Informe anual de la Confederación Sindical Internacional

Empeora la situación de los derechos sindicales: 76 sindicalistas asesinados en 2008. Miles de despidos y arrestos. Represión de trabajadores en huelga en 40 países.

Bruselas, 10 de junio de 2009: 2008 fue otro año difícil y con frecuencia peligroso para los sindicalistas de todo el mundo. Así lo declara el Informe Anual de la CSI de este año sobre las Violaciones de los Derechos Sindicales, en el cual se detallan abusos de los derechos fundamentales de los trabajadores en 143 países.

Un total de 76 sindicalistas fueron asesinados por llevar a cabo acciones en defensa de los derechos de los trabajadores, y otros muchos fueron agredidos físicamente, sometidos a acoso e intimidación o arrestados por las autoridades. El número total de muertes en el mundo ha disminuido con respecto a las 91 que se registraron el año anterior. Sin embargo, en Colombia, que destaca como el lugar más peligroso del planeta para los sindicalistas, se produjo un recrudecimiento de los asesinatos y la cifra ascendió a 49 - 10 más que el año pasado - a pesar de que la Administración del Presidente colombiano Álvaro Uribe garantizara que la situación estaba mejorando.

Aparte del abrumador número de víctimas mortales en Colombia, nueve sindicalistas fueron asesinados en Guatemala, donde en los últimos años se ha experimentado un incremento de ataques violentos contra miembros y representantes sindicales. Cuatro sindicalistas fueron asesinados en Filipinas así como en Venezuela, tres en Honduras, dos en Nepal y uno en Iraq, en Nigeria, en Panamá, en Túnez y en Zimbabwe, donde el régimen de Mugabe mantiene su reinado de terror contra el movimiento sindical del país. En varios casos los gobiernos estuvieron directa o indirectamente involucrados en los asesinatos. También se registraron un total de 50 amenazas de muerte graves en siete países, junto con unos 100 casos de agresiones físicas en 25 países.

Los gobiernos de al menos nueve países (Birmania, Burundi, China, Corea del Sur, Cuba, Irán, Túnez, Turquía y Zimbabwe) fueron responsables del encarcelamiento de sindicalistas a causa de sus actividades legítimas en apoyo a la gente trabajadora.

"Está claro que los gobiernos de cada una de las regiones están fracasando a la hora de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, y en varios casos ellos mismos son responsables de la fuerte represión de estos derechos. El hecho de que ciertos países como Colombia, Guatemala y Filipinas aparezcan año tras año en la lista de asesinatos indica que las autoridades son, como mucho, incapaces de asegurar una protección adecuada, y en algunas ocasiones llegan a ser cómplices de unos empleadores sin escrúpulos en la perpetración de los asesinatos", dijo Guy Ryder, Secretario General de la CSI.

Se registraron unos 7.500 casos de despidos de trabajadores y trabajadoras implicados en actividades sindicales en un total de 68 países, 20 de los cuales en África solamente. No obstante, estos casos no son más que la punta del iceberg, ya que muchísimos otros despidos no se registran. Turquía se llevó la palma con más de 2.000 casos de despidos y un gobierno que persiste en su intolerancia frente a las actividades sindicales en general. El segundo de la lista es Indonesia, con 600 despidos. Y cientos fueron también despedidos en Malawi, Pakistán, Tanzania y Argentina.

En Birmania, China, Laos, Corea del Norte, Vietnam y varios otros países, sólo se permitió la actividad de los sindicatos oficiales controlados por el Estado, mientras que en Arabia Saudita la actividad sindical genuina sigue siendo prácticamente imposible. En Belarús persistió durante la mayor parte del año una intensa injerencia por parte del gobierno en los asuntos de los sindicatos.

Las repercusiones de la situación económica mundial en los derechos de los trabajadores ha sido un rasgo prominente en muchos países. En particular, gran parte de la represión por toda África consistió en severas reacciones por parte de los gobiernos contra los trabajadores que intentaban obtener mejoras salariales al verse afectados por la crisis alimentaria, con cifras cada vez más altas de familias incapaces de alimentarse convenientemente. Y resulta increíble, pero muchos de los más afectados son trabajadores del mismísimo sector agrícola. Hacia finales de 2008 se empezaron a notar los efectos de la crisis financiera global, que implicó una opresión aún mayor en la seguridad laboral, los salarios y las condiciones de trabajo.

La creciente tendencia a explotar y atacar duramente los derechos de los trabajadores en las Zonas Francas Industriales (ZFI) del mundo - característica presente en años anteriores - empeoró en 2008. En el informe se citan 34 países donde la protección de los trabajadores de las ZFI es inadecuada o inexistente, entre ellos Albania, las Bahamas, Belice, Costa Rica, , El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Jordania, México, Nicaragua, Omán, Polonia y República Dominicana. Otros 22 países han sido fichados por la explotación de los trabajadores migrantes, a los cuales se les suele negar hasta los derechos más básicos, y cuya situación los convierte a menudo en los trabajadores más vulnerables a la explotación y el abuso.

"Cientos de millones de personas trabajadoras, tanto en países en desarrollo como en los industrializados, ven denegados sus derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva. Para muchos, sobre todo aquellos con empleos precarios, esta negación causa estragos en sus vidas, dado que se ven obligados a trabajar horas larguísimas en situaciones peligrosas o insalubres, a cambio de unos ingresos tan bajos que no logran mantenerse a sí mismos ni a sus familias. La falta de respeto por los derechos de los trabajadores ha supuesto mayores desigualdades en todo el mundo, y esto ha contribuido a que se dispare la recesión mundial", dijo Ryder.

El Informe también pone de manifiesto las inquietantes tendencias con relación a los derechos laborales en los países industrializados, donde se recurre cada vez más al empleo de mano de obra temporal y de agencias de subcontratación, mermando así los ingresos, las condiciones y los derechos en el trabajo. Del lado positivo cabe señalar que los cambios de gobierno en Australia y en EEUU han traído promesas de protección para los trabajadores y trabajadoras en ambos países, donde los datos de años anteriores habían sido sumamente deficientes.

Los trabajadores de Burkina Faso, Kenya y Mozambique también tuvieron motivos de optimismo tras la aprobación de nuevas legislaciones que reconocen y permiten la organización sindical, mientras que en las Maldivas, la nueva Constitución del país garantiza la libertad sindical y el derecho de huelga.

Para leer el informe completo: Para leer los comunicados de prensa sobre las regiones:

- África: inseguridad, disturbios políticos y conflictos armados desembocan en violaciones de los derechos sindicales:
- Américas: aumentan los ataques contra sindicalistas:
- El antisindicalismo mina Asia:
- Europa: Aumentan las prácticas antisindicales:
- Siguen ignorándose los derechos sindicales, especialmente para los migrantes:

Por: Confederación Sindical Internacional
Tomado de: www.sinaltrainal.org

España: Niños de diez años aprenden a ser homicidas con ametralladoras del ejército

La Guerra no es un Juego





Una jornada de puertas abiertas de nuestro ejército

Niños de diez años con ametralladoras

Estas son las fotografías de la galería multimedia de la prensa canaria y la noticia que se hacía eco de una jornada escolar al cuartel del Regimiento de Infantería ’Soria 9’, en Puerto del Rosario (Fuerteventura). La noticia es del periódico canario La Provincia del día 23 de mayo donde bajo el cándido título de “Aprendices de soldado” se relata la jornada de puertas abiertas donde:

“Los más pequeños fueron los que demostraron una mayor atención con las armas expuestas e incluso llegaron a pintarse la cara para participar en la ’guerrilla’ . Todos querían tocar la amplia variedad de armas expuestas y seguían con atención las explicaciones de los soldados. Tampoco perdieron la ocasión para subirse a los carros de combate”.


La jornada se publicitó profusamente mediante folletos por los institutos públicos y fue patrocinada por instituciones públicas locales (Cabildo, Ayuntamiento de Puerto del Rosario) y empresas como El Corte Inglés, Pepsi, Mapfre, Cámara de Comercio, empresas de seguridad, constructoras, etc....

Las fotografías son suficientemente elocuentes de los valores que se transmiten a los niños, los padres ya no hace falta que se preocupen por los juguetes bélicos porque nuestras instituciones los han sustituido por armas de verdad. ¿Qué pensaríamos de un niño afgano como el de la foto entrenándose con la resistencia de su país para lanzar una granada contra esos soldados? Nos podemos imaginar lo que dirían prensa y políticos si los niños que empuñasen esas ametralladoras o los fusiles de asaltos fuesen palestinos de Hamas, libaneses de Hezbollah o sólo si las jornadas fueran en el ejército venezolano de Chávez. Entonces sí sería una prueba de fundamentalismo y militarización de pobre niños.


¿Celebrarán también en ese colegio el día de la paz, o para eso no quedará presupuesto al no contar con tantos patrocinadores? La galería de fotos se puede apreciar aquí.


Por: Pascual Serrano - Rebelión
Tomado de: www.grupotortuga.com

Ecuador: Sobreseimiento provisional en juicio por “Terrorismo Organizado”

Estos procesos intentan dar “una lección” a las comunidades que se oponen a los megaproyectos mineros de las transnacionales, como International Mineral Corporation que está en Molleturo.

No somos terroristas, criminales, ni canallas, somos madres, abuelas, hermanas, Defensoras de la Pachamama

El día de ayer se llevó a cabo la Audiencia Preliminar en el juicio No. 0013-2009 por “terrorismo organizado” en contra de compañeras y compañeros de Molleturo.

Luego de que el Fiscal presentó los argumentos para su dictamen acusatorio en contra de Rosa Chuñir Quizhpi, Georgina Gutama Muevecela, Rosa Gutama Chuñir, Tania Gutama Gutama, José Gutama, Manuel Pacheco, Gonzalo Gutama y Miguel de la Cruz (este último permanecía detenido desde el 10 de enero), los abogados defensores expusieron al juez sus alegatos, en los cuales evidenciaron las contradicciones en las pruebas presentadas por el Fiscal, y la injusticia de las acusaciones en contra de los procesados.

Habiendo escuchado al Fiscal y a los abogados defensores, el Juez II de Garantías Penales manifestó entre otras cosas que en ningún momento en la exposición de las pruebas hecha por el Fiscal se identifica a ninguno de los procesados, tampoco se señala qué actos han cometido; además señaló el Juez que en las versiones presentadas por el Fiscal hay contradicciones evidentes que generan duda; y por si fuera poco, en la diligencia de reconocimiento de videos y cintas se constata la presencia de un tercero con tres identidades distintas que participa en esta audiencia que debía ser reservada, el Fiscal no podía disponer de la presencia de una persona sin haber sido autorizado por el juez, esto viola la reserva de la diligencia, por lo tanto viola el DEBIDO PROCESO, en consecuencia esta evidencia carece de valor probatorio.

Por todo ello el Juez de Garantías Penales dictó Auto de SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL.

Queremos recalcar que quien provee mucha de la “evidencia” presentada contra los compañer@s es precisamente el Gobernador de Azuay Oswaldo Larriva, también la Jefa Política de ese entonces, y lógicamente el resto está a cargo de la policía. Es por ello que hemos dicho y hoy lo decimos con mayor fuerza, esto no es más que una persecución de parte del gobierno y el Estado hacia defensoras y defensores de derechos. Este proceso por “terrorismo organizado”, al igual que los otros que también han sido sobreseídos, son totalmente injustos y por ello deben cerrarse en forma definitiva.

Sin embargo, fiscales como Iván Saquicela, en su afán de persecución vuelven a apelar la decisión del juez. El caso de las compañeras Rosa Yolanda Gutama y Virginia Chuñir se encuentra nuevamente en la Corte Provincial de Azuay, luego de que hace algunas semanas el juez dictaminara el sobreseimiento provisional. Esto nos causa mucha preocupación ya que los jueces de la Sala donde está el juicio de las compañeras, son los mismos que anteriormente dictaron la prisión preventiva para ellas cuando el juez ya dictaminó que esta medida cautelar no era necesaria.

Solicitamos a la opinión pública nacional e internacional, así como a los organismos de Derechos Humanos mantenerse vigilantes sobre estos procesos, que ya han sido sobreseídos por jueces de garantías penales, lo cual demuestra que no hay sustento para continuar con los mismos, sin embargo los fiscales insisten en su papel de persecutores del pueblo, quizá existen presiones de alto nivel interesados en castigar a personas inocentes y a través de ellas dar “una lección” a las comunidades que se oponen a los megaproyectos mineros de las transnacionales, como International Mineral Corporation que está en Molleturo.


COMISION DE COMUNICACIÓN DEL

FRENTE DE MUJERES DEFENSORAS DE LA PACHAMAMA


Por: Frente Defensoras de la Pachamama
Tomado de: www.kaosenlared.net

Córdoba: Emberas Katío sitiados por la militarización

CONTINUAN LAS AMENAZAS DE GUERRA SOBRE NUESTRO TERRITORIO DE PAZ

Día a día se agudiza el conflicto armado y con él se incrementa el riesgo de exterminio sobre nuestro pueblo, quienes hemos decidido permanecer en nuestro Resguardo, ya que es la única forma de vida que conocemos y nos negamos a desplazarnos para ser atropellados a un mas por la sociedad mayor.

Como lo manifestamos el día 31 de mayo del presente año cuando se agudizaron las incursiones militares a nuestro territorio, estas no cesan, al contrario traen consigo el atropello y la violación de los más fundamentales derechos de nuestro pueblo.

El día de ayer 8 de junio del 2009, hombres fuertemente armados pertenecientes al ejercito colombiano, hicieron presencia en nuestras comunidades (Arizá, Porremia y Pawarandó), ubicadas a orillas del río Verde. Estos llegaron en helicópteros de las fuerzas armadas quienes desde las 10:00AM hasta las 7:00PM del día transportaron los mencionados hombres quienes superan los 500 soldados. En este proceso de aterrizaje y transporte dañaron los cultivos de maíz de nuestras comunidades, mostrando desprecio por nuestro trabajo.

Nuevamente resaltamos la crítica situación en que nos encontramos no sólo por las constantes violaciones de derechos humanos a las que somos sometidos por los diferentes actores armados incluyendo el ejército colombiano que hacen presencia en nuestro territorio, sino por la decidía y abandono en que nos tienen las entidades del estado responsables de la salud, la educación y el derecho a un ambiente sano.

Recordamos a que a la fecha la Empresa Urrá y el gobierno colombiano no han cumplido con los compromisos pactados con nuestras autoridades, las tierras fértiles inundadas por la Hidroeléctrica aun no han sido sustituidas y el su lugar el Gobierno colombiano promueve la construcción del proyecto Hidroeléctrico Río Sinú que terminaría por inundar nuestro territorio. Pareciera que toda esta ofensiva militar estuviese relacionada con la promoción y fomento de este mega proyecto en nuestra región.

Nuevamente le informamos al resto de colombianos y al mundo en general que somos gente de paz, que luchamos día a día por pervivir en esta guerra que no es nuestra, por tanto:

Exigimos que se tengan en cuenta las recomendaciones realizadas por el relator especial de naciones unidas para los pueblo indígenas, que se respeten nuestros territorios y dicho respeto se lo exigimos a todos actores armados (legales e ilegales), que adelanten su guerra en otra parte lejos de nuestros hijos , de nuestras mujeres, de nuestras casas.

Denunciamos pública y abiertamente que nos encontramos en serio riesgo de exterminio y responsabilizamos a todos los actores armados (ejercito, paramilitares, bandas de criminales, guerrilla, etc.), por la suerte que pueda correr nuestro pueblo.

Nos oponemos a toda acción que signifique el incremento de la guerra y apoyamos toda salida pacifica al conflicto que viven ustedes los no indígenas pero que día a día asesina y merma nuestros pueblo, nuestra cultura, nuestros lideres etc.

Exigimos que se investiguen los atropellos ocasionados a nuestras comunidades por los grupos armados y que se adelanten los correctivos caso, que no todo se quede en investigación sin que los culpables asuman sus responsabilidades -no queremos más impunidad-.

Exigimos que se tomen las medidas correctivas del caso, lo antes posible dentro de la comisión mixta de acompañamiento a nuestro pueblo ya que ésta se creo como mecanismo para garantizar nuestra supervivencia en el marco de las medidas cautelares establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al gobierno colombiano.

Lo anterior fue exigido por nuestras comunidades el pasado mes en la comunidad de Doza. Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos, a los ambientalistas, a los grupos progresistas, a los sindicatos, a las organizaciones de base que se caracterizan por la defensa de los derechos de sus comuneros, que se pronuncien al respecto ya que la vida de nuestro pueblo esta en riesgo, y la situación en nuestro territorio parece agudizarse con la gran cantidad de intereses que tiene el gobierno en la región.

Pedimos a la comunidad internacional que se pronuncie y que envíen cartas de solidaridad y apoyo a nuestro pueblo y demanden respeto por nuestra visión del mundo, por nuestro territorio al gobierno colombiano.

Nos oponemos y resistimos a que nuestro resguardo se convierta en escenario de confrontaciones bélicas y enfrentamientos armados que ponen en riesgo como ya ocurrió a nuestros niños.

Recordamos que de acuerdo con los principios constitucionales es el Estado colombiano el principal garante de la protección de los derechos humanos y el articulado de los demás tratados y Convenios Internacionales y para este caso en especial aquellos que refieren a los Derechos de los pueblos Indígenas como el convenio 169 de la OIT que ha sido adoptado por la legislación interna.

Nuevamente y en ejercicio de nuestra autonomía y como autoridades de nuestro resguardo exigimos nuestro territorio libre de cualquier actor armado; guerrilla, ejercito, paramilitares y narcotraficantes.

Rechazamos de manera fehaciente todo señalamiento y acción que nos involucre con éstos, y todo acto de guerra que ponga en riesgo la vida de nuestra población.

CAMAEMKA
Cabildos Mayores Emberá Katíos del Alto Sinú

Por: Cabildos Mayores del Sinú y Verde Wednesday
Tomado de: www.onic.org.co - www.camaemka.org

Que paguen los beneficiados

SI LA “SEGURIDAD DEMOCRÁTICA” es que la gente pueda viajar por las carreteras principales de Colombia, sin que haya retenes de la guerrilla, y en cambio, un despliegue inmenso de Fuerza Pública, si eso es, millones de colombianos nos hemos beneficiado.
Y más los terratenientes que volvieron a sus fincas y los industriales para transportar sus productos. Pero si la “seguridad democrática” es para que la población rural de Colombia viva en sus parcelas sin que haya violencia y muertes, propiciadas por la guerrilla, los ‘paracos’ y el mismo Ejército, pues lamentablemente es un soberano fracaso.

Colombia es el segundo país del mundo, después de Sudán, con el mayor número de desplazados: más de 4 millones. Con la “seguridad democrática” se llega a la triste conclusión de que en vez de avanzar hacia una sociedad más justa socialmente, cada día se abre más la brecha entre la gente que “tiene” y la que ni siquiera se puede quedar en su terruño y debe salir corriendo a buscar vida, donde no se la dan. No más aquí en Bogotá, en el Parque Tercer Milenio, tenemos miles de ellos y cada día que pasa llegan más.

Propuso Luis Carlos Sarmiento Angulo (uno de los 200 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes) que el impuesto al patrimonio, para la “seguridad democrática”, se extienda a todos los colombianos. Yo propongo que lo sigan pagando él y los otros empresarios, los del sector financiero, que tuvieron ganancias en los cuatro primeros meses del año de $3,14 billones, que además son consentidos del Gobierno y reciben prebendas y descuentos tributarios, y que paguen también los terratenientes, que ni siquiera tributan. Ellos son los que realmente se han beneficiado de la “seguridad democrática”, entonces que paguen.

El día que haya una solución de fondo para el gran problema del desplazamiento forzado (no del estilo que da, por ejemplo, Familias en Acción, un programa populista del Gobierno, que está a la caza de votos), estoy segura de que el resto de los colombianos estarían dispuestos a contribuir con ese impuesto.

El rubro del gasto militar para la “seguridad democrática” no debe ser solamente para comprar armas sofisticadas o para ampliar el pie de fuerza, o para combatir a la guerrilla, porque parece que no les interesa mucho combatir a los ‘paracos’ con sus cómplices en el Congreso. El dinero que entra por el impuesto al patrimonio debe usarse también, pero sin engaños, para restituir las tierras a los millones de desplazados que deja la guerra, que es donde está el problema de raíz.

Cuando nos llegue el momento de votar en las próximas elecciones presidenciales, escojamos a un candidato que tenga una visión equilibrada, de negociación y conciliación, y no sólo de guerra. El desplazamiento de campesinos por causa de la guerra no es un seriado de televisión. Es un problema real, grave y desestabilizador. A ver quién se le va a medir a solucionar este problema de una vez por todas y de paso eliminar el cliché de la “seguridad democrática”.

Por: Marcela Lleras
Tomado de: El Espectador

Nosotros, los perplejos

Vivimos en estado permanente de perplejidad. Tal vez, la novela de anticipación de Orwell la estamos viviendo en un país que parece haber perdido el asombro y pasó a un estado de catalepsia.
El Gran Hermano, él mismo que hace unos años se asomaba a los programas de variedades y noticieros, se metía en los mensajes de texto de celulares, hacía campaña para un referendo atroz, está hoy más presente que nunca.

Y como en un cuento de Felisberto Hernández, en el que mediante una inyección el “paciente” escucha voces que anuncian las venturas de unos muebles, una suerte de propaganda subliminal, aquí se ha erigido una figura única, salvadora, irremplazable, para que continúe por siempre jamás en las alturas del poder. Y todo eso lo escuchamos hasta en los sueños, que se tornan pesadillas.

Mientras tanto, en ese ajedrez de pacotilla, el proyecto mesiánico mueve sus fichas en los puestos clave del Estado, para que todas les sean propicias. Así se ha ido tomando las Cortes, la Procuraduría, la Fiscalía, y mantiene en el Congreso una turba de adeptos a ultranza, matriculados en partidos que no son partidos sino banderías electoreras y de distribución de puestos.

El Gran Hermano vigila. Y tiene más ojos que Argos. Y parece que la táctica es que si hay culpables de tantos desafueros, queden al margen de la torre de control, tal vez que aparezcan como ovejas descarriadas, incluso aquellas que fueron calificadas como “buenos muchachos”. Pero ¿si habrá culpables? En un sistema que ha privilegiado la impunidad y le ha dado alas a la politiquería y la corrupción, ¿si habrá posibilidades de declarar culpables de tantos ilícitos a los culpables de ellos?

La perplejidad a veces nos alcanza para preguntarnos quién va a resolver a fondo el asunto de la “yidispolítica”, en la que hay comprometidos ministros y altos funcionarios del Estado. Si al contrario, lo que se aprecia bajo el cielo nacional es que a algunos de ellos cuentan con la defensa de su benefactor, que los pone como prohombres y gente de mucho carácter. Pero, al fin de cuentas, ¿qué se hizo la otra parte del cohecho?

Big Brother acecha. Y para desplegar tal actividad tiene organismos y aparatos que interfieran llamadas, que “chucen” a los sospechosos de oponerse al pensamiento único. Y si no cómo interpretar esa conspiración de “chuzadas” a periodistas independientes, a dirigentes de oposición, a magistrados y a críticos del sistema.

Cada vez vemos cómo el país avanza a pasos de gigante hacia el totalitarismo, que consiste, entre otros asuntos, en no permitir el disenso, en darle vía a la compra de “conciencias” y de votos para cambiar “articulitos” de la Constitución, en hacerse el de la vista corta cuando organismos oficiales pasan listados de sindicalistas y de profesores universitarios a grupos ilegales, y en la de crear condiciones para que militares hagan “falsos positivos”.

Hay proyectos de perpetuación en el poder que se hacen pasar como legales y para los cuales, además, se crean climas propiciatorios, en los que se lanzan afirmaciones con carácter de verdad: “inteligencia superior”, el único, el ungido, y un largo etcétera, y para su efectiva difusión se apoyan en medios masivos de información, que los replican hasta la saciedad. En algunos de esos medios, incluso, comienzan a prescindir de colaboradores que tengan posiciones críticas frente a la realidad política y social.

Qué pasará ahora cuando la Corte investiga por prevaricato a congresistas que apoyaron el referendo reeleccionista, del cual no se ha aclarado su financiación. Quizá comience una nueva ola de “chuzadas” a los magistrados. Lo más probable es que todo siga igual, porque, como se ha dicho tantas veces, este es un país en el que ocurren las peores situaciones, pero no pasa nada. Por eso, vivimos en perpetuo estado de perplejidad.

Por: Reinaldo Spitaletta
Tomado de: El Espectador

Desplaza el ejército a las autoridades civiles en la amazonia peruana

Lima, 6 de junio. El ejército peruano estableció hoy el toque de queda en las provincias amazónicas de Bagua y Utcubamba, luego de los fuertes enfrentamientos que se desataron desde el viernes y que prosiguieron hoy entre fuerzas de la policía e indígenas con un saldo que aumentó a unos 50 muertos, 155 heridos y 150 detenidos entre los manifestantes.

La muerte hoy de nueve uniformados tomados como rehenes por indígenas en una estación petrolera, aumentó a 31 la cifra de fallecidos en 24 horas de violencia en la amazonia peruana, provocada por un operativo para desbloquear una carretera que tomaron los indígenas. Sin embargo, tanto el gobierno como los nativos, y la prensa, manejaban sus propias cifras arrojadas por estos disturbios.

“De los 38 policías tomados como rehenes en la estación petrolera, hoy 22 de ellos han sido recuperados vivos por el ejército, nueve fallecieron a manos de los nativos y hay siete desaparecidos”, dijo el general Miguel Hidalgo, jefe del estado mayor de la Policía Nacional, al anunciar el desenlace de una acción de rescate de los retenidos 12 horas antes.

El general del ejército Raúl Silva, jefe de la sexta brigada de la selva peruana, con sede en Bagua, quien asumió la autoridad civil en la zona en conflicto, indicó que los cuerpos de los policías muertos están siendo recuperados por soldados en el monte. Sin embargo, los militares no precisaron si tras el operativo castrense había indígenas muertos.

Los policías muertos este sábado elevaron a 22 la cantidad de uniformados caídos desde que estalló la violencia el viernes en la mañana, según declaraciones del primer ministro Yehude Simón, quien también señaló la muerte de nueve civiles, y advirtió que podría haber más fallecidos.

“Oficialmente hay nueve nativos muertos, no digo que no puede haber más, pero la fiscalía y los centros de salud nos irán informando”, dijo en rueda de prensa.

Versiones extraoficiales y de prensa estiman en 15 el total de civiles muertos, en todos los hospitales de la zona. Los medios locales hablan hasta de 25 muertos civiles, pero los líderes de las etnias en protesta afirman que son más de 30 los fallecidos y que muchos de ellos permanecen en los cerros porque los militares les han impedido acudir a recogerlos.

El jefe militar instó a la población a la calma y a respetar un toque de queda en las localidades de Bagua, Bagua Grande y Jaén, que rige por tiempo indefinido desde las tres de la tarde de hoy a las seis de la mañana de este domingo.

Bagua, epicentro de las protestas, amaneció este sábado militarizada y bajo tensa calma tras la violencia registrada ayer, cuando la población quemó y asaltó ocho locales públicos.

La violencia también se replicó en las cercanas poblaciones de Bagua Grande y Jaén, objeto de incendios, saqueos y tiroteos durante la tarde del viernes.

La carretera desbloqueada por la policía –en la acción que desencadenó 24 horas de intensa violencia– ya se encuentra con el tránsito vehicular restablecido entre la selva y el norte del país. Esa carretera había sido tomada hace 10 días por unos 2 mil 500 nativos, como parte de una serie de protestas de las 65 etnias amazónicas.

Los indígenas están en pie de lucha desde comienzos de abril en reclamo de que el gobierno derogue decretos que consideran ponen en peligro sus territorios y su supervivencia y buscan la explotación de hidrocarburos en la región sin su consentimiento, en beneficio de las trasnacionales extranjeras y acorde con una política gubernamental de apertura la inversión foránea y un tratado de libre comercio.

“Siguen las protestas hasta que se atiendan las demandas”, afirmó Champion Nonimgo, que dijo hablar en representación de un comando nacional indígena activado desde que su principal líder en esta movilización, Alberto Pizango, pasó a la clandestinidad luego de los primeros choques de la víspera, contra quien la justicia emitió una orden de captura acusado de sedición, conspiración y rebelión.

Nonimgo denunció que son más de 30 los nativos fallecidos y que hay unos 150 de sus compañeros detenidos en una base militar.

Las autoridades peruanas dijeron desconocer el paradero de Pizango, a quien señalan como el principal responsable de los sucesos violentos del viernes en el departamento de Amazonas.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, dijo no tener informes sobre las versiones de prensa de que el líder huyó a Bolivia presumiblemente para pedir asilo.

En tanto, Bolivia dijo no saber nada de un eventual ingreso de Pizango a su territorio. Pero la ministra boliviana de Justicia, Celima Torrico, al condenar la muerte de los indígenas peruanos dijo que “ha ocurrido este hecho sangriento por no atender el pedido de las etnias; siempre ha sucedido esto, no nos olvidemos lo que pasó aquí en Bolivia con los gobiernos de la derecha”.

El presidente peruano, Alan García, quien rindió un homenaje a la veintena de policías que murieron durante los enfrentamientos con indígenas, denunció que fue una “agresión irresponsable, de salvajismo y barbarie”, con “métodos idénticos a los empleados por (la guerrilla de) Sendero Luminoso: se procedió a degollar y herir con lanzas a humildes policías rendidos y sin armas”.

Afirmó que Perú “está sufriendo una agresión subversiva contra la democracia y la Policía Nacional. Frente a ella necesitamos responder con serenidad y con firmeza”. Agregó que los hechos de violencia “son parte de un complot contra la democracia” que podría haber contado con apoyo externo, aunque sin dar detalles.

Pero, aseveró el mandatario, “es una conspiración cuidadosamente preparada contra Perú, una conspiración que ha interrumpido la producción y el transporte de petróleo, el envío de gas hacia las ciudades de la costa y para la cual se habló de insurgencia y levantamiento en las últimas semanas”.

La ministra Cabanillas, por su parte, aseguró que se ha comprobado la existencia de un complot para desestabilizar la democracia peruana, como ocurrió en Ecuador en enero de 2000 con el presidente Jamil Mahuad, y en Bolivia en octubre de 2003 con Gonzalo Sánchez de Lozada, cuando en sendas revueltas populares fueron expulsados del poder.

Por: La Jornada
Tomado de: www.desdeabajo.info

+ Información:

- [Perú: Cronología de una matanza anunciada]

- [Perú: “Masacre de indígenas fue un operativo político encubierto”]

Dictan orden de captura contra líderes indígenas colombianos

Aida Quilcue, Feliciano Valencia y Daniel Piñacue.

Un juez colombiano dictó una orden de captura contra Aida Quilcue, Feliciano Valencia, Daniel Piñacué y otros líderes de la Minga indígena, «en un claro caso de persecución política contra el movimiento indígena», según denunció este sábado Asociación de Cabildos Indígenas del Norte (ACIN).

En su página web la ACIN, indica que la orden de captura fue proferida por un juez con funciones de control de garantías, a instancias del Fiscal Delegado de la Fiscalía General de la Nación, ambos de la ciudad de Popayán.

Según informa Asociación indígena, la acción judicial se debe a una denuncia presentada en su contra por el cabo del Ejército Jairo Danilo Chaparrán Santiago adscrito a la unidad de contraguerrilla Nro 15 Libertadores.

Este militar, que «presenta todos los rasgos propios de la etnia, que aprovechando estas características permitió que fuera utilizado por el Ejército Nacional para infiltrarse dentro de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, dentro del territorio indígena del resguardo de La María Piendamó. Fue utilizado por el ejército para cometer un delito», afirma el texto.



Chaparrán fue capturado por las autoridades indígenas que gobiernan dentro del territorio indígena conocido como resguardo, y de manera pública, ante las autoridades y la comunidad indígena, se exhibió material militar, que portaba dentro del morral que le fue incautado.

«Actuando en derecho y sobre la base de Jurisprudencia Reiterada por la Honorable Corte Constitucional, las autoridades indígenas, en este caso los 60 Gobernadores de resguardos, procedieron a juzgarlo según usos y costumbres en asamblea. Quedó demostrada la flagrancia de su atentado contra la comunidad en territorio indígena. Fue sometido a una ceremonia de correción y entregado luego a Defensoría del Pueblo del Cauca», recuerda el texto divulgado este domingo en la página web de la Asociación.

Según la ACIN, los líderes indígenas a los que se les dictó orden de captura, obedecieron la decisión de los Gobernadores apegados en todo momento a derecho, y agregan que en ningún momento, éstos dictaron o ejecutaron sentencia. Por el contrario, «vigilaron el procedimiento para que respondiera al más estricto debido proceso y para garantizar los derechos del acusado».

De igual manera, la organización indígena deja claro que un Juez de la República no tiene jurisdicción sobre este caso que corresponde, según la Constitución, a las autoridades indígenas en su territorio.

«Las autoridades no cometieron delito alguno. Por lo tanto, acá se pretende condenar a autoridades judiciales indígenas por parte de quienes, desde el Estado, cometieron un delito y fueron descubierto en flagrancia. Es decir que los victimarios ahora vienen a capturar al juez que los descubrió cometiendo un delito» destaca el texto.

De igual manera, los indígenas resaltan la falta de derecho que se vive en Colombia, cuando según afirman, «los hechos demuestran la falta de garantías legales y procesales que existen en este país, de manera que los delincuentes de la fuerza pública, se atreven no solamente a cometer delitos sino que luego, se convierten en acusadores de sus propias víctimas».

«La»justicia«de bolsillo del Gobierno Colombiano sirve una vez más, para vengarse de un pueblo que se levantó pacíficamente en Minga contra el modelo económico de despojo, contra el terror, por el respeto a las obligaciones de Estado y para que los pueblos podamos tejer nuestra propia agenda en libertad. Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá al terror de siempre, se suma la burla a la justicia» afirma el texto.

Asimismo la organización indígena calificó los hechos ocurridos en Perú y en Colombia como un anuncio de «masacres y persecusión, genocida y etnocida, sangrienta».

«Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron desde hace 56 días contra el TLC, acá al terror de siempre, se suma la burla a la justicia. Es la misma lucha, son los mismos regímenes y solamente la unidad en resistencia hará libres a nuestros pueblos» destaca la ACIN.

En el documento también envían condolencias a los familiares a las comunidades indígenas peruanas, y expresaron una profunda admiración por el valor y la dignidad de sus hermanos andinos.

«No están solas ni solos. Acá luchamos, acá lloramos y seguimos adelante. No será en vano tanto dolor. Seremos libres y el»libre comercio«será condenado un día por lo que es: terror contra los pueblos y contra la vida para alimentar la codicia enferma de unos insaciables» afirman.

Por último realizaron un llamado a la comunidad internacional para que se reconozca la justicia de la lucha indígena y se repudie el etnocidio de Estado.

Por: teleSUR - ACIN / FC
Tomado de: www.dhcolombia.info

La masacre de El Aro, 11 años después. Francisco Villalba, un testigo que sabía demasiado

Aquí estamos
y aquí estaremos siempre:
en el fragor de la lucha
o en la quietud de la muerte.
Jesús María Valle Jaramillo
(1943-1998)

El pasado 23 de abril fue asesinado el ex paramilitar Francisco Villalba, uno de los ejecutores de la masacre de El Aro, quien aseguró que el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, estuvo involucrado en la planeación y logística de la masacre en su condición de gobernador de Antioquia, en 1997. Conocido como “Cristian Barreto” en las filas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (accu), Villalba fue muerto cerca de su casa, en el barrio La Estrella de Medellín, cuando estaba acompañado de esposa y su hija de 4 años, por sicarios que utilizaron armas con silenciadores.

Las extrañas circunstancias de este crimen, teniendo en cuenta que Villalba estaba bajo detención domiciliaria con la teórica protección y vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), como detenido pero también como testigo, se suman a una serie de irregularidades en torno al proceso de esclarecimiento de los responsables directos de la masacre de El Aro. El ex paramilitar fue condenado a 33 años y cuatro meses de prisión por esta y otras masacres, y, sin embargo, y a pesar de esto, y de la importancia de las declaraciones hechas, no existían mínimas garantías de parte del Estado para el cumplimiento de su pena y la conservación de su vida, luego de sólo 23 días de abandonar la cárcel y ser trasladado a su casa como sitio de reclusión.

La justicia colombiana judicializó por la masacre de El Aro sólo a tres paramilitares: Carlos Castaño, según la Fiscalía asesinado en abril de 2004; Salvatore Mancuso, extraditado a los Estados Unidos por crímenes relacionados con tráfico de drogas; y Villalba. De igual forma, únicamente se condenó a dos militares: al teniente del ejército Everardo Bolaños Galindo y al cabo primero Germán Alzate Cardona, este último prófugo de la justicia. Aunque la Procuraduría abrió investigación contra el general Carlos Alberto Ospina Ovalle, comandante de la IV Brigada del ejército en el momento de la masacre, y contra el teniente coronel Germán Morantes Hernández, comandante en 1997 del Batallón Girardot, con jurisdicción en Ituango, ambos procesos fueron archivados. Ante la evidente impunidad y inoperancia de la justicia nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado por omisión y acción de miembros de la fuerza pública de la IV Brigada en la masacre de El Aro, lo conminó a arrestar a los responsables –hoy libres o muertos en el peor de los casos–, y lo obligó a indemnizar a las víctimas.

Mas allá de la escasa justicia aplicada, el asesinato de Villalba revela la eliminación de testigos como sistemática estrategia para ocultar la verdad. En efecto, la constante durante varias décadas en nuestro país ha sido la cascada de asesinatos gracias a los cuales se elimina a los testigos de homicidios, unos que involucran políticos oficiales de diversa categoría, otros a militares, otros a paramilitares.

La denuncia

Los hechos ocurridos en la masacre de El Aro, pequeño poblado de 60 casas ubicado en la zona rural de Ituango, norte de Antioquia, se extendieron durante siete días, a finales de octubre de 1997, en los que las accu torturaron, asesinaron y descuartizaron a 17 personas, quemaron 42 casas, se robaron 1.200 reses y desplazaron a la totalidad de la población, 702 personas1, sin que las autoridades regionales o nacionales hicieran algo para impedir la masacre, a pesar de las reiterados pedidos de auxilio hechos desde la Alcaldía de Ituango a la gobernación de Antioquia. El mandatario seccional de la época era Álvaro Uribe Vélez.

En las declaraciones recogidas por la Fiscalía, Villalba afirmó que días antes de la masacre, esta fue coordinada en una reunión en la que asistieron Carlos Castaño, Salvatore Mancuso, el propio Villalba, altos mandos de la IV Brigada del Ejército y de la Policía, y los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, este último como jefe del grupo paramilitar llamado “Los 12 Apóstoles”. Luego de la masacre, según Villalba, Álvaro Uribe lo habría felicitado por la exitosa ejecución del plan.
Luego de estás declaraciones, Álvaro Uribe, no ya como Gobernador sino como Presidente, negó cualquier nexo con la masacre y con los paramilitares en mención, aduciendo, entre otras cosas, la tenencia de una carta escrita por Villalba en la que se retractaba de sus declaraciones y le pedía perdón por “mancillar su nombre”. Además de esta carta, Uribe dio a conocer otra, escrita por el paramilitar Libardo Duarte, en la que éste aseguraba que el senador Gustavo Petro, la senadora Piedad Córdoba y el periodista Daniel Coronell pagaron 500 millones de pesos a Villalba para que involucrara al Presidente en la masacre. Muy por el contrario, tiempo después Villalba negó haber escrito esa carta, así como su retractación, y reafirmó sus acusaciones contra el Presidente en un noticiero nacional y en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes2.

Silencio

Pero pese a la gravedad de sus denuncias, y además a la importancia de su testimonio para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en la planeación y ejecución de la masacre de El Aro, ni la Fiscalía ni el Inpec tomaron las medidas necesarias para proteger la vida de Villalba, en evidente peligro por la magnitud de sus declaraciones. De la misma manera, a pesar de que algunas de sus denuncias fueron tomadas en cuenta para sancionar y judicializar a algunos militares, otras han sido simplemente ignoradas y no fueron valoradas con la importancia necesaria para iniciar una investigación más profunda.

Pero éste no ha sido el único testigo asesinado en relación con la masacre de El Aro. El Defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, fue asesinado el 27 de febrero de 1998, luego de haber denunciado la masacre antes de su ejecución. En julio de 1997, había declarado:

“Desde el año pasado le pedí al gobernador, Álvaro Uribe, al comandante de la IV Brigada, en ese entonces el general Alfonso Manosalva, que protegieran a la población civil de mi pueblo porque de septiembre (1996) a hoy (julio de 1997) han muerto más de 150 personas”3.

Después de la masacre, y en su condición de presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Medellín, así como de concejal del municipio de Ituango, declaró en la Fiscalía Regional de Medellín:

“Yo siempre vi, y así lo reflexioné, que había como un acuerdo tácito o como un ostensible comportamiento omisivo, hábilmente urdido entre el comandante de la IV Brigada, el comandante de la Policía de Antioquia, el doctor Álvaro Uribe Vélez, el doctor Pedro Juan Moreno y Carlos Castaño. Todo el poder de los grupos de autodefensa se ha consolidado por el apoyo que ese grupo ha tenido con personas vinculadas al Gobierno, al estamento castrense, al estamento policivo, y a prestantes ganaderos y banqueros del departamento de Antioquia y del país”4.

Resulta entonces no tan coincidencial la muerte de los denunciantes ni los métodos sicariales utilizados, ni las personalidades mismas denunciadas, como tampoco es coincidencial la desidia de los organismos de protección en guardar efectivamente la vida de estos testigos; más en un país donde el asesinato de éstos es pan de cada día.

También es evidente la relación no coincidencial entre las extradiciones de los jefes paramilitares, y las declaraciones de éstos contra los responsables de la creación y financiación de las estructuras paramilitares. En palabras de Freddy Rendón, alias “El Alemán” en las Autodefensas Unidas de Colombia (auc), “nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”5. Sobre todo, en casos como el de Salvatore Mancuso, quien aseguró en versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz, antes de ser extraditado, que durante la masacre de El Aro sobrevoló un helicóptero de la Gobernación de Antioquia.

1 “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia!”. “Las cicatrices de El Aro”. verdadabierta.com.
2 Comisión Colombiana de Juristas, boletín Nº 34. “Las responsabilidades en la masacre de El Aro: Una verdad por desentrañar”.
3 Agencia de prensa IPC. “Connivencia en Antioquia entre fuerza pública y paramilitares no fue una ficción”.
4 Declaración que rindió el abogado Jesús María Valle Jaramillo en la Fiscalía Regional de Medellín el 6 de febrero de 1998. Agencia de prensa IPC. In memoriam Jesús María Valle Jaramillo (1943-1998)”.
5 “Verdad abierta. Paramilitares y conflicto armado en Colombia”. “Nos quieren extraditar cuando empezamos a hablar de políticos, militares y empresarios”. verdadabierta.com.

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Recuadro

El asesinato como arma para lograr el silenciamiento de los testigos, y por tanto impunidad, se impuso en Colombia desde hace muchos años, pero en el último período de la historia nacional, con la concreción de la alianza narcotraficantes, políticos de derecha, se hizo norma. La revisión de los hechos permite constatar que entre los testigos ultimados los hay por casos de parapolítica (José Raúl Mira Vélez, 1 octubre 2008), temática en la cual el caso más emblemático son los 12 testigos asesinados que atestiguaron contra el exgobernador de Sucre, Salvador Arana; ‘falsos positivos’ (José Wilson Giraldo Barrera, 10 mayo 2009): desplazamiento forzado (Irma Areiza, 5 marzo 2005); narcotráfico (Carlos Nicolás González –piloto–, 30 mayo 2001); supuestos desmovilizados, activos en las ciudades –caso ‘Memín’ en Medellín (Mauricio Londoño Londoño, Juan David Zapata Mazo, Óscar Rubín Rodríguez Yépez, José de Jesús Mazo Ceballos, 1 octubre 2008 - febrero 2009).


Por: Juan Manuel Peñaranda
Tomado de: www.desdeabajo.info

EMERGENCIA– AMAZONÍA PERÚ: Represión estatal arroja más de 20 Indígenas asesinados

Los enfrentamientos con la policía ante la violenta represión también arroja unos 7 agentes estatales muertos / Hacen urgentes llamados a la solidaridad / Se teme que se incrementen las muertes y ya son decenas y decenas los heridos /Hospital agusto la Nata está colapsado/ El paro indígena exige la derogatoria de Decretos Legislativos que el Gobierno Ultra neoliberalista de Alan García pretende imponer contra los Derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. / Bagua es el epicentro de la violencia / Caoi se pronuncia con urgencia


Resumen: Gentileza Red Ucayali

www.reducayali.blogspot.com

Son varias versiones que dan cuenta del número de las personas fallecidas durante el enfrentamiento en Bagua. El jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, general Miguel Hidalgo, afirmó a RPP que posiblemente siete policías fallecieron al enfrentarse a indígenas que protestan en la zona de 'Curva del Diablo', en la carretera Fernando Belaunde Terry, Bagua.

Hasta el momento, el director de la Policía, general José Sánchez Farfán, confirmó, en exclusiva para RPP, que cuatro efectivos cayeron en el choque con los indígenas. Hasta el momento solo se conoce el nombre de uno de los fallecidos, se trata del suboficial José Antonio Vilela Morales, quien viajaba a bordo de un helicóptero de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), que fue atacado con balas por los nativos, informó más temprano a RPP, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

El jefe de la Dinoes, general Luis Muguruza, detalló que la carretera ha sido despejada tras horas de enfrentamientos con gases lacrimógenos, empero, un poblador afirmó a RPP que los desmanes continúan.

Asimismo, el líder indígena Bryce Pérez, afirmó que el presidente del comité de lucha provincial de Condorcanqui, Santiago Mauin Valera, falleció por la intervención policial hecha con "balas de guerra". A través de Germán Huanira, abogado de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) que brinda declaraciones a Ideele Radio: “Hay una intervención policial que está desde las 6 de la mañana. La Policía está ingresando desde la Curva del Diablo hacia la ciudad de Bagua. Es decir, si uno viene de Chiclayo lo primero que encontrará es Corral Quemado, después la Curva del Diablo y luego la Ciudad de Bagua, en esa dirección va la policía y los reportes que tengo es que hay cinco muertos pero eso todavía no está confirmado”, manifestó.

Sostuvo que hay mucha preocupación por parte de la dirigencia de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) que estima que el número de heridos pueda incrementarse en las próximas horas, dado las circunstancias de la Policía Nacional.

último momento: El Hospital Augusto La Nata se encuentra colapsado. El médico de este nosocomio de cuenta de muerte por balas perdidas de personas ajenas al enfrentamiento.

Muchos efectivos policiales no pueden ingresar a la zona del conflicto.


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Área de Comunicaciones

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI

Ecuador-Colombia-Perú-Bolivia-Chile-Argentina

http://www.minkandina.org/



COORDINADORA ANDINA DE ORGANZIACIONES INDÍGENAS – CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina


Juicio Internacional a Alan García Pérez y su gobierno

Represión sangrienta en la Amazonía Peruana

Entre diez a veinte muertos. Urgente: plantones ante las embajadas peruanas en todos los países, en cumplimiento del acuerdo de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala

El gobierno aprista de Alan García Pérez ha desatado una represión sangrienta en la Amazonía Peruana la madrugada de hoy. Las informaciones son confusas, no hay cifras oficiales, pero varían entre diez a veinte muertos en Bagua, zona de Corral Quemado y Curva del Diablo. Nuevamente se pretende imponer la muerte sobre la vida, la masacre sobre el diálogo. Es la respuesta dictatorial luego de 56 días de lucha pacífica indígena y de supuestos diálogos y negociaciones, que terminan en las balas de siempre, las mismas de más de 500 años de opresión.

Hoy más que nunca es urgente cumplir el acuerdo de la IV Cumbre Continental de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (Puno, Perú, 27 al 31 de mayo) y hacer efectiva nuestra solidaridad con los pueblos amazónicos peruanos, realizando plantones ante las embajadas del Perú en todos los países, todos los días, hasta que se detenga el baño de sangre y se deroguen los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos. E impulsar el juicio internacional a Alan García Pérez y su gobierno, por su entreguismo y la represión: tiene una deuda de por lo menos diez muertos.

Esto ocurre horas después de que el Congreso de la República, en un abierto acto de provocación, decidiera postergar nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos pro TLC que facilitan la invasión de territorios indígenas, mientras el Poder Ejecutivo enviaba nuevos numerosos contingentes policiales a la amazonía.

Llamamos a las organizaciones indígenas, movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, a tomar acciones concretas: cartas al gobierno peruano, al Relator Especial de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, a Amnistía Internacional, Survival International, a los Premios Nóbel de la Paz, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169), para que envíen de inmediato misiones al Perú, para detener esta violencia y se respeten los derechos indígenas.

Los organismos de la ONU deben pronunciarse con firmeza, sumándose a la demanda planteada por la presidenta del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, Victoria Tauli, de levantar el estado de emergencia, no usar la represión y cumplir con las normas internacionales que garantizan el ejercicio de los derechos indígenas.

Hoy en Lima, todas las organizaciones del movimiento social peruano, articuladas en el Frente Comunitario por la Vida y la Soberanía, se movilizarán a las 5 de la tarde desde la Plaza Francia, exigiendo poner alto a la represión y derogar los decretos legislativos que afectan los derechos territoriales de los pueblos indígenas andinos y amazónicos y la soberanía nacional.


¡Basta de represión!

¡Derogatoria inmediata de los decretos legislativos anti-indígenas del TLC!


Lima, 05 de junio de 2009

...

División
Una ciudadana denunció que la policía estaba disparando a mansalva y que “todo está descontrolado se escucha balas, hay gases lacrimógenos en el ambiente”.
Por otro lado, algunos vecinos de Bagua solicitaron a las autoridades que impongan más orden.
“Una turba de indígenas han atacado a dos policías y lo han arrojado al barranco y les han quitado su fusil en Bagua Grande”, denunció Alejandro Murgueytio.
El ciudadano Remigio Cabrejos hizo un llamado al general Raúl Silva a través de Radio Programas del Perú “para que ponga orden en el centro de la ciudad de Bagua”.
“Estamos muy indignados con el gobierno que no da tregua para poder decir lo que sentimos. Es genocidio del gobierno”, manifestó una testigo.

Hechos
Uno de los cuatro policías fallecidos, José Antonio Vilela Morales, falleció a 7 km de la carretera. Vivía en Collique, Comas y deja 3 huérfanos.
Vecinos denunciaron que los indígenas han prendido fuego al local del Partido Aprista Peruano, el local de COFOPRI, la gobernación de Bagua y al local del PRONAA.
El hospital de Bagua cerró sus puertas porque no puede recibir más heridos.
El personal de Salud de la zona está realizando la gestión para atender a pacientes no asegurados en los locales de ESSALUD.
Fuentes locales indicaron que los pacientes de casos moderados a severos sean dirigidos directamente al Hospital de Salud Héroes del Cenepa.


...


Coordinación General CAOI


INFORMACIÓN RELACIONADA


Estado Peruano: Entre Represión, Militarización, criminalización y genocidios en contra de los Pueblos / La política referida a los Derechos Humanos ejercida por el gobierno actual, transgrediendo los estándares internacionales asumidos por el Estado Peruano ante organismos internacionales, se ha caracterizado por: incremento de detenciones arbitrarias y abusos policiales, amenazas a la libertad de expresión y asociación, seguimiento a dirigentes/tas ambientalistas y gremiales... / ...asimismo, persecución a dirigentes/tas político sociales, militarización de los conflictos sociales, inimputabilidad de militares, policías y serenazgos, creación de la figura jurídica de extorsión para reprimir las movilizaciones, distorsión de la noción de flagrancia, mayores facultades para reprimir otorgadas a la policía, y violación al debido proceso./ LEER MÁS: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=3561&PHPSESSID=5f33901aee31c29ee7090b4


Tomado de: www.mapuexpress.net