del difunto y se las reparten para quedarse con ellas. Y la familia toma una muda de ropa, va donde un sacerdote para que celebre una misa por el difunto y, al final, le entrega las prendas. Desde ese momento, se despiden definitivamente y el espíritu se va para la selva.

Esa es la manera como los awá creen que sus muertos pueden descansar definitivamente tranquilos, cosa que no ocurrirá si permanecen en la morgue.

Quien no se sabe si está descansando tranquilo es el guerrillero Antonio Villavicencio, alias ‘Villavo’, el comandante de la Mariscal Sucre cuando ocurrió la masacre. Bajo sus órdenes, este grupo de las Farc fue el responsable de brutales muertes.

Según la Policía, ellos quemaron un bus en la vía entre Pasto y Cali el pasado 20 de noviembre. Las versiones conocidas hasta ahora dicen que los guerrilleros prendieron el fuego cuando aún estaban seis personas adentro, incluidos dos niños. Todos ellos murieron en las llamas.

Quienes conocieron de cerca de ‘Villavo’, se lo describieron en su momento a Semana.com como un hombre que se agitaba fácil y lo comparaban con “un cerdo apareándose”, porque a veces hablaba a los gritos, se inflaba su nariz, decía cosas que nadie entendía y su boca se mojaba con saliva.

Y en esos momentos de excitación llegó incluso a permitir que sus hombres cometieran atrocidades como matar con cuchillos y machetes a indígenas amarrados, incluyendo a dos mujeres embarazadas.

El secretario de gobierno de Nariño, Fabio Trujillo, le contó a Semana.com que hay información de inteligencia que dice que ‘Villavo’ podría estar muerto.

Las versiones son tres. La primera, es que el guerrillero ‘J.J’, jefe del Frente 29, ordenó relevarlo ante el gran costo político que tenían que pagar las Farc por los excesos de ‘Villavo’. “Para ello, mandaron a ‘Gustavo’, que era el comandante de la columna móvil Daniel Aldana, que opera más hacia Tumaco. Parece que hubo líos entre ellos dos y ‘Villavo’ mató a ‘Gustavo’. Entonces la guardia ‘Gustavo’ reaccionó y mató a ‘Villavo’”, según narra Trujillo.

Otra versión es que ‘Villavo’ escuchó que iban por él y se preparó para atacar sin ningún diálogo y lo mataron. Y la tercera hipótesis es que se enfrentó con el ELN y cayó en un campo minado y se murió.

“Creemos que ‘Villavo’ está muerto. Era extremadamente sanguinario y es posible que las Farc hayan querido relevarlo”, enfatiza Trujillo.

Esas versiones que da el Secretario de Gobierno están sujetas a verificaciones. Pero sea cual sea el final de los victimarios, hay un grupo de gentes que después de un año, no han podido darles a sus parientes la sepultura que merecen.


Por: Semana.com
Tomado de: www.semana.com

viernes, 5 de febrero de 2010

Recordemos lo que sucedió el 21 de febrero 2005 en la comunidad de paz

Masacre del 21 de febrero de 2005

“...No podemos decir nada más; el dolor nos embarga tan profundamente que sólo podemos llorar. El Estado colombiano, como muestra de su increíble ilegitimidad, ha realizado otra masacre que baña de sangre nuestras tierras. El ejército ha masacrado a LUIS EDUARDO GUERRA GUERRA, de 35 años de edad, líder de la comunidad y miembro del Consejo Interno desde los inicios del proceso. A su compañera BELLANIRA AREIZA GUZMAN de 17 años, a quien hace tan sólo unos días se había unido, a su hijo DEINER ANDRES GUERRA de 11 años y quien había sido herido el 11 de agosto de 2004 con una granada dejada por el ejército. A ALFONSO BOLIVAR TUBERQUIA GRACIANO de30 años líder de Mulatos y miembro del Consejo de Paz de la zona humanitaria de Mulatos. A su compañera SANDRA MILENA MUÑOZ POZO de 24 años y a sus hijos SANTIAGO TUBERQUIA MUÑOZ de 2 años y a NATALIA ANDREA TUBERQUIA MUÑOZ de 6 años....”

Comunidad de Paz de San José de Apartadó





San José de Apartadó: Tres Años Después (Parte 1)



San José de Apartadó: Tres Años Después (Parte 2)




San José de Apartadó: Tres Años Después (Parte 3)









¡NI OLVIDO, NI PERDÓN!


Tomado de: Contravia - cdpsanjose.org

Salpican al general Mario Montoya Uribe en masacre de San José de Apartado


Medellin, febrero 4 2009. Con una nutrida participación de delegaciones internacionales, nacionales y regionales continúa a esta hora la audiencia de juicio en contra de 10 militares implicado en masacre en Comunidad de Paz el 21 de febrero 2005.

Delegados y delegadas de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, Embajada de Suecia, Embajada de España, un delegado de la Unión Europea, Brigadas Internacionales de Paz y Fellowship Of Reconciliation Colombia Program, se hicieron presentes en calidad de observadores en la sala de audiencias No. 10 de los Juzgados Especializados de Antioquia.

La diligencia se inicio a las 8:00 a.m. con el interrogatorio al Capitán del Ejército Nacional ARMANDO GORDILLO quien para la fecha de los hechos se desempeñaba como comandante de la Compañía Ansuategui en cumplimiento de la Operación Fénix que terminó con la masacre de 8 personas, entre ellas 3 niños, en la Comunidad de Paz el 21 de febrero 2005.

El Capitán Gordillo se ratificó ante la Juez Segunda Especializada de Antioquia de todo lo dicho ante Fiscalía General de la Nación.

Como hecho relevante, entre otros, se conocieron las declaraciones de tres coroneles de la brigada 17 del Ejército Nacional quienes afirmaron que la planeación de la Operación Fénix participó al General Mario Montoya Uribe, quien para la fecha de la masacre se desempeñaba como comandante de la I División del Ejército de Colombia. En el mismo sentido los coroneles coinciden en afirmar que fue el propio General Motoya quien ordenó que en dicha operación militar se utilizaran guías.

El Capitán Gordillo afirmó en la audiencia que los mencionados guías terminaron siendo aproximadamente 60 paramilitares del Bloque Héroes de Tolová.

Por: DH Colombia
Tomado de: www.dhcolombia.info