Doña Rosa nació en la vereda el Mazo, toda la vida ha vivido en la casa heredada de sus padres; recuerda que allí hubo tranquilidad hasta que los primeros síntomas del “desarrollo” trajeron la carretera hace 14 años y los carros empezaron a matar sus animales domésticos. Antes las casas se podían dejar solas y las puertas abiertas, pero ahora los forasteros entran sin permiso a las casas y huertos, dejan basuras y roban; con la construcción del Parque Arví las cosas están empeorando. “Desconozco las bondades que traerá la construcción del parque, eso no es progreso, pues el desarrollo se construye en armonía con la naturaleza. Sólo pretenden sacarnos de nuestro territorio; los que vienen ofreciendo plata para comprar nuestras casas y construir el parque son muy poderosos. El turismo trae gente que no sabemos quiénes son”, comenta doña Rosa.
Para los nativos de la región, declarada reserva forestal desde 1970 por su exuberancia natural y belleza paisajística, no es fácil aceptar que desde hace más o menos cinco años vengan tumbando montaña y escarbando sus propiedades, al punto de demoler sus salones de reunión y sus casas de bareque, para remplazarlas por pesadas construcciones y equipamientos de hoteles, metrocables y parqueaderos.“El metro cable que construyeron, supuestamente, para servir a la comunidad, la gente de la zona no lo utiliza, porque el servicio se inicia desde las 9 a.m. hasta las 5 p.m.- continúa doña Rosa-. La gente que trabaja en Medellín ingresa a las 8 de la mañana y salen a las 6 de la tarde; es evidente que el servicio es sólo turístico. Como van las cosas, con las construcciones modernas ya ni reconoceremos nuestro territorio. Construirán cabañas de madera con techos de flores, en lugar de casas de bahareque con techo de paja, como ha sido la tradición. Además, están controlando nuestra movilidad, siempre habíamos transitado libremente estos lugares que preservaron nuestros abuelos, pero ahora nos lo impiden alegando pisar zonas de reserva con daño a la naturaleza, cuando verdaderamente los depredadores son ellos”.
La historia del parque Arví
Ante los reclamos de la comunidad y las reacciones en contra de la construcción del Parque Arví, nos cuenta doña Nubia Alzate, edil del corregimiento de Santa Elena: “Acá hay una historia muy particular, según dijo Jorge Melguizo, secretario de Cultura y Desarrollo Social, el Parque Arví no era un cuento nuevo; según él había sido planeado hace 40 años y por eso dice no entender por qué la gente se alborota. Nos preguntamos entonces ¿Por qué no llamaron a la comunidad a participar en ese proyecto? Después de 35 años de estar engavetado, nos vienen a vender la idea como un cuento maravilloso, engañándonos, utilizando un lenguaje técnico para que la comunidad dijera ‘esto es muy bonito’. A esas reuniones, que llamaron socializaciones, a la gente que asistía le recogían las firmas y las utilizaron a su conveniencia como si fueran la aprobación del proyecto, utilizaron el fraude, y asaltaron la fé popular”.
“Esta conducta socialmente desviada- insiste la edil-, la utilizaron de vereda en vereda. Cuando presentamos una tutela por la defensa de lo público, de nuestra cultura, idiosincrasia y todo lo que tiene que ver con nuestros derechos colectivos, afectados por la construcción del parque, ellos mostraron esas firmas alegando que habíamos estado de acuerdo. También engañaron a la gente diciendo que el proyecto generaría empleo para todos; la verdad es que de 250 comerciantes a los que se les dijo que tendrían negocios, tan solo a 14 se les va a dar la oportunidad y está por averiguar quiénes son y porqué fueron escogidos. También dijeron que los equipamientos estarían en armonía con la naturaleza y ya estamos viendo que no es así”.
Según la edil, si el parque Arví está en una zona de reserva forestal, cuyo objetivo es la protección del medio ambiente, no se entiende porqué la administración de la ciudad trae semejante equipamiento para devastar agresivamente el ecosistema y, a parte de eso, sin permisos legales, aunque estos jamás serán morales, ni éticos ni ambientales. “Según ellos, nosotros no somos parte del medio ambiente y carecemos de derechos. Nuestros árboles, oxígeno y la protección que le hemos dado a la zona toda la vida, eso no vale. La cosa es más grave de lo que se piensa, porque el territorio que se afectará es mucho más grande de lo que la gente cree. El proyecto habla de un territorio Arví, que no es sólo las tres veredas afectadas del corregimiento de Santa Elena, sino que impacta negativamente zonas de los municipios de Guarne, Envigado, El Retiro, Copacabana y Rionegro”.
El problema mayor, según lo concibe doña Nubia Alzate, es que no existe en la población una reflexión ni sensibilidad frente al ecoturismo y la preservación del medio ambiente y el concepto de desarrollo. “La gente sólo piensa en lo bonito y agradable para pasear, pero no valora a fondo los perjuicios del supuesto desarrollo” Así enuncia la edil estos perjuicios:
En lo económico: La gente de Santa Elena estaba acostumbrada a producir papa, maíz, flores y pequeños cultivos de hortalizas y verduras, pero esa producción se fue desestimulando a medida que el supuesto desarrollo fue llegando a la zona, primero por la creación de plazas de mercado satélites. Los intermediarios pagaban muy barato el producto agrícola, por tal motivo el campesino no volvió a cultivar. El problema se agudizó por la siembra masiva desplanificada de pinos con fines comerciales madereros, que secaron la tierra. Paradójicamente, Empresas Públicas de Medellín es una de las mayores accionistas que explota esas pineras maderables. El agua se redujo y los cultivos también. La mano de obra agrícola se trasladó al sector de los servicios, obras públicas, o se desplazó hacia Medellín. Sólo los campesinos nativos y algunos habitantes mantienen la producción agrícola para su consumo y pequeños excedentes para la venta. El proyecto Arví sepulta cualquier intensión de recuperar la tierra para la producción agrícola y promueve las actividades turísticas que afectan el medio ambiente.
Titulación de las tierras: En Santa Elena han nacido tres o cuatro generaciones; las tierras se han heredado desde los tatarabuelos y de nosotros a nuestros hijos. En épocas anteriores no era tan común realizar papeleos y registros en notarias, lo que se convirtió en serio problema del cual se quieren aprovechar los poderosos accionistas del parque Arví. En noviembre 20 de 1970, el acuerdo 031 del Inderena declaró reserva forestal toda esta zona y este acuerdo fue ratificado por el Ministerio de Agricultura mediante resolución ejecutiva 024 de 1971. Las implicaciones que esto tiene es que cientos de construcciones serían ilegales; hoy a 430 familias de la zona les están poniendo en tela de juicio la legalidad de sus propiedades porque fueron construidas después del año 70 y la Administración los chantajea con el pago de multimillonarias multas; obviamente tratan de asustar para que la gente termine entregando sus propiedades. Esto es el colmo, cualquiera se preguntaría, ¿por qué durante 40 años nadie realizó controles legales a las construcciones de la zona, a quien le correspondía?.
El problema para los perjudicados es que quien debió controlar y emitir los respectivos permisos para construir es la misma Administración, que hoy es parte interesada en el proyecto y sus ganancias. Por esta razón, el señor Leonardo Muñoz Cardona adelantó una acción popular, por irrespeto a la reserva forestal nacional protectora del Río Nare. Se alega que los responsables de haber protegido la zona deben responder por sus acciones y sus omisiones al respecto, y no venir después de 40 años a perjudicar a pequeños propietarios que construyeron de buena fe.
Pero para probar que la ley es para los de ruana en el Concejo de Medellín se denunció que el concejal Luís Bernardo Vélez obtuvo licencia para construir en Santa Elena a pesar que la resolución 021 ordena a las curadurías no permitir cambios ni expedir licencias de construcción y así se lo han hecho saber a todos los nativos y habitantes a quienes les han negado los permisos y les han dicho que solo puede construir el que tenga mínimo 38 hectáreas. Sin embargo, y para demostrar que el problema y la protección a la naturaleza tan cacareada por el pulpo que es la Corporación Parque regional Ecoturístico Arvi- CPREA no cobija sino a los más humildes, se emitió la resolución 1859 de septiembre de 2009 que le concede todo el permiso al CPREA para enajenar, extinguir y sustraer los recursos y terrenos necesarios para echar adelante el proyecto del Parque Arví.
La CPREA fue conformada hace poco más de un año con el fin de construir el proyecto, por tanto no es tan cierto que hace 40 años eso ya estuviera pensado. O tal vez sí, pero a la comunidad nunca le preguntaron sobre el futuro de su territorio. Hacen parte de CPREA la gobernación de Antioquia, el municipio de Medellín, la Universidad de Antioquia, la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología EAFIT, Comfenalco, Comfama, Corantioquia, Cornare, la Cámara de Comercio de Medellín, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y Actuar Famiempresas. La inversión es gigante, como seguramente serán las ganancias. Al solo metrocable, que a ningún nativo de Santa Elena beneficia, se le han invertido 2 500 millones de pesos.
En lo ambiental: Son 11.248 hectáreas las que afectará el proyecto que contendrá hoteles, zonas para acampar, senderos para caminantes, parqueaderos gigantes y mucho concreto que seguramente afectará la vida de especies y contaminará el medio ambiente. Normalmente en la zona habitan 3000 personas, pero con la construcción del parque se espera que semanalmente asistan entre 1500 y 5000 personas. ¿A dónde irán a parar sus desechos orgánicos y los residuos sólidos? A la gente de Medellín le van a caer los residuos de aguas negras que el turismo va a generar en esta zona, ya los desagües están cayendo a las quebradas, porque las casas que hasta ahora existen tienen sus propios pozos sépticos; entonces ya está claro que el turismo que asistirá a los equipamientos como Comfama, Comfenalco, Puente Carabineros y demás lugares de descanso turístico contaminarán especialmente las quebradas la Honda, el Chiquero y Piedras Blancas, que son de agua pura y surten la represa de piedras blancas que bombea agua potable a Medellín.
La recreación, la sana diversión y la libre movilidad: La gente de Santa Elena normalmente se beneficiaba de la naturaleza de manera normal, estamos seguros que después tendrán problemas hasta para transitar por las inmediaciones del parque; también en Piedras Blancas y Mazo nos van a colocar unas porterías que van a imposibilitar la libre movilidad y habrá un control para todos nuestros familiares y amigos que nos vienen a visitar y hasta el cura tiene que dar la lista de los que vienen a misa procedentes de otro lado. Seguramente nos van a carnetizar. Lo que le han dicho a la gente para convencerla de estas acciones arbitrarias es que la seguridad va a mejorar.
Represión a la protesta pacífica: La comunidad adelantó una marcha para protestar contra las medidas arbitrarias de la Administración y el 11 de junio de 2010 se presentó un grave problema entre la fuerza pública y la comunidad. La gente en principio tenía la esperanza que el salón social y comunal de la mutual, en el que se reunían hasta 600 socios, construido con aportes de la comunidad en 1932, con un capital de 50 centavos, y que tomó fuerza con bingos, con fiestas y con recursos de las gentes, no fuera demolido. La gente se reunió alrededor del centro comunal y amaneció allí para suplicar por la conservación del lugar en donde el parque planea la construcción de un Centro Empresarial y Comercial – CEDEZO.
Pero no hubo lugar a diálogo, ni a súplicas ni a las lágrimas; la corregidora Claudia Mercedes Castro fue de piedra cuando la gente intentó impedir la acción de las retroexcavadoras, entraron los Esmad en acción, entonces se presentó una verdadera batalla campal en la que mujeres, ancianas, jóvenes, campesinos y niños se enfrentaron contra el escuadrón antidisturbios y, por supuesto hubo lesionados de lado y lado; las pancartas y los avisos que hacen propaganda al Parque Arví fueron destruidos como señal del inconformismo de la gente. Las noticias de los grandes medios como siempre señalaron a la comunidad de violenta y responsable de los choques.
Ángela María Ramírez, habitante de la zona cuenta también que “hoy están expropiando parcelas a 9 mil pesos el metro cuadrado, perjudicando a los más humildes. Para construir el complejo “El CEDEZO”, expropiaron 25 mil M2, alegando que el predio era del municipio y no de la curia y la comunidad; aunque los documentos legales muestren lo contrario. En el 2004, un funcionario de Catastro Municipal descargó el predio a la curia pero lo cargó a espacio público; es decir, siendo de la curia y valorado patrimonialmente por la comunidad se lo entregaron fraudulentamente al Municipio”. Esto confirma lo que ya se había dicho, que la Administración es juez y parte en esta pelea y en ese sentido los argumentos, la razón y la justicia que le asiste a la comunidad no valen. La construcción del metro cable, (que aún figura sin permiso y sin licencia ambiental), implicó la tala indiscriminada de árboles, comprometiendo el desplazamiento y pérdida de hábitat de especies salvajes.
Un bosque primitivo de roble de más de 200 años de antigüedad, donde los animales salvajes tenían sus áreas de procreación y protección en su etapa de desarrollo y crecimiento, fue indiscriminadamente talado e incendiado para dar paso al cable; la conflagración avivada por el viento se extendió en un amplio radio devastador, arrasando bosques originarios, aves y reptiles; especies endémicas de anfibios, mariposas y arácnidos fueron arrasados. “Somos víctimas del despojo- insiste Ángela Ramírez-, del arrebato de nuestro entorno y del patrimonio construido durante años de trabajo creador”.
Por: Olimpo Cárdenas Delgado
Tomado de: periferiaprensa.org
